Jorge Maldonado Ortiz
Expediente 1123/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1123/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 28/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jorge Maldonado Ortiz
- Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Ahora, visto el estado procesal que guarda el juicio en que se actúa de los cuales se advierte que la parte quejosa exhibió billete de depósito, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, sociedad nacional de crédito, Institución de Banca de Desarrollo, para garantizar la suspensión otorgada en el incidente derivado del presente juicio de amparo; sin embargo, como éste ya se encuentra concluido, toda vez que mediante proveído veinte de octubre de dos mil veintiuno, causo ejecutoria y se ordenó el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. En ese contexto hágase el conocimiento al solicitante de amparo, que queda a su disposición el billete para su entrega dentro del término de dos años que establece el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; en el entendido que en caso de no comparecer ni hacer manifestación alguna, prescribirá en favor del Erario Federal. Sirve de apoyo, en lo que interesa la tesis III.4º.C.38 C (10ª), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1745, del Libro 20, Julio de 2015, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2009639, que establece: "PRESCRIPCIÓN DEL BILLETE DE DEPÓSITO EN FAVOR DEL FISCO FEDERAL. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DEL SERVICIO DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, SE ACTUALIZA SI NO SE SOLICITA SU DEVOLUCIÓN DENTRO DE LOS DOS AÑOS SIGUIENTES AL TÉRMINO DE SEIS MESES PREVISTO POR EL DIVERSO 129 DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA, PARA QUE LA PARTE TERCERO PERJUDICADA TRAMITE EL INCIDENTE DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. No obstante que el artículo 129 de la Ley de Amparo abrogada no restringe el derecho del quejoso para solicitar la devolución del billete de depósito que exhibió dentro del incidente de suspensión, una vez transcurrido el lapso de seis meses que dicha norma otorga a la parte tercera perjudicada para promover el incidente de reclamación de daños y perjuicios, sin que éste se tramitara, lo objetivamente incuestionable es que el citado dispositivo legal debe interpretarse de manera armónica con el 36 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación que, al respecto, establece que los depósitos al cuidado o a disposición del Gobierno Federal constituidos en dinero o en valores, inclusive, los intereses que en su caso generen, prescribirán a favor del fisco federal en dos años contados a partir de la fecha en que legalmente pudo exigirse su devolución por el depositante. Con base en lo anterior, se concluye que si no se solicita la devolución del referido valor dentro de los dos años siguientes al término de seis meses previsto por el primer numeral citado, prescribe en favor del fisco federal." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, en la cual se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido y glósese el incidente de suspensión original para que obre como corresponda. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) y tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído que no tiene relevancia documental para su conservación. Arnulfo Torres García 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.59 20/05/23 11:07:33 Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo procédase a la destrucción del duplicado. Asimismo, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero del referido Acuerdo General Conjunto, se hace saber a las partes que quedan a su disposición por un plazo de noventa días, los documentos originales que, en su caso, hayan presentado ante este órgano jurisdiccional; lo anterior, con el apercibimiento que de no presentarse debidamente identificados a recogerlos, estos serán agregados al expediente y llegado el momento podrán ser destruidos. La devolución de dichos documentos deberá ser previa cita agendada y mediante comprobante del código QR, que el sistema les genera para tal efecto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del veinte de octubre del dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, en la cual se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido y glósese el incidente de suspensión original para que obre como corresponda. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) y tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo procédase a la destrucción del duplicado. Asimismo, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero del referido Acuerdo General Conjunto, se hace saber a las partes que quedan a su disposición por un plazo de noventa días, los documentos originales que, en su caso, hayan presentado ante este órgano jurisdiccional; lo anterior, con el apercibimiento que de no presentarse debidamente identificados a recogerlos, estos serán agregados al expediente y llegado el momento podrán ser destruidos. La devolución de dichos documentos deberá ser previa cita agendada y mediante comprobante del código QR, que el sistema les genera para tal efecto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Macario Oviedo González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por oficio CCJ/ST/2788/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
"Se notifica a la parte quejosa la resolución de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Este Juzgado Primero de Distrito del Decimoctavo Circuito tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1123/2020, índice de este juzgado. R E S U L T A N D O 1. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, Jorge Maldonado Ortiz, por propio derecho y en funciones de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos y Marcos Eduardo Rodríguez Cabrera, por propio derecho y en funciones de Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra las autoridades responsables y actos reclamados siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: COMO ORDENADORAS SE SEÑALAN: MAGISTRADO DE LA QUINTA SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS. COMO EJECUTORA: TESORERO DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, MORELOS IV.- ACTO RECLAMADO.- Por cuanto a la autoridad ordenadora reclamo la ilegal orden de DESCONTAR VÍA NÓMINA a los quejosos una multa reiterada consistente en cincuenta unidades de medida y actualización, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, lo cual equivale a la cantidad de $4,344.00. Por cuanto a la autoridad ejecutora reclamo el cobro indebido de dicha multa vía nómina que les fue impuesta a los aquí quejosos por la cantidad de cincuenta unidades de medida y actualización, correspondiente al ejercicio fiscal 2020; y la cual dicha autoridad responsable refiere cobrará en dos periodos de pago quincenal cada uno de ellos por la cantidad de $2,172.00 (Dos mil ciento setenta y dos pesos 00/100 M.N) que serán aplicados en la 2da quincena de noviembre y 1ra quincena de diciembre. Actos que estimaron violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. 2. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, este juzgado admitió la demanda de amparo -solo en cuanto a los quejosos por derecho propio y no con el carácter que ostentan de Presidente Municipal y Director de Recursos Humanos, ambos del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos-, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación y fijó día y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los acuerdo generales número 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además de un juicio en materia administrativa, en el que se reclama actos de autoridades que tienen su residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado y con ejecución material en dicha jurisdicción. II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: 1).- El auto de cuatro de febrero de dos mil veinte, emitido por el Magistrado Titular de la Quinta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el juicio contencioso administrativo TCA/5ªSERA/010/17-JDN, promovido por Ángel Cambray Villalobos, en contra del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos y otros; juicio en el que se impuso a Jorge Maldonado Ortiz, en su carácter Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, una multa por el equivalente a ochenta unidades de medida de actualización del año dos mil veinte; y a Marcos Eduardo Rodríguez Cabrera, con funciones de Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida de actualización del año dos mil veinte. 2).- La ejecución de las referidas multas ordenada mediante oficio TJA/5ªSERA/749/2020, recibido el veinticuatro de noviembre, en la Tesorería del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos. III. Actos reclamados existentes. Son ciertos los actos reclamados al Magistrado Titular de la Quinta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, quien en el propio informe refirió que el acuerdo reclamado, es de cuatro de febrero de dos mil veinte, y también remitió constancias documentales que así lo acreditan. Por cuanto al Tesorero del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, también es cierto el acto que se le atribuye ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado, al que además acompañó copia certificada del oficio TJA/5ªSERA/749/2020, recibido el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en la Tesorería de dicho Ayuntamiento, en el que la Sala responsable le ordenó hacer los descuentos correspondientes a los referidos quejosos. A las documentales exhibidas por las responsables antes referidas, se les confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; aseveraciones y pruebas que se estiman suficientes para acreditar su existencia. IV. Improcedencia del juicio de amparo. El análisis de las causales de improcedencia es una cuestión de orden público y estudio oficioso en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, en razón de que, del estudio realizado a las constancias remitidas por las autoridades responsables, se advierte que la demanda de amparo fue presentada fuera del plazo de quince días legalmente establecido, razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los artículos transcritos se obtiene, para lo que aquí interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del plazo de quince días señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por su parte, el diverso numeral 18 de la legislación de amparo, establece que el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se actualice cualquiera de las siguientes hipótesis: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución, o c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Y precisamente, los quejosos acuden a esta instancia a combatir el acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veinte dictado en el expediente de TCA/5ªSERA/010/17-JDN, en el que se individualizó la multa a imponer a cada uno de ellos en razón del desacato en cumplir con la ejecutoria del juicio administrativo antes referido y se impuso a Jorge Maldonado Ortiz, en su carácter Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, una multa por el equivalente a ochenta unidades de medida de actualización del año dos mil veinte; y a Marcos Eduardo Rodríguez Cabrera, con funciones de Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida de actualización del año dos mil veinte, así como su ejecución, acto reclamado que no se encuentra dentro de los supuestos normativos de excepción establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que debe estarse al plazo genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo y a las reglas para su cómputo. Asimismo, acorde a las constancias que obran en autos, se advierte que los quejosos fueron notificados del referido acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veinte [acto reclamado], el doce del mismo mes de febrero antes referido como se aprecia del sello de recepción que obra en las constancias de notificación, la dirigida al Presidente Municipal quejoso en el margen izquierdo parte inferior y la del Director de Recursos humanos en la parte superior izquierda, y no cabe duda que las notificaciones fueron entregada en la oficina de la Presidencia y en la Dirección de Recursos Humanos, ya que así se advierte del sello receptor que contienen las cédulas de notificación referidas, cédulas que contenía el aludido acuerdo mediante el cual se les impone respectivamente la multa combatida; sin que la veracidad de dicha actuación haya sido controvertida por el peticionario de amparo. En ese sentido, se tiene que el acuerdo reclamado fue notificado a los justiciables el doce de febrero de dos mil veinte y surtió sus efectos al día siguiente, conforme a lo previsto en el artículo 27 de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos, por lo que el plazo de quince días transcurrió del catorce de febrero al cinco de marzo de dos mil veinte, sin contar los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés y veintinueve de febrero, así como el uno de marzo, todos de dos mil veinte. Entonces, si el escrito de demanda fue recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos hasta el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, resulta inconcusa la extemporaneidad en su promoción. Por ende, acorde al artículo 18 de la Ley de Amparo, esa es la fecha que se debe tomar en cuenta para el cómputo del plazo para la promoción de la demanda, ya que, entenderlo de otra manera, implicaría otorgar injustificadamente una extensión del plazo para presentarla. Debido a lo expuesto es que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, y en consecuencia procede sobreseer en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto al acuerdo en el que se impone la multa aquí reclamada. Y tal determinación, se hace extensiva al acto de ejecución identificado en la demanda como el oficio TJA/5ªSERA/749/2020, recibido el veinticuatro de noviembre, en la Tesorería del Ayuntamiento responsable, toda vez que tal oficio, no fue atacado por vicios propios sino como consecuencia directa del acuerdo que individualiza la multa para cada uno de los quejosos; multa consintieron al no promover el juicio de amparo indirecto dentro del plazo legal. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la séptima época del Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, página 50, con número de registro digital 239008, de contenido: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 al 76 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio, promovido por Jorge Maldonado Ortiz, y Marcos Eduardo Rodríguez Cabrera, respecto de la autoridad mencionada en el III considerando; así como respecto de los actos reclamados precisados en el II considerando, por los fundamentos y motivos señalados en el IV considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Macario Oviedo González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por oficio CCJ/ST/2788/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, Secretaria que autoriza y da fe, el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado."
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