Jorge Luis Uriostegui Train

Expediente 434/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
434/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
04/08/2023

Partes del expediente

  • Jorge Luis Uriostegui Train

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, Guerrero, mediante el cual envía el diverso oficio 2988/2023, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero. Atento al contenido de dicho oficio, se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda, toda vez que el nueve de junio del año en curso, se recibió el mismo número de oficio y se proveyó lo conducente.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, nueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto por ********************en contra del proveído de doce de abril de dos mil veintitrés, al que correspondió el recurso de queja 158/2023, de su índice; de lo anterior, queda enterado este juzgador federal, y estese a la espera de que dicho recurso sea resuelto por la superioridad.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinte de abril de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por Jorge Luís Uriostegui Train, en su carácter de quejoso; atento a su contenido y con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso e), 98 y 99, de la ley de la materia, téngasele interpuesto el recurso de queja en contra del auto de doce de abril de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio. Por tanto, una vez que se notifique a las partes el presente acuerdo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en Turno, con sede en Acapulco, Guerrero, copias certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo, así como el escrito de agravios original, para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, doce de abril de dos mil veintitrés. Se tiene recibido el escrito de demanda signado por Jorge Luís Uriostegui Train, por propio derecho, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Pleno del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo indirecto 434/2023-II fórmese expediente impreso y electrónico. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario responsable encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro del escrito de demanda, es factible para este juzgador federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P/J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I. 1° A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes" Del dispositivo trascrito se observa, que el desechamiento de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de los requisitos siguientes: a) Que exista un motivo de improcedencia y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. En esas condiciones, debe decirse que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, Fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de la Materia, mismos que en orden jerárquico, al efecto estatuyen: "Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: ".II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Ahora bien, previo a exponer las razones de la decisión que se adopta, es menester precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, también procede excepcionalmente, contra de particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Apoya lo anterior, la tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y nueve, Tomo XIV, correspondiente al mes de noviembre de dos mil uno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En efecto, el peticionario del amparo señaló como autoridades responsables y actos reclamados en su libelo constitucional: "Ill. AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. El Pleno del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero. 2. Secretario General del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero. EJECUTORA: 1. Comisión Electoral del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero IV. Actos Reclamados: A las autoridades señaladas como responsables les reclamo los actos de autoridad siguientes: A la autoridad ordenadora señalada con el número 1), le reclamo: IV.- a.- La aprobación, expedición y aplicación en agravio del suscrito quejoso, del artículo 78 fracción VI del Estatuto General de la Universidad, aprobado en la sesión de Consejo Universitario de fecha 3 de junio de 2016, el cual, atenta contra el principio de participación democrática, contenido en el artículo tercero constitucional y en los preceptos legales de la Ley General de educación Superior e impone al suscrito, como requisito para participar como candidato a Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, contar con el reconocimiento académico de cuarenta consejeros universitarios, o los consejos académicos de al menos veinte unidades académicas o ciento cincuenta consejeros Académicos de Unidades Académicas, requisito que resulta inconstitucional e ilegal pues no está, establecido entre los requisitos contenidos en el artículo 30 la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero, número 178, precepto legal que inhibe la democracia participativa de la Comunidad Universitaria y, violenta los derechos humanos políticos universitarios. IV. b.- La aprobación, expedición y aplicación en agravio del suscrito artículo 10 fracción 11, inciso c) del Reglamento Electoral de la Universidad, en la sesión de Consejo Universitario de fecha 9 de julio de 2021, el cual, atenta contra el principio de participación democrática e impone al suscrito como requisito para participar como Candidato a Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, al acreditar el reconocimiento y aval de veinticinco consejeros universitarios, o los Consejeros, Académicos de al menos doce unidades académicas o noventa y tres consejeros de unidades académicas; requisito que resulta inconstitucional e ilegal pues no está contenido entre los requisitos establecidos en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero, número 178, precepto legal que inhibe la democracia participativa de la comunidad universitaria y violentando mis derechos humanos y políticos universitarios. IV. c.- El acuerdo del pleno del Honorable Consejo Universitario de fecha 17 de agosto 2021, mediante el cual, aprobó dicha autoridad los requisitos de la convocatoria para la elección de Rectora o Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero para el periodo del 27 de septiembre de 2023 al 27 de septiembre de 2027; la cual fue aprobada conteniendo en su base tercera, apartado II, inciso c) el requisito establecido en el artículo 78 fracción VI del Estatuto General y artículo 10 Fracción 11), inciso c) del Reglamento Electoral ambos de la Universidad mencionada, los cuales resultan inconstitucionales, ilegales y violatorios de mis derechos humanos y políticos universitarios. IV. d.- El acuerdo del pleno del H. Consejo Universitario de fecha 21 de marzo de 2023, mediante el cual, acordó dicha autoridad, los requisitos de la convocatoria para la elección de Rectora o Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero para el periodo del 27 de septiembre de 2023 al 27 de septiembre de 2027, la cual fue aprobada conteniendo en su Base, tercera, apartado II, inciso c) el requisito establecido en el artículo 78 fracción VI del Estatuto General y artículo 10 Fracción II), inciso c) del Reglamento Electoral ambos de la Universidad mencionada; los cuales resultan inconstitucionales, ilegales y violatorios de mis derechos humanos y políticos universitarios. A la autoridad ordenadora señalada con el número 2), le reclamo: IV. e).- La rúbrica y/o autorización otorgada a los acuerdos del pleno tomados en las sesiones del Honorable Consejo Universitario de fechas; 3 de junio de 2016; 9 de julio de 2021; 17 de agosto de 2021 y 21 de marzo de 2023 y mediante la cuales pleno del Honorable Consejo Universitario de Universidad Autónoma de Guerrero, aprobó artículo 78 fracción VI, del Estatuto General, el artículo 10 Fracción 11), inciso c) del Reglamento Electoral y los términos de la convocatoria para la elección de Rectora o Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero para el periodo del 27 de septiembre de 2023 al 27 de septiembre de 2027, conteniendo en su Base tercera, apartado 11, inciso c) el requisito que como se dijo, están establecidos en el artículo 78 fracción VI del Estatuto General y artículo 10 Fracción II), inciso c) del Reglamento Electoral ambos de la Universidad mencionada, la cual, resulta inconstitucionales, ilegales y violatorios de mis derechos humanos y políticos universitarios. A la autoridad ejecutora señalada con el número 1) le reclamo: IV. f.- La expedición de la convocatoria para la elección de Rectora o Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, para el periodo del 27 de septiembre de 2023 al 27 de septiembre de 2027, emitida en cumplimiento a los acuerdos del Pleno del Honorable Consejo Universitario, de fechas 17 de agosto de 2021 y 21 de marzo de 2023 en la cual, incluyeron la Base tercera, apartado II, inciso c), el requisito que como se dijo están establecidos en el artículo 78 fracción VI del Estatuto General y artículo 10 Fracción II), inciso c) del Reglamento Electoral de la Universidad mencionada; la cual, resulta inconstitucional, ilegal y violatoria de mis derechos humanos y políticos universitarios. A todas y cada una de las autoridades responsables demandadas, les reclamo: IV. g.- La inconstitucional e ilegal aplicación en perjuicio del suscrito, del artículo 78 fracción VI del Estatuto General; el artículo 10 fracción II), inciso c) del Reglamento Electoral y la Base tercera, apartado II, inciso c) de la convocatoria para la elección de Rectora o Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero para periodo del 27 de septiembre de 2023 al27 de septiembre de 2027, de fecha 21 de marzo de 2023; preceptos y base legal que se combate, en virtud de resultar violatorio de mis derechos humanos y políticos universitarios." De lo anterior se evidencia que los actos reclamados, no se tratan de actos de autoridad para efectos del amparo, pues los acuerdos del Pleno del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero, de fechas diecisiete de agosto dos mil veintiuno y veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, mediante los cuales, se aprobaron los requisitos de la convocatoria para la elección de Rectora o Rector de la Universidad en cita, para el periodo del veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés al veintisiete de septiembre de dos mil veintisiete, la normativa reformada que regula el actuar del consejo universitario, los artículos que ponen requisitos extra para ser candidato a rector, el contenido de la convocatoria misma y la ejecución o cumplimiento de las disposiciones universitarias mencionadas, no constituyen actos de autoridad para efectos del amparo, pues en ellos no se ejerce por parte de los entes que designó como autoridades responsables, el poder público frente a su posible candidatura a ocupar el cargo de rector de esa casa de estudios; por ello, los acuerdos en mención, futuro proceso de selección y sus actos derivados, no pueden afectarle al quejoso algún derecho fundamental protegido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es, se trata de una relación de coordinación entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación; ello es así, ya que los actos reclamados están inmersos en el ámbito de las competencias comprendidas en el principio de AUTOGOBIERNO de la universidad, el cual deriva de la garantía institucional de autonomía del cual aquélla debe gozar; entonces, tales actos no pueden estimarse de autoridad para efectos de la procedencia del juicio constitucional. A fin de sostener tal calificativa, es pertinente establecer lo que determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria contenida en la Jurisprudencia 1a./J. 19/2010, aprobada en sesión de tres de febrero de dos mil diez, en la que realizó un estudio en el que determinó el alcance del artículo 3, fracción VII, de la Constitución Federal que, en la parte que interesa, estableció lo siguiente: "Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria. "... "VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere." Como se advierte de la transcripción anterior, la Carta Magna dispone que las universidades podrán gozar de autonomía, por lo que con base en ello resulta necesario determinar cuál es el origen, el límite y las finalidades que en ese contexto corresponden a las atribuciones de autogobierno que derivan de la autonomía universitaria regulada en el citado precepto. En principio, debe resaltarse que la autonomía universitaria cuenta con rasgos propios y específicos, distintos de los que corresponden a la autonomía que conforme a la Constitución General de la República en los artículos 27, fracción XIX, párrafo segundo; 28, párrafo sexto; 41, fracción V; 79, párrafo primero; 102, apartado B, párrafo cuarto; 116, fracción V; y, 122, apartado C, base quinta, se otorga a diversos órganos del Estado, como son los Tribunales Agrarios, el Banco de México, el Instituto Federal Electoral, la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los Tribunales Contencioso Administrativos de los Estados y de la ciudad de México, respectivamente. Por cuanto hace al origen de la autonomía universitaria, el citado artículo 3o., fracción VII, constitucional señala con precisión que ésta será conferida en la ley, es decir, en un acto formal y materialmente legislativo, ya sea que provenga del Congreso de la Unión o de las Legislaturas Locales. Por otra parte, la autonomía de la que pueden ser legalmente dotadas las universidades públicas confiere a éstas las atribuciones necesarias para gobernarse a sí mismas. Esta facultad de autogobierno se encuentra acotada en el propio texto Constitucional, en virtud de que su ejercicio está condicionado a lo que se establezca en las leyes respectivas, en las que se deben desarrollar las bases mínimas que permitan a las universidades autónomas cumplir con las finalidades que les son encomendadas constitucionalmente, tales como educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios que, al tenor del artículo 3o. constitucional, rigen a la educación que imparte el Estado, respetando, además, la libertad de cátedra e investigación, de libre examen y discusión de las ideas. Asimismo, en la Carta Magna se precisa que la referida autonomía conlleva que las respectivas universidades públicas están facultadas para:  Determinar sus planes y programas;  Fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y,  Administrar su patrimonio. Por tanto, debe estimarse que la autonomía universitaria a que se ha hecho referencia, aplicada al caso concreto, conlleva constitucionalmente a que la Universidad goce de independencia para determinar por sí sola, atendiendo a lo dispuesto en la Constitución General de la República y en las leyes respectivas, los términos y condiciones en que se desarrollarán los servicios educativos que decida prestar, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrará su patrimonio. Es decir, la capacidad de decisión que se confiere a las Universidades está supeditada a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado y, en el ámbito de las actividades específicas para las cuales le fue conferida la autonomía, deben sujetarse a los principios que en la propia Norma Fundamental informan a la educación pública, de donde se sigue que la autonomía universitaria no significa inmunidad ni extraterritorialidad en excepción del orden jurídico. Con relación al referido precepto constitucional, la Suprema Corte ha definido en diversos criterios en qué consiste la autonomía universitaria, señalando, de manera específica, que las universidades públicas son órganos del Estado que cuentan con autonomía, la cual implica dotarlas con competencias, entre otras, de autogobierno, en atención a la necesidad de lograr con la mayor eficacia la prestación del servicio educativo que les está atribuido, sin que ello signifique su disgregación de la estructura estatal, ya que aquélla se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado. Así, de los anteriores razonamientos de la ejecutoria en estudio, es claro que en este caso no puede tenerse como autoridades responsables para efectos del amparo a las señaladas en el escrito de demanda, ya que si bien existen ciertos supuestos en los que las autoridades universitarias pueden ser consideradas como responsables para los efectos del amparo, ello no acontece en la especie, pues atendiendo a la naturaleza jurídica de los actos que se les reclaman y que consisten, esencialmente, en los acuerdos del Pleno del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero, de fechas diecisiete de agosto dos mil veintiuno y veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, mediante los cuales, se aprobaron los requisitos de la convocatoria para la elección de Rectora o Rector de la Universidad en cita, para el periodo del veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés al veintisiete de septiembre de dos mil veintisiete, la normativa reformada que regula el actuar del consejo universitario, los artículos que ponen requisitos extra para ser candidato a rector, el contenido de la convocatoria misma y la ejecución o cumplimiento de las disposiciones universitarias mencionadas, se llega a la conclusión de que aquellos órganos, a través de tales actos, no ejercen un poder público basado en una relación de supra a subordinación, que afecte de manera unilateral la esfera jurídica del quejoso. Ello es así, pues la posición del peticionario frente a los órganos universitarios que señala como responsables, no es la de gobernado para efectos del juicio de garantías, ya que los acuerdos del Pleno del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero, de fechas diecisiete de agosto dos mil veintiuno y veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, mediante los cuales, se aprobaron los requisitos de la convocatoria para la elección de Rectora o Rector de la Universidad en cita, para el periodo del veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés al veintisiete de septiembre de dos mil veintisiete, en los que se aplicaron los artículos que ponen requisitos extra para ser candidato a rector, el contenido de la convocatoria misma y la ejecución o cumplimiento de las disposiciones universitarias mencionadas, y sus consecuencias, constituye una facultad inmersa en un ámbito de decisión autónoma de la que dichos órganos se encuentran investidos, de tal suerte que el inconforme para esos efectos sólo guarda el carácter de integrante de dicha institución que aspira a ocupar el cargo de rector, pero no de gobernado que pudiera verse afectado por no resultar favorecido con la elección, que incluso aun no inicia ese proceso. Por tal motivo, los acuerdos del Pleno del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero, de fechas diecisiete de agosto dos mil veintiuno y veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, mediante los cuales, se aprobaron los requisitos de la convocatoria para la elección de Rectora o Rector de la Universidad en cita, para el periodo del veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés al veintisiete de septiembre de dos mil veintisiete, la normativa reformada que regula el actuar del consejo universitario, los artículos que ponen requisitos extra para ser candidato a rector, el contenido de la convocatoria misma y la ejecución o cumplimiento de las disposiciones universitarias mencionadas, no constituyen actos de autoridad para efectos del amparo, pues los entes que designó como autoridades responsables, no ejercen el poder público frente al quejoso para ser candidato a ocupar el cargo de rector de esa casa de estudios; por ello, de ese proceso de selección no puede resultarle afectado algún derecho fundamental protegido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 19/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página novecientos dieciocho, del Tomo XXXI, Materia Constitucional Administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTO DERIVADO DEL EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA, CONSISTENTE EN EL NOMBRAMIENTO DE RECTOR. Del artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la autonomía de las universidades públicas confiere a éstas la facultad de autoformación y autogobierno acotada constitucionalmente para determinar sus planes y programas de estudio, y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio. En ese sentido, el amparo es improcedente contra el acto derivado del ejercicio de la autonomía universitaria, consistente en el nombramiento del rector de la universidad, por lo que debe sobreseerse en el juicio al no estar sustentado en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados, ni apoyado en una facultad de imperio susceptible de causar perjuicio en la esfera jurídica de éstos." Asimismo, tiene aplicación por analogía, la tesis VI.1o.A.93 A (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página dos mil veintinueve, del Libro 27, Tomo III, del mes de febrero de dos mil dieciséis, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA FALTA DE RESPUESTA Y LA POSTERIOR CONTESTACIÓN DE UNA PETICIÓN FORMULADA EN EL CONTEXTO DEL PROCESO DE ELECCIÓN DEL RECTOR. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 19/2010, estableció que el juicio de amparo es improcedente contra el acto derivado del ejercicio de la autonomía de las universidades públicas, consistente en el nombramiento de rector. Partiendo de ello y de los razonamientos que llevaron a la emisión de dicho criterio, se colige que si la falta de respuesta a un escrito y la posterior contestación dada a tal solicitud se ubican en el contexto del proceso de elección del rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, lo que implica que están inmersos en el ámbito de las competencias comprendidas en el principio de autogobierno de la universidad, el cual deriva de la garantía institucional de autonomía del cual aquélla debe gozar; entonces, tales actos no pueden estimarse de autoridad para efectos de la procedencia del juicio constitucional. Así, conforme a la terminología empleada por la Ley de Amparo vigente, tales actos no modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, atinentes a quien formuló la solicitud, ni pueden considerarse omisiones que, de realizarse creen, modifiquen o extingan dichas situaciones jurídicas, pues la petición se presenta en un ámbito trascendente exclusivamente al interior de la universidad, en que no resulta constitucional ni legalmente posible que reciba órdenes o instrucciones de ningún órgano exterior en la toma de sus decisiones y en el cual sus funcionarios actúan bajo un grado de discrecionalidad para la determinación de sus procesos de selección y calificación; de tal forma que el juicio de amparo promovido en su contra es improcedente." En las relatadas condiciones, de conformidad con el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, Fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de la Materia, la acción de amparo intentada por Jorge Luís Uriostegui Train, en contra del Pleno del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero y otras autoridades, es notoriamente improcedente; en consecuencia, se impone DESECHAR DE PLANO, por su manifiesta e indudable improcedencia. Sin que sea óbice a lo anterior, que de acuerdo a las manifestaciones de la parte promovente vertidas en su escrito de demanda, se desprenda que también reclame la aprobación, expedición y aplicación del artículo 78 fracción VI del Estatuto General de la Universidad y artículo 10 fracción II, inciso c) del Reglamento Electoral de la Universidad; ya que cuando la improcedencia del juicio es manifiesta e indudable, y con nitidez puede determinarse tal circunstancia respecto del acto de aplicación, entonces no existirá obstáculo alguno para que este juzgado federal emita auto de desechamiento, incluidas las cuestiones de inconstitucionalidad de la normatividad en comento, ya que estimar lo contrario, iría en contra del principio jurídico de justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 constitucional. Esto, atendiendo a la vinculación estrecha que existe entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, por tanto al ser improcedente la demanda de amparo respecto de los actos de aplicación, debe también decretarse el desechamiento respecto de los ordenamientos en que se apoyan y que se tildan de inconstitucionales. Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia XVI.2o.J/2, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, visible en la página cuatrocientos treinta y ocho, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. AMPARO CONTRA LEYES. Cuando se promueve amparo contra una ley, habrá casos en que no sea posible determinar con la sola lectura de la demanda, si el cuerpo legal impugnado tiene el carácter de autoaplicativo o heteroaplicativo. En tal hipótesis, no debe resolverse a priori, que determinado cuerpo de leyes no entraña afectación por su sola expedición sin necesidad de que se realice un acto posterior de autoridad, sino que la proposición relativa debe establecerse como resultado del estudio que se haga en vista de los informes de las autoridades responsables y de las pruebas que rindan las partes, lo cual implica la admisión y tramitación de la demanda de amparo, sin perjuicio de dictar a la postre el sobreseimiento que corresponda. En cambio, cuando la improcedencia del juicio es manifiesta e indudable, y con nitidez puede determinarse tal circunstancia, entonces no existirá obstáculo alguno para que el Juez de Distrito emita auto desechatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo. Pretender que en todos los casos donde se reclame la inconstitucionalidad de una ley se deje para sentencia el pronunciamiento sobre la improcedencia, incluyendo los casos notorios e indudables en donde ésta se advirtiera, iría en contra del principio jurídico de justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 constitucional y haría nugatorio el contenido del numeral 83, fracción I, de la Ley de Amparo, en caso de desechamiento de demandas de amparo contra leyes, dispositivo que otorga competencia a los Tribunales Colegiados para conocer del recurso de revisión contra resoluciones de Jueces de Distrito que desechen o tengan por no interpuestas las referidas demandas de amparo, cuando tal precepto no contiene excepción alguna." En el mismo sentido, la jurisprudencia número 2a./J. 71/2000, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y cinco, del Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.- Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: 'LEYES O REGLAMENTO, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN', cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente en el escrito que se provee y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Guadalupe Bollás Bernabé, María del Rocío Zahuantitla Bernal y Brandon Hernández Prudencia, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír y recibir citas y notificaciones e imponerse de los autos a Ma. De Jesús Mendoza Sánchez, Victoria Zagal Gómez, Lily Yamileth Hernández Morales y Emmanuel Luna Gómez, de conformidad con el segundo párrafo, última parte del precepto legal en cita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Por último, se ordena al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.

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