Jorge Manuel Rodas Ruiz

Expediente 530/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
530/2020
Año
2020
Actuaciones
22
Última actuación
23/02/2022

Partes del expediente

  • Jorge Manuel Rodas Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de inconformidad dentro del plazo contra el auto de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Asimismo, vista la certificación que antecede, se advierte que en el presente asunto, no existen documentos originales que se encuentren pendientes de dar destino legal, como lo son billetes de depósito, pólizas de fianza o de cualquier otra naturaleza, así como tampoco objetos y valores, ni diligencias por desahogar, aunado a que carece de relevancia documental; además, el presente expediente de ejecución se encuentra debidamente integrado en cuanto al sello, folio, rúbricas y firmas y el expediente electrónico e impreso coinciden íntegramente, de igual forma, no se ordenó la apertura del incidente de suspensión. En esas condiciones háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. ...una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se sobreseyó, se negó y se concedió el amparo y protección de la justicia federal y carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. ...agréguese a los autos el escrito de cuenta, mediante el cual, ***, parte quejosa en el presente juicio, realiza diversas manifestaciones en torno al cumplimiento dado por la responsable. En principio cabe hacer mención que la ejecutoria de amparo se tuvo por cumplida el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno; sin embargo, a fin de no dejar al quejoso en estado de indefensión, se da contestación a sus argumentos, en los que manifiesta que el monto pagado susceptible de devolución fue por la cantidad de ****, de ahí que si la autoridad fue omisa en precisar que tal cantidad correspondía a dos conceptos distintos, está obligada a devolverle tal suma. Ahora bien, en principio, cabe mencionar que los efectos de la ejecutoria de amparo lo fueron para que el Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México: a) En lo sucesivo no aplicara al quejoso, el artículo 95, fracción I, inciso C), del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente para el ejercicio fiscal dos mil veinte. b) Dicha protección constitucional se hizo extensiva al acto de aplicación, consistente en el cobro y liquidación de los derechos cubiertos por el promovente por ese concepto; por ende, deberá devolver actualizada la cantidad que resulte de la diferencia entre lo que pagó el solicitante y la cuota mínima establecida en el precepto impugnado. c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar totalmente al quejoso del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral gratuitamente, pues, ello implicaría un despropósito; sino que la protección constitucional tiende a desincorporar de la esfera del promovente la norma estimada inconstitucional, sin que ello implique que no deba pagar por el servicio, lo que en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata. Ahora bien, no asiste razón al quejoso, pues la cantidad de $**** (****), que le fue devuelta, representa la devolución del excedente del cobro por concepto de compraventa, correspondiente a los derechos estipulados en el artículo 95, fracción I, inciso C) del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en dos mil veinte; pues la diversa cantidad de $*****), corresponde al concepto de apertura de crédito hipotecario, relativo a los derechos estipulados en el artículo 95, fracción II, rango 6, de la citada legislación. De ahí que resulta evidente que la aplicación del artículo 95, fracción I, inciso C) del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en dos mil veinte, por el cual fue concedido el amparo, únicamente se aplica al pago de derechos respecto del acto de compraventa, no así por el de apertura de crédito hipotecario; de ahí que sus argumentos se desestimen. Notifíquese.

  3. Principal

    se hace efectivo el apercibimiento inserto en el aviso de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno y se notifica por lista a la parte quejosa ------el acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno que dice: Toluca, Estado de México; veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. ...agréguese a los autos el escrito de cuenta, mediante el cual, ***, parte quejosa en el presente juicio, realiza diversas manifestaciones en torno al cumplimiento dado por la responsable. En principio cabe hacer mención que la ejecutoria de amparo se tuvo por cumplida el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno; sin embargo, a fin de no dejar al quejoso en estado de indefensión, se da contestación a sus argumentos, en los que manifiesta que el monto pagado susceptible de devolución fue por la cantidad de ****, de ahí que si la autoridad fue omisa en precisar que tal cantidad correspondía a dos conceptos distintos, está obligada a devolverle tal suma. Ahora bien, en principio, cabe mencionar que los efectos de la ejecutoria de amparo lo fueron para que el Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México: a) En lo sucesivo no aplicara al quejoso, el artículo 95, fracción I, inciso C), del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente para el ejercicio fiscal dos mil veinte. b) Dicha protección constitucional se hizo extensiva al acto de aplicación, consistente en el cobro y liquidación de los derechos cubiertos por el promovente por ese concepto; por ende, deberá devolver actualizada la cantidad que resulte de la diferencia entre lo que pagó el solicitante y la cuota mínima establecida en el precepto impugnado. c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar totalmente al quejoso del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral gratuitamente, pues, ello implicaría un despropósito; sino que la protección constitucional tiende a desincorporar de la esfera del promovente la norma estimada inconstitucional, sin que ello implique que no deba pagar por el servicio, lo que en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata. Ahora bien, no asiste razón al quejoso, pues la cantidad de $**** (****), que le fue devuelta, representa la devolución del excedente del cobro por concepto de compraventa, correspondiente a los derechos estipulados en el artículo 95, fracción I, inciso C) del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en dos mil veinte; pues la diversa cantidad de $*****), corresponde al concepto de apertura de crédito hipotecario, relativo a los derechos estipulados en el artículo 95, fracción II, rango 6, de la citada legislación. De ahí que resulta evidente que la aplicación del artículo 95, fracción I, inciso C) del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en dos mil veinte, por el cual fue concedido el amparo, únicamente se aplica al pago de derechos respecto del acto de compraventa, no así por el de apertura de crédito hipotecario; de ahí que sus argumentos se desestimen. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de los autos, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar que mediante sentencia de ocho de octubre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que una vez que causara ejecutoria dicha sentencia, el Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México: a) En lo sucesivo, no aplicara al quejoso, el artículo 95, fracción I, inciso C), del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en dos mil veinte. b) Dicha protección constitucional se hizo extensiva al acto de aplicación, consistente en el cobro y liquidación de los derechos cubiertos por el promovente por ese concepto; por ende, deberá devolver actualizada la cantidad que resulte de la diferencia entre lo que pagó el solicitante y la cuota mínima establecida en el precepto impugnado. c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar totalmente al quejoso del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral gratuitamente, pues, ello implicaría un despropósito; sino que la protección constitucional tiende a desincorporar de la esfera del promovente la norma estimada inconstitucional, sin que ello implique que no deba pagar por el servicio, lo que en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata. En ese sentido, y en acatamiento al fallo protector, mediante oficios *****, recibidos en este órgano jurisdiccional el once de noviembre y ocho de diciembre de dos mil veintiuno y acordados el doce de noviembre y nueve de diciembre siguientes, la Directora Técnico Jurídica y de Igualdad de Género en representación del Instituto de la Función Registral de Estado de México, remitió copia *****, válido por la cantidad de $**** (******), de la institución bancaria Citibanamex a favor de *****; asimismo, informó que el mismo quedaba a disposición de la parte quejosa en el Departamento de Tesorería del Instituto de la Función Registral del Estado de México, en un horario de lunes a viernes de nueve a quince horas; cantidad que representa la devolución del cobro por concepto de compraventa, correspondiente a los derechos estipulados. En tal contexto, del examen de las documentales allegadas por la responsable, tienen pleno valor probatorio, se advierte que se dio cumplimiento al fallo protector, pues el Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México: 1. Dejó de aplicar al quejoso, el artículo 95, fracción I, inciso C), del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en dos mil veinte. 2 Procedió a devolver la diferencia entre el pago mínimo y la cantidad pagada por el solicitante del amparo, con motivo de la operación de compraventa, correspondiente a los derechos estipulados en el artículo 95, fracción I, inciso C) del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en dos mil veinte 3) Para ello expidió el cheque ****, válido por la cantidad de $******), de la institución bancaria Citibanamex a favor de ****, aplicando la base en la menor tarifa que establece la ley. Asimismo, lo puso a disposición de la parte quejosa en las instalaciones del Departamento de Tesorería de dicho instituto, en el horario establecido para atención al público. Por último, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo(quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

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