Jorge Manuel Castellanos Rivas
Expediente 182/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 182/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Jorge Manuel Castellanos Rivas
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la que se hace constar que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal, contra el auto de ocho de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Finalmente, el suscrito ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.
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NOTIFIQUESE PERSONALMENTE
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por lista a la parte quejosa el auto de ocho de marzo de dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: Por recibido el escrito signado por JORGE MANUEL CASTELLANOS RIVAS, con el que da cumplimiento a lo requerido en auto de cinco de marzo de dos mil dieciocho del año en curso. En consecuencia, atendiendo al contenido íntegro de la demanda de garantías exhibida por el quejoso, así como al escrito de cuenta, se provee: Al respecto, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, debe decirse que lo primero se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo segundo resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del análisis integral de la demanda de amparo, es dable concluir que el acto reclamado consiste en: "La ilegal orden de detención llevada a cabo DENTRO DE MI CASA SIN EXISTIR UNA ORDEN DE DETENCIÓN, PRESENTACIÓN, APREHENSIÓN Y/O REAPREHENSIÓN Y EJECUTADA POR EL DIRECTOR DE LA POLICÍA MINISTERIAL INVESTIGADORA." Detención, respecto de la que refiere fue puesto en libertad el once de febrero pasado. En tanto que en su escrito aclaratorio precisa que reclama a la Agencia del Ministerio Público Mesa IV de investigación del sistema penal acusatorio la integración de la carpeta de investigación 145/2018, por el delito de amenzas, sin sustento jurídico. Que respecto de la integración de la citada investigación, fue citado a las nueve horas del nueve de marzo de dos mil dieciocho para llevar a cabo la formulación de imputación en sede de juicio orales. En consecuencia, se estima que contra la detención, presentación, aprehensión, reaprehensión, que dice fue efectuada el ocho de febrero por las ejecutorias, el suscrito estima que opera la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, debido a que, once de febrero pasado fue puesto en libertad. A fin de evidenciar la causa de inejercibilidad del juicio de garantías, que el suscrito estima actualizada, se considera pertinente tener a la vista el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, mismo que estatuyen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. No está por demás destacar que es factible distinguir la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, ya sea dejando insubsistente el acto reclamado o sus efectos de forma inmediata, total e incondicional, lo que es inconcuso no puede realizar un particular; mientras que la actualización de la segunda requiere que ante la existencia del acto reclamado, exista imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir o desaparecer totalmente el objeto o la materia del acto, por lo que a pesar de que implica también una cesación de efectos, esto debe acontecer, como condición, por virtud de que dejó de existir totalmente el objeto o la materia del acto reclamado por causas ajenas a la voluntad de la autoridad, pudiendo entonces ser por el simple transcurso del tiempo, por un acto volitivo del particular mediante el cual cambia su esfera jurídica, por acontecimientos naturales, etcétera. Corolario de lo expuesto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de garantías individuales, nunca se hubiese realizado. Ahora bien, en el caso concreto, se considera actualizada la causal de improcedencia, de tomar en consideración que el quejoso reclamó de las responsables la privación de la libertad; sin embargo, al haber sido consignado y puesto en libertad, cesaron los efectos del acto reclamado. De ahí que, en relación con la ilegal detención reclamada, resulta evidente lo ocioso del examen de un acto que ya no tiene vida jurídica, máxime que no es propio de los fines del amparo pronunciar sentencia respecto de actos que han quedado sin efectos y que por lo tanto, ya no ocasiona agravio alguno al peticionario de garantía; en consecuencia, con apoyo en el precepto 113 de la ley de la materia, procede desechar la demanda de amparo promovida por JORGE MANUEL CASTELLANOS RIVAS, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, del citado ordenamiento jurídico. Ahora, por cuanto hace a la integración de la carpeta que reclama a la autoridad investigadora, que dice no tiene sustento jurídico, se estima que, opera la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 1º, de la Ley de Amparo. En ese contexto, se puede concluir que el acto combatido por la parte quejosa no afecta su interés jurídico, en virtud de que la tarea investigadora del Agente del Ministerio Público, en tratándose del procedimiento de la integración de la carpeta de investigación, la resolución que podría afectar los intereses del quejoso es aquella a través de la cual la autoridad judicial ante quien se ejercitó la acción penal, determine si resulta procedente o no librar una orden de privación de su libertad. En efecto, dado que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de investigación y realización de imputación. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la carpeta de investigación y el ejercicio de la acción penal que ahora se traduce en la realización de la imputación, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca del procedimiento 696/2018 determine si resulta procedente o no captura o citación; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. En consecuencia, se estima que el quejoso carece de legitimación para impugnar en la vía constitucional la integración de una carpeta de investigación, como es que lo pretende en su escrito de cuenta. No hay que perder de vista lo que hasta este momento ha sostenido la Primera Sala, en el sentido de que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la integración de la investigación, debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, a la función investigadora, anteponiendo los intereses de la sociedad a los de los particulares. Asimismo, conforme a los precedentes de dicha Primera Sala, no puede sostenerse que al promovente le cause perjuicio actual la posible integración de una investigación en su contra, si sus efectos no son de imposible reparación, ya que podrán ser desvirtuados o contrarrestados a través del proceso judicial o bien, hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa, determine en un momento que resulta procedente librar la correspondiente orden de captura o citación, momento en el cual se afectará real y efectivamente su esfera jurídica. Luego entonces, conforme al artículo 61, fracción XXII de la de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la investigación que el quejoso reclama. En ese contexto, tomando las ideas plasmadas en líneas precedentes, también respecto del acto de investigación reclamado, es evidente que, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia , por lo que se surten los supuestos previstos en el artículo 113 de la Ley de Amparo y, por tanto, debe considerarse como notoriamente improcedente la demanda de garantías; en consecuencia, se desecha de plano la demanda de que se trata.
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