Jorge Luis Tornez Cuevas

Expediente 1043/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1043/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • Jorge Luis Tornez Cuevas

Actuaciones

  1. Principal

    Desahogo de prevención. Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito del quejoso ********************, mediante el cual desahoga la prevención que se le hizo en proveído de cuatro de octubre del año en curso. Consideraciones previas. De conformidad con el normativo 74, fracción I, de la ley de la materia, se hace la indicación que del análisis íntegro al escrito inicial de demanda y el ocurso de cuenta, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados y autoridades responsables, los siguientes. "AUTORIDAD RESPONSABLE: 1).- H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, con residencia 'en esta ciudad, con domicilio bien conocido. ACTO RECLAMADO: la omisión de garantizar de forma inmediata y permanente el servicio de agua potable a través de la red operativa respectiva, para así a su vez garantizar el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, a que se refiere el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. AUTORIDAD RESPONSABLE: 2).- PRESIDENTA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, con residencia en esta ciudad, con domicilio bien conocido. ACTO RECLAMADO: la omisión de garantizar de forma inmediata y permanente el servicio de agua potable a través de la red operativa respectiva, para así a su vez garantizar el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, a que se refiere el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. AUTORIDAD RESPONSABLE: 3).- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, con residencia en esta ciudad, con domicilio bien conocido. ACTO RECLAMADO: la omisión de proporcionar el servicio de suministro de agua potable de forma permanente por la red operativa respectiva, no obstante que el suscrito es usuario de dicho servicio al amparo de la cuenta 078-299-0190-9. AUTORIDAD RESPONSABLE: 4).- CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, con residencia en esta ciudad, con domicilio bien conocido. ACTO RECLAMADO la omisión de proporcionar el servicio de suministro de agua potable de forma permanente por la red operativa respectiva, no obstante que el suscrito es usuario de dicho servicio al amparo de la cuenta 078-299-0190-9. AUTORIDAD RESPONSABLE: 5).- DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, con residencia en esta ciudad, con domicilio bien conocido. ACTO RECLAMADO: la omisión de proporcionar el servicio de suministro de agua potable de forma permanente por la red operativa respectiva, no obstante que el suscrito es usuario de dicho servicio al amparo de la cuenta 078-299-0190-9. AUTORIDAD RESPONSABLE: 6).- DIRECTOR DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, con residencia en esta ciudad, con domicilio bien conocido. ACTO RECLAMADO: la omisión de proporcionar el servicio de suministro de agua potable de forma permanente por la red operativa respectiva, no obstante que el suscrito es usuario de dicho servicio al amparo de la cuenta 078-299-0190-9. AUTORIDAD RESPONSABLE: 7).- DIRECTOR COMERCIAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, con residencia en esta ciudad, con domicilio bien conocido. ACTO RECLAMADO: la omisión de proporcionar el servicio de suministro de agua potable de forma permanente por la red operativa respectiva, no obstante que el suscrito es usuario de dicho servicio al amparo de la cuenta 078-299-0190-9. AUTORIDAD RESPONSABLE: 8).- DIRECTOR DE FINANZAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, con residencia en esta ciudad, con domicilio bien conocido. ACTO RECLAMADO: la omisión de proporcionar el servicio de suministro de agua potable de forma permanente por la red operativa respectiva, no obstante que el suscrito es usuario de dicho servicio al amparo de la cuenta 078-299-0190-9. AUTORIDAD RESPONSABLE: 9).- DIRECTOR TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, con residencia en esta ciudad, con domicilio bien conocido. ACTO RECLAMADO: la omisión de proporcionar el servicio de suministro de agua potable de forma permanente por la red operativa respectiva, no obstante que el suscrito es usuario de dicho servicio al amparo de la cuenta 078-299-0190-9. AUTORIDAD RESPONSABLE: 10).- DIRECTOR DE GESTIÓN CIUDADANA DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, con residencia en esta ciudad, con domicilio bien conocido. ACTO RECLAMADO: la omisión de proporcionar el servicio de suministro de agua potable de forma permanente por la red operativa respectiva, no obstante que el suscrito es usuario de dicho servicio al amparo de la cuenta 078-299-0190-9. AUTORIDAD RESPONSABLE: 11).- TITULAR DE LA GERENCIA RENACIMIENTO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, con residencia en esta ciudad, con domicilio bien conocido. ACTO RECLAMADO: la omisión de proporcionar el servicio de suministro de agua potable de forma permanente por la red operativa respectiva, no obstante que el suscrito es usuario de dicho servicio al amparo de la cuenta 078-299-0190-9." Se hace la precisión anterior, pues este Juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos ahí asentados, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del expediente del presente juicio, lo que incluye la intencionalidad de la parte quejosa, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Al caso, se estima aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril del año dos mil, página treinta y dos, materia común, Novena Época, con número de registro digital 192097, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Impedimento. Ahora bien, el suscrito José Artemio Navarrete Sánchez, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, estimo estar impedido para conocer del juicio de amparo promovido por ********************. Lo anterior debido a que me ubico en la causal de impedimento contenida en el ordinal 51, fracción VII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numeral 146, fracción II, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que a la letra disponen: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo; II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo; IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada; VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad." La exégesis del precepto reproducido, permite establecer como causa de impedimento, entre otras, que el suscrito juzgador mantiene una relación laboral de cordialidad y sostiene amistad, de conformidad con la porción legal antes transcrita, por las razones que más adelante se expondrán. Al respecto, es principio general de derecho que todo juicio que se someta a la consideración de un juzgador se basa en el principio de imparcialidad de las resoluciones que emita, con lo que se garantiza una sana y correcta impartición de justicia, con apoyo en el arábigo 17 constitucional, puesto que una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna, reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia y, en consecuencia, de las resoluciones que de ellos emanen. Cabe destacar que el derecho a la imparcialidad judicial constituye una garantía fundamental de la administración de justicia en un Estado de Derecho, ya que sin juzgadores imparciales no hay, propiamente, proceso jurisdiccional. Por ello, la imparcialidad judicial está reconocida expresamente en el invocado precepto 17 de la Constitución Federal; el reconocimiento de ese derecho exige, por estar en juego la confianza que los Tribunales deben inspirar en una sociedad democrática, que se garantice a las partes que no concurre ninguna duda legítima sobre la conducta de algún funcionario judicial. Al caso, es ilustrativo el criterio a que alude la jurisprudencia 1a./J. 1/2012 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro quinto, febrero de dos mil doce, tomo uno, la página cuatrocientos sesenta, materia constitucional Décima Época, con número de registro digital 160309, que dice: "IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El principio de imparcialidad que consagra el artículo 17 constitucional, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Así, el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. Por lo tanto, si por un lado, la norma reclamada no prevé ningún supuesto que imponga al juzgador una condición personal que le obligue a fallar en un determinado sentido, y por el otro, tampoco se le impone ninguna obligación para que el juzgador actúe en un determinado sentido a partir de lo resuelto en una diversa resolución, es claro que no se atenta contra el contenido de las dos dimensiones que integran el principio de imparcialidad garantizado en la Constitución Federal." En ese sentido, el dispositivo 146, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece: "Artículo 146. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los miembros del Consejo de la Judicatura Federal y los jurados están impedidos para conocer de los asuntos, por alguna de las causas siguientes: [.] II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior; [.]." Del análisis de los artículos 51 de la Ley de Amparo y el diverso normativo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se llega al conocimiento que el propósito del legislador tiene sustento en que los juzgadores se excusen del conocimiento de aquéllos asuntos en los que no solamente podrían ser parciales, sino que además, en aquellos en los que simple y sencillamente pudiera llegar a afectarse su imparcialidad, por lo que cuando exista un serio factor que pudiera influir, inconscientemente o subconscientemente en el ánimo del Juez Federal al resolver o participar en una resolución, es imperioso que se declare impedido frente a la relevante y fundamental tarea de impartir justicia, pues es de explorado derecho que todo juzgador debe, en todo caso, emitir las decisiones sometidas a su potestad limpia, imparcial y ajena a cualquier tipo de influencia o perturbación a fin de buscar el camino de la razón y la verdad como único instrumento para alcanzar la justicia. Así, los impedimentos constituyen hechos o circunstancias reconocidas por la ley que ocurren en un funcionario judicial, que lo obligan a inhibirse del conocimiento de determinado juicio, por constituir obstáculo para que imparta justicia de manera imparcial. Un juez imparcial es aquel que juzga los hechos, las cosas o las personas sin prevención a favor o contra ellas; es decir, la actitud de éste frente a influencias extrañas al derecho, por lo que debe juzgar con ausencia absoluta de designio anticipado y la pretensión de cumplir exclusivamente con la función jurisdiccional atribuida. Resulta útil distinguir el doble alcance que tiene la imparcialidad de un juez, por un lado, un aspecto objetivo, relativo a la idoneidad material del juzgador para intervenir dentro del mismo proceso y, por el otro, un tema subjetivo que se refiere a la convicción personal del caso concreto y las partes. Al respecto, las causas objetivas del impedimento que, por su naturaleza jurídica, a veces conllevan aspectos subjetivos, son calificadas por el propio legislador, según sea el caso, y entrañan circunstancias o hechos que ponen en esa situación a quien deba juzgar con relación al objeto del proceso, ya que no le permitirían actuar con la necesaria parcialidad. De tal suerte que el objeto del impedimento, es que la vida privada de los juzgadores no influya en su labor jurisdiccional, cuya naturaleza es de interés público y la cual se debe ejercer con legitimidad, eficacia e imparcialidad, para emitir resoluciones ajenas a cualquier influencia interna o externa; a su vez, cabe decir que la imparcialidad, al igual que los otros principios, rige la ética que todo juzgador debe denotar en la resolución de los asuntos sometidos a su potestad legal. Igualmente, en la citada legislación se busca garantizar que los juzgadores reúnan una serie de características como la independencia e imparcialidad; condiciones que son susceptibles de resultar afectadas, cuando se presenten coincidencias entre la vida privada de quien resuelve y las partes o sus representantes, en cuyo caso, el juez está obligado a inhibirse del conocimiento del asunto, bajo el apercibimiento de incurrir en responsabilidad en caso de ser omiso. En ese orden de ideas, con motivo del vínculo laboral pudiera derivarse el riesgo de pérdida de la imparcialidad y, se podría poner en entredicho por las partes, la imparcialidad necesaria al resolver un juicio constitucional. Lo anterior, en aras de preservar la legitimidad, independencia e imparcialidad que rigen la función jurisdiccional de los Jueces Federales, evitándose así una situación subjetiva que pudiera dañar la imagen personal de aquellos y una afectación a las partes. Así, el suscrito estima que se encuentra impedido para conocer del presente juicio de amparo promovido por ********************, en razón de que, como se adelantó, el aquí promovente tiene una relación laboral, en virtud de que funge como secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y puerto, pues así se advierte del expediente administrativo del mencionado servidor público, que obra en este órgano jurisdiccional, con quien esto acuerda, además de mantener una relación laboral de cordialidad (al ser uno de los Secretarios bajo mi subordinación), también sostiene una amistad, así como con su familia. Al respecto, conforme al Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, en la actividad del juzgador deben regir los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia. Por tanto, para no poner en riesgo o duda su libertad de jurisdicción, su independencia de criterio, su seguridad de ánimo, así como para fortalecer los principios que rigen el ejercicio del cargo, el legislador previó una serie de casos en los cuales consideró que puede existir la afectación indeseada, así como estatuyó la obligación de invocar y calificar el impedimento. Algunas causales de impedimento previstas por el legislador, resultan de una obviedad irrefutable (como el haber sido denunciante o tener un grado de parentesco); así, se basan en reglas indiscutibles sobre hechos objetivos que, por tanto, ni siquiera deben argumentarse, pues basta con probarlas por medio de documentos. En tanto que otras, se refieren a cuestiones provenientes de la parte interna del individuo, por lo que presentan ciertas peculiaridades, como lo es la amistad, la enemistad, las relaciones cordiales, entre otras. Así, cuando la causal subjetiva es planteada por alguna de las partes del proceso, y negada por el juez, la causa debe ser sometida a prueba; sin embargo, cuando es el propio juzgador quien expresamente reconoce, dentro de su más sincero sentido de justicia y legalidad, que se encuentra impedido por alguna causa subjetiva, como la que nos ocupa, basta con que lo declare y afirme así. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 16/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 76, Marzo de 2020, Tomo I, página 530, con registro digital 2021744, de rubro y texto siguiente: "IMPEDIMENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. POR REGLA GENERAL, LA RELACIÓN LABORAL DEL JUEZ DE DISTRITO CON EL QUEJOSO CONSTITUYE UN ELEMENTO OBJETIVO DEL QUE PUEDE DERIVARSE EL RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE LA MATERIA. El referido precepto establece situaciones diversas a las que enumera la propia disposición que constituyen situaciones reales ajenas de subjetivismos que pudieran afectar o poner en riesgo la imparcialidad del juzgador, razones por las cuales los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo deberán manifestar su impedimento. Ahora bien, por regla general, el riesgo de pérdida de imparcialidad a que se refiere la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo se actualiza en los casos en los que el Juez de Distrito sostiene una relación laboral con el quejoso por prestar sus servicios en el mismo órgano jurisdiccional de aquél, pues ello constituye una circunstancia suficiente para considerar actualizado un elemento objetivo y razonable que inhibe al operador jurídico de conocer cierto asunto, sin que ello constituya un obstáculo para que los juzgadores rechacen encontrarse impedidos tratándose de aquellos casos en los que el fondo de la controversia planteada no se vincule con el desempeño de las actividades laborales del quejoso. También, en la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 105, Tomo XV, Mayo de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 186939, del rubro y texto siguientes: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE AMISTAD ESTRECHA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL ES SUFICIENTE LA MANIFESTACIÓN QUE EN ESE SENTIDO HACE EL FUNCIONARIO JUDICIAL RESPECTIVO. De conformidad con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 66 de la Ley de Amparo, los funcionarios ahí mencionados estarán impedidos para conocer del juicio de garantías cuando tengan amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes. En consecuencia, si algún funcionario judicial manifiesta que tiene amistad estrecha por existir convivencia familiar frecuente con una de las partes, esta causal de impedimento debe tenerse por acreditada no sólo en mérito de la credibilidad que como Juez goza, sino porque tal manifestación valorada en términos de lo previsto en los artículos 93, fracción I, 95, 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la referida Ley de Amparo, tiene validez probatoria plena, por tratarse de una confesión expresa en lo que le perjudica, hecha por persona capaz para obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia y proveniente de un hecho propio, en relación con el asunto de donde se originó la excusa planteada." De igual menara, Jurisprudencia PC.XXI. J/16 A (10a.), emitida por los Plenos de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo II, página 1075, con registro digital 2020592, de título y contenido siguiente: "IMPEDIMENTO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO CONOCE DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE EL QUEJOSO ES UN SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO DE SU ADSCRIPCIÓN Y AQUÉL ADUCE COMO MOTIVO RELATIVO LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN CORDIAL O DE CORDIALIDAD. El principio de imparcialidad constituye una de las características insoslayables que debe revestir a los juzgadores en el ejercicio de su encargo y, se traduce, en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a alguna de ellas. Ahora bien, la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo, establece un motivo de excusa por los juzgadores relativo a situaciones diversas a las reguladas en fracciones precedentes, basaa en elementos objetivos de los que pudiera derivarse la pérdida de imparcialidad, caso que no se actualiza en el supuesto de existir la promoción de un juicio de amparo en el que el quejoso sea un servidor público adscrito al órgano jurisdiccional del que es titular el Juez de Distrito, que conoce del juicio y éste aduce la existencia de una relación cordial o de cordialidad. En ese orden, el impedimento que se formula bajo la noción de existir con la parte promovente no sólo un vínculo laboral sino a su vez una relación cordial o de cordialidad, implica una expresión que tuvo fuente en el fuero interno derivada de un acto volitivo que, por su sola naturaleza, no aporta mayores indicios que la simple exteriorización de una manifestación que por su entidad no constituye una causa objetiva y razonable generadora de dicho impedimento, al no sustentarse en datos objetivos y concretos que permitan visualizar que el juicio del juzgador se encuentra en riesgo de parcialidad." Por tanto, si el referido impedimento que ahora se invoca, tiene como objeto que las partes tengan garantizado su derecho a un juicio ante un juez imparcial, es que a mi juicio se actualiza la causal de impedimento en comento, pues considero que de no excusarme del presente juicio, implicaría también para el suscrito un riesgo de sufrir un daño en la imagen profesional ante una situación subjetiva, sabedor de que el principio de imparcialidad inmerso en el arábigo 17 Constitucional, es una condición esencial que debe revestir a los Juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la que toralmente consiste en el deber de ser ajenos y distantes a los intereses de las partes en controversia, y de tramitar y resolver los casos sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas, lo que involucra de igual forma, no dejar lugar a ningún tipo de duda en el justiciable, a fin de que la resolución que se emita en cada asunto, no pueda ser tildada de falta de imparcialidad y, en todo asunto, prive la respetabilidad personal y probidad del Juzgador. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 51 fracción IV, de la Ley de Amparo, el suscrito Juez me declaró legalmente impedido y por ende me excuso para seguir conociendo y resolver en definitiva este juicio de amparo. Remisión de autos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 55, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para que tenga a bien calificar el impedimento planteado y resolver lo que en derecho corresponda, para lo cual deberá remitirse el juicio de amparo 1043/2023, que se integró con motivo de la demanda de amparo promovida por ********************. Por tanto, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y realícense las anotaciones que se efectúen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Criterios invocados. Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, de esta ciudad, y otras autoridades.... Por tanto, con apoyo en lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, aclare la demanda de amparo, en los puntos que se precisarán -con las copias necesarias del escrito para correr traslado a las partes, en caso de presentarlo físicamente- y entendiendo de la responsabilidad en la que incurren las partes en el juicio de amparo y de las sanciones previstas en el artículo 261 del ordenamiento legal invocado . Señale de manera clara y precisa qué acto en concreto realizaron, se encuentran realizando o se han abstenido de realizar cada una de las autoridades que señala como responsables, en el ámbito de su competencia y atribuciones. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento al requerimiento inserto, en el lapso concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del artículo 114 de Ley de Amparo. Hágase la prevención y el apercibimiento ordenados por conducto del actuario de este Juzgado....

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