Jorge Marmolejo Castañeda

Expediente 286/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
286/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
20/01/2023

Partes del expediente

  • Jorge Marmolejo Castañeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinte de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio constitucional en que se actúa y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que en cumplimiento a los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, tanto el expediente electrónico generado con la FIREL como el impreso coinciden en su totalidad. En virtud de lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en el que por una parte se decretó el sobreseimiento, y se negó el amparo; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, en el que por una parte se sobreseyó en el presente juicio, y por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Lo anterior es procedente, con independencia de la fecha en que las autoridades responsables que tiene su residencia fuera de esta ciudad, hayan sido notificadas del citado veredicto y no se haga el cómputo respectivo, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo, éstas solo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido de la misma afectara el acto que se les reclamó, salvo que se trate de amparo contra leyes; lo que no acontece en la especie, dado que se sobreseyó en el presente juicio. Finalmente, se instruye a la Secretaría que recabe los acuses de recibo de los oficios que se libren en la presente determinación para que se acuerde respecto al archivo definitivo de este asunto. Notifíquese.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 286/2020-I, promovido por la parte quejosa Jorge Marmolejo Castañeda, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el seis de marzo de dos mil veinte, ante este Juzgado Federal, Jorge Marmolejo Castañeda promovió juicio de amparo indirecto, en contra de los actos y autoridades que a continuación se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Director de Readaptación y Reinserción Social del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Director del Centro de Rehabilitación Social del Penal de Santa Adelaida, en Matamoros, Tamaulipas. Director de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Comandante de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Jefe de Custodios Destacamentados en el Centro de Rehabilitación Social del Penal de Santa Adelaida, en Matamoros, Tamaulipas. ACTOS RECLAMADOS: "La Orden de traslado a otro centro de Rehabilitación social, sin mediar causa justificada, ni haber cometido infracción alguna que vaya en contra del reglamento que rige el centro de Readaptación Social de esta Ciudad." Asimismo, narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 16 y 18 constitucionales. SEGUNDO. En auto de seis de marzo de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito registró la demanda bajo el número 286/2020-I; y ordenó su ratificación, la cual fue admitida el once de ese mismo mes y año; dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; asimismo, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual una vez integrado este expediente, tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Las autoridades responsables Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Ejecución de Sanciones, con sede en Matamoros, Tamaulipas (foja 26); Agente de la Policía Ministerial del Estado, en ausencia del Director de la Policía Ministerial del Estado en Ciudad Victoria, Tamaulipas (foja 31); Agente de la Policía Ministerial del Estado Encargado del Despacho de la Comandancia de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas (foja 35); y, Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas (foja 42), al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos que se les reclamaron. La parte quejosa Jorge Marmolejo Castañeda no desvirtuó esas negativas con prueba en contrario; consecuentemente en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las Responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." TERCERO. La autoridad responsable denominada Director de Readaptación y Reinserción Social del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, omitió rendir su informe justificado, no obstante de que fue debidamente emplazado al presente juicio; en consecuencia, opera la presunción de certeza del acto reclamado conforme al párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, es necesario destacar que no obstante que en el presente asunto existe presunción de certeza del acto reclamado de manera destacada (orden de traslado) al Director de Readaptación y Reinserción Social del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, éste no es inconstitucional por sí mismo; por tanto, de conformidad con el cuarto párrafo del numeral 117 de la ley de la materia, corresponde a los quejosos la carga de la prueba para demostrar la inconstitucionalidad de ese acto. El numeral en cuestión dispone: "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. --------------------------------------------------------------------------Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado. ------ En el sistema procesal penal acusatorio, la autoridad jurisdiccional acompañará un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes. -------------------------------------------------- Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. ------- En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. ------------------------------ En amparos en materia agraria, además, se expresarán nombre y domicilio del tercero interesado, los preceptos legales que justifiquen los actos que en realidad hayan ejecutado o pretendan ejecutar y si las responsables son autoridades agrarias, la fecha en que se hayan dictado las resoluciones que amparen los derechos agrarios del quejoso y del tercero, en su caso, y la forma y términos en que las mismas hayan sido ejecutadas, así como los actos por virtud de los cuales aquéllos hayan adquirido sus derechos, de todo lo cual también acompañarán al informe copias certificadas, así como de las actas de posesión, planos de ejecución, censos agrarios, certificados de derechos agrarios, títulos de parcela y demás constancias necesarias para precisar los derechos de las partes. -------------------------------------------------- No procederá que la autoridad responsable al rendir el informe pretenda variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni que ofrezca pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por el quejoso. ---------------------------------------------------------------------- Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional." El párrafo cuarto del numeral transcrito, dispone que en aquellos juicios de amparo en los que las autoridades responsables no rindan su informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, pero quedará a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad, siempre y cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° del citado ordenamiento. Ahora bien, un acto es inconstitucional por sí mismo, cuando para resolver sobre él no sea necesario atender a los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado. Caso contrario, un acto no será inconstitucional por sí mismo, cuando para realizarlo, la autoridad deba cumplir determinados requisitos; esto es, cuando su inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se fundó. Tiene aplicación al tema, la jurisprudencia II.2o. J/11 del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. INCONSTITUCIONALIDAD DEL. QUIEN DEBE PROBARLA. Cuando se reclama en un juicio de amparo un acto de autoridad en sí mismo violatorio de garantías, estando acreditada la existencia del acto, también lo está su inconstitucionalidad, y en estos casos la carga probatoria para demostrar su constitucionalidad corre a cargo de la autoridad responsable. En cambio, cuando el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, entonces la demostración de su existencia es insuficiente para demostrar su inconstitucionalidad, puesto que ésta depende de los motivos, datos y pruebas en que se haya fundado el propio acto, y la carga probatoria corresponde al quejoso en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo". De igual forma apoya la tesis III. 1o. A. 59 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. LA NATURALEZA DE LA VIOLACIÓN ALEGADA NO ES LO QUE DETERMINA SI ES O NO INCONSTITUCIONAL EN SÍ MISMO EL. No es la naturaleza de la violación que se alegue, lo que determina si un acto reclamado en amparo es o no inconstitucional en sí mismo, sino que, para establecer cuándo tiene ese carácter, debe estarse a lo que dispone el artículo 149 de la Ley de Amparo, el cual señala substancialmente, que un acto no es en sí mismo violatorio de garantías, cuando su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado ese propio acto; de lo que resulta, que cuando el acto reclamado pueda ser realizado por la autoridad responsable, mediante el cumplimiento de determinados requisitos, no debe ser tenido, en sí mismo, como violatorio de garantías, y en cambio, cuando en ningún caso la responsable pueda realizar el acto impugnado, llenando o no requisito alguno, debe estimarse como violatorio de garantías en sí mismo". En el presente caso, la orden de traslado, no constituye un acto inconstitucional por sí mismo, pues la autoridad responsable sí puede participar en la ejecución de una orden de traslado. Así, la omisión de la responsable de rendir su informe justificado hace presumir la existencia del acto y la carga de la prueba se traslada a la parte quejosa, debido a que esa presunción de certeza recae sólo respecto de la existencia del acto reclamado o su ejecución, más no respecto de las circunstancias que sirvieron de base para emitirla o llevarla a cabo. En efecto, el dispositivo 117 de la Ley de Amparo es claro en establecer que ante la falta de informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, excluyendo, implícitamente, otro tipo de cuestiones, como son las relativas a la inconstitucionalidad de los actos; por tanto, al producirse la presunción, lo único que se tiene por cierto es su existencia, sin comprender los demás aspectos que circundan al acto. Bajo ese orden, la sola presunción de certeza del acto reclamado, no basta para la concesión del amparo si el quejoso no ofreció pruebas de la inconstitucionalidad del acto; esto es, que se han vulnerado en su perjuicio los derechos fundamentales que se invocaron en la demanda; máxime que no se trata simplemente de que el acto haya carecido de fundamento, sino de que éste sea o no legalmente correcto. Resulta aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal del País, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DE SU INCONSTITUCIONALIDAD (INFORME CON JUSTIFICACIÓN). Conforme al artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables están obligadas a rendir su informe y a justificar sus actos, y la falta de aquél establece la presunción de certidumbre de tales actos; pero queda a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando no se trate de actos violatorios de garantías en sí mismos, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se hayan fundados los actos. La carga de la prueba se distribuye, pues, entre autoridad y quejoso, tocando a aquélla la de la constitucionalidad de sus actos y a éste la de su inconstitucionalidad. La sola omisión de pruebas por parte de la autoridad no bastaría para la concesión del amparo, si a su vez el quejoso no rinde pruebas de la inconstitucionalidad del acto, o sea de que se han vulnerado en perjuicio suyo las garantías constitucionales que invocó en su demanda, máxime que no se trata simplemente de que el acto haya carecido de fundamento, sino de que éste sea o no legalmente correcto". Tampoco opera en el caso la facultad que tiene el juez de amparo para recabar de oficio las probanzas rendidas ante la responsable, porque en la especie no se trata de pruebas, sino del propio acto reclamado; asumir lo contrario sería desatender el contenido del párrafo tercero del numeral 117 de la Ley de Amparo. Lo antes decidido encuentra sustento en la jurisprudencia VI.2o. J/84 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: "ACTO RECLAMADO. NO ES OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO RECABARLO DE OFICIO, CUANDO TANTO LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO EL QUEJOSO OMITEN EXHIBIRLO. Si bien es cierto que atento lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Amparo (cuya reforma fue publicada el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federación), el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y las estime necesarias para la resolución del asunto, sin embargo, esta obligación opera cuando el Juez constitucional, previo el examen del acto reclamado, advierte que determinada constancia o constancias sirvieron de fundamento a la responsable para emitir dicho acto, o bien, cuando en el juicio de donde el mismo emana, obran pruebas que resultan indispensables para fallar el juicio de amparo; pero no ocurre así, cuando el Juez responsable y el quejoso omiten exhibir el auto combatido, es decir, no se trata de pruebas, sino del propio acto reclamado. Asumir un criterio contrario, equivaldría a ignorar lo expresamente establecido en el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, esto es, que ante la falta del informe justificado de la autoridad responsable, cuando el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, corresponde al quejoso la carga procesal de demostrar su inconstitucionalidad, aportando por lo menos, el auto que reclama". Por lo antes expuesto, ante la falta de demostración de la inconstitucionalidad del acto reclamado por parte del quejoso, se impone negar la protección constitucional solicitada. En consecuencia, con fundamento, además, en los artículos 62, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto y autoridades expuestos en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jorge Marmolejo Castañeda, respecto del acto y autoridad, precisados en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se aprecia que el nueve de octubre del año en curso, a través del oficio 20609/2020, de nuestro índice, se ordenó remitir las misivas 8812/2020 y 9112/2020, al Director del Centro de Ejecución de Sanciones, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas; lo anterior, para que se encontrara en condiciones de rendir sus informes relativos a la suspensión de plano y justificado; sin embargo, en el presente juicio no obra constancia alguna que acredite que haya recibido el comunicado descrito con antelación; consecuentemente, para dar oportunidad a lo anterior, se hace necesario diferir la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y se fijan de nueva cuenta para su desahogo las diez horas con veintitrés minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

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