Jorge Manuel Castellanos Rivas

Expediente 514/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
514/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
05/07/2021

Partes del expediente

  • Jorge Manuel Castellanos Rivas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que, a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa interponga el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Sentencia definitiva cuyo punto resolutivo establece: "ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***, contra los actos reclamados de las autoridades Juez del Sistema Penal Acusatorio del Primer Partido Judicial del Estado de Colima, en Funciones de Juez de Control, Director General de la Policía Estatal, Director General de la Policía Investigadora, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Segunda de Investigación y Directora de Control de Procesos, los últimos tres de la de la Fiscalía General del Estado; por los motivos precisados en los considerandos tercero y cuarto de la presente resolución." Notifíquese por lista.

  3. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surtan los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustados al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual el Juez del Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Control de Colima, rinde informe justificado; hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas documentales y de audio que acompaña la responsable a su misiva, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, para el caso de las pruebas de audio contenidas en el disco compacto sin exista necesidad de desahogar una audiencia especial de reproducción de su contenido, debido a que dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Se invoca en apoyo a la consideración anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia 1ª./J 43/2013 (10ª.), consultable en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada con el rubro y contenido: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL."

  4. Incidental

    V I S T O S, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 514/2021-VI, promovido por * * , contra actos del Juez de Control del Primer Partido Judicial del Estado de Colima y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O Q U E : PRIMERO. Presentación de la demanda y datos del incidente de suspensión. Con fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, el incidentista promovió juicio de amparo contra las autoridades antes mencionadas y solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, que hizo consistir en la orden de aprehensión, comparecencia o citación girada en su contra, así como su ejecución. SEGUNDO. Admisión y trámite. El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se formó el incidente de suspensión solicitado, se concedió al incidentista la suspensión provisional del acto que reclama; asimismo, en el citado acuerdo, se solicitó a las autoridades responsables su informe previo y se citó a las partes a la audiencia incidental, misma que se llevó a cabo con las formalidades de ley y con el resultado que aparece en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Q U E : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 144 al 147, de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto a suspender, por tanto, del análisis integral de los escritos de demanda, ampliación y documentos que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado para suspender: La orden de aprehensión, comparecencia o citación girada en su contra, así como su ejecución. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe previo las autoridades denominadas Director General de la Policía Estatal, Director General de la Policía Investigadora, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Segunda de Investigación y Directora de Control de Procesos, los últimos tres de la de la Fiscalía General del Estado de Colima, negaron la existencia del acto que se les reclama, por lo que, sin prueba alguna en contrario aportada por la parte quejosa, procede negar la suspensión definitiva con respecto a dichas autoridades, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo y en la Jurisprudencia número 286, visible en la página 237, del Tomo relativo a la Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que reza lo siguiente: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Al rendir informe previo al Juez del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control, aceptó la existencia del acto reclamado, pues refirió que en audiencia de cinco de mayo de dos mil veintiuno, ordenó notificar y citar a Jorge Manuel Castellanos Rivas -quejoso-, en su calidad de indiciado, para comparecer a la audiencia de formulación de imputación programada para el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal I-601/2021. Es aplicable la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 2000, Quinta Época, tomo VI, Común, materia Común, registro IUS 917812, página 231, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". La parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan. Ahora bien, los ordinales 128 y 138 primera parte, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. (.)" "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: ." El primero de ellos, establece como requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que la solicite la parte quejosa y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El segundo de los citados, precisa que promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. En consecuencia, respecto el acto reclamado por la parte quejosa que se hace consistir en la audiencia de cinco de mayo de dos mil veintiuno, ordenó notificar y citar a Jorge Manuel Castellanos Rivas -quejoso-, en su calidad de indiciado, para comparecer a la audiencia de formulación de imputación programada para el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal I-601/2021, se niega la suspensión definitiva, toda vez que al haber sido emitido dicho acto, adquirió la naturaleza jurídica de consumado, contra el cual resulta improcedente conceder la medida suspensional que solicita, ya que hacerlo sería darle efectos restitutorios propios de la eventual sentencia que se dicte en el juicio de amparo. Sirven de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 217665, Tomo Número 60, Diciembre de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a continuación se transcribe: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." Por otro lado, por cuanto hace a los efectos y consecuencias del acto reclamado, se niega la suspensión definitiva solicitada, porque la regulación de la citación a la audiencia de formulación de imputación, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Pues existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que así lo establece; por lo que, conceder la medida cautelar solicitada sería ir en contra de dicha jurisprudencia, así como de las referidas disposiciones legales, es decir, se contravendrían disposiciones de orden público, por lo cual no se cumple con la exigencia prevista por el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo. Se invoca en apoyo la tesis de jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 239, Décima Época, Materia(s): Común Penal, del tenor literal: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Por lo anteriormente expuesto, y con apoyo en los artículos 125, 128 y 146 de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E : ÚNICO. Se niega al incidentista * * la suspensión definitiva de los actos reclamados de las autoridades denominadas Juez de Control del Primer Partido Judicial del Estado de Colima, Director General de la Policía Estatal, Director General de la Policía Investigadora, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Segunda de Investigación y Directora de Control de Procesos, los últimos tres de la de la Fiscalía General del Estado de Colima; por los motivos precisados en los considerandos tercero y cuarto de este interlocutoria.

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