Jorge Maldonado Ortiz
Expediente 1350/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 22 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1350/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 26/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Magistrados Integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos
- Jorge Maldonado Ortiz
- Agente del Ministerio Publico Federal Adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Vista la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el ordinal 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión a que se refiere el dispositivo 81 fracción I, inciso d), de la propia Ley, en contra del auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual este Juzgado de Distrito decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, sin que se hiciera valer el citado medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por lo tanto, en acatamiento a lo ordenado en Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos por el Consejo de la Judicatura Federal, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21 del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó fuera de audiencia, mismo que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 15 del mismo cuerpo normativo; hecho que deberá realizarse dentro de los treinta días posteriores al plazo de conservación (tres años a partir de esta fecha), previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de destrucción, tal como lo disponen los artículos 22, 23 y 24 del acuerdo referido. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18 del citado Acuerdo General, al haberse concedido la suspensión; por lo tanto, una vez que se hayan agregado los acuses correspondientes, hágase constar lo anterior en la carátula respectiva; debiéndose conservar, por un periodo de tres años a partir de esta fecha; y concluido este plazo, durante los noventa días subsecuentes, deberá realizarse la depuración del mismo; procediendo a la transferencia respectiva. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en el artículo 20 del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de destrucción, tal y como lo disponen los numerales 22, 23 y 24 del acuerdo normativo. Asimismo, de conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo General, una vez que se remita al archivo, se deberá asentar en la carátula del expediente la valoración correspondiente y el Secretario hará constar que el expediente físico coincide con el electrónico en su totalidad. Ahora bien, toda vez que las autoridades responsables Encargada de Despacho de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos y Gobernador del Estado de Morelos, remitieron diversas constancias en uno y cinco tomos, respectivamente; al no ser indispensable la retención de las mismas, devuélvase el anexo a la autoridad responsable, sin que sea necesario acusar de recibo, toda vez que no se trata de originales.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, en específico, la demanda de amparo que dio origen a esta contienda constitucional, promovida por Jorge Maldonado Ortiz, contra el acto que reclama de los Integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, y otras autoridades., mismo que hizo consistir en: La sentencia interlocutoria dictada en el incidente no especificado relacionado con el expediente ************ de veintiocho de septiembre del año dos mil veintiuno, dictada por la autoridad ordenadora, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, por virtud de la cual hizo efectivo un apercibimiento al quejoso, imponiendo su destitución del cargo de Presidente Municipal de Tlaquiltenango y su inhabilitación por el término de un año para desempeñarse en el servicio público estatal o municipal. Por su parte, la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, y en representación del Pleno, con domicilio en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de lo reclamado; sin embargo, refirió que dejó sin efectos la medida sancionatoria reclamada por el quejoso, en atención a que cumplió medularmente la sentencia del juicio de origen; lo que acredita con la copia certificada de la resolución interlocutoria de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, a la cual se le concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los preceptos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de que cuenta con la certificación correspondiente. De lo anterior, es claro advertir que en el caso en particular, cobra vigencia la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del numeral 61, de la misma ley, en cuanto dispone el primero, que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el ordinal citado en segundo término, mismo que establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, pues si bien a la fecha de presentación de la demanda que en el caso ocurrió el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, la medida sancionatoria reclamada por el quejoso continuaba vigente, lo cierto es, que el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable dejó sin efectos la misma, en atención a que cumplió medularmente la sentencia del juicio de origen; como se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable, por lo que, resulta evidente determinar que en el caso, cesó la sanción reclamada, desapareciendo así la finalidad de este juicio constitucional, pues, la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio de amparo. Dado el sentido de la presente determinación, no ha lugar a realizar pronunciamiento respecto de las autoridades ejecutoras, toda vez que de la resolución de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente *********, por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que correrá a cargo de la autoridad ordenadora, hacer del conocimiento a dichas autoridades que se dejó sin efectos la sanción reclamada por el aquí quejoso. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado y actualizarse la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, página 210 que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada en autos, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Al caso concreto, cobra vigencia por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, página 386, del cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que sea aplicable a este Juzgado de Distrito el segundo párrafo del artículo 64, de la Ley de Amparo, en razón de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, resolvió la contradicción de tesis 426/13, en que determinó que la hipótesis prevista en el párrafo del precepto en cita solo aplica a la segunda instancia. Lo anterior, así se advierte de la jurisprudencia número P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, publicada con el número de registro 2007920, el viernes 14 de noviembre de 2014, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Finalmente, con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, la presente determinación se registra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el nombre: "PRINCIPAL. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA POR CESACIÓN".
- Principal
PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, Y EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERO INTERESADA NO COMPARECIÒ A ÉSTE ÓRGANO JURISDICCIONAL DENTRO DEL PLAZO QUE SE LE CONFIRIÓ EN EL CITATORIO DE FECHA VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO CURSO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO Y/O RESOLUCIÓN DE DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE CITA: Cuernavaca, Morelos, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, en específico, la demanda de amparo que dio origen a esta contienda constitucional, promovida por Jorge Maldonado Ortiz, contra el acto que reclama de los Integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, y otras autoridades., mismo que hizo consistir en: La sentencia interlocutoria dictada en el incidente no especificado relacionado con el expediente ************ de veintiocho de septiembre del año dos mil veintiuno, dictada por la autoridad ordenadora, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, por virtud de la cual hizo efectivo un apercibimiento al quejoso, imponiendo su destitución del cargo de Presidente Municipal de Tlaquiltenango y su inhabilitación por el término de un año para desempeñarse en el servicio público estatal o municipal. Por su parte, la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, y en representación del Pleno, con domicilio en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de lo reclamado; sin embargo, refirió que dejó sin efectos la medida sancionatoria reclamada por el quejoso, en atención a que cumplió medularmente la sentencia del juicio de origen; lo que acredita con la copia certificada de la resolución interlocutoria de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, a la cual se le concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los preceptos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de que cuenta con la certificación correspondiente. De lo anterior, es claro advertir que en el caso en particular, cobra vigencia la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del numeral 61, de la misma ley, en cuanto dispone el primero, que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el ordinal citado en segundo término, mismo que establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, pues si bien a la fecha de presentación de la demanda que en el caso ocurrió el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, la medida sancionatoria reclamada por el quejoso continuaba vigente, lo cierto es, que el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable dejó sin efectos la misma, en atención a que cumplió medularmente la sentencia del juicio de origen; como se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable, por lo que, resulta evidente determinar que en el caso, cesó la sanción reclamada, desapareciendo así la finalidad de este juicio constitucional, pues, la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio de amparo. Dado el sentido de la presente determinación, no ha lugar a realizar pronunciamiento respecto de las autoridades ejecutoras, toda vez que de la resolución de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente *********, por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que correrá a cargo de la autoridad ordenadora, hacer del conocimiento a dichas autoridades que se dejó sin efectos la sanción reclamada por el aquí quejoso. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado y actualizarse la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, página 210 que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada en autos, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Al caso concreto, cobra vigencia por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, página 386, del cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que sea aplicable a este Juzgado de Distrito el segundo párrafo del artículo 64, de la Ley de Amparo, en razón de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, resolvió la contradicción de tesis 426/13, en que determinó que la hipótesis prevista en el párrafo del precepto en cita solo aplica a la segunda instancia. Lo anterior, así se advierte de la jurisprudencia número P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, publicada con el número de registro 2007920, el viernes 14 de noviembre de 2014, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Finalmente, con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, la presente determinación se registra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el nombre: "PRINCIPAL. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA POR CESACIÓN".
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de febrero de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta y con fundamento en los artículos 8° y 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de la Consejera Presidenta del Instituto Morelense Electorales y Participación Ciudadana, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de treinta y uno de enero del presente año, remite las constancias solicitadas. Atento a lo anterior, se tiene por satisfecho el requerimiento formulado y con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con la documental anexa, la cual se desahoga por su propia y especial naturaleza, misma que será tomada en consideración al momento de resolver en definitiva la presente instancia, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Finalmente, la presente determinación se registra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el nombre: "PRINCIPAL. AUTORIDAD REMITE CONSTANCIAS." Notifíquese. Así lo acordó y firma el Juez José Leovigildo Martínez Hidalgo, Titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Israel Orduña Espinosa, que autoriza y da fe; quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy Fe.
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