Jorge Manuel López Hernández
Expediente 397/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 64 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 397/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 64
- Última actuación
- 20/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jorge Manuel López Hernández
- JORGE MANUEL LÓPEZ HERNÁNDEZ y Otros.
- Director Juridico Consultivo, Atenógenes Rodríguez Tepec, de la Dirección General Jurídica Consultiva de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Con Residencia En Chilpancingo
- HÉCTOR JOSÉ RUIZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 64.
- Principal
Acapulco, Guerrero, a veinte de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió el acuerdo por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción lI, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y, en igual término es destruible el original del incidente de suspensión, al haberse negado la medida cautelar solicitada, atento a lo dispuesto en la fracción III del citado artículo Vigésimo Primero; por lo que, se ordena glosar a éstos autos el citado cuaderno. En razón de lo anterior, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, dado que resulta innecesario que continúen a disposición de este juzgado las copias certificadas de la averiguación previa TAB/CAZ/01/0520/2009, enviadas por el Director General Jurídico Consultivo de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, como sustento a su informe justificado, en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta signada por la actuaria judicial adscrita a este Juzgado Federal, mediante la cual manifiesta su imposibilidad para notificar al tercero interesado Marco Antonio Ordorica Ortega el proveído de veintinueve de julio del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal por lista. Notifíquese.
- Principal
RAZÓN ACTUARIAL DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA MARCO ANTONIO ORDORICA ORTEGA, DEL CONTENIDO DEL DEL AUTO DE FECHA VENTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; veintinueve de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en acuerdo de treinta y uno de mayo del año en curso, al haberse agotado todas las diligencias de investigación pertinentes a fin de conocer el domicilio del tercero interesado Rufino Miranda Añorve, se ordenó la notificación del inicio de este juicio por medio de edictos a costa de la parte quejosa, otorgándosele a esta última, un plazo de veinte días para recogerlos y acreditar la publicación de los mismos por tres veces, de siete en siete días, tanto en el Diario Oficial de la Federación, como en uno de los periódicos de mayor circulación en la República, o en su caso, manifestara el impedimento material o legal para hacerlo. Ahora bien, teniendo en cuenta que la parte quejosa no acudió a recoger los edictos a fin de notificar al citado tercero interesado, pese a estar debidamente notificada para ello como se advierte de la notificación personal que obra en autos (foja 446), aunado a que no acreditó dentro del término de veinte días concedido las gestiones encaminadas a publicar dichos edictos en el Diario Oficial de la Federación, así como en uno de los periódicos de mayor circulación en la República y tampoco exhibió las publicaciones respectivas en los citados medios de difusión, según se advierte de la certificación de cuenta; en tales condiciones, dado que en el referido acuerdo se le apercibió que de no hacerlo así, se procedería a decretar el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, se hace efectivo el apercibimiento y se procede a acordar al respecto. Sobre el particular, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 27, fracción III, inciso b), último párrafo, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III.- Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.) b).- Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. La causal de sobreseimiento invocada, en este caso, tiene su razón de ser en la contumacia en que incurre la parte quejosa al no acreditar las gestiones encaminadas a publicar los edictos en el Diario Oficial de la Federación o en uno de los periódicos de mayor circulación, ni exhibir la totalidad de los ejemplares de los periódicos en los que constará la efectiva publicación de los edictos en los referidos medios de difusión nacional para notificar la radicación del juicio a los terceros interesados de referencia, lo que impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige como formalidad esencial del procedimiento que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Lo anterior, pese a que la parte quejosa haya hecho valer como imposibilidad su insolvencia económica para sufragar el gasto de dichas publicaciones, como advierte de su escrito presentado el cinco de junio del año en curso (foja 424); sin embargo, dado que dicha situación debe quedar debidamente acreditada, mediante proveído de seis de junio pasado (foja 425), se ordenó realizar un estudio socioeconómico a la parte quejosa, girándose oficio al Director General de Desarrollo Integral para la Familia Acapulco, a fin de que designará perito en materia de trabajo social; experta que compareció el doce de junio del año en curso (foja 432), a aceptar y protestar el cargo que le fue conferido, asimismo, por auto de trece de junio de dos mil diecinueve (foja 435), se señaló fecha y hora para que compareciera la parte quejosa o cualquiera de sus autorizados y acompañarán a la perito al domicilio de dicha parte procesal, con el fin de realizar dicho estudio, apercibidos que en caso de no comparecer se tendría por desierto el mismo y se haría efectivo el apercibimiento decretado en auto de treinta y uno de mayo pasado, y de la certificación de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve (foja 444), se advierte que la parte quejosa ni sus autorizados comparecieron para el desahogo de dicho estudio, por tanto, por auto de veinticinco del mes pasado (foja 445), se hicieron efectivos los apercibimientos señalados, declarándose desierto dicho estudio y sujetando a la parte quejosa a los apercibimientos y términos señalados en proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, debido a su desinterés para su desahogo. En efecto, el precepto legal transcrito (27 de la Ley de Amparo), dispone que si se desconoce el domicilio del tercero interesado, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone al peticionario de amparo la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar su notificación por edictos, dentro del plazo previsto por la ley de la materia. En esas condiciones, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 27, fracción III, inciso b), último párrafo, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción II, de la ley de la materia; por tanto, se deja sin efectos la hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Dicha causal de improcedencia se considera manifiesta e indudable, porque como se explicó, esa consecuencia deriva directamente del incumplimiento al requerimiento a la parte quejosa en proveído de trece de mayo del año en curso, en el que se le apercibió que de no cumplir con lo ordenado, se decretaría el sobreseimiento en el juicio, como en el caso acontece. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.) con registro 2009915, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Notifíquese personalmente....; LO QUE NOTIFICO POR ESTA VIA EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA TREINTA Y UNO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES.
- Principal
RAZÓN ACTUARIAL DE NOTIFICACIÓN PERSONAL MEDIANTE LISTA QUE FIJO EN LOS ESTRADOS A LOS TERCEROS INTERSADOS..., DEL AUTO DE FECHA VENTINUEVE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, MISMO QUE DICE: Acapulco, Guerrero; veintinueve de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en acuerdo de treinta y uno de mayo del año en curso, al haberse agotado todas las diligencias de investigación pertinentes a fin de conocer el domicilio del tercero interesado Rufino Miranda Añorve, se ordenó la notificación del inicio de este juicio por medio de edictos a costa de la parte quejosa, otorgándosele a esta última, un plazo de veinte días para recogerlos y acreditar la publicación de los mismos por tres veces, de siete en siete días, tanto en el Diario Oficial de la Federación, como en uno de los periódicos de mayor circulación en la República, o en su caso, manifestara el impedimento material o legal para hacerlo. Ahora bien, teniendo en cuenta que la parte quejosa no acudió a recoger los edictos a fin de notificar al citado tercero interesado, pese a estar debidamente notificada para ello como se advierte de la notificación personal que obra en autos (foja 446), aunado a que no acreditó dentro del término de veinte días concedido las gestiones encaminadas a publicar dichos edictos en el Diario Oficial de la Federación, así como en uno de los periódicos de mayor circulación en la República y tampoco exhibió las publicaciones respectivas en los citados medios de difusión, según se advierte de la certificación de cuenta; en tales condiciones, dado que en el referido acuerdo se le apercibió que de no hacerlo así, se procedería a decretar el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, se hace efectivo el apercibimiento y se procede a acordar al respecto. Sobre el particular, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 27, fracción III, inciso b), último párrafo, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III.- Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.) b).- Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. La causal de sobreseimiento invocada, en este caso, tiene su razón de ser en la contumacia en que incurre la parte quejosa al no acreditar las gestiones encaminadas a publicar los edictos en el Diario Oficial de la Federación o en uno de los periódicos de mayor circulación, ni exhibir la totalidad de los ejemplares de los periódicos en los que constará la efectiva publicación de los edictos en los referidos medios de difusión nacional para notificar la radicación del juicio a los terceros interesados de referencia, lo que impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige como formalidad esencial del procedimiento que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Lo anterior, pese a que la parte quejosa haya hecho valer como imposibilidad su insolvencia económica para sufragar el gasto de dichas publicaciones, como advierte de su escrito presentado el cinco de junio del año en curso (foja 424); sin embargo, dado que dicha situación debe quedar debidamente acreditada, mediante proveído de seis de junio pasado (foja 425), se ordenó realizar un estudio socioeconómico a la parte quejosa, girándose oficio al Director General de Desarrollo Integral para la Familia Acapulco, a fin de que designará perito en materia de trabajo social; experta que compareció el doce de junio del año en curso (foja 432), a aceptar y protestar el cargo que le fue conferido, asimismo, por auto de trece de junio de dos mil diecinueve (foja 435), se señaló fecha y hora para que compareciera la parte quejosa o cualquiera de sus autorizados y acompañarán a la perito al domicilio de dicha parte procesal, con el fin de realizar dicho estudio, apercibidos que en caso de no comparecer se tendría por desierto el mismo y se haría efectivo el apercibimiento decretado en auto de treinta y uno de mayo pasado, y de la certificación de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve (foja 444), se advierte que la parte quejosa ni sus autorizados comparecieron para el desahogo de dicho estudio, por tanto, por auto de veinticinco del mes pasado (foja 445), se hicieron efectivos los apercibimientos señalados, declarándose desierto dicho estudio y sujetando a la parte quejosa a los apercibimientos y términos señalados en proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, debido a su desinterés para su desahogo. En efecto, el precepto legal transcrito (27 de la Ley de Amparo), dispone que si se desconoce el domicilio del tercero interesado, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone al peticionario de amparo la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar su notificación por edictos, dentro del plazo previsto por la ley de la materia. En esas condiciones, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 27, fracción III, inciso b), último párrafo, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción II, de la ley de la materia; por tanto, se deja sin efectos la hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Dicha causal de improcedencia se considera manifiesta e indudable, porque como se explicó, esa consecuencia deriva directamente del incumplimiento al requerimiento a la parte quejosa en proveído de trece de mayo del año en curso, en el que se le apercibió que de no cumplir con lo ordenado, se decretaría el sobreseimiento en el juicio, como en el caso acontece. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.) con registro 2009915, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Notifíquese personalmente. LO QUE NOTIFICO POR ESTA VIA EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO Y EL DIVERSO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES.
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