Jorge Martinez Apaura

Expediente 1773/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1773/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/11/2022

Partes del expediente

  • Jorge Martinez Apaura
  • Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco (Denominación Correcta)

Actuaciones

  1. Principal

    II.- ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL TOMA CONOCIMIENTO PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, Y ESTESE A LA ESPERA DE QUE EL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEVUELVA LA COMUNICACIÓN OFICIAL DE QUE SE TRATA. SE ADVIERTE QUE POR AUTO DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, SE TUVO AL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORMANDO QUE SE AVOCÓ AL CONOCIMIENTO DEL JUICIO DE DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, REGISTRÁNDOLO BAJO EL NÚMERO DE AMPARO; EN TALES CONDICIONES PREVIA COPIA QUE SE DEJE EN AUTOS, REMÍTASE MEDIANTE OFICIO VÍA INTERCONEXIÓN, SIN PERJUICIO DE HACERLO POR LA VÍA DE MENSAJERÍA ACELERADA, LA PROMOCIÓN DE CUENTA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EN SESIÓN DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, COMUNICADA MEDIANTE OFICIO SEADS/727/2022, SIGNADO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DE ADSCRIPCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, DESIGNÓ A LA JUEZA LAURA PALOMA MORTEO REYES, COMO NUEVA TITULAR DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, CON EFECTOS A PARTIR DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; POR LO QUE, DE CONFORMIDAD CON ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 51 Y 52 DE LA LEY DE AMPARO, LAS PARTES PODRÁN RECUSAR A LA CITADA JUZGADORA EN CASO DE QUE EXISTA CAUSA FUNDADA PARA ELLO. ES APLICABLE AL CASO LA JURISPRUDENCIA 2ª./J.104/2010, SOSTENIDA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PUBLICADA EN LA PÁGINA 312, TOMO XXXII, JULIO DE 2010, NOVENA ÉPOCA, DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, CON REGISTRO 164217.

  2. Principal

    II.- SE TIENE AL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL CUAL INFORMA QUE SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DLE PRESENTE ASUNTO, ASIMISMO, LO RADICA BAJO EL NÚMERO DE AMPARO 1644/2022, DE SU ÍNDICE...SOLICÍTESE DE LA MANERA MÁS ATENTA AL HOMÓLOGO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, DE NO TENER INCONVENIENTE ALGUNO, TENGA A BIEN REMITIR VÍA INTERCONEXIÓN LA ALUDIDA COMUNICACIÓN OFICIAL A ESTE JUZGADO, O BIEN INFORME EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDA, A EFECTO DE PROVEER LO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. ARCHÍVESE COMO ASUNTO CONCLUIDO.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo signada electrónicamente por Juan José Guerrero Meza, en favor de Jorge Martínez Apaura, contra actos de la Secretaría de Gobernación con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. Se ordena formar expediente. Captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente, con el número de juicio de amparo indirecto 1773/2022-II. Incompetencia. * Ahora, en principio debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el juez de Distrito, previamente a resolver sobre cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia I.2o.P. J/40, publicada en la página 36 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de 1992, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Luego, de acuerdo a la doctrina, la ley y la jurisprudencia, la competencia, al igual que la legitimación, la temporalidad y las causas de improcedencia, son temas de estudio previo y oficioso, pues en el momento en que el órgano jurisdiccional antes de analizar el tópico de la competencia, decide que el acto reclamado es procedente, tal decisión lo obliga a estudiar el fondo del asunto, lo que sólo es lógicamente posible, partiendo en forma expresa o de modo implícito, de la base de que el propio tribunal tiene competencia para el examen del asunto. La competencia constituye un supuesto cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto de emita, puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función de que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del asunto y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, a fin de que el resolutor haga el planteamiento de incompetencia legal correspondiente. En ese sentido, la ley de la materia prevé diversos tipos de competencia: a) competencia por territorio; b) competencia por materia; c) competencia por grado; d) competencia auxiliar; y e) competencia concurrente. De estos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón de territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionado con la potestad soberana que tiene el estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de Distrito, así como su especialización y límites territoriales.. Ahora, la competencia constitucional de los jueces de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. " . El precepto legal transcrito, establece que el juicio de amparo se promoverá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que los actos reclamados se ejecuten o traten de ejecutarse, destacando por ende que no está abierta la posibilidad que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de Distrito, para que tramite el juicio y dicte sentencia correspondiente. Por otro lado, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los juzgados de Distrito, señala: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del análisis del citado artículo, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que, en razón de técnica, se puntualizan a continuación, en el orden siguiente: a) Por regla general la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un Distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado. En ese orden de ideas, de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de las facultades que otorga el artículo 74 de la Ley de Amparo, en un sentido congruente con todos sus elementos, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las manifestaciones que generen oscuridad o confusión, se precisa como acto reclamado el siguiente: La ilegal detención; incomunicación; orden de traslado; y deportación, señalando como autoridades responsables a las siguientes: "a) SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ubicada en Abraham González No.48, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. C. P. 06600, México, Ciudad de México. b) SECRETARIA DE MARINA. c) GUARDIA NACIONAL. d) OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. e) DIRECTOR DE LA ESTACION MIGRATORIA EN LA CIUDAD DE MEXICO ( DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, "LAS AGUJAS" ), ubicado en Jacarandas 726, El Vergel Iztapalapa, de la Ciudad de México. (las agujas)" Además, de los antecedentes narrados en el libelo constitucional de cuenta, específicamente de s identificados con los arábigos 1, 5 y 6, la parte promovente expuso: "1. El día 3 de octubre del 2022, alrededor de las 17:00 horas mi representado llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en virtud que se presentarían a las oficinas de la Secretaria de Relaciones Exteriores para realizar tramites para solicitar el apoyo del Estado Mexicano y cambiar su situación migratoria como REFUGIADO por los diversos problemas que se vive en su país. (.) 5. Asimismo, quiero mencionar que temó por su salud y condición física, ya que luego de que tuvieron comunicación con su familia le dijeron que lo iban a deportar, y que primero lo iban a mandar a otro estado de la República, y de ahí a su país, por lo que tiene el temor que vayan a hacerlo perdedizo a su familiares y no les vayan a dar información del lugar a donde lo trasladen, siendo que hasta el 16:30 aproximadamente del 6 de Octubre del 2022 y lo iban a trasladar del AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO a las oficinas migratorias de las "AGUJAS" ubicadas en Jacarandas 726, El Vergel Iztapalapa, de la Ciudad de México. 6. No omito mencionar que después le preguntaron que si tenía sus papeles en regla, a lo cual les contestó que al tener una nacionalidad cubana y que estaba en proceso de tramitarlos, y que precisamente para eso iba a la Ciudad de México, para tener la calidad de REFUGIADO en México, sin embargo, no le hicieron caso y lo detuvieron, cortando el derecho de continuar con el viaje programado." (lo resaltado es propio). Dichos planteamientos lo hace depender del hecho de que los actos reclamados fueron ejecutados y se encuentran ejecutándose en la Ciudad de México, pues es ahí donde se localiza el directo agraviado; máxime que, en ninguna parte de la demanda que se provee se observa la participación de autoridad que resida en donde este juzgado tiene jurisdicción, como tampoco indicio que permita considerar la ejecución de los actos en esta ciudad de Villahermosa. En consecuencia, el Juez de Distrito competente para conocer de la presente demanda de amparo lo es el Juez de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, en cuya jurisdicción se ejecuta el acto reclamado, en términos de lo consignado en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. En mérito a lo anterior, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la multicitada legislación, así como el artículo primero, fracción I, segundo, fracción I, numerales tercero y cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, el suscrito resolutor carece de competencia legal para conocer y resolver este juicio de amparo por razón de territorio; en consecuencia, se ordena remitir los autos del presente juicio de amparo, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, solicitándole atentamente al juez declinado, el acuse de recibo correspondiente, precisando si acepta o no la competencia planteada, conforme al artículo 48 de la ley de la materia. Al caso resulta aplicable, la jurisprudencia número 13/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 107 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Asimismo, la tesis I.1o.A.44.A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1299 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), Finalmente, fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que hubiere lugar y, dese cumplimiento a lo precisado en párrafos que anteceden. Suspensión de plano. * De la lectura de la demanda de amparo, en virtud de las facultades que otorga el artículo 74 de la Ley de Amparo, atendiendo la intencionalidad de su autor, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: ilegal detención, incomunicación, orden de traslado y deportación. Por tanto, con apoyo en el artículo 15 de la ley que rige la materia y el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se provee: a) Incomunicación. Con relación a los actos de incomunicación, que señala el promovente de los que está siendo objeto el quejoso Jorge Martínez Apaura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 6, párrafo 1, incisos a), b), subincisos, 1), 2) y 3), 12, párrafos 1 y 2, 17, párrafo 1 y 2 inciso d; 18, párrafo 1; 20, párrafo 2, y 24, de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de dos mil once; artículos I, II y XI, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de mayo de dos mil dos; artículo 2, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de mil novecientos ochenta y siete; así como, los artículos 15 y 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se decreta la SUSPENSIÓN DE PLANO para que cesen de inmediato los actos consistentes en la incomunicación, así como todo acto que se encuentra prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, se ordena a las autoridades responsables que la suspensión que se concede tiene como efecto que sin demora deberá evitar todo acto tendente a la incomunicación y malos tratos, en contra de los quejosos. b) Aseguramiento y/o detención. En relación a los actos de detención fuera de procedimiento de la parte quejosa, resulta importante destacar que de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Federal, que contiene el derecho a la libertad de tránsito dentro del territorio nacional, que incluye además otro derecho fundamental aplicable a extranjeros, que es la libertad de residencia; sin embargo, tales libertades no son absolutas, pues como se desprende de dicho precepto constitucional, están sujetas a límites y subordinadas a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración o inmigración y de los extranjeros residentes considerados perniciosos; lo que redunda en que la autoridad migratoria ejerce la vigilancia correspondiente a través de las reglas que impone la Ley de Migración, específicamente, las previstas en los artículos 7, 31, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 52, 57, 81, 92, 97, 99 y 106, así como los relativos de su reglamento; de ahí que el interés de la sociedad está por encima del interés particular. Ahora bien, la promovente refiere que el directo quejoso Jorge Martínez Apaura, son de nacionalidad cubana; asimismo, que fueron detenidos por autoridades migratorias de la Ciudad de México. Por tanto, con fundamento en los artículos 15 y 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que el quejoso quede a disposición de este Juzgado únicamente en cuanto a su libertad personal se refiere, y a disposición de la responsable, para que, en caso de que la privación de la libertad esté relacionada con la comisión de un delito, sin dilación, sea puesta a disposición del Fiscal del Ministerio Público competente, para que éste determine su libertad, retención o consignación en términos del aplicable artículo 16 Constitucional, siempre y cuando no exista un procedimiento para resolver su estancia migratoria. En efecto, de existir un procedimiento en contra de la parte quejosa para resolver su situación migratoria; entonces, se concede la suspensión solicitada para el efecto de que la responsable garantice los derechos reconocidos en la Constitución Federal, Tratados Internacionales de los cuales es parte el Estado Mexicano, de el directo quejoso Jorge Martínez Apaura, de nacionalidad cubana, que la detención, en alguna Estación Migratoria respectiva, garantice los derechos reconocidos en la Constitución Federal, Tratados Internacionales de los cuales es parte el Estado Mexicano, lo que implica que, en términos del artículo 107 de la Ley de Migración, de haberse emitido el acuerdo de presentación respectivo, en la estación migratoria en que se encuentren, se le respeten los derechos siguientes: ( Prestarle servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica; ( Atender los requerimientos alimentarios de dicho extranjero. ( Mantener en lugares separados y con medidas que aseguran la integridad física de las extranjeras arriba citadas, a hombres y mujeres; ( Procurar la convivencia familiar; ( Garantizar el respeto de los derechos humanos de las extranjeras presentadas; ( Permitir el acceso de representantes legales, o persona de su confianza y la asistencia consular; ( Permitir la visita de las personas que cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. En caso de negativa del acceso, ésta deberá entregarse por escrito debidamente fundado y motivado. Además, en términos de artículo 102 de la Ley de Migración, deberá de comunicarle a la parte quejosa de estar sometida a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, que en lo que se dicta resolución definitiva, podrán: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerán; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Asimismo, que la garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley. Tiene apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J.80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, la tesis I.7o.P.7 K (10a.) del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN LA SUSPENSIÓN. PARA SU OTORGAMIENTO Y EFECTIVIDAD, CUANDO SE CONCEDE CONTRA LA ORDEN DE LA AUTORIDAD MIGRATORIA QUE DECRETA EL ALOJAMIENTO DE UN MENOR EXTRANJERO PARA RESOLVER SU SITUACIÓN MIGRATORIA, DEBE ATENDERSE A LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DE AMPARO Y ARMONIZARLAS CON LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y CON LA LEY DE MIGRACIÓN. De conformidad con el artículo 164, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, tratándose de actos en que la detención del quejoso la efectúe una autoridad administrativa distinta del Ministerio Público y que no tenga relación con la comisión de un delito, el efecto de la suspensión será que la persona sea puesta en libertad. Ahora bien, si el acto reclamado lo constituye la orden de la autoridad migratoria que decreta el alojamiento de un menor extranjero para resolver su situación migratoria, y en el juicio de amparo respectivo se concede la suspensión, el Juez de Distrito, con la finalidad de maximizar la protección de sus derechos humanos, puede adoptar medidas de aseguramiento en términos de la legislación internacional y nacional en materia de derechos humanos, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la calidad del quejoso por tratarse de persona menor de edad y migrante -grupos en situación de vulnerabilidad-; de ahí que con la finalidad de asegurar su comparecencia ante la autoridad migratoria para continuar con el procedimiento administrativo iniciado en su contra, no sólo debe atender a los requisitos de efectividad establecidos en la Ley de Amparo -artículo 168-, pues esas medidas deben armonizarse con lo que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -artículo 1o.- y la Ley de Migración -artículo 102-." Lo anterior, en el entendido que de conformidad con el artículo 111 de la Ley de Migración deberán resolver, en su caso, la situación regular de los quejosos en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación, a menos que se actualice cualquiera de los supuestos establecidos en dicho numeral, esto es, que no exista información fehaciente sobre su identidad o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar a los migrantes, y que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. Adicionalmente, tomando en consideración los lineamientos establecidos por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, en el recurso de queja 8/2022, de su índice, el cual se invoca como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como los artículos 15 y 126, párrafo primero, de la citada legislación, se decreta la SUSPENSIÓN DE PLANO contra el acto de privación de la libertad, para los efectos precisados en la ejecutoria en comento: // // Determinación que encuentra sustento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, al disponer que cuando la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que quedarán las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, para lo cual se podrán establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En la inteligencia de que la medida cautelar no surtirá efectos legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a los narrados en la demanda de amparo, provengan de la comisión de un delito, tengan sustento en la existencia de alguna alerta migratoria vigente, exista acta de rechazo o deriven de cualquier otra situación diversa a la aquí analizada. Se aclara que la medida decretada dejará de surtir efecto si con posterioridad a lo decretado por el suscrito juzgador en la presente determinación, exista una diversa actuación en la que se hubiese decidido sobre la libertad de la parte quejosa. Al margen de lo anterior, en el caso de que la privación de la liberta NO tenga relación con la comisión de un delito, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 164 de la Ley de la materia, se concede a Jorge Martínez Apaura, para que SEAN PUESTOS EN INMEDIATA LIBERTAD, siempre y cuando, como ya se dijo, no exista un procedimiento para resolver la estancia migratoria. Inexigibilidad de garantía económica Aunado a lo anterior, este órgano jurisdiccional se pronuncia en favor de la procedencia de medidas menos restrictivas de la libertad personal, por lo que las autoridades migratorias responsables deben atender a la medida suspensional que ahora se decreta en favor de la libertad personal de la parte quejosa, ya que con la información procesal con la que se cuenta se tiene que en apariencia, se favorece al buen derecho y no se afecta de manera notable el interés social. Por tanto, las responsables deberán dictar las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su denominación), que aseguren que el quejoso no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político; entre ellas, la obligación de presentarse ante la propia autoridad administrativa cuantas veces les sea exigido. En ese sentido, tomando en cuenta la naturaleza de este asunto y en virtud de la condición vulnerable de la parte quejosa al tratarse de persona (s) migrante (s), en el supuesto de que sea procedente la libertad de la parte solicitante del amparo, no será necesario que las responsables exijan el cumplimiento al inciso a) del artículo 102 de la Ley de Migración, esto es, que se otorgue una garantía económica suficiente y a satisfacción, pues se considera suficiente para el otorgamiento del citado beneficio, el cumplimiento de las diversas medidas establecidas en el aludido numeral; lo anterior, haciendo una interpretación conforme a los derechos humanos de la parte impetrante y en atención al principio pro persona. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 79/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, junio de 2022, Tomo V, página 4167, registro digital 2024801, Undécima Época, que establece: "MIGRACIÓN O MOVILIDAD INTERNACIONAL. ES UN FACTOR PROPIO DE VULNERABILIDAD POR EL CUAL SE PUEDE PADECER DISCRIMINACIÓN SISTÉMICA Y DESIGUALDAD, QUE REQUIERE DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS TRANSFORMATIVAS PARA SER REMEDIADA. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP). En el proceso, alegaron la inconstitucionalidad de los artículos 52 y 59 de la Ley de Migración en los que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que la situación de migración o movilidad internacional es un factor propio de vulnerabilidad por el cual se puede padecer discriminación sistémica y desigualdad, que se ve especificada en atención a la interseccionalidad. Dicha situación requiere la adopción de medidas transformativas en todas las esferas del poder político para ser remediada. Justificación: Al tratar situaciones de personas migrantes -entre ellas, las personas solicitantes de la condición de refugiado- se debe recordar que, por lo general, éstas se encuentran en una situación de vulnerabilidad al compararlas con las personas no migrantes -nacionales o residentes-. Los movimientos territoriales de poblaciones, en sí mismos, entrañan innumerables situaciones peligrosas. A lo anterior se suman las ideas xenófobas y de exclusión que pueden ser parte de las sociedades de recepción de los migrantes, las dificultades a causa de diferencias de idioma, costumbres y culturas, dificultades económicas, sociales, así como ciertos obstáculos especiales para regresar a sus Estados de origen, entre otras. Esta condición de vulnerabilidad tiene una dimensión ideológica y se presenta en un contexto histórico específico; sin embargo, es mantenida por situaciones de iure (desigualdades entre nacionales y extranjeros en las leyes) y de facto (desigualdades sustantivas o estructurales), lo cual conduce al establecimiento de diferencias en el acceso de unas y otras a los recursos públicos administrados por el Estado. En este sentido, la discriminación sistémica y la desigualdad histórica exigen la adopción de medidas transformativas en todas las esferas del poder político para ser remediadas. Esto significa que toda autoridad debe adoptar correcciones dentro del marco institucional disponible, lo que, en el caso de migrantes, se traduce en: (i) la obligación de abstenerse de realizar acciones que directa o indirectamente creen situaciones de discriminación de iure o de facto, que tengan como consecuencia la discriminación directa o indirecta de las personas migrantes; (ii) la obligación de adoptar las medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en perjuicio de los migrantes; y (iii) la obligación de hacer distinciones objetivas y razonables entre migrantes y sus calidades migratorias solamente cuando sean conformes con los derechos humanos y el principio pro persona, entre otras." Asimismo, la tesis II.4o.P.2 K (11a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2025372, Undécima Época, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. SU CONCESIÓN CONTRA EL ALOJAMIENTO PROLONGADO DE PERSONAS MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UN ALBERGUE O ESTACIÓN MIGRATORIA, ES PARA EL EFECTO DE QUE QUEDEN EN LIBERTAD, Y EL JUEZ DEBE FIJAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS NECESARIAS -DIVERSAS A LA GARANTÍA ECONÓMICA- PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO CORRESPONDIENTE Y NO DEJARLAS AL ARBITRIO DE LA AUTORIDAD MIGRATORIA, MÁXIME SI SE ENCUENTRAN INVOLUCRADOS NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES MIGRANTES. Hechos: Un asesor jurídico federal promovió juicio de amparo en favor de personas migrantes, entre ellas niños, contra el alojamiento, detención o aseguramiento de que son objeto por más de treinta y seis horas en un albergue del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), así como la inminente y posible deportación o expulsión del país y solicitó la suspensión de plano de los actos reclamados para que fueran puestos en inmediata libertad, entre otras razones, por estar involucrados menores de edad. La Jueza de Distrito la concedió para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que actualmente se encontraban y, en el supuesto de que la detención de los quejosos estuviera relacionada con una cuestión migratoria administrativa y hubiesen excedido las horas citadas, la otorgó para el efecto de que fueran puestos en libertad, dejando a la autoridad responsable que fijara las reservas relativas a establecer las condiciones necesarias para que continuaran sometidos al procedimiento administrativo migratorio respectivo hasta su resolución. Inconforme con lo anterior, dicho asesor interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito, quien resolvió el recurso por competencia excepcional, dado que estima que, por razón de la materia correspondía a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, determina que al conceder la suspensión de plano en el juicio de amparo contra el alojamiento prolongado de personas migrantes en situación irregular en un albergue o estación migratoria, además de ordenar su libertad, el Juez debe fijar las medidas alternativas necesarias -diversas a la garantía económica- para el seguimiento del procedimiento administrativo migratorio correspondiente, máxime si se encuentran involucrados niños, niñas y adolescentes migrantes, y no dejarlas al arbitrio de la autoridad migratoria responsable. Justificación: Ello, porque por un lado dichas detenciones no tienen relación con la comisión de un delito, sino que son de carácter administrativo al ser efectuadas por la autoridad migratoria y, por otro, de conformidad con el principio de excepcionalidad de la detención previsto en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, se busca no colocar a las personas migrantes, incluidos niños, niñas y adolescentes, en una situación de mayor vulnerabilidad, privilegiando el derecho fundamental a la libertad personal, así como los principios del interés superior de la infancia y de unidad familiar y, a su vez, asegurar el correcto desenvolvimiento del procedimiento administrativo migratorio competencia de la autoridad responsable bajo la supervisión del Juez, pues al dejar supeditadas dichas medidas al pronunciamiento de la autoridad responsable, no se garantiza de manera plena la salvaguarda de los derechos de dichas personas, que por su calidad de extranjeros y por el grado de vulnerabilidad en que se encuentran, merecen protección especial. Por ejemplo, dichas medidas pueden ser: i) proporcionar un domicilio en el lugar de residencia del Juzgado de Distrito, ii) carta responsiva de ciudadano u organización social mexicana, iii) presentación periódica ante el Juez de amparo y no abandonar la demarcación territorial de su residencia sin autorización previa, entre otras; sin que se estime factible la exhibición de garantía económica, pues además de contravenir el principio de excepcionalidad de la detención, debe considerarse su precariedad monetaria y la ausencia de vínculos personales que enfrentan dichas personas, derivados de su misma condición migratoria." Deportación, retorno asistido y traslado. Por otra parte, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente señala como acto reclamado la posible deportación y traslado a otra estación migratoria. En ese contexto, toda vez que se trata de actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que los directos quejosos Jorge Martínez Apaura, no sea deportado y/o expulsado y/o retornado y/o repatriado a su país de origen (incluyendo cualquier acto tendiente a deportarlos, tales como el traslado a cualquier centro migratorio diferente al que se pudieran encontrar), y no sean objeto de cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo; ello, sin perjuicio de que sean asegurados, permanezcan a disposición de las autoridades administrativas para la continuación de algún procedimiento administrativo o carpeta de investigación que en su caso se les instruya, desde luego, con respeto y tutela de los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna y los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito con otros. De conformidad con el artículo 160 de la Ley de Amparo, el directo quejoso Jorge Martínez Apaura, quedarán a disposición de este Juzgado de Distrito, en el lugar en que se encuentran alojados, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto, se comunique a la(s) autoridad(es) responsable(s) la resolución que se dicte en el fondo del asunto. Sin que la suspensión de plano decretada con antelación, impida la continuación de los procedimientos establecidos en la Ley de Migración, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 80/2207, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 15, Tomo XXVI, diciembre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN.- El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo". De igual manera, la medida cautelar concedida no surtirá efectos y por consiguiente, no impedirá la detención de Jorge Martínez Apaura, si se les pretende privar de su libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridad diversa de la(s) aquí señalada(s) como responsable(s) o se le haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. Asimismo, debe precisarse que si uno de los actos reclamados se trata realmente de una medida de aseguramiento decretada con fundamento en la Ley de Migración, la medida precautoria no surtirá efectos, en atención a que no se satisface el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión contra el posible aseguramiento de la parte quejosa por parte de las autoridades administrativas, pues se atentaría contra el interés de la sociedad quien está interesada en que se cumpla con toda exactitud las disposiciones de la referida ley migratoria. Lo anterior se estima apegado a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Federal, que contiene el derecho a la libertad de tránsito dentro del territorio nacional, que incluye además otro derecho fundamental aplicable a extranjeros, que es la libertad de residencia; sin embargo, tales libertades no son absolutas, pues como se desprende de dicho precepto constitucional, están sujetas a límites y subordinadas a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración o inmigración y de los extranjeros residentes considerados perniciosos; lo que redunda en que la autoridad migratoria ejerce la vigilancia correspondiente a través de las reglas que impone la Ley de Migración, específicamente, las previstas en los artículos 7, 31, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 52, 57, 81, 92, 97, 99 y 106, así como los relativos de su reglamento; de ahí que el interés de la sociedad está por encima del interés particular. Notificación a la(s) autoridad(es) responsable(s) Para el inmediato y debido cumplimiento de la suspensión oficiosa, comuníquese de inmediato a la(s) autoridad(es) responsable(s) la suspensión de plano para su debido cumplimiento; y para que en el término de VEINTICUATRO HORAS, informe(n) por oficio a este Juzgado de Distrito, el cumplimiento que haya dado a la medida cautelar, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: "Articulo 262. Se impondrá´ pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (...) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Requerimiento a la(s) autoridad(es) responsable(s) En otro aspecto, requiérase a la(s) autoridad(es) responsable(s), para que en el término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación de este auto, manifiesten bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: Sí en su base de datos existe registro de que los directos quejosos cuenten con algún permiso de visitante, reconocimiento de condición de refugiado u otro documento vigente, expedido por autoridad migratoria, que acredite su situación regular en el país. De ser afirmativo lo anterior, remitan copia certificada de las constancias que así lo acredite, ya que de contar los quejosos con documento que acredite su situación migratoria regular, no debe estar alojado en dicha estación migratoria. Apercibida(s) que de no cumplir con lo ordenado, de conformidad con el ordinal 259 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 237, fracción I, del propio ordenamiento invocado, se le(s) impondrá multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), de acuerdo a su valor diario, en términos de lo previsto por los artículos 237, fracción I, 238, y 259, de la Ley de Amparo con relación en el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Estado físico. Comisiónese al Actuario (a) Judicial que se designe para que, se constituya a las instalaciones de las autoridades responsables, a fin de que localice al directo quejoso Jorge Martínez Apaura, en el caso de encontrarlo, levante acta circunstanciada del estado físico en que actualmente se encuentran y de ser necesarios tome impresiones fotográficas. En ese tenor, se solicita a la(s) autoridad(es) en que se encuentre detenido el quejoso, que permitan al fedatario el acceso a sus instalaciones con algún aparato electrónico que le permita la reproducción de las fijaciones fotográficas que se le ordena, incluso su teléfono celular, para ese uso exclusivo, a efecto de que de´ cumplimiento a lo aquí encomendado; además, dichas autoridades deberán informar enseguida el cumplimiento que den a la presente determinación. Se hace del conocimiento a la(s) autoridad(es) responsable(s) que en caso de no permitir el acceso al funcionario adscrito a sus instalaciones, o por cualquier forma obstaculice sus funciones; o bien, no informe sobre el cumplimiento de la medida aquí´ otorgada, se le(s) impondrá una multa por una cantidad equivalente a CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, con fundamento en los artículos 236, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la ley de la materia. De igual forma se les hace de su conocimiento que la violación a esta medida suspensional, entraña la comisión del delito que prevé´ el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse, de inmediato se dará´ vista al agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito para los efectos a que haya lugar. Ratificación de la demanda* Por otra parte, tomando en consideración que el directo quejosa no signó la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, se requiera personalmente para que al momento de la diligencia, o bien, por escrito dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, ratifique la demanda de amparo presentada bajo el apercibimiento que de no hacerlo en la forma y plazo concedidos, se tendrá por no presentada, dejándose sin efecto las providencias decretadas. Se gira exhorto. Considerando que la tramitación del presente asunto es de carácter urgente, ya que el directo quejoso Jorge Martínez Apaura, se encuentran en la Ciudad México, y que las autoridades señaladas como responsables tienen su residencia en dicha ciudad; esto es, fuera de la jurisdicción donde este juzgado tiene su sede. Por tanto, considerar que la notificación a las responsables de forma tradicional en términos del artículo 26 fracción II, inciso a) y 28 fracción II, de la Ley de Amparo, demoraría en el cumplimiento de la suspensión de plano decretada, así como el retraso en la localización de los directos agraviados. En esas condiciones, con fundamento por tanto con fundamento en el artículo 27 fracción segunda de la Ley de Amparo en vigor y los artículos 1, fracción VIII y 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva designar personal de su adscripción, a fin de realizar lo siguiente: - Se constituya en las instalaciones de las autoridades responsables, o en cualquier lugar donde considere pudieran ser localizada el directo quejoso Jorge Martínez Apaura, y le notifique personalmente la presente determinación; - Asimismo, de atención a los apartados que anteceden relativos a levantar acta circunstanciada del estado físico en que actualmente se encuentre y de ser necesario tome impresiones fotográficas; así como el diverso relativo a que en el momento de la diligencia, o bien, por escrito dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, requiera a la quejosa para que ratifique la demanda de amparo presentada, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en la forma y plazo concedidos, se tendrá por no presentada, dejándose sin efecto las providencias decretadas; y, - Notifique mediante oficio a las autoridades responsables la suspensión de plano decretada en el presente proveído; misivas que se adjuntan digitalizadas al exhorto que para tal efecto se libra. Además, con apoyo en la parte final del artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento legal invocado, se solicita al órgano jurisdiccional exhortado, habilite horas y días inhábiles para la práctica de la diligencia encomendada. En esa tesitura, remítase el exhorto respectivo a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el rubro correspondiente, utilizando la firma electrónica para tal efecto, de conformidad con los artículos 107, 109 y 110 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, solicitando al órgano jurisdiccional que corresponda diligenciar la comunicación oficial, una vez cumplida la encomienda, lo devuelva a la brevedad posible vía electrónica. Autorizados y domicilio de la parte quejosa. Ahora bien, en relación a tener como autorizado de la parte quejosa a la persona que señala para tal efecto, se reserva proveer lo conducente, hasta que, en su caso, el directo quejoso ratifique la demanda de amparo promovida a su favor. Referencia de contacto. Ahora, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se tiene como punto de contacto, el número telefónico que proporciona la parte quejosa. Horario de atención de la oficialía de partes. Hágase del conocimiento de las partes que el horario para entrega de promociones en la Oficialía de Partes de este Juzgado, relativas a los asuntos que se tramitan en este órgano, es de 08:30 a las 15:00 horas. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3o de la Ley de Amparo, así´ como en el artículo 24 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Acceso a la información. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa a las partes que las resoluciones y demás actuaciones que se generen en este expediente son públicas, lo que implica que serán accesibles a cualquier persona, siempre que los titulares de la información brinden su consentimiento; por lo cual, se les comunica que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales; no obstante lo cual, si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, mediante la elaboración de la versión pública correspondiente, con la supresión de datos personales, en términos de lo previsto en el artículo 30 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo. Lo anterior de conformidad con el criterio emitido por la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, al resolver el recurso de revisión 2/2004, de rubro y texto siguientes: "OPOSICIÓN DE LAS PARTES. AUNQUE NO EXISTA, DEBERA´ SUPRIMIRSE LA INFORMACIO´N CONFIDENCIAL EN LA VERSIO´N PU´BLICA DE LAS SENTENCIAS. En las versiones públicas de las sentencias se debe suprimir la información considerada como confidencial, aunque no exista oposición de las partes, sin que con ello se impida conocer el criterio del órgano jurisdiccional, conforme a lo establecido en los artículos 4, fracción III, 7, 8 y 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental". Registro de partes en el Sistema Integral De Seguimiento De Expedientes Se ordena al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos capturados en el sistema sean correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Notifíquese; y personalmente vía exhorto a la parte quejosa.

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