Jorge Martín Nichols Flores
Expediente 1666/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1666/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Jorge Martín Nichols Flores
- Procuraduría Federal del Consumidor, Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, tres de marzo de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Actualización de causal de improcedencia. Visto el contenido de la certificación de cuenta, de la que se advierte que se considera que se actualiza una causal de improcedencia; por tanto, se procede al análisis de autos en los siguientes términos: Sobreseimiento por cesación de efectos. Del estado procesal que guardan los autos del sumario, efectivamente se evidencia la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa se hizo consistir en: La omisión de dar respuesta al escrito remitido por correo electrónico dirigido a la Procuraduría Federal del Consumidor -denunciasprofeco@profeco.gob.mx-, mediante el cual le realiza la petición de que le informe con precisión el estado procesal de denuncia ciudadana (folio 0035799-2022), realizada por el aquí quejoso. Dicho acto omisivo resultó cierto, pues hasta la fecha de presentación de la demanda (quince de diciembre de dos mil veintidós), no existía noticia alguna de que la parte quejosa hubiera recibido contestación en relación con la petición realizada ante la autoridad responsable. No obstante la certeza del acto reclamado, al rendir su informe justificado, la autoridad responsable, en lo que interesa informó que el Subprocurador de Verificación y Defensa de la Confianza de esa Procuraduría Federal del Consumidor, atendió la solicitud realizada por el aquí quejoso, y que mediante correo electrónico de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se le informó lo siguiente: "Lo anterior, y dando cabal atención a su petición, me permito informarle lo siguiente. El pasado 17 de Octubre de! 2022 la Dirección de Verificación y Defensa de la Confianza, de esta Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza a mi digno cargo, recepcionó datos de denuncia, mediante el Módulo de Denuncia Ciudadana, misma a la que se le otorgó el número de folio 0035799-2022, teniendo como denunciante al Sr. Toni del Pozo con correo electrónico pozontoine@gmail.com, "se adjuntando evidencia del Módulo de Denuncia recepción" por otra parte el 18 de octubre del 2022 dicha denuncia fue procedente, turnándose así para su atención a la Oficina de Defensa del Consumidor "Zona Leona Vicario", misma que llevó a cabo visita de verificación el día 15 de diciembre del mismo año, obteniendo como resultado "Visita Informativa" otorgándosele número de expediente PFCCDFC-1-001666/2022, mismo que se encuentra cerrado de manera definitiva a efecto y claridad de lo antes mencionado, se adjunta el acta de verificación enviada por OdecoZona leona Vicario" Para acreditar lo anterior, la responsable acompañó las documentales consistentes en 1) correo electrónico de doce de enero de dos mil veintitrés, a través del cual solicita el tratamiento dado a la denuncia (folio 0035799-2022) ingresada el diecisiete de octubre del año próximo pasado; 2) correo electrónico de dieciséis de enero del año en curso, a través del cual informan el tratamiento dado a la denuncia antes mencionada; 3) orden de visita de verificación y oficio de comisión de uno de diciembre de dos mil veintidós; 4) acta de verificación de quince de diciembre de la citada anualidad; 5) captura de seguimiento de trámite; y, 6) copia certificada del expediente administrativo PFC.CDF.C1.-001666/2022. A dichas constancias este juzgador les otorga plena validez probatoria en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En esa medida, se considera incuestionable que cesaron los efectos del acto impugnado, pues si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo existía como cierto el reclamo de la parte quejosa, relativo a la conducta omisa de la responsable; sin embargo, se advierte que durante el trámite de este sumario, la autoridad responsable atendió la omisión reclamada por la parte quejosa consistente en informarle el estado procesal de denuncia ciudadana (folio 0035799-2022), realizada por el aquí quejoso; de ahí, que se actualiza la causal de improcedencia que deriva del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia analizada, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los numerales 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, en página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Atento a lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (señalada para las diez horas con seis minutos del veinticuatro de febrero del año en curso). Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Actualización de causal de improcedencia. Visto el contenido de la certificación de cuenta, de la que se advierte que se considera que se actualiza una causal de improcedencia; por tanto, se procede al análisis de autos en los siguientes términos: Sobreseimiento por cesación de efectos. Del estado procesal que guardan los autos del sumario, efectivamente se evidencia la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa se hizo consistir en: La omisión de dar respuesta al escrito remitido por correo electrónico dirigido a la Procuraduría Federal del Consumidor -denunciasprofeco@profeco.gob.mx-, mediante el cual le realiza la petición de que le informe con precisión el estado procesal de denuncia ciudadana (folio 0035799-2022), realizada por el aquí quejoso. Dicho acto omisivo resultó cierto, pues hasta la fecha de presentación de la demanda (quince de diciembre de dos mil veintidós), no existía noticia alguna de que la parte quejosa hubiera recibido contestación en relación con la petición realizada ante la autoridad responsable. No obstante la certeza del acto reclamado, al rendir su informe justificado, la autoridad responsable, en lo que interesa informó que el Subprocurador de Verificación y Defensa de la Confianza de esa Procuraduría Federal del Consumidor, atendió la solicitud realizada por el aquí quejoso, y que mediante correo electrónico de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se le informó lo siguiente: "Lo anterior, y dando cabal atención a su petición, me permito informarle lo siguiente. El pasado 17 de Octubre de! 2022 la Dirección de Verificación y Defensa de la Confianza, de esta Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza a mi digno cargo, recepcionó datos de denuncia, mediante el Módulo de Denuncia Ciudadana, misma a la que se le otorgó el número de folio 0035799-2022, teniendo como denunciante al Sr. Toni del Pozo con correo electrónico pozontoine@gmail.com, "se adjuntando evidencia del Módulo de Denuncia recepción" por otra parte el 18 de octubre del 2022 dicha denuncia fue procedente, turnándose así para su atención a la Oficina de Defensa del Consumidor "Zona Leona Vicario", misma que llevó a cabo visita de verificación el día 15 de diciembre del mismo año, obteniendo como resultado "Visita Informativa" otorgándosele número de expediente PFCCDFC-1-001666/2022, mismo que se encuentra cerrado de manera definitiva a efecto y claridad de lo antes mencionado, se adjunta el acta de verificación enviada por OdecoZona leona Vicario" Para acreditar lo anterior, la responsable acompañó las documentales consistentes en 1) correo electrónico de doce de enero de dos mil veintitrés, a través del cual solicita el tratamiento dado a la denuncia (folio 0035799-2022) ingresada el diecisiete de octubre del año próximo pasado; 2) correo electrónico de dieciséis de enero del año en curso, a través del cual informan el tratamiento dado a la denuncia antes mencionada; 3) orden de visita de verificación y oficio de comisión de uno de diciembre de dos mil veintidós; 4) acta de verificación de quince de diciembre de la citada anualidad; 5) captura de seguimiento de trámite; y, 6) copia certificada del expediente administrativo PFC.CDF.C1.-001666/2022. A dichas constancias este juzgador les otorga plena validez probatoria en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En esa medida, se considera incuestionable que cesaron los efectos del acto impugnado, pues si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo existía como cierto el reclamo de la parte quejosa, relativo a la conducta omisa de la responsable; sin embargo, se advierte que durante el trámite de este sumario, la autoridad responsable atendió la omisión reclamada por la parte quejosa consistente en informarle el estado procesal de denuncia ciudadana (folio 0035799-2022), realizada por el aquí quejoso; de ahí, que se actualiza la causal de improcedencia que deriva del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia analizada, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los numerales 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, en página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Atento a lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (señalada para las diez horas con seis minutos del veinticuatro de febrero del año en curso). Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veinte de enero de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado de autos, de los que se advierte que no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para esta fecha, toda vez que no obra constancia alguna que acredite que las autoridades responsables foráneas hayan quedado debidamente notificadas del respectivo oficio que este Juzgado les envió, en el que se les solicita su informe justificado, por lo que, considerando la distancia del lugar de residencia de dichas autoridades y el tiempo ordinario de entrega de las piezas postales certificadas por parte del servicio de correos, se considera justificada la razón de no contar en esta data con los informes justificados, o bien, los acuses de recibo postal correspondientes. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se fijan las diez horas con seis minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/128/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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