Jorge Manuel San Martín Muguira
Expediente 564/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 564/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jorge Manuel San Martín Muguira
Actuaciones
- Principal
... se advierte la imposibilidad que tuvo la Actuaria de la adscripción para notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de... debido a que en la calle señalada por la parte quejosa no existe el número referido como su domicilio... efectúenseles las notificaciones, incluso las de carácter personal, por lista de acuerdos hasta en tanto subsanen tal omisión... por conducto de cualquiera de los fedatarios adscritos, notifíquese por lista el proveído de... a la parte quejosa... el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, acusa recibo del oficio mediante el cual se remitió el juicio de amparo promovido por...
- Principal
... promueve juicio de amparo contra actos de... se concluye respetuosamente que este Juzgado de Distrito carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto por razón de territorio, debido a que los efectos del acto reclamado se trasladan al proceso de origen y por lo tanto tienen repercusión fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, esto es, en Córdoba, Veracruz; ello se considera así, debido a que la continuación o no de la medida cautelar decretada en el proceso penal... se llevará a cabo en el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, con residencia en esa ciudad... este órgano jurisdiccional respetuosamente declara carecer de competencia legal para conocer de este asunto... remítase el asunto al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, en turno, quien ejerce jurisdicción en el lugar donde se encuentra radicado el proceso penal de donde deriva el acto reclamado y solicítese de la manera más atenta el acuse de recibo respectivo... se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica... se faculta como su autorizado... a... debido a que cuenta con cédula profesional registrada... se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente...
- Principal
EN DEBIDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE VEINTICUATRO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, INCISO A) Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: *** promueve juicio de amparo contra actos de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; al respecto, se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 564/2019. ACUERDO RELATIVO A LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE ESTE JUICIO DE AMPARO PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del escrito de demanda que se provee se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de territorio. HIPÓTESIS NORMATIVA En primer término, cabe destacar que de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Al respecto, se toma en cuenta que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas competenciales por razón de territorio, para el conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se surten en función de la naturaleza del acto reclamado, sea que tenga ejecución material o efecto meramente declarativo, las cuales consisten en lo siguiente: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúe en otro, será competente cualquiera de los jueces de las jurisdicciones de que se trate a prevención. Si el acto controvertido carece de ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por otra parte, existe criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la competencia territorial en los juicios de amparo se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal en primera instancia, ya que sus efectos se trasladan directamente al proceso y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. Tiene aplicación la tesis siguiente: Registro No. 160608 Localización: Décima Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011 Página: 2183 Tesis: 1a./J. 118/2011 (9) Jurisprudencia Materia(s): Común COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. Por otra parte, es un hecho notorio para este juzgador, que de conformidad con lo previsto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y párrafo segundo, fracción séptima del punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, los Jueces de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, ejercen jurisdicción en esa ciudad. HECHOS Del análisis íntegro del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: La resolución de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, emitida en los autos del toca ***, del índice de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. Cabe señalar, que en esa determinación la Sala responsable resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa contra la diversa resolución de veintiuno de marzo del año en curso, dictada dentro del proceso penal ***, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, instruido en contra de ***, por el delito de *** cometidas en contra del aquí quejoso, en la que revocó la medida cautelar impuesta al imputado (aquí tercero interesado), consistente en presentarse a firmar cada quince días ante el Juzgado de Control referido. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye respetuosamente que este Juzgado de Distrito carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto por razón de territorio, debido a que los efectos del acto reclamado se trasladan al proceso de origen y por lo tanto tienen repercusión fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, esto es, en Córdoba, Veracruz; ello se considera así, debido a que la continuación o no de la medida cautelar decretada en el proceso penal *** se llevará a cabo en el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, con residencia en esa ciudad. En consecuencia, este órgano jurisdiccional respetuosamente declara carecer de competencia legal para conocer de este asunto y con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, remítase el asunto al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, en turno, quien ejerce jurisdicción en el lugar donde se encuentra radicado el proceso penal de donde deriva el acto reclamado y solicítese de la manera más atenta el acuse de recibo respectivo. Por otra parte, con copia de la demanda y de este acuerdo fórmese cuaderno de antecedentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita el promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, debido a que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica al promovente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tienen derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos. USO DE LENGUAJE INCLUYENTE PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Los artículos 1 y 4 constitucionales establecen los principios de igualdad y no discriminación hacia las personas. Ahora bien, debido a que el lenguaje legal debe ser acorde a dichos principios, se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente, es decir, un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; lo anterior de conformidad con las herramientas proporcionadas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en www.equidad.scjn.gob.mx. Acorde con lo anterior, se exhorta respetuosamente a las partes para que utilicen dicho lenguaje en las promociones que realicen en este juicio de amparo. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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