Jorge Manuel Maza Cango

Expediente 221/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
221/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
13/03/2023

Partes del expediente

  • Jorge Manuel Maza Cango

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se desprende que al día de hoy ha trascurrido el término señalado en el artículo INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SUSPENSIÓN DE PLANO VALORES DOCUMENTOS ORIGINALES TOMOS DE PRUEBAS NO SÍ NO NO NO 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja en contra del proveído de tres de febrero actual, en el que se desechó la demanda de amparo respecto a los quejosos Yanchaliquin Tigsilema Luis Mauricio, Yanchaliquin Tigsilema Alvino Paul, Chicaiza Toapaxi Luis Fernando, Chicaiza Toapaxi Jorge Patricio, Yanchaliquin Chulco Wilmer Fabricio y Guamarica Villamar Ana Karen; así como en contra del acuerdo de veinte de febrero del año en curso, donde se tuvo por no presentada la demanda de amparo respecto al quejoso Maza Cango Jorge Manuel. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales. Por lo tanto, se dejan sin efectos las providencias dictadas por este Juzgado Federal en el auto de radicación. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DEPURABLE El presente expediente conforme a lo establecido en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, capítulo 7 Expedientes Depurables, 7.4 Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano1 , se valora como depurable. Por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del citado Acuerdo General2 , el presente asunto será resguardado en el archivo de juzgado durante tres años. Una vez fenecido dicho término, dentro de los 1 7.4 Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano. Por lo que hace a la suspensión de oficio cuando se decreta de plano, se estima que dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución emitido en la sentencia. Consecuentemente, los expedientes en los que obre suspensión de plano se deberán valorar como "depurables". 2 Artículo 18. Expedientes depurables. [.] El órgano jurisdiccional conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido estos expedientes. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. noventa días siguientes será susceptible de depuración, para su posterior transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, este expediente no se considera de relevancia documental, jurídica e histórica, en virtud de que el mismo no tiene especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Háganse las anotaciones correspondientes en libro de gobierno y las respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 253 , del acuerdo invocado, se comisiona a la secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. Los expedientes digitalizados o electrónicos de los juicios de amparo generados con la FIREL serán administrados por la Dirección General de Archivo y Documentación a través del SISE, una vez que hayan sido transferidos y destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este Acuerdo. Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del citado Acuerdo General.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de cinco días concedido al quejoso Maza Cango Jorge Manuel, en proveído de tres de febrero de dos mil veintitrés, para que diera cumplimiento a la prevención ahí efectuada, sin que lo hubiere hecho, toda vez que ratificó la demanda de amparo promovida a su favor, en la misma fecha en que se le notificó, es decir, el cuatro de febrero del año en curso. Ratificación y notificación personal Surte efectos Inicia y concluye término Días inhábiles [Artículo 19 de la Ley de Amparo] 04 de febrero de 2023 Día hábil siguiente: 07 de febrero de 2023 08 de febrero de 2023 09 al 15 de febrero de 2023 204, 05, 06, 11 y 12 de febrero de 2023 Por lo tanto, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo; y una vez que cause estado el presente proveído, se ordenará dejar sin efectos las providencias decretadas en el acuerdo inicial. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  3. Principal

    Glósese a los autos los informes de suspensión de plano signado por la Sub-representante local, responsable de la Dirección de la Estación Migratoria Siglo XXI, adscrita a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, en ausencia de la Encargada de la Dirección de la Estación Migratoria Siglo XXI, con sede en esta ciudad, en atención a los oficios 3684, 3685, 3686 y 3687 ordenados en auto de tres de febrero actual. Con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa en su artículo 2, se tienen por rendidos los informes relativos a la suspensión de plano; dese vista a las partes por el término de tres días con el contenido de dichos informes, para los efectos legales conducentes. Ahora, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de la Materia, se tiene a las responsables, autorizando como delegados de su intención y señalando como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones a los profesionistas y la dirección que cita en su ocurso de mérito.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a tres de febrero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Pablo García Suriano a favor de Maza Cango Jorge Manuel, Yanchaliquin Tigsilema Luis Mauricio, Yanchaliquin Tigsilema Alvino Paul, Chicaiza Toapaxi Luis Fernando, Chicaiza Toapaxi Jorge Patricio, Yanchaliquin Chulco Wilmer Fabricio y Guamarica Villamar Ana Karen, mediante la cual solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Delegado Regional en Chiapas del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y de otras autoridades. Fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 221/2023-VIII-A y resérvese proveer sobre su admisión hasta en tanto la parte quejosa cumpla con las prevenciones apuntadas en los párrafos siguientes. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 2 DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número I.1o.A. J/4, emitida en la Novena Época, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En ese sentido, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, la quejosa hace consistir los actos reclamados en: JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 3 ??????A???????? ? La inminente deportación, expulsión, repatriación, detención, retención e incomunicación. ? El aseguramiento, alojamiento y/o detención. ? La privación de la libertad personal y/o aseguramiento ante el Instituto Nacional de Migración. ? El temor fundado a ser deportados. ? La restricción al derecho a la libertad de tránsito, al detenerlos y/o asegurarlos y/o presentarlos ante el Instituto Nacional de Migración. ? La aprobación, promulgación, aplicación y emisión al inconstitucional artículo 11 de la Ley Nacional de Migración. Ahora bien, quien ahora resuelve advierte de oficio, que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, con base a las razones que a continuación se exponen. En efecto, el mencionado artículo 61, en su fracción X, dispone lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) (...) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. (.)" Del citado precepto se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, cuando sea promovido JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 4 por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La causa de improcedencia a que se hace referencia, es conocida como litispendencia, la que ha sido definida como el estado del litigio que se halla pendiente de resolución ante un tribunal, o lo que es igual, el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. La figura jurídica de la litispendencia se funda en tres razones principales: en el principio de economía procesal que exige que se eviten dos procesos sobre el mismo litigio; en la necesidad de evitar dos sentencias diversas y aun contradictorias sobre el mismo litigio; y finalmente, en que sería injusto obligar al demandado a defenderse en dos procesos diversos respecto de una misma demanda. En esa tesitura, en términos del referido artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando se actualizan los supuestos siguientes: a) Que la ley o acto que se reclamen en el juicio de amparo sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese diverso juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y c) Que ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De lo expuesto se advierte con meridiana claridad, que la improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, no se encuentra condicionada a que además de que el acto JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 5 ??????A???????? reclamado en un juicio de garantías sea idéntico a aquel que el quejoso reclame en otro diverso juicio de amparo en trámite contra las mismas autoridades responsables, en cada uno de los juicios exista también identidad de pretensiones o causa de pedir del quejoso, pues en dicho precepto legal se establece que no obsta para que se configure la improcedencia en cuestión que las violaciones constitucionales sean diversas. De ahí que si el legislador no estableció tal condición, el juzgador de amparo tampoco puede hacerlo, atento al principio de que donde el legislador no distinguió el juzgador no puede establecer alguna distinción. Sobre el particular, conviene citar el criterio sustentado por el Tribunal Pleno del Más Alto Tribunal del País, visible en la página cuarenta y uno, Primera Parte, Tomo XCIX, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materia común, Sexta Época, que dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: 'El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior'. La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: 'El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas'. Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litis pendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 6 sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso. De igual manera, resulta aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cuarenta y dos, Tomo 205-216 Primera Parte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materia común, que dice: LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia. Como se precisó con antelación, los impetrantes de amparo Yanchaliquin Tigsilema Luis Mauricio, Yanchaliquin Tigsilema Alvino Paul, Chicaiza Toapaxi Luis Fernando, Chicaiza Toapaxi Jorge Patricio, Yanchaliquin Chulco Wilmer Fabricio y Guamarica Villamar Ana Karen, reclaman en su demanda de amparo, origen de este juicio, la inminente deportación, expulsión, repatriación, detención, retención e incomunicación, el aseguramiento, alojamiento y/o detención, la privación de la libertad personal y/o aseguramiento ante el Instituto Nacional de Migración, el temor fundado a ser deportados y la restricción al derecho a la libertad de tránsito, al detenerlos y/o asegurarlos y/o presentarlos ante el Instituto Nacional de Migración y la aprobación, promulgación, aplicación JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 7 ??????A???????? y emisión al inconstitucional artículo 11 de la Ley Nacional de Migración. Ahora bien, es un hecho notorio para este Juzgado, que en esta propia fecha tres de febrero de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión de plano en la demanda de amparo promovida por Pablo García Suriano a favor de Yanchaliquin Tigsilema Luis Mauricio, Yanchaliquin Tigsilema Alvino Paul, Chicaiza Toapaxi Luis Fernando, Chicaiza Toapaxi Jorge Patricio, Yanchaliquin Chulco Wilmer Fabricio y Guamarica Villamar Ana Karen, contra actos del Delegado Regional en Chiapas del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad y otras autoridades; consistentes en la inminente deportación, expulsión, repatriación, detención, retención e incomunicación, el aseguramiento, alojamiento y/o detención, la privación de la libertad personal y/o aseguramiento ante el Instituto Nacional de Migración, el temor fundado a ser deportados y la restricción al derecho a la libertad de tránsito, al detenerlos y/o asegurarlos y/o presentarlos ante el Instituto Nacional de Migración y la aprobación, promulgación, aplicación y emisión al inconstitucional artículo 11 de la Ley Nacional de Migración, a la cual correspondió el número de juicio 218/2023, el cual actualmente se encuentra en espera a que ratifiquen la interposición de la demanda y den cumplimiento a la prevención. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, junio de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son los siguientes: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 8 PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.- Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Y la jurisprudencia J/12, sustentada por el ahora Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicado en la página 295, Tomo V, enero de 1997, Novena Época, del Apéndice Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.- La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO. Sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. De lo anterior, queda evidenciado que el acto reclamado en la demanda que dio origen a este asunto, es materia de otro juicio de amparo previamente JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 9 ??????A???????? promovido por la misma parte quejosa, contra las mismas autoridades, que aún se encuentra en prevención pues como se indicó, en el juicio de amparo 218/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, fue recibida el tres de febrero de dos mil veintitrés, fecha en que se radicó, se concedió la suspensión de plano, se previno a la parte quejosa y se requirió la ratificación de la demanda y por lo tanto, es inconcuso que en el caso se actualiza la figura de litispendencia. Resulta aplicable al caso, la tesis VII.P.83 K, emitida por el entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página doscientos sesenta, Tomo XV, enero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que prevé: LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia antes analizada, es indudable la improcedencia del presente juicio, en términos del artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, lo que impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo por lo que se respecta a los quejosos Yanchaliquin Tigsilema Luis Mauricio, Yanchaliquin Tigsilema Alvino Paul, Chicaiza Toapaxi Luis Fernando, Chicaiza Toapaxi Jorge Patricio, Yanchaliquin Chulco Wilmer Fabricio y Guamarica Villamar Ana Karen. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 10 Apoya a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página ochocientos noventa, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 11 ??????A???????? adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Décima Época, de rubro y texto siguientes: DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 12 sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos treinta, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Décima Época, que establece: JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 13 ??????A???????? PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo. Así como, la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, visible en la página mil quinientos ochenta y siete, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, Décima Época, Registro 2002179, que literalmente establece: PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 14 no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional - legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. SUSPENSIÓN DE PLANO Por otra parte, toda vez que del análisis integral de la demanda de amparo promovida por Pablo García Suriano en favor de Maza Cango Jorge Manuel, a fin de proveer respecto a la suspensión de plano, se aduce que el quejoso reclama a las autoridades ordenadoras, lo siguiente: ? La inminente deportación, expulsión, repatriación, detención, retención e incomunicación. ? El aseguramiento, alojamiento y/o detención. ? La privación de la libertad personal y/o aseguramiento ante el Instituto Nacional de Migración. ? El temor fundado a ser deportados. ? La restricción al derecho a la libertad de tránsito, al detenerlos y/o asegurarlos y/o presentarlos ante el Instituto Nacional de Migración. Luego, con la finalidad de garantizar una pronta y expedita impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional, y además, ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, con fundamento en el artículo 125 de la legislación de la materia, se decreta la JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 15 ??????A???????? suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Se ordena a las autoridades responsables hacer cesar de inmediato cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, en correlación directa con el 126 de la Ley de Amparo; particularmente, deberán abstenerse de mantener a los quejosos detenidos, asegurados o alojados en forma indefinida, así como impedir la ejecución de cualquier orden para que la parte quejosa sea deportada, expulsada, retornada o repatriada a su país de origen de manera arbitraria, es decir, sin agotar el cauce legal previsto en la normatividad aplicable, o bien, mantenerla incomunicada, en atención al respeto y tutela de los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna y los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito con otros. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 109 de la Ley de Migración, la autoridad migratoria deberá de inmediato permitir a los directos quejosos tener contacto con sus representantes legales, familiares o cualquier persona de su confianza, ya sea dentro de la Estación Migratoria donde se encuentra alojada o proporcionar cualquier medio tecnológico que permita a dicha quejosa la comunicación con alguno de ellos. De igual forma, se desprende que la parte directa agraviada se duele de la privación de su libertad personal dentro de las instalaciones de la Estación Migratoria siglo XXI, con sede en esta ciudad, conforme al principio pro personae -que permite el más amplio acceso a la impartición de justicia-, debe privilegiarse la protección de los derechos humanos de los migrantes, JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 16 quienes por su especial situación de vulnerabilidad deben ser sujetos a una protección especial. Ahora, si bien en la Ley General de Migración se establece, que la presentación de extranjeros se trata de la medida dictada por la autoridad administrativa, mediante la cual se decide el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria en el país, para la regularización de su estancia bien, para asistirlo en el retorno a su país de origen, es decir, que el alojamiento durará en tanto se determine su situación migratoria en territorio nacional. Resulta útil invocar los artículos 150, 162 y 164 de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 150. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso. Artículo 162. Cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad o en la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida. De acuerdo con las circunstancias del caso, la suspensión podrá tener como efecto que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso. Artículo 164. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 17 ??????A???????? De la interpretación correlacionada del articulado transcrito y el contenido de la Ley General de Migración, puede extraerse que la privación de la libertad personal con motivo de las irregularidades detectadas en el ingreso de un extranjero al país, cualquiera que sea su denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger, y sólo estará justificada por motivos extraordinarios, con un fundamento jurídico claro y establecido en la ley. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Amparo, y como en la especie, el acto reclamado en el presente juicio de amparo consiste en la deportación, retorno asistido o repatriación asistida de la parte quejosa, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, se concede la suspensión de plano para el efecto de que los quejosos sean puestos en libertad. En ese sentido, conforme el artículo 150 de la ley de la materia, la suspensión decretada no impide la continuación de los procedimientos de verificación y regulación migratoria establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. Por lo tanto, las autoridades responsables dictaran las medidas previstas legalmente en Ley de Migración y su Reglamento (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), a fin de asegurar que la parte quejosa no evada el cumplimiento de las leyes sobre JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 18 emigración, inmigración y salubridad general de la República, las que serán aplicadas por la autoridad administrativa, pudiendo en su caso, tomar como parámetro las establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, al resolver el recurso de queja 123/2022, respecto del juicio de amparo 349/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, relativo al tema. Apoya lo anterior, el criterio adoptado por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, al resolver el recurso de queja 183/2022, el cual se invoca como hecho notorio pues dicha ejecutoria se encuentra en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Así como la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Registro digital: 2017123, Instancia: Pleno, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: P./J. 16/2018 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, que dice: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). La medida cautelar concedida no surtirá efectos y, consiguiente, no se proyectará sobre la detención de la parte quejosa, si la restricción de la libertad se efectuó en cumplimiento de una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 19 ??????A???????? responsables o se le haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. Debe subrayarse que esta medida cautelar en ningún momento representa un salvo conducto, ni sustituye a la resolución que, en su caso, debe emitir la autoridad competente. Cabe destacar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en el testimonio de ejecutoria del recurso de queja 142/2021, determinó que la medida cautelar concedida no puede tener el alcance permitirle a la parte quejosa el libre tránsito a través del país, en virtud de que este se encuentra sujeto a los límites reseñados en párrafos precedentes, pues otorgarle dicha pretensión significaría el otorgamiento de algo adicional previo a la promoción del amparo, aunado a que en este momento se desconoce su situación legal en el país. CUMPLIMIENTO Se apercibe a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a esta medida cautelar o de no informar el impedimento legal o material existente, se les impondrá en lo individual [específicamente a la persona física que ocupe el cargo público respectivo], una multa de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación al 259, de la Ley de Amparo, asimismo se procederá en su contra en términos del artículo 262, fracción III. INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO Se requiere a las autoridades responsables, a fin de que informen en un plazo no mayor de veinticuatro horas sobre el cumplimiento que dé a esta determinación, JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 20 apercibida que, si al rendir su informe expresa un hecho falso o niega la verdad, se le impondrá las sanciones previstas en el artículo 262 de la Ley de Amparo; para tal efecto, remítase a dichas autoridades copia simple de la demanda de amparo. Ahora, en el caso concreto, dado que en el presente auto se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa, se hace del conocimiento de las autoridades responsables lo siguiente: * Deberán informar a este juzgado federal el acatamiento de la citada medida cautelar en el plazo antes indicado, por lo que deberá remitir la información conducente, así como las constancias con las que acredite sus manifestaciones al correo electrónico 1jdo20cto@correo.cjf.gob.mx. * Fax: 962 62 61 84 1. En un horario comprendido de las nueve a las quince horas. Sin perjuicio de hacerlo además a través de la vía postal ordinaria. También se les informa a las referidas potestades que de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Amparo están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a hacerlo, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea sustancial, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y que se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por realizada, además de que se le impondrá multa de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 21 ??????A???????? ACCESO AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO Hágase del conocimiento a las autoridades responsables que deberán facilitar el acceso al actuario judicial adscrito, a cualquiera de los sitios, áreas, o estancias de que consten las instalaciones del recinto oficial en que se ubiquen, para lograr la localización de los agraviados; respetando su autoridad; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se procederá en su contra de acuerdo a la ley. Se requiere a las autoridades que físicamente tengan bajo su guarda o custodia a la parte impetrante de amparo, para que de necesitar ésta atención médica, le sea proporcionada de inmediato, debiendo salvaguardar su integridad física conforme al estado de salud que presenta, debiéndose tomar las medidas pertinentes que aseguren que la parte quejosa no evada la acción de la justicia; y de acreditarse los actos reclamados, así como que dicha autoridad no procedió en la manera indicada en este proveído, se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción para los efectos a que haya lugar. RATIFICACIÓN DE DEMANDA Se instruye al actuario judicial adscrito a este juzgado para que se constituya en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración Siglo XXI, de esta ciudad, a fin de que localice al directo quejoso Maza Cango Jorge Manuel, en caso de encontrarlo le comunique esta determinación y le requiera para que en ese acto procesal o dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 15 de la ley de la materia, manifiesten si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor; JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 22 apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, o transcurrido el plazo concedido, se tendrá por no presentada la misma, quedando sin efecto las providencias aquí decretadas. Asimismo, el funcionario encomendado deberá dar fe de la integridad física del quejoso y de las condiciones de su confinamiento, a fin de estar en aptitud de acordar lo procedente. De igual forma, se comisiona al Actuario de la adscripción para que en caso de no encontrar a la parte quejosa recluidos en la Estación Migratoria antes citada, indague entre las diferentes autoridades migratorias en esta ciudad, a fin de que, de encontrarse dentro de la jurisdicción de este juzgado, se constituya de forma inmediata para lograr la encomienda aquí realizada. En el caso de que en el centro de migración se niegue que la parte agraviada se encuentre recluida en ese lugar, se faculta al actuario para que se introduzca y cerciore al interior de dichas instalaciones. PREVENCIÓN Por otra parte, con el fin de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en su párrafo primero textualmente dispone: "El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse (.) II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley: .". Por lo tanto, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y V, en relación al 108, fracción IV, de la Ley JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 23 ??????A???????? de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que se encuentre notificada de este acuerdo o en el acto de la notificación bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda en los aspectos siguientes: Primero. Manifiesten la fecha en que tuvieron conocimiento del acto reclamado consistente en la orden de deportación. Segundo. Expresen si existe en su contra algún procedimiento de regularización migratoria y el estado procesal del mismo, en virtud de que señalan como acto la deportación, la cual es la sanción que se emite como conclusión de dicho procedimiento administrativo. Tercero. Indiquen si contra actos similares a los ahora reclamados han promovido con anterioridad un diverso juicio de amparo, debiendo indicar el número que le haya recaído y el órgano jurisdiccional que lo tramita o que conoció del mismo. Cuarto. Para el caso de que su alojamiento derive de una resolución administrativa en materia de migración, deberán aclarar si ya existe alguna resolución, determinación, auto o actuación emitida, para lo cual indicarán si ya hicieron valer algún recurso ordinario, el sentido de la resolución y la fecha de su notificación, para establecer la procedencia de la acción constitucional inmediata que se intenta. Quinto. En virtud de que reclama la aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración, precisará la resolución que constituye el primer acto concreto de aplicación (heteroaplicativa) o bien, si esa afectación la vincula desde el inicio de su vigencia (autoaplicativa). Esto porque de la JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 24 lectura de la demanda no se aprecia de manera concreta si la acción constitucional se ejerce por la simple entrada en vigor de la ley que se tilda de inconstitucional o porque ya exista un acto concreto de aplicación. Sexto. De considerar la parte quejosa que la afectación a su esfera jurídica de derechos es porque - según su opinión- dicha normativa se le aplicó en su perjuicio, deberá aclarar si ya existe alguna resolución, determinación, auto o actuación emitida, para lo cual indicará si ya hizo valer algún recurso ordinario, el sentido de la resolución y la fecha de su notificación, para establecer la procedencia de la acción constitucional inmediata que se intenta. Cobra aplicación al caso la tesis XX.1o.69 A, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, registro digital: 175975, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1797, que dice: DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. CONTRA LA DETERMINACIÓN EMITIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE EL JUICIO DE NULIDAD. De la lectura de los artículos 125 del Código Fiscal de la Federación y 11, fracciones XIII y XIV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se obtiene, que contra la resolución que pronuncie el Comisionado del Instituto Nacional de Migración al resolver el recurso de revisión a que se refiere el precepto 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, procede el juicio de nulidad ante el indicado tribunal federal, aun cuando en él se ordene a un extranjero que abandone el país; lo anterior, en virtud de que en tratándose de esos actos, la legislación fiscal federal no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para otorgar la suspensión del acto impugnado, pues sus consecuencias no deben confundirse con la expulsión aplicada por el presidente de la República, de conformidad con el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, caso en el que sí resultaría procedente el juicio de garantías sin necesidad de JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 25 ??????A???????? agotar algún recurso o medio legal de defensa, pues tratándose de tal determinación, la legislación de amparo, en su artículo 123, fracción I, prevé el otorgamiento de la suspensión de plano, misma que no establece el Código Fiscal de la Federación; en consecuencia, la resolución de mérito, no puede ser objeto de excepción para que sea combatida directamente a través del juicio de amparo, sin que previamente se haga valer el juicio de nulidad. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar respuesta de manera precisa a esta prevención, se tendrá por no presentado el libelo que se trata, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar directamente la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales la quejosa deba manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos que le consten. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. Así también, si con posterioridad y con motivo de las constancias allegadas por las partes, este tribunal advierte que la parte promovente, sus representantes, abogados y/o autorizados afirmaron hechos falsos u omitieron los JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 26 que le constaba con relación al acto reclamado y sus antecedentes, lo manifestado en su demanda y/o aclaración, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo. Por otra parte, una vez que la directa quejosa de cumplimiento a la prevención, se proveerá respecto de la autorización de la persona señalada en los términos y para los efectos que solicita; mientras tanto, téngasele por autorizado en términos restringidos del artículo 12, de la Ley de Amparo. Tomando en consideración que el promovente solicitó el acceso al expediente electrónico a través del usuario "pablolaboral", y toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó dicho usuario relacionado al promovente de amparo Pablo García Suariano. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo, así como en términos del numeral 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 27 ??????A???????? oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza a la citada parte la consulta del expediente electrónico vía internet a través de la plataforma dispuesta para ello en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, se da instrucciones a la encargada del SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expediente), para que proceda a alta del usuario antes mencionado. Se tiene como medio de contacto no procesal el correo electrónico y número de teléfono que proporciona el promovente de amparo en su escrito de cuenta. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C1, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN 1 Registro: 167640, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.725 C, Página: 2847. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 28 ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación, ya sea de manera autógrafa o por medio de su signatura electrónica [FIREL o FIEL]. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 29 ??????A???????? DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Judith Ventura Ávila, Juzgado Secretaria del con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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