Jorge Maldonado Ortiz
Expediente 103/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 103/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jorge Maldonado Ortiz
- Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada En Responsabilidades Administrativas del Triibunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, primero de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 103/2020-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el treinta de octubre de dos mil veinte; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el único punto resolutivo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año que transcurre; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa; se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al artículo 20 del Capítulo Octavo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que el Titular de la Cuarta Sala, Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I y II; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de noviembre de dos mil veinte. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, a la parte tercera interesada EFRAÍN MIRANDA ALARCÓN, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la sentencia de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe. Resolución que en lo conducente dice: Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A JORGE MALDONADO ORTÍZ, LAURO BARRETO SÁNCHEZ y ANDREU PATRÓN INDALECIO, por propio derecho y con el carácter de Presidente Municipal, Director de Seguridad Pública y Tesorero, respectivamente, todos del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, respecto al acto y la autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy treinta de octubre de dos mil veinte, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 103/2020-I, promovido por JORGE MALDONADO ORTÍZ, LAURO BARRETO SÁNCHEZ y ANDREU PATRÓN INDALECIO, por propio derecho y con el carácter de Presidente Municipal, Director de Seguridad Pública y Tesorero, respectivamente, todos del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el veintidós de enero de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado al día siguiente a este Juzgado de Distrito, JORGE MALDONADO ORTÍZ, LAURO BARRETO SÁNCHEZ y ANDREU PATRÓN INDALECIO, por propio derecho y con el carácter de Presidente Municipal, Director de Seguridad Pública y Tesorero, respectivamente, todos del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. SEGUNDO. ADMSIÓN Y TRÁMITE. Mediante proveído de veintitrés de enero de dos mil veinte se radicó la demanda bajo el número de expediente 103/2020-I y se admitió a trámite la demanda de garantías. Por consiguiente se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se emplazó a la parte tercero interesada. TERCERO. AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA Y NO INTERPUESTA. Por escrito de veintinueve de enero de dos mil veinte los quejosos pretendieron ampliar la demanda, señalando actos y autoridades; no obstante, se les previno por auto de treinta del mismo mes y año y al no atenderla por auto de catorce de febrero de dos mil veinte se tuvo por no ampliada la demanda. Finalmente se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional que inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I y 108 de la Ley de Amparo en vigor; 1o, fracción V, 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa, el lugar donde reside la autoridad responsable emisora del acto reclamado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda debe decirse que el acto reclamado consiste en el acuerdo de diez de diciembre de dos mil diecinueve dictado en el juicio TJA/4aSERA/031/2018 por la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, a través de la cual, desecha de plano el recurso de reconsideración interpuesto contra el auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, éste último a través del cual se impuso a JORGE MALDONADO ORTIZ con el carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, una multa de sesenta unidades de medida de actualización, en tanto que a LAURO BARRETO SÁNCHEZ y ANDREU PATRÓN INDALECIO, Director de Seguridad Pública y Tesorero, les impuso la multa ochenta unidades de medida de actualización. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado, en virtud de que así lo señaló la responsable Magistrado de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado y se corrobora a través de las constancias del juicio laboral TJA/4aSERA/031/2018, a las que se otorga valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de ser un documento público. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por las partes o que se advierte de oficio, debe realizarse el análisis de fondo sobre la constitucionalidad del acto reclamado. CUARTO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Los conceptos de violación son inoperantes; los cuales se verificarán conforme al principio de estricto derecho, en el entendido que en el caso no opera la suplencia de la queja, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el numeral 79 de la Ley de Amparo. Para explicar lo anterior conviene citar los antecedes del acto reclamado que se desprenden de las constancias certificadas del juicio de origen. El aquí tercero interesado EFRAÍN MIRANDA ALARCÓN, ante la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, demandó del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, y otras autoridades, la nulidad del cese decretado como Oficial Raso adscrito al Departamento de Seguridad Pública adscrito a la Dirección General de Prevención del Delito, Transito, Urgencias Médicas y Protección Civil del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, radicándose el juicio TJA/4aSERA/031/2018. El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos emitió sentencia definitiva por la que se declaró la nulidad de los actos combatidos y se condenó a las demandadas al pago de las indemnizaciones respectivas; además, se les absolvió de otras prestaciones. El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve el Magistrado de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos emitió auto por el que determinó que el plazo de diez días para que las responsables dieran cumplimiento voluntario a la sentencia había fenecido. Por tanto, requirió al Presidente Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, para que en el plazo de veinticuatro horas informara el cumplimiento a la misma; con apercibimiento que de no hacerlo impondría una multa equivalente a veinte unidades de medida de actualización, equivalente a $1,689.80 (MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL). En tanto que al Encargado del Despacho de la Dirección General de Prevención del Delito, Transito, Urgencias Médicas y Protección Civil y Tesorero, ambos del del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, les impuso multa por esa suma y las apercibió con imponerles una por el doble. De este acuerdo fueron notificadas las demandadas el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Por escrito presentado ante la responsable el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, las demandadas, aquí quejosas, por conducto de su representante legal, manifestaron encontrarse en pláticas conciliatorias con su contraria y solicitaron prórroga considerable para el cumplimiento de la sentencia y que se diera vista a la actora a fin de evidenciar la veracidad de su dicho. En respuesta el Magistrado responsable emitió acuerdo de veinticuatro del mismo mes y año, por el que señaló que no era procedente dicha solicitud, porque no había cabida a la celebración de convenio entre las partes y que se varíe el sentido de la condena ni en su caso la calendarización de pagos para cumplir con lo en ella establecido. Por tanto, ordenó requerir de nueva cuenta el cumplimiento, señalando un plazo de veinticuatro horas, con apercibimiento que de no hacerlo impondría al Presidente Municipal de Tlaquiltenango, Morelos una multa equivalente a veinte unidades de medida de actualización, equivalente a $1,689.80 (MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL); en tanto que a las diversas autoridades indicadas, les impuso multa por esa suma y las apercibió con imponerles una por el doble. De este acuerdo fueron notificadas las demandadas el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Por escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil diecinueve las responsables solicitaron que se pausara la ejecución para que se allegaran de recursos económicos y dieran cumplimento al convenio que, dijeron, celebraron extrajudicialmente; recayendo acuerdo de siete del mismo mes y año, por el que la responsable señaló a los promoventes que se estuvieran al acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. El veintidós de octubre de dos mil diecinueve la responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado por auto de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve e impuso las multas ahí señaladas y requirió de nueva cuenta el cumplimiento, con apercibimiento que de no hacerlo impondría al Presidente Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, multa por cuarenta unidades de medida de actualización, equivalente a $3,379.60 (TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL); en tanto que al Encargado del Despacho de la Dirección General de Prevención del Delito, Transito, Urgencias Médicas y Protección Civil y Tesorero, ambos del del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, volvió a apercibirlas de aplicarles una multa de sesenta unidades de medidas de actualización; y fueron notificados del dicha resolución el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. El cinco de noviembre de dos mil diecinueve la responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado por auto de veintidós de octubre de dos mil diecinueve e impuso al presidente municipal y las demás autoridades demandadas, las multa señaladas en el auto de veintidós de octubre de dos mil veinte; además, requirió de nueva cuenta el cumplimiento, con apercibimiento que de no hacerlo impondría al Presidente Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, multa por sesenta unidades de medida de actualización, equivalente a $5,069.40 (CINCO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL); en tanto que a las demás autoridades demandadas del juicio de origen, volvió a apercibirlas de aplicarles una multa de ochenta unidades de medidas de actualización; y fueron notificados del dicha resolución el trece de noviembre de dos mil diecinueve. El quince de noviembre de dos mil diecinueve los aquí quejosos interpuso recurso de reconsideración contra el acuerdo de cinco de ese mes y año; que se desechó de plano por acuerdo de quince de noviembre de dos mil diecinueve; del cual fueron notificados los demandados del juicio natural el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Por escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil diecinueve, MARTHA INÉS ABUNDEZ ROBLES con el carácter de Directora Jurídica y Delegada de las autoridades responsables, así como SAMUEL NOGUERÓN BENÍTEZ, con el carácter de representante legal del actor, manifestaron encontrarse en pláticas conciliatorias y, por tanto, solicitaron se pausara la ejecución de la sentencia para que se allegaran de recursos económicos y dieran cumplimento al convenio que, dijeron, celebraron extrajudicialmente; recayendo acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, por el que la responsable determinó entre otras cosas, que no era procedente dicha solicitud porque la ejecución de las sentencias es de orden público, y que reviste de especial importancia social para salvaguardar el derecho a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Carta Magna, en correlación con los artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; además, porque en dicha norma constitucional se prevé el principio de plena ejecución de las resoluciones judiciales, por lo que aquéllas determinaciones que han causado estado deben materializarse cabalmente. Además, en el acuerdo anterior, hizo efectivo el apercibimiento decretado por auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve e impuso al presidente municipal y las demás autoridades, las multa señaladas en dicho auto; además, requirió de nueva cuenta el cumplimiento, con apercibimiento que de no hacerlo impondría al Presidente Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, multa por ochenta unidades de medida de actualización, equivalente a $6,769.20 (SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL); en tanto que al resto de las autoridades demandadas volvió a apercibirlas de aplicarles una multa de cien unidades de medidas de actualización; y fueron notificados del dicha resolución el cuatro de diciembre dos mil diecinueve. Por escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, el Presidente, Encargado del Despacho de la Dirección General de Prevención del Delito, Transito, Urgencias Médicas y Protección Civil y Tesorero, todos del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, interpusieron recurso de reconsideración contra el auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, que fue desechado de plano por auto de diez de diciembre del mismo año. Siendo dicha resolución constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Ahora bien, como se señaló, los conceptos de violación son inoperantes, en virtud de que los argumentos expresados por los aquí quejosos, no se encaminan a combatir las consideraciones en que se apoya la resolución impugnada para desechar de plano el recurso de reconsideración interpuesto dentro del procedimiento de origen. Es así, porque el Magistrado de la Sala responsable para resolver en esos términos sostuvo: Que el cumplimiento y la ejecución de las sentencias es de orden público y reviste de especial importancia social para salvaguardar el derecho a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Carta Magna, en correlación con los artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; Que la garantía de impartición de justicia debe ser expedita, pronta, completa e imparcial; de ahí que la efectividad de las sentencias depende de su ejecución, entendida como un componente fundamental de protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos; Que las responsables han sido completamente omisas no solo en cumplir la sentencia, sino también en informar las gestiones necesarias para ello e informar oportunamente; Que aunque las demandas refieren encontrarse en pláticas conciliatorias e inclusive suscribieron un escrito que exhibieron y que firma igualmente el representante procesal de la parte actora; sin embargo, que no se advertía la manifestación de voluntad del demandante, EFRAÍN MIRANDA ALARCÓN. Por lo tanto, que al encontrarse debidamente fundado y motivado el auto recurrido era procedente desechar el recurso de reconsideración por notoriamente improcedente, con fundamento en el artículo 107 de la Ley de Justicia Administrativa. En estas condiciones, el Tribunal responsable fue determinante al establecer que desechaba el recurso por la omisión de las responsables en cumplir con la ejecución del laudo, y porque aunque éstas adujeron la existencia de pláticas conciliatorias e inclusive suscribieron un escrito que exhibieron y que firma igualmente el representante procesal de la parte actora, dijo la responsable que no advertía que éste contuviera la manifestación de voluntad del demandante, EFRAÍN MIRANDA ALARCÓN, sino sólo de su representante. Entonces, concluyó que al encontrarse debidamente fundado y motivado el auto recurrido, desechaba el recurso de reconsideración por notoriamente improcedente, con fundamento en el artículo 107 de la Ley de Justicia Administrativa. A pesar de que estas dos últimas razones medularmente sostienen porqué la responsable estimó procedente desechar de plano el recurso de reconsideración, en la demanda de amparo la quejosa se abstuvo de expresar argumentos para combatir dichas consideraciones. Cierto, la quejosa centra sus conceptos de violación en esbozar razones de fondo por las que considera que dentro del juicio contencioso administrativo, es admisible que las partes puedan convenir en cualquier parte del procedimiento, incluso en la etapa de ejecución, conforme a disposiciones de la propia Ley de Justicia Administrativa, como del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, de aplicación supletoria a esta última; incluso, pretenden combatir el acto argumentando que el actor debe demostrar interés en la ejecución de la sentencia. Empero, no se ocupan de combatir los argumentos sostenidos en el acto reclamado y que sirvieron a la responsable para considerar factible el desechamiento de plano del recurso, ni los preceptos invocados por la autoridad y que le sirvieron de apoyo para ese propósito. Se afirma lo anterior, porque aunque la responsable razonó en torno a la improcedencia de plano del recurso, aduciendo que si bien las demandadas referían la existencia de pláticas conciliatorias con la actora e inclusive habían presentado en el juicio un escrito que firmaron conjuntamente la parte vencida y el representante procesal de la vencedora; lo cierto es que indicó en el acto reclamado que no advertía que dicho ocurso contuviera la manifestación de voluntad del demandante directo, EFRAÍN MIRANDA ALARCÓN, sino sólo de su representante legal. Dicho aspecto, a la vista de los conceptos de violación, no se combate, a pesar de que de modo puntual sostiene el acuerdo combatido. Aunado a lo anterior, la responsable luego de argumentar los motivos del desechamiento de plano del recurso, apoyó la facultad para obrar en esos términos, citando el artículo 107 de la Ley de Justicia Administrativa; sin que tampoco la parte quejosa se ocupara de establecer en los conceptos de violación argumentos porqué estima que conforme a dicha disposición la responsable carecía de facultades para desechar de plano el recurso. En tales condiciones, al ocuparse la parte quejosa de argumentar en torno al fondo de la cuestión litigiosa, es decir, si procede o no la transacción de las partes en el juicio contencioso, así como a la falta de interés de la actora en el impulso de la ejecución en el juicio natural; pero no en cuanto a los motivos concretos en los que se apoyó la responsable para estimar que era procedente desechar de plano el recurso, es la razón por la que se estima que sus consideraciones son inoperantes en el presente juicio, al ser cuestiones ajenas al acto reclamado, en el que no se abordaron los aspectos que los quejosos exponen y que constituyen prácticamente una repetición de los argumentos sostenidos en el recurso de reconsideración. Por lo que aspectos que atañen al fondo del asunto, sobre el incumplimiento evidenciado en acatar el fallo e incluso en torno a las gestiones para ello a la luz del imperativo 17 constitucional, no controvierten lo resuelto por la responsable al desechar de plano el recurso. En efecto, en la medida en que los peticionarios del amparo no controvierten todas las razones y fundamentos que externó la responsable en la emisión del acto combatido en particular para estimar que el recurso de reconsideración interpuesto dentro del juicio natural de origen era notoriamente improcedente conforme al artículo 107 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Por ende, aunque pudiera asistir razón al quejoso en cuanto al fondo de la cuestión materia del fondo del recurso de revisión, es decir, que fuera fundado que corresponde a la parte actora instar la ejecución o incluso que es factible que las partes puedan transar en el juicio aun cuando éste se encuentre en etapa de ejecución; lo cierto es que los conceptos de violación orientados a combatir tales aspectos, devienen inoperantes, al no tener la fuerza suficiente para revocar el fallo combatido, dado que siguen rigiendo las consideraciones principales plasmada en éste para desechar de plano el recurso, lo que ya se dijo, no fue impugnado. Por identidad de razón jurídica, es aplicable la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 167801, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 19/2009, Página: 5, que se cita enseguida: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE COMBATEN ARGUMENTOS ACCESORIOS EXPRESADOS EN LA SENTENCIA RECURRIDA, MÁXIME CUANDO ÉSTOS SEAN INCOMPATIBLES CON LAS RAZONES QUE SUSTENTAN EL SENTIDO TORAL DEL FALLO. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que se cumple cuando los argumentos expresados se encaminan a combatir todas las consideraciones en que se apoya la resolución impugnada. Ahora bien, los agravios resultan inoperantes cuando tienen como finalidad controvertir argumentos expresados por el órgano de control constitucional en forma accesoria a las razones que sustentan el sentido del fallo, sobre todo cuando sean incompatibles con el sentido toral de éste, porque aunque le asistiera la razón al quejoso al combatir la consideración secundaria expresada a mayor abundamiento, ello no tendría la fuerza suficiente para que se revocara el fallo combatido, dado que seguiría rigiendo la consideración principal, en el caso la inoperancia del concepto de violación.". Atento todo lo anterior, al ser inoperantes los conceptos de violación hechos valer, sin que se actualice causa para suplir en deficiencia de la queja, debe negarse el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A JORGE MALDONADO ORTÍZ, LAURO BARRETO SÁNCHEZ y ANDREU PATRÓN INDALECIO, por propio derecho y con el carácter de Presidente Municipal, Director de Seguridad Pública y Tesorero, respectivamente, todos del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, respecto al acto y la autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy treinta de octubre de dos mil veinte, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del que en lo conducente dice: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo **********promovido por JORGE MALDONADO ORTÍZ, LAURO BARRETO SÁNCHEZ y ANDREU PATRÓN INDALECIO, por propio derecho y con el carácter de Presidente Municipal, Director de Seguridad Pública y Tesorero, respectivamente, todos del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el veintidós de enero de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado al día siguiente a este Juzgado de Distrito, JORGE MALDONADO ORTÍZ, LAURO BARRETO SÁNCHEZ y ANDREU PATRÓN INDALECIO, por propio derecho y con el carácter de Presidente Municipal, Director de Seguridad Pública y Tesorero, respectivamente, todos del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. SEGUNDO. ADMSIÓN Y TRÁMITE. Mediante proveído de veintitrés de enero de dos mil veinte se radicó la demanda bajo el número de expediente ********admitió a trámite la demanda de garantías. Por consiguiente se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se emplazó a la parte tercero interesada. TERCERO. AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA Y NO INTERPUESTA. Por escrito de veintinueve de enero de dos mil veinte los quejosos pretendieron ampliar la demanda, señalando actos y autoridades; no obstante, se les previno por auto de treinta del mismo mes y año y al no atenderla por auto de catorce de febrero de dos mil veinte se tuvo por no ampliada la demanda. Finalmente se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional que inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de*******del Consejo de la Judicatura Federal, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa, el lugar donde reside la autoridad responsable emisora del acto reclamado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda debe decirse que el acto reclamado consiste en el acuerdo de diez de diciembre de dos mil diecinueve dictado en el juicio **********Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, a través de la cual, desecha de plano el recurso de reconsideración interpuesto contra el auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, éste último a través del cual se impuso a JORGE MALDONADO ORTIZ con el carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, una multa de sesenta unidades de medida de actualización, en tanto que a LAURO BARRETO SÁNCHEZ y ANDREU PATRÓN INDALECIO, Director de Seguridad Pública y Tesorero, les impuso la multa ochenta unidades de medida de actualización. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado, en virtud de que así lo señaló la responsable Magistrado de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado y se corrobora a través de las constancias del juicio laboral ********artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de ser un documento público. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por las partes o que se advierte de oficio, debe realizarse el análisis de fondo sobre la constitucionalidad del acto reclamado. CUARTO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Los conceptos de violación son inoperantes; los cuales se verificarán conforme al principio de estricto derecho, en el entendido que en el caso no opera la suplencia de la queja, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el numeral 79 de la Ley de Amparo. Para explicar lo anterior conviene citar los antecedes del acto reclamado que se desprenden de las constancias certificadas del juicio de origen. El aquí tercero interesado EFRAÍN MIRANDA ALARCÓN, ante la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, demandó del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, y otras autoridades, la nulidad del cese decretado como Oficial Raso adscrito al Departamento de Seguridad Pública adscrito a la Dirección General de Prevención del Delito, Transito, Urgencias Médicas y Protección Civil del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, radicándose el juicio ********, la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos emitió sentencia definitiva por la que se declaró la nulidad de los actos combatidos y se condenó a las demandadas al pago de las indemnizaciones respectivas; además, se les absolvió de otras prestaciones. El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve el Magistrado de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos emitió auto por el que determinó que el plazo de diez días para que las responsables dieran cumplimiento voluntario a la sentencia había fenecido. Por tanto, requirió al Presidente Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, para que en el plazo de veinticuatro horas informara el cumplimiento a la misma; con apercibimiento que de no hacerlo impondría una multa equivalente a veinte unidades de medida de ****Delito, Transito, Urgencias Médicas y Protección Civil y Tesorero, ambos del del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, les impuso multa por esa suma y las apercibió con imponerles una por el doble. De este acuerdo fueron notificadas las demandadas el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Por escrito presentado ante la responsable el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, las demandadas, aquí quejosas, por conducto de su representante legal, manifestaron encontrarse en pláticas conciliatorias con su contraria y solicitaron prórroga considerable para el cumplimiento de la sentencia y que se diera vista a la actora a fin de evidenciar la veracidad de su dicho. En respuesta el Magistrado responsable emitió acuerdo de veinticuatro del mismo mes y año, por el que señaló que no era procedente dicha solicitud, porque no había cabida a la celebración de convenio entre las partes y que se varíe el sentido de la condena ni en su caso la calendarización de pagos para cumplir con lo en ella establecido. Por tanto, ordenó requerir de nueva cuenta el cumplimiento, señalando un plazo de veinticuatro horas, con apercibimiento que de no hacerlo impondría al Presidente Municipal de Tlaquiltenango, Morelos una multa equivalente a veinte unidades de medida de actualización, equivalente a $1,689.80 (MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS *****Por escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil diecinueve las responsables solicitaron que se pausara la ejecución para que se allegaran de recursos económicos y dieran cumplimento al convenio que, dijeron, celebraron extrajudicialmente; recayendo acuerdo de siete del mismo mes y año, por el que la responsable señaló a los promoventes que se estuvieran al acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. El veintidós de octubre de dos mil diecinueve la responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado por auto de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve e impuso las multas ahí señaladas y requirió de nueva cuenta el cumplimiento, con apercibimiento que de no hacerlo impondría al Presidente Municipal de ******TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL); en tanto que al Encargado del Despacho de la Dirección General de Prevención del Delito, Transito, Urgencias Médicas y Protección Civil y Tesorero, ambos del del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, volvió a apercibirlas de aplicarles una multa de sesenta unidades de medidas de actualización; y fueron notificados del dicha resolución el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. El cinco de noviembre de dos mil diecinueve la responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado por auto de veintidós de octubre de dos mil diecinueve e impuso al presidente municipal y las demás autoridades demandadas, las multa señaladas en el auto de veintidós de octubre de dos mil veinte; además, requirió de nueva cuenta el cumplimiento, con apercibimiento que de no hacerlo impondría al Presidente Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, multa por sesenta unidades de medida de actualización, equivalente a $5,069.40 (CINCO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL); en tanto que a las demás autoridades demandadas del juicio de origen, volvió a apercibirlas de aplicarles una multa de ochenta unidades de medidas de actualización; y fueron notificados del dicha resolución el trece de noviembre de dos mil diecinueve. El quince de noviembre de dos mil diecinueve los aquí quejosos interpuso recurso de reconsideración contra el acuerdo de cinco de ese mes y año; que se desechó de plano por acuerdo de quince de noviembre de dos mil diecinueve; del cual fueron notificados los demandados del juicio natural el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Por escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil diecinueve, MARTHA INÉS ABUNDEZ ROBLES con el carácter de Directora Jurídica y Delegada de las autoridades responsables, así como SAMUEL NOGUERÓN BENÍTEZ, con el carácter de representante legal del actor, manifestaron encontrarse en pláticas conciliatorias y, por tanto, solicitaron se pausara la ejecución de la sentencia para que se allegaran de recursos económicos y dieran cumplimento al convenio que, dijeron, celebraron extrajudicialmente; recayendo acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, por el que la responsable determinó entre otras cosas, que no era procedente dicha solicitud porque la ejecución de las sentencias es de orden público, y que reviste de especial importancia social para salvaguardar el derecho a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Carta Magna, en correlación con los artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; además, porque en dicha norma constitucional se prevé el principio de plena ejecución de las resoluciones judiciales, por lo que aquéllas determinaciones que han causado estado deben materializarse cabalmente. Además, en el acuerdo anterior, hizo efectivo el apercibimiento decretado por auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve e impuso al presidente municipal y las demás autoridades, las multa señaladas en dicho auto; además, requirió de nueva cuenta el cumplimiento, con apercibimiento que de no hacerlo impondría al Presidente Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, multa por ochenta unidades de medida de actualización, equivalente a $6,769.20 (SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL); en tanto que al resto de las autoridades demandadas volvió a apercibirlas de aplicarles una multa de cien unidades de medidas de actualización; y fueron notificados del dicha resolución el cuatro de diciembre dos mil diecinueve. Por escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, el Presidente, Encargado del Despacho de la Dirección General de Prevención del Delito, Transito, Urgencias Médicas y Protección Civil y Tesorero, todos del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, interpusieron recurso de reconsideración contra el auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, que fue desechado de plano por auto de diez de diciembre del mismo año. Siendo dicha resolución constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Ahora bien, como se señaló, los conceptos de violación son inoperantes, en virtud de que los argumentos expresados por los aquí quejosos, no se encaminan a combatir las consideraciones en que se apoya la resolución impugnada para desechar de plano el recurso de reconsideración interpuesto dentro del procedimiento de origen. Es así, porque el Magistrado de la Sala responsable para resolver en esos términos sostuvo: Que el cumplimiento y la ejecución de las sentencias es de orden público y reviste de especial importancia social para salvaguardar el derecho a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Carta Magna, en correlación con los artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; Que la garantía de impartición de justicia debe ser expedita, pronta, completa e imparcial; de ahí que la efectividad de las sentencias depende de su ejecución, entendida como un componente fundamental de protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos; Que las responsables han sido completamente omisas no solo en cumplir la sentencia, sino también en informar las gestiones necesarias para ello e informar oportunamente; Que aunque las demandas refieren encontrarse en pláticas conciliatorias e inclusive suscribieron un escrito que exhibieron y que firma igualmente el representante procesal de la parte actora; sin embargo, que no se advertía la manifestación de voluntad del demandante, EFRAÍN MIRANDA ALARCÓN. Por lo tanto, que al encontrarse debidamente fundado y motivado el auto recurrido era procedente desechar el recurso de reconsideración por notoriamente improcedente, con fundamento en el artículo 107 de la Ley de Justicia Administrativa. En estas condiciones, el Tribunal responsable fue determinante al establecer que desechaba el recurso por la omisión de las responsables en cumplir con la ejecución del laudo, y porque aunque éstas adujeron la existencia de pláticas conciliatorias e inclusive suscribieron un escrito que exhibieron y que firma igualmente el representante procesal de la parte actora, dijo la responsable que no advertía que éste contuviera la manifestación de voluntad del demandante, EFRAÍN MIRANDA ALARCÓN, sino sólo de su representante. Entonces, concluyó que al encontrarse debidamente fundado y motivado el auto recurrido, desechaba el recurso de reconsideración por notoriamente improcedente, con fundamento en el artículo 107 de la Ley de Justicia Administrativa. A pesar de que estas dos últimas razones medularmente sostienen porqué la responsable estimó procedente desechar de plano el recurso de reconsideración, en la demanda de amparo la quejosa se abstuvo de expresar argumentos para combatir dichas consideraciones. Cierto, la quejosa centra sus conceptos de violación en esbozar razones de fondo por las que considera que dentro del juicio contencioso administrativo, es admisible que las partes puedan convenir en cualquier parte del procedimiento, incluso en la etapa de ejecución, conforme a disposiciones de la propia Ley de Justicia Administrativa, como del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, de aplicación supletoria a esta última; incluso, pretenden combatir el acto argumentando que el actor debe demostrar interés en la ejecución de la sentencia. Empero, no se ocupan de combatir los argumentos sostenidos en el acto reclamado y que sirvieron a la responsable para considerar factible el desechamiento de plano del recurso, ni los preceptos invocados por la autoridad y que le sirvieron de apoyo para ese propósito. Se afirma lo anterior, porque aunque la responsable razonó en torno a la improcedencia de plano del recurso, aduciendo que si bien las demandadas referían la existencia de pláticas conciliatorias con la actora e inclusive habían presentado en el juicio un escrito que firmaron conjuntamente la parte vencida y el representante procesal de la vencedora; lo cierto es que indicó en el acto reclamado que no advertía que dicho ocurso contuviera la manifestación de voluntad del demandante directo, EFRAÍN MIRANDA ALARCÓN, sino sólo de su representante legal. Dicho aspecto, a la vista de los conceptos de violación, no se combate, a pesar de que de modo puntual sostiene el acuerdo combatido. Aunado a lo anterior, la responsable luego de argumentar los motivos del desechamiento de plano del recurso, apoyó la facultad para obrar en esos términos, citando el artículo 107 de la Ley de Justicia Administrativa; sin que tampoco la parte quejosa se ocupara de establecer en los conceptos de violación argumentos porqué estima que conforme a dicha disposición la responsable carecía de facultades para desechar de plano el recurso. En tales condiciones, al ocuparse la parte quejosa de argumentar en torno al fondo de la cuestión litigiosa, es decir, si procede o no la transacción de las partes en el juicio contencioso, así como a la falta de interés de la actora en el impulso de la ejecución en el juicio natural; pero no en cuanto a los motivos concretos en los que se apoyó la responsable para estimar que era procedente desechar de plano el recurso, es la razón por la que se estima que sus consideraciones son inoperantes en el presente juicio, al ser cuestiones ajenas al acto reclamado, en el que no se abordaron los aspectos que los quejosos exponen y que constituyen prácticamente una repetición de los argumentos sostenidos en el recurso de reconsideración. Por lo que aspectos que atañen al fondo del asunto, sobre el incumplimiento evidenciado en acatar el fallo e incluso en torno a las gestiones para ello a la luz del imperativo 17 constitucional, no controvierten lo resuelto por la responsable al desechar de plano el recurso. En efecto, en la medida en que los peticionarios del amparo no controvierten todas las razones y fundamentos que externó la responsable en la emisión del acto combatido en particular para estimar que el recurso de reconsideración interpuesto dentro del juicio natural de origen era notoriamente improcedente conforme al artículo 107 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Por ende, aunque pudiera asistir razón al quejoso en cuanto al fondo de la cuestión materia del fondo del recurso de revisión, es decir, que fuera fundado que corresponde a la parte actora instar la ejecución o incluso que es factible que las partes puedan transar en el juicio aun cuando éste se encuentre en etapa de ejecución; lo cierto es que los conceptos de violación orientados a combatir tales aspectos, devienen inoperantes, al no tener la fuerza suficiente para revocar el fallo combatido, dado que siguen rigiendo las consideraciones principales plasmada en éste para desechar de plano el recurso, lo que ya se dijo, no fue impugnado. Por identidad de razón jurídica, es aplicable la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 167801, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 19/2009, Página: 5, que se cita enseguida: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE COMBATEN ARGUMENTOS ACCESORIOS EXPRESADOS EN LA SENTENCIA RECURRIDA, MÁXIME CUANDO ÉSTOS SEAN INCOMPATIBLES CON LAS RAZONES QUE SUSTENTAN EL SENTIDO TORAL DEL FALLO. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que se cumple cuando los argumentos expresados se encaminan a combatir todas las consideraciones en que se apoya la resolución impugnada. Ahora bien, los agravios resultan inoperantes cuando tienen como finalidad controvertir argumentos expresados por el órgano de control constitucional en forma accesoria a las razones que sustentan el sentido del fallo, sobre todo cuando sean incompatibles con el sentido toral de éste, porque aunque le asistiera la razón al quejoso al combatir la consideración secundaria expresada a mayor abundamiento, ello no tendría la fuerza suficiente para que se revocara el fallo combatido, dado que seguiría rigiendo la consideración principal, en el caso la inoperancia del concepto de violación.". Atento todo lo anterior, al ser inoperantes los conceptos de violación hechos valer, sin que se actualice causa para suplir en deficiencia de la queja, debe negarse el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A JORGE MALDONADO ORTÍZ, LAURO BARRETO SÁNCHEZ y ANDREU PATRÓN INDALECIO, por propio derecho y con el carácter de Presidente Municipal, Director de Seguridad Pública y Tesorero, respectivamente, todos del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, respecto al acto y la autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy treinta de octubre de dos mil veinte, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.
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