Jorge Manuel Valdez Arceo
Expediente 343/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 343/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Manuel Valdez Arceo
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de julio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el escrito signado por ******************** tercero interesada en el presente asunto, mediante el cual solicita a este Órgano Jurisdiccional la devolución del Billete del Bienestar, respecto a la garantía que se fijó en el cuaderno incidental derivado del presente asunto por la cantidad de ********************. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el treinta de enero de dos mil veintitrés se tuvo por recibido el expediente de amparo 1743/2022 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán y este Juzgado Federal se avocó a su conocimiento, formándose y registrándose con el número de expediente 343/2023 del índice de este juzgado. Lo anterior, en cumplimiento al punto de acuerdo 219/2022 relativo a la Medida de equilibro de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán. Ya que se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo Por lo antes señalado y en atención a la solicitud realizada por la tercero interesada, se le hace de su conocimiento que de la revisión integral de los presentes autos, así como del cuaderno incidental derivado de este juico de amparo, no se advierte que fuera exhibido billete de depósito alguno relativo a la garantía fijada tanto en el auto de veintiuno de julio de dos mil veintidós, como en resolución interlocutoria de ocho de agosto del mismo año. Máxime que en el acta de recepción de los expedientes enviados por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán con motivo de la segunda remesa en cumplimiento al punto de acuerdo 219/2022 antes referido, se advierte que el citado juicio de amparo 1743/2022 fue remitido junto con los cuadernos incidentales en original y duplicado, un legajo de copias certificadas y tres discos en formato DVD, sin que se haya remitido algún documento valor. Por lo antes relatado, no puede atenderse la solicitud realizada por la tercero interesada ******************** referente a la devolución del billete de bienestar relativo a la garantía fijada en el incidente de suspensión formato con motivo del presente asunto, pues como se señaló, de la revisión de autos no se advierte que se hubiera exhibido documento valor alguno, en específico billete de depósito. NOTIFÍQUESE.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 343/2023-III del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por +++++++++++++++++++++++, contra actos de la Jueza Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, y otras autoridades. 21. Es fundada la causa de improcedencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. 22. En efecto, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo será improcedente: "Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Es decir, el juicio de amparo será improcedente cuando se presente la demanda en forma extemporánea, esto es, fuera de los plazos que alude la ley de la materia. 23. Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo37, establecen los plazos para promover el juicio de amparo, y la forma en que se computarán los términos para la presentación de la demanda, el cual, en todos los casos comenzará desde el día siguiente al en que: (1) haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto; (2) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado; (3) el promovente se haya ostentado sabedor de los actos referidos. 24. Los supuestos descritos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguna, por lo que ante esas distintas hipótesis debe establecerse, en principio, la posición del quejoso respecto del acto que reclama, según se trate de la notificación o el conocimiento, y así contar el término a partir del cual empieza a correr el plazo para la presentación de la demanda de amparo. 25. Una vez expuesta la configuración de la causa de improcedencia, a continuación, se demostrará su constatación en el juicio que se resuelve. 26. En primer término, se destaca que lo que aquí se reclama, es la falta de emplazamiento a juicio, por lo que el plazo para ejercer la acción de amparo es de quince días, al no ubicarse en alguno de los supuestos de excepción descritos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. 27. Ahora, para el cómputo del aludido plazo debe considerarse la segunda hipótesis que establece el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, la fecha en que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado. 28. Al respecto, es importante destacar que el vocablo conocimiento utilizado por el legislador se refiere al momento en que la persona perjudicada por un acto de autoridad, tiene noticia de los actos dirigidos en su contra; sin dejar de olvidar que el conocimiento del acto reclamado por el quejoso que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de amparo, será aquel que conste probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones38 . 29. Razón por la que el conocimiento del acto deberá ser de manera directa, exacta y completa, es decir, deberá otorgar a la persona perjudicada la posibilidad de que pueda impugnar el acto de autoridad en la vía amparo, para lo cual es indispensable contar con los elementos necesarios para poder atacar en su integridad los vicios de que considera adolece y así defender sus derechos, de lo contrario, podría darse el caso de que careciera de información para poder hacerlo. 30. Así, a manera de ejemplo, tratándose de supuestos en los que el inconforme se ostente como tercero extraño a un juicio, bastará saber ante qué autoridad se sigue el conflicto, el número de juicio, y de ser posible el nombre de su contraparte, para considerar que una persona tiene conocimiento cierto del juicio que se sigue en su contra. 31. lustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar."39 32. En ese panorama, en el juicio que se resuelve, el suscrito considera la parte quejosa conoció del juicio sucesorio desde el uno de octubre de dos mil veintiuno, pues compareció al procedimiento a solicitar la exclusión del caudal hereditario el vehículo marca +++++++++++++++++++++++; petición de la cual se proveyó el veintiséis de octubre de ese año40. Además, el diez de marzo de dos mil veintidós, nuevamente, el quejoso se apersonó al juicio natural a fin de solicitar la autorización para realizar el cambio de placas del automóvil citado41. Lo anterior, evidencia que, al menos, desde el uno de octubre de dos mil veintiuno, conocía la existencia del expediente relativo al juicio sucesorio testamentario; por ende, desde aquélla fecha estuvo en aptitud de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra la falta de emplazamiento que aquí reclama. 33. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:9. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes.36 20. En sus alegatos, Alma Delia Obando Garay, en representación de sus hijos menores de edad++++++++++++++++++ argumenta que el juicio de amparo es improcedente porque el quejoso conoció del procedimiento desde el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, por lo que ejerció la acción de amparo fuera del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. 21. Es fundada la causa de improcedencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. 22. En efecto, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo será improcedente: "Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Es decir, el juicio de amparo será improcedente cuando se presente la demanda en forma extemporánea, esto es, fuera de los plazos que alude la ley de la materia. 23. Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo37, establecen los plazos para promover el juicio de amparo, y la forma en que se computarán los términos para la presentación de la demanda, el cual, en todos los casos comenzará desde el día siguiente al en que: (1) haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto; (2) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado; (3) el promovente se haya ostentado sabedor de los actos referidos. 24. Los supuestos descritos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguna, por lo que ante esas distintas hipótesis debe establecerse, en principio, la posición del quejoso respecto del acto que reclama, según se trate de la notificación o el conocimiento, y así contar el término a partir del cual empieza a correr el plazo para la presentación de la demanda de amparo. 25. Una vez expuesta la configuración de la causa de improcedencia, a continuación, se demostrará su constatación en el juicio que se resuelve. 26. En primer término, se destaca que lo que aquí se reclama, es la falta de emplazamiento a juicio, por lo que el plazo para ejercer la acción de amparo es de quince días, al no ubicarse en alguno de los supuestos de excepción descritos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. 27. Ahora, para el cómputo del aludido plazo debe considerarse la segunda hipótesis que establece el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, la fecha en que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado. 28. Al respecto, es importante destacar que el vocablo conocimiento utilizado por el legislador se refiere al momento en que la persona perjudicada por un acto de autoridad, tiene noticia de los actos dirigidos en su contra; sin dejar de olvidar que el conocimiento del acto reclamado por el quejoso que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de amparo, será aquel que conste probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones38 . 29. Razón por la que el conocimiento del acto deberá ser de manera directa, exacta y completa, es decir, deberá otorgar a la persona perjudicada la posibilidad de que pueda impugnar el acto de autoridad en la vía amparo, para lo cual es indispensable contar con los elementos necesarios para poder atacar en su integridad los vicios de que considera adolece y así defender sus derechos, de lo contrario, podría darse el caso de que careciera de información para poder hacerlo. 30. Así, a manera de ejemplo, tratándose de supuestos en los que el inconforme se ostente como tercero extraño a un juicio, bastará saber ante qué autoridad se sigue el conflicto, el número de juicio, y de ser posible el nombre de su contraparte, para considerar que una persona tiene conocimiento cierto del juicio que se sigue en su contra. 31. lustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar."39 32. En ese panorama, en el juicio que se resuelve, el suscrito considera la parte quejosa conoció del juicio sucesorio desde el uno de octubre de dos mil veintiuno, pues compareció al procedimiento a solicitar la exclusión del caudal hereditario el vehículo marca Chevrolet, modelo Tornado Pick Up LT C, modelo 2019; petición de la cual se proveyó el veintiséis de octubre de ese año40. Además, el diez de marzo de dos mil veintidós, nuevamente, el quejoso se apersonó al juicio natural a fin de solicitar la autorización para realizar el cambio de placas del automóvil citado41. Lo anterior, evidencia que, al menos, desde el uno de octubre de dos mil veintiuno, conocía la existencia del expediente relativo al juicio sucesorio testamentario; por ende, desde aquélla fecha estuvo en aptitud de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra la falta de emplazamiento que aquí reclama. 33. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar."42 34. En esa línea de pensamiento, la parte quejosa tuvo conocimiento del juicio el uno de octubre de dos mil veintiuno, por lo tanto, si ejerció la acción constitucional hasta el veinte de junio de dos mil veintidós, lo hizo fuera del plazo general de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. 35. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 39/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY."43 En cuya ejecutoria expuso que: "(.) Cuando dentro del juicio se controvierten los derechos sobre un bien respecto del cual un extraño tiene interés, ya el solo procedimiento le causa perjuicio a su esfera jurídica ordinaria, puesto que las leyes le otorgan las acciones adecuadas para comparecer e intervenir en el juicio, además de que también se le afectan directamente sus garantías constitucionales, en virtud de que sin oírlo se sustancia un procedimiento contencioso, del cual puede derivar una resolución que lesione su interés. (.) (.) si el promovente se hizo sabedor del procedimiento incoado en su contra, es evidente que por ese solo hecho perdió el carácter de persona extraña al procedimiento, pues tal apersonamiento le ha permitido el conocimiento de las prestaciones que se le reclaman; circunstancia que le permite hacer valer, a través de los medios impugnativos ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio proceso y, en caso de no obtener resolución interlocutoria favorable, esperar a hacer el planteamiento de las violaciones procesales al momento de combatir la sentencia definitiva." 36. Entonces, tomando en consideración que en la especie se alega violación al derecho de audiencia, se estima que no es necesario que el quejoso tenga conocimiento íntegro de todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo en el juicio natural, sino que basta que conozca de manera competa y exacta la existencia del juicio al que pretende ser llamada. 37. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma ley. 38. El sobreseimiento se hace extensivo respecto de las consecuencias del emplazamiento, y los actos de reclamados a las autoridades responsables ejecutoras, toda vez que no se atribuyen vicios propios, sino que son reclamados como resultado del emplazamiento al juicio natural, y la participación de las ejecutoras se hace depender de los actos atribuidos a la ordenadora. 39. Sustenta lo anterior la tesis, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS."44 40. En ese tenor, al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, porque el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo. 41. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." 42. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75 y 77 y de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ++++++++++++++++, contra actos de la Jueza Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, y otras autoridades, consistente en la falta de emplazamiento al juicio de sucesión testamentaria y la orden de remate y desalojo de un bien inmueble, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
- Principal
V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 343/2022-III del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra actos de la Jueza Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, y otras autoridades. (...) NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
- Principal
Radicación. Se tiene por recibido el expediente de amparo 1743/2022 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 343/2023-III, acúsese recibo. Competencia. El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se autorizó la creación del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, con inicio de funciones a partir de esa propia fecha, acorde a lo dispuesto por el artículo segundo del citado acuerdo. Posteriormente, a través del oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos putos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. Consecuentemente, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, se avoca al conocimiento del juicio de amparo. Turno para el dictado de la sentencia. De la revisión del expediente, se obtiene que el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional; por lo tanto, túrnese el expediente para el dictado de la sentencia una vez que lo permitan las labores del juzgado. Anexos. Igualmente, se tiene por recibido un legajo de copias certificadas, con el cual se ordena formar el legajo I; asimismo, se tienen por recibidos tres discos en formato DVD, con el cual se ordena formar el legajo II. Incidente de suspensión. Fórmese el incidente de suspensión relativo, para continuar con su tramitación, en el entendido que el ocho de agosto de dos mil veintidós, se resolvió la audiencia incidental en la cual se concedió y se negó la suspensión definitiva del acto reclamado. Domicilio y autorizados. Se reconoce el carácter de autorizados de las partes y como domicilio para oír y recibir notificaciones designados por las partes durante el trámite del juicio de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, reconocido en el en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE
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