Jorge Luis Torres Ramírez
Expediente 1070/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1070/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 22/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jorge Luis Torres Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Se envía el presente al archivo
- Principal
Visto el oficio ******, remitido por la autoridad responsable, Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, al que anexa copia certificada de las constancias relacionas con el expediente laboral ******, promovido por J*********, -aquí quejoso-, contra *******************. De conformidad con el ordinal 119 de la ley de la materia, se tiene por recibida dicha documental pública, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del arábigo 2o, párrafo segundo, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Igualmente, la jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Luego, del examen integral de la demanda de amparo y de las constancias allegadas por la autoridad responsable anexas al oficio de cuenta, el Titular de este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". En relación con lo anterior y con fundamento en el artículo sexto transitorio de la actual ley de la materia, cabe destacar la jurisprudencia 2a./J. 9/98, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página doscientos diez, del Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Del precepto y criterios transcritos, se colige que para la actualización de esta hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, es menester que la revocación del acto reclamado o la cesación de sus efectos, sean incondicionales o inmediatas, de tal manera que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado al quejoso, la protección constitucional en los términos ordenados por el numeral 80, de la Ley de Amparo. Hipótesis que se actualiza en el caso a estudio. Al respecto cobra destacada importancia las documentales allegadas a este contradictorio federal por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, consistentes en copia certificada de la audiencia de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno y actuaciones posteriores, así como el original del acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 4/16/3446, promovido por Jorge Luis Torres Ramírez, -aquí quejoso-, contra American Industries Internacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, constancias a la que con fundamento en los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2o, se concede valor probatorio pleno al tratarse de copia certificada de actuaciones judiciales expedidas y emitida por un funcionario en ejercicio o con motivo de sus funciones. Luego, de lectura íntegra de la demanda y de las referidas documentales se advierte lo siguiente: La parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable, Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, de señalar fecha para la celebración de la audiencia testimonial a cargo de **********, ********** y ************, y del actuario adscrito a la mencionada autoridad de notificar a dichos testigos. Ahora, la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, en fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, llevo a cabo el desahogo de la testimonial a cargo de **********, ************* y **************, por lo que el diecisiete de marzo del presente año, declaró cerrada la instrucción en el expediente laboral***********, promovido por J***********, -aquí quejoso-, contra *******************. Lo anterior evidencia, que la autoridad responsable al desahogar la testimonial a cargo de ***********, ************** y ***************, extinguió la conducta de omisión en la que había incurrido, por lo que resulta inconcuso que el acto reclamado cesó en sus efectos de manera inmediata e incondicional, pues volvieron las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado a la parte quejosa la protección constitucional solicitada, sobreviniendo así, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Como apoyo legal a lo anterior, por igualdad de razón y con fundamento en el artículo sexto transitorio de la actual ley de la materia, resulta aplicable la jurisprudencia aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setenta y uno, Tomo VI, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya voz y contenido reza: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Bajo este contexto, dado que durante la tramitación de este contradictorio federal, sobrevino la causa de improcedencia indicada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee en el presente juicio. Determinación a la que se arriba, sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues la hipótesis de improcedencia que sobrevino, es notoria y manifiesta, de manera tal no se podría desvirtuar, por lo que resultaría innecesario y ocioso, pretender esperar hasta que se verifique la audiencia constitucional para poder resolver el presente asunto, puesto que de hacerlo, sería en perjuicio del derecho de administración de justicia pronta y expedita tutelado por el ordinal 17 del Pacto Fundamental. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Por tanto, se deja sin efectos la fecha que se encuentra señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, señalada para las doce horas con veintitrés minutos del seis de abril de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Materia Común, página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, para estar en posibilidad de resolver el presente asunto, es necesario que la autoridad responsable, Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de las constancias relacionadas con el expediente laboral 4/16/3446 de su índice, referentes al desahogo de la prueba testimonial a cargo de Susana Favila Gamboa, Mario Alberto Rosales Burrola y Liliana Jaquez Molina, o en su caso, del auto donde se hubiere señalado fecha para tal fin, y las constancias de notificación correspondientes, sin que a la fecha lo haya realizado . Por consiguiente, requiérase por última ocasión a la mencionada autoridad responsable, para que en el plazo de tres días, contado a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, remita las constancias de referencia; apercíbasele que de incumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien a mil días, equivalente al valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 238 y 260 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y en su lugar, se fijan las doce horas con veintitrés minutos del seis de abril de dos mil veintiuno.
- Principal
se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y en su lugar, se fijan las once horas con veinte minutos del nueve de marzo de dos mil veintiuno.
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