Jorge Mario Machado López
Expediente 1038/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1038/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Jorge Mario Machado López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vistos los autos de cuenta, se advierte que la parte quejosa anexó un documento a su escrito inicial de demanda; sin embargo, toda vez que resulta innecesaria su permanencia en este órgano jurisdiccional y por permitirlo el estado procesal, requiérasele para que dentro del plazo de diez días hábiles, acuda a este juzgado de distrito a recoger dicho documento, previa copia que se deje en autos y razón de recibo que se otorgue, apercibido que de no hacerlo, se dejara glosado al expediente y se remitirá al archivo para que siga la suerte de éste, con las consecuencias jurídicas que ello implica, esto es, será destruidos. Para estar en aptitud de dar cumplimiento a lo anterior y hasta en tanto subsistan las condiciones de trabajo determinadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, así como los diversos Acuerdos Generales25/2020 y 1/2021, del mismo órgano plenario que reformaron el Acuerdo inicialmente citado únicamente con relación al periodo de vigencia; se deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", apartado "Agenda OJ", en el cual, aparecerán las fechas y horarios disponibles con que cuenta el órgano jurisdiccional para la generación de la cita referida, ello mediante la generación de un código "QR" el cual, deberá presentar al ingresar a las instalaciones en un dispositivo móvil o de forma impresa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Vistos los autos de cuenta, se advierte que la parte quejosa anexó un documento a su escrito inicial de demanda; sin embargo, toda vez que resulta innecesaria su permanencia en este órgano jurisdiccional y por permitirlo el estado procesal, requiérasele para que dentro del plazo de diez días hábiles, acuda a este juzgado de distrito a recoger dicho documento, previa copia que se deje en autos y razón de recibo que se otorgue, apercibido que de no hacerlo, se dejara glosado al expediente y se remitirá al archivo para que siga la suerte de éste, con las consecuencias jurídicas que ello implica, esto es, será destruidos. Para estar en aptitud de dar cumplimiento a lo anterior y hasta en tanto subsistan las condiciones de trabajo determinadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, así como los diversos Acuerdos Generales25/2020 y 1/2021, del mismo órgano plenario que reformaron el Acuerdo inicialmente citado únicamente con relación al periodo de vigencia; se deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", apartado "Agenda OJ", en el cual, aparecerán las fechas y horarios disponibles con que cuenta el órgano jurisdiccional para la generación de la cita referida, ello mediante la generación de un código "QR" el cual, deberá presentar al ingresar a las instalaciones en un dispositivo móvil o de forma impresa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
I. Causa estado. Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la ley de la materia, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de dos de septiembre del presente año, mediante el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. II. Orden de archivo. Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. III. Valoración del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del mencionado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2 del referido manual, en razón de que se desechó la demanda. Notifíquese.
- Principal
I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **** , por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado y otra autoridad. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1038/2022. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo y anexos, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación: Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Ahora, del análisis acucioso del escrito de demanda y del anexo que acompaña, este juzgador federal determina que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, que señalan respectivamente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y" Conforme al segundo precepto invocado, el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. La inhibitoria y declinatoria constituyen formas de plantear las cuestiones de competencia: la primera se intenta ante el órgano que se estime competente, pidiéndole que dirija oficio al que se estima no serlo, para que se inhiba y remita los autos; mientras que la segunda se propone ante el que se estima incompetente, solicitándole que se abstenga del conocimiento del negocio y remita los autos al considerado competente. En ambos casos, la cuestión de competencia constituye un acto jurídico complejo que se compone de dos decisiones de órganos de distinta jurisdicción, que son complementarias en la medida en que converge la voluntad de uno de ellos de no conocer del asunto y la del otro que acepta o rechaza dicho conocimiento. Convergencia que condiciona la "determinación" de la cuestión competencial, pues cuando el órgano requerido acepta inhibirse o continuar el conocimiento del asunto, según corresponda, se define tal aspecto, ya que de otro modo, surge un conflicto competencial. Se estima que la procedencia del amparo contra actos de autoridad que "determinan" inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, se circunscribe al supuesto que define la cuestión competencial, en los términos antes reseñados, esto es, cuando el órgano requerido acepta inhibirse o avocarse al conocimiento del negocio, habida cuenta que entonces se materializa el perjuicio que supone la decisión del asunto en una jurisdicción distinta. Máxime que una regla general para la procedencia del juicio de amparo, impone que los mismos sean de imposible reparación, como se advierte del numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo; por lo cual, armonizando tal disposición con la fracción VIII del propio precepto, debe entenderse que la mera declaración de incompetencia de la autoridad que inicialmente conoce de un negocio y ordena remitir los autos a la que estima competente, no tiene esa irreparabilidad, pues no sabe si esta última aceptará o no el conocimiento de asunto. Además, sostener lo contrario y admitir la procedencia del amparo cuando la cuestión competencial no está determinada, porque sólo existe la voluntad del órgano de declinar el conocimiento del negocio, permitiría que durante el trámite del juicio constitucional surgiera un conflicto competencial que correspondería resolver a un Tribunal Colegiado de Circuito, así como la existencia de sentencias contradictoria sobre el tópico, lo que resulta jurídicamente inadmisible. Sobre el tema ya se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 216/2014, en la que, en lo que interesa, determinó lo siguiente: ".En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta, o bien, la rechace y no antes. Como se advierte de la anterior transcripción, en dicha ejecutoria este Tribunal Pleno determinó -bajo el punto jurídico consistente en determinar el alcance del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo vigente, en relación con la procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad en los que se decline o inhiba la competencia-, que es procedente el amparo indirecto en contra de los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, dado que los actos de autoridad susceptibles de impugnación en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse referidos a aquellos en los que la autoridad, a favor de la cual se declina competencia, la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento del trámite de una cuestión de competencia cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, en términos de lo que establece el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. (.) De tal manera, se concluyó que la decisión de una autoridad, de declararse incompetente, o la solicitud que hacía una autoridad a otra para que se inhibiera en el conocimiento de un asunto, no podían considerarse determinaciones que justificaran la procedencia del juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo en vigor, sino sólo en el caso de que aquélla se tornara definitiva, esto es, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque era en esos momentos del trámite cuando se producía la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada. (.) Y, en el caso, la resolución que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia, se equipara a una determinación definitiva, toda vez que, al desecharse o desestimarse un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, ello se traduce en que la autoridad que está conociendo del asunto, al estimarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su total resolución, y es en dicho momento cuando se produce una afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, lo cual claramente torna tal actuación en una decisión definitiva. Entonces, es dable considerar que el desechamiento o desestimación de una excepción y/o incidente de incompetencia en los términos señalados, da lugar a la procedencia del juicio de amparo indirecto. En efecto, debemos recordar que en los casos que dieron origen a los criterios aquí denunciados, los actos reclamados en amparo se hicieron consistir, respectivamente, en la interlocutoria dictada por la Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, en la que declaró infundada la excepción de incompetencia por declinatoria formulada por una de las partes en el juicio y, por otro lado, en el auto mediante el cual la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nuevo León desechó el incidente de incompetencia interpuesto por la parte demandada." De dicha ejecutoria, derivó la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo" En la especie, la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de uno de agosto de dos mil veintidós, pronunciada dentro del toca 308CU/2022, por medio del cual se desestimó el recurso de apelación interpuesto por el hoy quejoso, contra el auto de catorce de marzo del año en curso, emitido en el expediente 857/2020 del Juzgado Primero Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, mediante la cual confirmó el auto recurrido en donde el a quo se declaró incompetente para seguir conociendo de la tramitación del juicio de origen. Establecido lo anterior, se estima que el citado acuerdo impugnado de uno de agosto de dos mil veintidós, es un pronunciamiento que no define la cuestión competencial, dado que como se estableció anteriormente, se trata de un acto jurídico complejo que está compuesto de dos decisiones que son complementarias, así dicha determinación, está sujeta a que la última de las autoridades la acepte, por lo que no se trata de una determinación definitiva. Lo anterior, en observancia a la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.) que derivó de la contradicción de tesis 239/2014 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas" Por tanto, si el auto reclamado no "determina" la cuestión competencial, es decir, no implica que el asunto indefectiblemente sea del conocimiento del Juez de lo Civil con residencia en Santiago, Papasquiaro, Durango, no puede estimarse que el juicio de amparo sea procedente en los términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, dado que no se trata de una determinación definitiva. Por tanto, resulta diáfano que se actualiza la causal de inviabilidad prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VIII, a contrario sensu, de la legislación de la materia vigente, por lo que con apoyo en el ordinal 113 de la referida ley de la materia, se desecha la demanda en estudio. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. Quejosa: **** . i. Domicilio. **** . V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Notificación a las partes. En estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos con el objetivo de resguardar la integridad del personal, así como de los individuos que se encuentren en el lugar donde deban practicarse las notificaciones, con fundamento en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la Circular SECO/12/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se autorizan las notificaciones a través de los medios y mecanismos electrónicos con que se cuente, ello en cumplimiento al marco de la ley que rige el procedimiento. En ese tenor, toda vez que constituye un hecho público y notorio que la Secretaría de Salud ha dispuesto para esta entidad federativa de Durango el Semáforo de Riesgo Epidemiológico en color "verde" con motivo de la pandemia COVID-19, por lo que con el propósito de evitar poner en serio riesgo a los Actuarios Judiciales de este órgano jurisdiccional a contraer dicho virus con motivo de notificaciones personales, de conformidad con el numeral 21 del propio Acuerdo General, esta determinación deberá notificarse únicamente por lista de acuerdos electrónica (internet), misma que adicionalmente deberá ser remitida a la Administración de este Edificio Sede para que la publique en un espacio de fácil acceso para quienes acuden sin contar con cita previa. VII. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VIII. Firma del presente acuerdo. El presente acuerdo, así como las determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese personalmente.
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