Jorge Mario Bañuelos Ramírez y Otros.
Expediente 1252/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1252/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 19/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jorge Mario Bañuelos Ramírez y Otros.
- Jorge Mario Bañuelos Ramírez
- Alin Maldonado Monroy
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
PERSONAL ELECTRONICA Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso ningún medio de defensa en contra de la sentencia dictada en el presente juicio dentro del término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia en la que se sobresee en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
....Atento a ello, se ordena reexpedir el citado comunicado para que sea entregado en la denominación correcta para los efectos legales a que haya lugar...
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...ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Jorge Mario Bañuelos Ramírez y Alin Maldonado Monroy, en representación de su menor hija de iniciales A. B. M.; respecto de los actos y autoridades precisados en el resultando primero, y por las razones dadas en los diversos segundo y último de esta sentencia...
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa LA RESOLUCIÓN de fecha 29/OCTUBRE/2021, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el citatorio y/o aviso que se dejó en su domicilio. RESOLUCIÓN cuyo contenido es: " R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido el mismo día, por razón de turno a este Juzgado Federal en la citada materia y circunscripción, Hornbeck Offshore Services de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de las autoridades que señaló por los siguientes actos: "Primero. La inconstitucionalidad del artículo 44 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Segundo. La inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Tercero. La orden de suspender el derecho de la quejosa de inscribir los actos jurídicos que su actividad como naviera mexicana requiere en el Registro Público Marítimo Nacional. Cuarto. El oficio 7.2.201.-1293/2019, de fecha 14 de junio de 2019, firmado por la autoridad señalada como responsable (Director de Registro y Programas de la Dirección General de Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes), por vicios propios de inconstitucionalidad." Como se advierte, se reclamaron los artículos 14 y 44 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la resolución contenida en el oficio 7.2.201.-1293/2019, de catorce de junio de dos mil diecinueve, emitida por el Director de Registro y Programas de la Dirección General de Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; a través de la cual, se inició un procedimiento de investigación en relación con la inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional de la quejosa; actos respecto de los cuales se decretó la suspensión definitiva en interlocutoria emitida el veinticuatro de julio de dos mil diecinueve: ". para el efecto de que no se le impida el cumplimiento de lo previsto en el artículo 17 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, lo cual se traduce en que se le permita continuar inscribiendo en el Registro Público Marítimo Nacional, los actos contemplados en dicha disposición legal." SEGUNDO. En escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil diecinueve en la Oficialía de Partes de este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Hornbeck Offshore Services de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal, amplió su escrito de demanda inicial, respecto de los actos siguientes: "Primero. La inconstitucionalidad del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Segundo. La inconstitucionalidad del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Tercero. El oficio 7.2.1370/2019, de fecha 18 diciembre de 2019. Este acto se lo imputó al Director General de Marina Mercante. Cuarto. La orden para que a la quejosa se le impida continuar operando sus embarcaciones en navegación de cabotaje, impedimento contenido en el 7.2.1370/2019, de fecha 18 diciembre de 2019. Quinto. La alteración, modificación o cualquier otro acto que desconozca el folio marítimo número 029-CT-08 de la quejosa, mismo que contiene la inscripción definitiva como empresa naviera mexicana para operar las embarcaciones que detenta en navegación de cabotaje." El propósito de la ampliación de la demanda de amparo fue adicionar como actos reclamados los artículos 98 y 99 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la resolución 7.2.1370/2019, de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, a través de la cual, el Director General de Marina Mercante dio fin a la investigación referida, resolviendo: ". Por las razones expuestas en el considerando quinto y con fundamento en lo que establecen los artículos 94, 96, 98 y 99 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, se instruye al Director de Registro y Programas, en su carácter de titular del Registro Público Marítimo Nacional, para que proceda a la rectificación del asiento hecho en la partida 2, del folio marítimo número 029-CT-08, señalando que la empresa Hornbeck Offshore Services de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, no puede operar por sí misma y explotar embarcaciones de su propiedad o en su posesión, en navegación de cabotaje, por lo que solo podrá actuar como empresa naviera en actividades que impliquen navegación de altura." TERCERO. En interlocutoria emitida el veintiuno de enero de dos mil vente, esta Juzgadora concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva: ". para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se ejecute la resolución 7.2.1370/2019, de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. En otro aspecto, esta juzgadora considera que con la concesión de la suspensión se podría causar un daño a la empresa Naviera Argos, sociedad anónima de capital variable, ahora tercero interesada, al continuar la quejosa con las actividades de cabotaje a que hace referencia en el escrito de ampliación que se provee. (.) Por lo que, con fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo, se estima necesario fijar una garantía y dado que no existen en autos constancias que permitan a este órgano determinar el daño que eventualmente se causaría a la tercero interesada; en forma discrecional se fija el importe de $****************** (***************** 00/100 M.N.). Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la parte quejosa que la presente medida cautelar surte sus efectos con la emisión de la presente resolución; no obstante para que siga surtiendo sus efectos, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la presente determinación exhiba la garantía fijada, en cualquiera de los medios permitidos por la ley. (.) Se hace del conocimiento de la parte tercero interesada que tiene expedito su derecho a exhibir la contragarantía que al efecto prevé el artículo 133 de la Ley de Amparo. (.)." En auto de dos de marzo de dos mil veinte, esta Juzgadora, proveyó la solicitud de la tercero interesada referente a que se fijara el importe de la contragarantía para dejar sin efecto la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa, respecto de lo cual estimó que en la interlocutoria en que concedió dicha medida cautelar, fijó una garantía por el daño que, eventualmente, se causaría al tercero interesado en forma discrecional el importe de $************* (***************** 00/100 moneda nacional), misma que fue exhibida mediante póliza de fianza número ll-535107-RC, Serie y Folio DF311573, expedida por Afianzadora Finanzas y Cauciones atlas, sociedad anónima, por la cantidad referida. Asimismo, determinó que era procedente la solicitud de la tercero interesada, pues dejar sin efecto la suspensión definitiva, el juicio de amparo no quedaría sin materia y, únicamente se afectarían derechos de la parte quejosa estimables en dinero, pues los efectos de la suspensión son para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se ejecute la resolución 7.2.1370/2019, de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve; por lo que, para dejar sin efecto dicha medida fijó la suma de $********************* (********************************** 00/100 moneda nacional). Inconformes con la determinación anterior, las partes quejosa y tercero interesada interpusieron recurso de queja respectivamente, de los cuales correspondió conocer por razón de turno al Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo los números de expediente Q.A. 187/2020 y Q.A.186/2020, resueltos en sesión de once de junio de dos mil veintiuno, en el primero, declaró fundado el recurso y ordenar devolver los autos a esta Juzgadora para que abriera el incidente innominado en términos de lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, en el cual escuche a las partes y les dé oportunidad de defenderse, fijara el monto de la contragarantía ofrecida por la tercero interesada para dejar sin vigencia la suspensión; a partir de los elementos de convicción que se recabaran en relación con los aspectos que sobre la citada contragarantía regulan los artículos 107, fracción X, párrafo segundo, constitucional y 133 y 134 de la ley de la materia; dada la insubsistencia del acuerdo recurrido por implicar una reposición del procedimiento. En el segundo recurso registrado bajo el Q.A.186/2020, lo declaró sin materia. CUARTO. A efecto de fijar el monto de la contragarantía ofrecida por la tercero interesada para dejar sin vigencia la suspensión, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante acuerdo de seis de julio de dos mil veintiuno, se aperturó a trámite el Incidente Innominado, en tal virtud, se requirió a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera y ofrecieran pruebas. QUINTO. Seguido el trámite del incidente que nos ocupa, en auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de alegatos del incidente innominado, la cual se celebró en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente incidente innominado tramitado por auto de seis de julio de dos mil veintiuno, a efecto de determinar el monto de la contragarantía ofrecida por la tercero interesada para que la suspensión del acto reclamado concedida a la parte quejosa deje de surtir efectos, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo que decidió el recurso de queja tramitado bajo el expediente Q.A. 187/2020, incidente que es procedente dentro del procedimiento del incidente de suspensión del acto reclamado, ello acorde con lo dispuesto en los artículos 66 y 67, de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Previo a realizar la determinación correspondiente, es conveniente precisar los alcances y efectos de la sentencia ejecutoria dictada en el incidente de suspensión del acto reclamado relativo al juicio de amparo 930/2019, en los siguientes términos: ". se impone declarar fundado el presente recurso de queja y devolver los autos a la juez federal para que abra el incidente innominado previsto en el artículo 66 de la Ley de Amparo y, seguido el procedimiento que al respecto establece el diverso artículo 67 del propio ordenamiento legal, en el cual escuche a las partes y les dé oportunidad de defenderse, fije el monto de la contragarantía ofrecida por la tercero interesada para dejar sin vigencia la suspensión. Lo anterior, a partir de los elementos de convicción que se recaben en relación con los aspectos que sobre la multicitada contragarantía regulan los artículo 107, fracción X, párrafo segundo, constitucional y 133 y 134 de la Ley de Amparo." De lo que se advierte, que el recurso de queja fue declarado fundado en el que se impuso devolver los autos a esta Juzgadora Federal para que abriera el incidente innominado, previsto en los ordinales 66 y 67 de la ley de la materia, en el cual escuchara a las partes y les diera oportunidad de defenderse y fije el monto de la contragarantía ofrecida por la tercero interesada para dejar sin vigencia la suspensión, a partir de los elementos de convicción que recabara, en relación con los aspectos que sobre la multicitada contragarantía regulan los numerales 107, fracción X, párrafo segundo, constitucional y 133 y 134 de la Ley de Amparo. TERCERO. Por auto de seis de julio de dos mil veintiuno, se aperturó a trámite el Incidente Innominado, en tal virtud, se requirió a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera y ofrecieran pruebas; a efecto de determinar el monto de la contragarantía que debe exhibir la tercero interesada para dejar sin efectos la medida suspensional concedida a la parte quejosa, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo que decidió la queja bajo el expediente Q.A. 187/2020. Se estima necesario señalar que esta Juzgadora Federal en interlocutoria emitida el veintiuno de enero de dos mil vente, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 930/2019, concedió la suspensión definitiva solicitada por la quejosa Hornbeck Offshore Services de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en relación con los efectos y consecuencias para los cuales la solicitó, es decir, "para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se ejecute la resolución 7.2.- 1370/2019, de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve." Asimismo, estimó que con la concesión de la suspensión se podría causar un daño a la aquí tercero interesada Naviera Argos, sociedad anónima de capital variable, al continuar la quejosa con las actividades de cabotaje que refería en su escrito de ampliación de demanda; por lo que, con apoyo en el artículo 132 de la Ley de Amparo, fijó una garantía en forma discrecional y al no existir en autos constancias que le permitieran determinar el daño que eventualmente se pudiera causar a la citada tercero interesada, por el importe de $**************************** (*************************** 00/100 M.N.) e hizo del conocimiento de la citada parte, que tenía expedito su derecho para exhibir la contragarantía que prevé el ordinal 133 de la referida legislación. Ahora bien, atento a la solicitud de la tercero interesada referente a que se fije el importe de la contragarantía que debe exhibir, para que deje de surtir efectos la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa. Previamente a decidir la cuestión planteada, se estima pertinente señalar que la suspensión de los actos reclamados es una providencia cautelar en el juicio de amparo, de carácter instrumental, útil para preservar la materia del propio juicio a efecto de evitar que se consume de manera irreparable la violación de derechos alegada por la parte quejosa. De acuerdo con los lineamientos previstos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados en el juicio de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita ".deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social." El artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social [.]". Aun cuando la citada fracción X del artículo 107 constitucional no alude en forma sistemática a los elementos que la doctrina procesal considera esenciales para la decisión de las medidas cautelares, en tanto se refiere sólo a uno de ellos, que es la apariencia del buen derecho, tiene la virtud de poner de manifiesto la necesidad de atender dicho requisito, que no puede ser analizado en forma aislada, sino en términos en que lo formula la citada doctrina. Al respecto, podría destacarse que el diverso elemento consistente en el peligro en la demora, se encuentra inmerso en el artículo 131 de la Ley de Amparo, al señalarse que cuando el quejoso solicite la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. La posibilidad de dictar medidas cautelares aptas para evitar la consumación de actos que se estiman contrarios a derecho, constituye una de las manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que tales medidas de las cuales participa la suspensión en el juicio de amparo tienden a evitar, por una parte, que la afectación en la esfera jurídica del particular resulte irreparable y, por otra, que el propio proceso principal instituido para la defensa de los derechos sea inútil a esos efectos. El derecho a la vida, a la libertad, los derechos de la personalidad, el derecho a la integridad física de las personas, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho de alimentos, verbigracia, no serían susceptibles de protección constitucional, sin la existencia de un proceso adecuado y capaz de garantizar que no sean transgredidos, lo que debe necesariamente incluir, en cuanto debido proceso, un sistema de medidas cautelares apto para la protección efectiva y completa de los intereses jurídicos en juego, tomando en cuenta que la tardanza del procedimiento jurisdiccional (peligro en la demora) para obtener su salvaguarda no es un factor que justifique su lesión irreversible. En estos casos, constituye de especial relevancia el otorgamiento de la medida suspensional solicitada, lo que revela que el carácter urgente de una medida cautelar debe apreciarse en relación con la necesidad de un pronunciamiento provisional a fin de evitar que se ocasione a la parte que solicita la medida cautelar un perjuicio grave e irreparable o en extremo difícil, en el sentido de que el daño es de tal naturaleza que privaría de objeto la sentencia definitiva. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción 146/2019, entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de ese Alto Tribunal en sesión de siete de mayo de dos mil veinte, estableció, entre otras cuestiones, lo siguiente: De acuerdo con la actual redacción del artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal y de su interpretación teleológica subjetiva, es factible advertir que tratándose de la suspensión a petición de parte en la que el quejoso alega tener un interés jurídico, el principal presupuesto de procedencia al que debe atender el órgano jurisdiccional de amparo ya no lo es "la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con la ejecución del acto reclamado", sino el análisis ponderado de elementos como la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Atenta a la evolución jurídica de la regulación de la suspensión, se aprecia del artículo 128 de la Ley de Amparo vigente que el legislador conservó una redacción y contenido prácticamente idénticos en comparación con el diverso 124 de la Ley de Amparo abrogada, salvo por una diferencia fundamental, a saber: en la legislación de amparo vigente ya no se prevé una fracción III que establezca expresamente como requisito para decretar la suspensión, que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. La supresión de la exigencia citada en último término evidencia la finalidad del legislador de prescindir de ese requisito. En términos de la actual regulación, la suspensión no se reduce sólo a una medida cautelar con un efecto conservativo, sino que de forma innovadora, la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que esa medida tenga un efecto de "tutela anticipada" (restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando ello sea jurídica y materialmente posible). Así, las nuevas reglas de la suspensión giran en torno al postulado según el cual la necesidad de acudir a un proceso de amparo para obtener la razón no debe perjudicar a quien la tiene, la dificultad de reparación de los daños y/o perjuicios que pudiera sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado, no debe ser considerada como un requisito para el otorgamiento de la suspensión. Acorde con lo expuesto se aprecia que en términos de los artículos 107, fracción X, constitucional, 128 y 138 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo se requiere que: (a) expresamente la solicite el quejoso; (b) haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; (3) los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; (4) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada Ley y; (5) deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. De cumplirse todos los requisitos que anteceden, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la propia Ley. No obstante lo anterior, esa medida podrá dejarse sin efectos si alguna de las partes en términos del artículo 133 de la Ley de Amparo ofrece una contragarantía, salvo en aquellos casos en que de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En el precepto legal en último término se regula la figura de la contragarantía en la suspensión otorgada en el juicio de garantías el que es del tenor siguiente: "Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía." Del precepto legal transcrito se aprecia que la suspensión podrá dejarse sin efectos cuando la parte tercera interesada otorgue contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. Asimismo, se prevé que la concesión de la contragarantía para ejecutar el acto reclamado está condicionada a dos supuestos: (a) cuando de ejecutarse el acto quede sin materia el juicio de amparo, o bien; (b) cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. De lo expuesto se desprende que una vez que se ha concedido la medida cautelar solicitada podrá pedirse que ésta se deje sin efectos en aquellos que así lo solicite el tercero en el juicio y que con motivo de que se ejecute el acto reclamado no quede sin materia el juicio, o bien, resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, toda vez que esa previsión normativa tiene por objeto preservar la materia del juicio a efecto de evitar que se consumen de manera irreparable la violaciones de derechos alegadas por la parte quejosa. En el caso a estudio la quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: "[.][.]" Asimismo, la peticionaria solicitó la suspensión para los efectos siguientes: "[.] [.]"Atento a lo anterior, se reitera que esta Jugadora Federal concedió la suspensión definitiva solicitada por la quejosa Hornbeck Offshore Services de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en relación con los efectos y consecuencias para los cuales la solicitó, es decir, "para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se ejecute la resolución 7.2.-1370/2019, de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve."; al estimar que como con la concesión de la suspensión se podría causar un daño a la aquí tercero interesada Naviera Argos, sociedad anónima de capital variable, al continuar la quejosa con las actividades de cabotaje que refería en su escrito de ampliación de demanda, con apoyo en el artículo 132 de la Ley de Amparo, fijó una garantía en forma discrecional y al no existir en autos constancias que le permitieran determinar el daño que eventualmente se le pudiera causar, por el importe de $************** (******************** 00/100 M.N.) e hizo del conocimiento de esa parte, que tenía expedito su derecho para exhibir la contragarantía que prevé el ordinal 133 de la referida legislación. Cabe precisar, que esta Juzgadora Federal estima que en cuanto a la procedencia de la solicitud de la tercero interesada, referente a que se fije la contragarantía para dejar sin efecto la suspensión del acto reclamado concedida a la quejosa, para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se ejecute la resolución 7.2.1370/2019, de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, de lo que se advierte que de ejecutarse dicho acto, es decir, el no permitir a la quejosa continuar con las actividades de cabotaje; no quedaría sin materia el juicio de amparo, ni resultaría en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, toda ez que la impugnación esencialmente involucra aspectos patrimoniales y no de otra índole. De ahí que, tomando en cuenta que la medida solicitada involucra, esencialmente, derechos patrimoniales y que no versan sobre el derecho a la vida, a la libertad, a la personalidad, a la integridad física de las personas, a la inviolabilidad del domicilio o a derechos análogos, es dable considerar que es susceptible fijar la contragarantía solicitada por la tercera interesada y, por tanto, de dejar sin efectos la medida cautelar otorgada, porque de ejecutarse el acto reclamado no quedaría sin materia el juicio de amparo, pues en el supuesto de que se concediera el amparo en favor de la quejosa, sería factible ordenar tanto la insubsistencia de aquellos, como la restitución en el pleno goce de los derechos que le hubieran sido violentados. Tampoco, resultaría en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, debido a que la ejecución del acto controvertido solo le irroga una afectación de tipo económico, susceptible de reparación en caso que, eventualmente, a la quejosa se le otorgue el amparo solicitado. Se estima necesario señalar lo que establecen los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 132, 133 y 134, de la Ley de Amparo: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social [.]". Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía. Artículo 134. La contragarantía que ofrezca el tercero conforme al artículo anterior deberá también cubrir el costo de la garantía que hubiese otorgado el quejoso, que comprenderá: I. Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a la empresa legalmente autorizada que haya otorgado la garantía; II. Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de la cancelación y su registro, cuando el quejoso hubiere otorgado garantía hipotecaria; y III. Los gastos legales acreditados para constituir el depósito." Por tanto, en virtud de que la parte tercero interesada solicitó se fije el importe de la contragarantía para dejar sin efecto la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa, prevista en el segundo párrafo de la fracción X del artículo 107 Constitucional, así como el numeral 134 de la Ley de Amparo, debe cubrir los siguientes aspectos: a) Los daños y perjuicios que se puedan causar al quejoso con la ejecución del acto reclamado en caso de que se conceda el amparo; y, b) La cantidad que asegure la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías durante el tiempo en que pueda ser fallado el amparo. Cabe precisar, que la parte tercero interesada solo ofreció como pruebas de su parte a este incidente, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, las que se desahogaron dada su propia y especial naturaleza en autos, en la audiencia de alegatos. Por su parte, la quejosa aportó al incidente que ahora se resuelve, los pactos contractuales, relativos a las embarcaciones que se referirán a continuación, de los que se advierte la fecha de entrega o inicio, la temporalidad del contrato de fletamento para buques con servicio de altamar y la fecha de conclusión: 1. Embarcación HOS IRON HORSE OMI 9457050, del que se advierte como fecha de inicio catorce de diciembre de dos mil diecinueve, la temporalidad del contrato de fletamento para buques con servicio de altamar ochenta y nueve días, fecha de conclusión once de marzo de dos mil veinte. Documental que obra en español, dada la traducción realizada el cinco de marzo de dos mil veinte, por el perito traductor del idioma español e inglés, licenciado David Suro Cárcamo, autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, conforme a la resolución 20-01/2018, publicada en la Lista de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia, de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. 2. Embarcación HOS BRIGADOON OMI 9207596 del que se advierte como fecha de inicio veinte de octubre de dos mil diecinueve, la temporalidad del contrato de fletamento para buques con servicio de altamar quinientos cuarenta y cinco días, fecha de conclusión dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Documental que obra en Inglés en copia certificada por el titular de la Correduría Pública número cuarenta y seis de la Ciudad de México; así como, en español, dada la traducción realizada el cinco de marzo de dos mil veinte, por el perito traductor del idioma español e inglés, licenciado David Suro Cárcamo, autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, conforme a la resolución 20- 01/2018, publicada en la Lista de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia, de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. 3. Embarcación HOS REMINGTON OMI 9686144 del que se advierte como fecha de inicio veintiuno de febrero de dos mil veinte, la temporalidad del contrato de fletamento para buques con servicio de altamar trescientos sesenta y seis días, fecha de conclusión veinte de febrero de dos mil veintiuno. Documental que obra en Inglés en copia certificada por el titular de la Correduría Pública número cuarenta y seis de la Ciudad de México; así como, en español, dada la traducción realizada el cinco de marzo de dos mil veinte, por el perito traductor del idioma español e inglés, licenciado David Suro Cárcamo, autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, conforme a la resolución 20- 01/2018, publicada en la Lista de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia, de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. 4. Embarcación HOS SWEET WATER OMI 9495545 del que se advierte como fecha de inicio uno de diciembre de dos mil diecinueve, la temporalidad del contrato de fletamento para buques con servicio de altamar treinta días, fecha de conclusión treinta de diciembre de ese mismo año. Documental que obra en Inglés en copia certificada por el titular de la Correduría Pública número cuarenta y seis de la Ciudad de México; así como, en español, dada la traducción realizada el cinco de marzo de dos mil veinte, por el perito traductor del idioma español e inglés, licenciado David Suro Cárcamo, autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, conforme a la resolución 20-01/2018, publicada en la Lista de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia, de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Embarcación HOS BROWNING OMI 9587398 del que se advierte como fecha de inicio uno de diciembre de dos mil diecinueve, la temporalidad del contrato de fletamento para buques con servicio de altamar treinta días, fecha de conclusión treinta de diciembre del mismo año. Documental que obra en Inglés en copia certificada por el titular de la Correduría Pública número cuarenta y seis de la Ciudad de México; así como, en español, dada la traducción realizada el cinco de marzo de dos mil veinte, por el perito traductor del idioma español e inglés, licenciado David Suro Cárcamo, autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, conforme a la resolución 20-01/2018, publicada en la Lista de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia, de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. 6. Embarcación HOS WINCHESTER OMI 9490064 del que se advierte como fecha de inicio uno de diciembre de dos mil diecinueve, la temporalidad del contrato de fletamento para buques con servicio de altamar treinta días, fecha de conclusión treinta de diciembre del mismo año. Documental que obra en Inglés en copia certificada por el titular de la Correduría Pública número cuarenta y seis de la Ciudad de México; así como, en español, dada la traducción realizada el cinco de marzo de dos mil veinte, por el perito traductor del idioma español e inglés, licenciado David Suro Cárcamo, autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, conforme a la resolución 20-01/2018, publicada en la Lista de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia, de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. 7. Embarcación HOS BROWNING OMI 9587398 del que se advierte como fecha de inicio uno de abril de dos il veintiuno, sin temporalidad pactada en el contrato de fletamento para buques con servicio de altamar, tampoco fecha de conclusión. Documental que obra en Inglés y en español en copia certificada por el titular de la Notaría Pública número quince en Villahermosa, Tabasco; así como, en español, dada la traducción realizada el dos de agosto de dos mil veintiuno, por el perito traductor Michele Pagano, autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 8. Embarcación HOS WINCHESER OMI 9490064 del que se advierte como fecha de inicio uno de abril de dos mil veintiuno, sin temporalidad pactada en el contrato de fletamento para buques con servicio de altamar, tampoco fecha de conclusión. Documental que obra en Inglés y en español en copia certificada por el titular de la Notaría Pública número quince en Villahermosa, Tabasco; así como, en español, dada la traducción realizada el dos de agosto de dos mil veintiuno, por el perito traductor Michele Pagano, autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 9. Embarcación HOS BRIGADOON OMI 9207596 del que se advierte como fecha de inicio veinte de octubre de dos mil diecinueve, la temporalidad del contrato de fletamento para buques con servicio de altamar quinientos cuarenta y cinco días, fecha de conclusión dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Así como la Enmienda No. 1, al contrato de fletamento de once de noviembre de dos mil diecinueve; la comunicación de trece de mayo de dos mil veintiuno, en que se asienta que se prorrogó dicho contrato hasta el ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Documentales que obra en Inglés y en español en copia certificada por el titular de la Notaría Pública número quince en Villahermosa, Tabasco; así como, en español, el contrato y la enmienda dada la traducción realizada el dos de agosto de dos mil veintiuno, por el perito traductor Michele Pagano, autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 10. Embarcación HOS RENAISSANCE OMI 9647667 del que se advierte como fecha de inicio quince de julio de dos mil veintiuno, la temporalidad del contrato de fletamento para buques con servicio de altamar noventa días, fecha de conclusión quince de octubre de dos mil veintiuno. Documentales que obra en Inglés y en español en copia certificada por el titular de la Notaría Pública número quince en Villahermosa, Tabasco; así como, en español, el contrato dada la traducción realizada el dos de agosto de dos mil veintiuno, por el perito traductor Michele Pagano, autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 11. Modificación No.01 Contrato para prestación de servicios de buques abastecedores costa afuera, celebrado entre Repsol Exploración México, Sociedad Anónima de Capital Variable y quejosa Hornbeck Offshore Services de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, referencia del contrato No. MEX-G3823.201067/03. Modificación No. 02 Contrato para prestación de servicios de buques abastecedores costa afuera, celebrado entre Repsol Exploración México, Sociedad Anónima de Capital Variable y quejosa Hornbeck Offshore Services de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, referencia del contrato No. MEX-G3823.201067/03. El contrato de fletamento por la embarcación HOS CORAL OMI 9518622, del que se advierte como fecha de inicio diez de junio de dos mil veintiuno, no se señala la temporalidad del contrato de fletamento para buques con servicio de altamar, tampoco la fecha de conclusión. Documentales que obran en Inglés y en español en copia certificada por el titular de la Notaría Pública número quince en Villahermosa, Tabasco; así como, en español, el contrato, las modificaciones dada la traducción realizada el dos de agosto de dos mil veintiuno, por el perito traductor Michele Pagano, autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 12. Copia simple de la resolución CNH.E.23.005/2021, por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprueba el programa de evaluación presentado por Repsol Exploración México, S.A. de C.V., referente a los descubrimientos Polok y Chinwol del contrato CNH-R02-L04-AP-CS-C10/2018. 13. Copia simple de tres hojas impresas relativas a la Administración de Contratos CNH-R02-L04-AP-CSC10/ 2018, que contienen datos relativos a Repsol Exploración México, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como unos enlaces. 14. Facturas Digitales con números 1107, 1104, 1103, 1110 y 1115, de fechas veintisiete, veintiocho y veintinueve del mes de julio y cuatro de agosto, todas de dos mil veintiuno, expedidas por la aquí quejosa Hornbeck Offshore Services de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, a nombre de Repsol Exploración México, Sociedad Anónima de Capital Variable, por el pago del servicio de alquiler de embarcaciones marinas. Documentales de la 1 a la 11, a las que se le otorga valor probatorio pleno en juicio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; ya que en ellas constan los diversos contratos de fletamento para buques con servicio de altamar que presta la quejosa; así como las Modificaciones Nos. 01 y 02 del Contrato para prestación de servicios de buques abastecedores costa afuera, celebrado entre Repsol Exploración México, Sociedad Anónima de Capital Variable y Hornbeck Offshore Services de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con referencia del contrato No. MEX-G3823.201067/03, de las que se advierte la relación contractual que une a la quejosa con la referida empresa de exploración. Sin que obste a la anterior consideración, el hecho de que se desestimen las pruebas documentales identificadas con los número 1, 3, 4, 5, 6 y 14, por no ser idóneas para calcular el monto de la contragarantía que deberá exhibir la tercero interesada para que deje de surtir efectos la suspensión del acto reclamado; porque se trata de contratos que por su temporalidad ya concluyeron, lo que evidencia que la quejosa, respecto de los mismos, ya no puede sufrir perjuicio patrimonial alguno. Consideración que aparece robustecida con el contenido de las Facturas Digitales con números 1107, 1104, 1103, 1110 y 1115, de fechas veintisiete, veintiocho y veintinueve del mes de julio y cuatro de agosto, todas de dos mil veintiuno, exhibidas por la quejosa, en virtud de que solo demuestran lo que en ellas se contiene, como es que Hornbeck Offshore Services de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, facturó a Repsol Exploración México, Sociedad Anónima de Capital Variable, por el pago del servicio de alquiler de las embarcaciones marinas que ahí se identifican respectivamente, por las cantidades y tiempo contratado; pero de ningún modo con las mismas, logra acreditar que por virtud de su contenido pueda sufrir un perjuicio patrimonial; ya que se trata del pago por la prestación de un servicio que prestó. Asimismo, se desestiman las probanzas marcadas con los números 7, 8, 10 y 11, relativas a los contratos de fletamento para buques con servicio de altamar, porque aun cuando de las mismas se aprecia la fecha de inicio, no se advierte la temporalidad de los contratos, ni la fecha de conclusión de los mismos; circunstancias, que las hace insuficientes, para tomarlas en consideración para efectos de fijar el monto la contragarantía que deberá exhibir la tercero interesada para que deje de surtir efectos la suspensión del acto reclamado, porque no se tiene la certeza de si ya han concluido o no dichos contratos; sin que la quejosa hubiera aportado prueba alguna con la acreditara dicha situación y con la que pusiera de manifiesto los perjuicios económicos que pudiera resentir. Por lo que hace a las probanzas marcadas con los números 12 y 13 carecen de valor probatorio alguno en juicio, por tratarse de copias simples y contener la primera, una resolución que obliga a diversas partes a la aquí quejosa y tercero interesada; la segunda, se trata de simples impresiones relativas a la Administración de Contratos CNH-R02-L04-AP-CS-C10/2018, que contienen datos referentes Repsol Exploración México, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como unos enlaces; documentales que por no ser idóneas, no se toman en consideración para fijar el monto de la contragarantía que debe exhibir la tercero interesada. Sirve de apoyo a lo estimado, en lo conducente y por analogía, la tesis I.11o.C.1 K, emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página1269, Tomo XVI, Agosto de 2002, Novena Época, Materias Común, registro digital 186304, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas." Ahora, son suficientes las probanzas marcadas con los números 2 y 9, que contienen los contratos de fletamento para buques con servicio de altamar, respecto de la Embarcación HOS BRIGADOON OMI 9207596 de los que se advierte como fecha de inicio el veinte de octubre de dos mil diecinueve, con una la temporalidad del contrato de quinientos cuarenta y cinco días, con fecha de conclusión el dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Así como la Enmienda No. 1, al contrato de fletamento de once de noviembre de dos mil diecinueve; la comunicación de trece de mayo de dos mil veintiuno, en que se asienta que se prorrogó dicho contrato por ciento ochenta días, hasta el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, para estimar cuantificar el monto de la contragarantía que debe exhibir la tercero interesada para dejar sin efecto la suspensión definitiva del acto reclamado concedida a la quejosa; ya que como se ha apuntado con ello, el juicio de amparo no quedaría sin materia y únicamente se afectarían derechos de la parte quejosa estimables en dinero, pues, los efectos de la suspensión son para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se ejecute la resolución 7.2.-1370/2019, de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. En tales condiciones, para dejar sin efecto dicha suspensión definitiva, se fija la suma de $*********************************** (***********************************, moneda nacional) monto que resulta de multiplicar ocho mil dólares, por setecientos veinticinco días, temporalidad del contrato de fletamento para buques con servicio de altamar de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno y realizar la conversión a pesos mexicanos, tomando como base el precio del dólar de los Estados Unidos Americanos a $ 20.3255 M.N. (veinte pesos con tres mil doscientos cincuenta y cinco diezmilésimos moneda nacional), según la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del día de la fecha en que se actúa, del BANCO DE MÉXICO, tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana; pactos contractuales exhibidos por la parte quejosa; que quedaron justipreciadas en párrafos anteriores; en cualquiera de los medios permitidos por la ley. De ahí que, este órgano jurisdiccional tomando en cuenta los elementos aludidos estima legal fijar dicha cantidad como contragarantía, en términos del artículo 133 de la ley de la materia, al contar con elementos suficientes para estar en aptitud de establecer los daños y perjuicios que puedan sobrevenir a la parte quejosa, en el caso de que se le conceda el amparo. No pasa desapercibida las manifestaciones de la parte tercero interesada en cuanto a que el cabotaje debe ser realizado por quienes tienen la calidad de mexicanos y, en el caso, la quejosa no detenta esa prerrogativa; de ahí que, permitirle con la suspensión prestar sus servicios de cabotaje, sería contrario al interés público, pues, tales argumentos son una cuestión que en todo caso debe resolverse en la sentencia que se dicte en el juicio principal. Por lo anteriormente expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se determina el monto de la contragarantía que deberá exhibir la tercero interesada NAVIERA ARGOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, para que deje de surtir efectos la suspensión del acto reclamado concedida a la quejosa Hornbeck Offshore Services de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por la cantidad de $****************** (*********************************), en cualquiera de los medios permitidos por la ley.
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