Jorge Macías Domínguez
Expediente 1050/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1050/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 03/01/2022
Partes del expediente
- Jorge Macías Domínguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que las partes, dentro del término legal concedido, no se inconformaron con la determinación por el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma causa estado para todos sus efectos legales procedentes. Lo anterior, hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es DESTRUIBLE. Se dice lo anterior, ya que se ubica, como se dijo, en el inciso b) del arábigo 21 del citado Acuerdo General, pues se sobreseyó el presente juicio de amparo, y carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que tanto la parte quejosa como a la parte tercera interesada, dentro del término previsto en el artículo 196 de la Ley de la Amparo, no hicieron manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por los integrantes del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad, no obstante que mediante acuerdo de once de junio de dos mil veintiuno, se les apercibió que se resolvería en relación a ello, conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que en el presente asunto, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT para el efecto de que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, respetara la garantía violada, realizando lo siguiente: ? "Deje insubsistente la resolución reclamada. ? Dicte otra en la que, dejando subsistentes los aspectos que no son materia de esta ejecutoria, se apegue al criterio sostenido en la presente sentencia, en cuanto a que en el juicio burocrático de origen es posible formular reconvención en los términos y con las formalidades que establece la Ley Federal del Trabajo y, con plenitud de jurisdicción, determine lo que legalmente corresponda en torno a la reconvención que opuso la parte quejosa durante la tramitación del juicio laboral 06/2019." En cumplimiento a ello, los integrantes del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad, mediante oficio recibido en este Juzgado el diez de junio del presente año, remitieron el acuerdo de esa misma fecha dictado en el expediente laboral 6/2019 de su índice, en el que dejaron insubsistente la resolución reclamada de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, solo en lo que respecta al desechamiento de la reconvención promovida por el AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT y ordenó correr traslado a la parte demandada reconvenida para que en un término de quince días hábiles siguientes a su emplazamiento conteste lo que a su derecho e interés corresponda y ofrezca pruebas y en su caso objete las de la contraria, con el apercibimiento que en el mismo se contiene; restituyéndose de esa manera a la aludida parte quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo se encuentra cumplimentada conforme a los lineamientos indicados; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fueron objeto en autos tanto la parte quejosa como la parte tercera interesada y, el día de hoy, se tiene por cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el expediente en que se actúa. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en la fracción I, inciso b, del arábigo 18, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Asimismo, en atención al artículo 18 del citado acuerdo general, déjese por separado el duplicado del incidente de suspensión respectivo y una vez transcurridos seis meses, procédase a su destrucción. En tanto que el cuaderno original, es susceptible de depuración una vez que transcurran más de tres años, por tanto, agréguese al presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. Además, que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Por otra parte, visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, mediante el cual acompaña copia certificada del testimonio de la resolución emitida en la inconformidad administrativa 18/2020, en la que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se tiene por desistido a Martes de Alejandro Cervantes Madrigal del recurso de inconformidad. SEGUNDO. Queda firme el auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo indirecto 622/2019, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en el cual se declaró cumplida la ejecutoria de amparo." Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso de inconformidad de referencia y como se encuentra ordenado por auto datado el diecisiete de marzo de dos mil veinte ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido, el cual este Órgano Jurisdiccional determinó que es susceptible de depuración. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes los oficios de cuenta, signados por la Directora del Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM), y Ruth Janet Ledesma Frías licenciada en Trabajo Social adscrita a dicho centro de convivencia, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, remite diversas constancias; sin embargo, no remitieron copia certificada del estudio socioeconómico que manifiestan ya se realizó y cuya omisión de practicarlo constituye el acto materia de reclamo en el presente asunto. En consecuencia, se requiere a la Directora del Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM), y a la licenciada en Trabajo Social adscrita a dicho centro de convivencia (Ruth Janet Ledesma Frías), a efecto de que remitan las constancias que remitan copia certificada del mencionado estudio socioeconómico. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización como lo dispone el artículo 251 de la Ley de la Materia. NOTIFÍQUESE.
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