Jorge Luis Tello García
Expediente 2410/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2410/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2019
Partes del expediente
- Jorge Luis Tello García
Actuaciones
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
CÚMPLASE.
- Principal
Sentencia que pronuncia el Juez Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco: (1) Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 1775/2019 promovido por BANCO DEL BAJÍO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, por conducto de su apoderado Ricardo Ruíz García, contra actos del Juez Primero de lo Civil del Sexto Partido Judicial en el Estado de Jalisco, con residencia en Ocotlán, Jalisco; y otra autoridad; y (2) Resultando 1. Por escrito presentado electrónicamente el catorce de agosto de dos mil diecinueve, y remitido el quince siguiente por razón de turno a este Juzgado Federal BANCO DEL BAJÍO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, por conducto de su apoderado Ricardo Ruíz García, demando el amaro y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero de lo Civil del Sexto Partido Judicial en el Estado de Jalisco, con residencia en Ocotlán, Jalisco; y Titular de la Unidad Administrativa del Registro Público de la Propiedad y de Comercio con sede en Ocotlán, Jalisco, de quienes reclamó: "1. Los proveídos de fecha 23 de mayo del 2019 y 17 de junio de 2019 con número de oficio 861/2019, dictados en el Juicio Mercantil Ordinario del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Sexto Partido Judicial, bajo número de expediente 529/2016, siendo parte actora SERGIO EDUARDO VIDRIO RIVAS, y MARCO ANTONIO NAVARRO GONZÁLEZ y MARCO ANTONIO NAVARRO NERI, como partes demandadas, proveído mediante el cual en el primero se ordenó por la responsable ilegalmente el embargo del fideicomiso inscrito bajo folio real 7508617 del Registro Público de la Propiedad con sede en Ocotlán, Jalisco y en el segundo de ellos, la autoridad ahora responsable, ilegal e indebidamente determino embargar y que se inscribiera EL EMBARGO respecto a los bienes que al día de hoy forman parte del patrimonio de del Fideicomiso número 7599-02-114, del que se desprende que la hoy quejosa soy la PROPIETARIA FIDUCIARIA RESPECTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INMUEBLES QUE SE ENCUENTRAN APORTADOS A DICHO FIDEICOMISO, a través de C. Titular del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de Ocotlán, Jalisco, y en el que fungen con el carácter de Fideicomitentes y Fideicomisarios, la C. SANDRA NERI PADILLA Y EL C. MARCO ANTONIO NAVARRO GONZÁLEZ, bienes que desde el año 2018 fueron aportados al referido Fideicomiso, inscritos bajo folios reales ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la Ciudad de Ocotlán, Jalisco, 7508615, 7508632, 70508633, 7508635, 7508630, 7508631, 7504989, 7508624, 7508623, 7508625, 75012878, 7508627, cuyas propiedades se insiste, fueron aportadas dentro del referido fideicomiso por el Fideicomitente y Fideicomisario MARCO ANTONIO NAVARRO GONZÁLEZ y la C. SANDRA NERI PADILLA. 2. El proveído de fecha 27 de junio de 2019, con número de oficio 255/2019, dictado por el LIC. MARTIN ROSALES CISNEROS, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO CON SEDE EN OCOTLÁN, JALISCO (hoy señalado como autoridad responsable), en donde informa respecto del ilegal e indebido cumplimiento que se realizó al oficio 861/2019 de fecha 17 de junio de 2019, en donde manifiesta que con fecha 27 de junio de la anualidad corriente, quedo "debidamente registrado el EMBARGO, recaída sobre el 100% de los inmuebles registrados bajo los folios reales 7508624, 7508623, 705086, 7508627 y 7512878, promovido por SERGIO EDUARDO VIDRIO RIVAS, en contra de MARCO ANTONIO NAVARRO NERI. (sic). 3. Como consecuencia de lo anterior, además de señalar como actos reclamados la ilegal e inconstitucional orden ejecución de embargo de los bienes inmuebles propiedad de la hoy quejosa así como la inscripción de los mismos, señalo la ilegal orden de inamovilidad registral ordenada por la autoridad judicial señalada como responsable". Foja 3 del juicio de amparo. 2. Por auto de dieciséis de agosto de este año, se admitió la demanda de amparo, se requirió a las autoridades responsables por su informe con justificación; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se fijó día y hora para la audiencia constitucional, misma que se celebró en términos del acta que antecede. (3) Considerando 1. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107 de Ley de Amparo, 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 modificado por el diverso 8/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y, el Acuerdo general 41/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Lo anterior, toda vez que los actos se atribuyen a unas autoridades que se encuentran dentro de la circunscripción territorial en la cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados en el presente juicio de amparo. En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia P./J. 40/2000, con número de registro 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; así como en tesis número P.VI/2004, número de registro 181810, de la voz: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que se reclama: La determinación de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve y su aclaración de seis de junio del referido año, dictadas en los autos del expediente 529/2016 que ordenó el embargo de los bienes relativos al fideicomiso identificado con el número 7599-02-114; y sus demás consecuencias, como es su inscripción. 3. Sigue verificar la certeza o inexistencia de los actos reclamados, en términos de la propia fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. Son ciertos los actos reclamados, pues así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir su informe con justificación. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". (Quinta Época. Registro: 917812. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Apéndice 2000. Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN. Materia(s): Común. Tesis: 278. Página: 231). Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que el Jefe de la Unidad Administrativa del Registro público de la Propiedad y de Comercio de Ocotlán, Jalisco, al rendir su informe justificado haya manifestado que no era cierto el acto reclamado en relación al embargo del bien inmueble registrado con el folio real 7508615; sin embargo, de las constancias que remitió en apoyo al mismo, se aprecia la existencia del embargo sobre el bien inmueble que ampara dicho folio real (foja 141). 4. La presentación de la demanda resultó oportuna. El plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del seis al veintiséis de agosto de dos mil diecinueve; y, la demanda de amparo fue presentada vía electrónica ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el catorce de agosto de ese año. Lo anterior, toda vez que la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, haber tenido conocimiento del acto reclamado el cinco de agosto de este año; entonces conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el término comenzó el seis siguiente, sin contar los días diez, once, veinticuatro y veinticinco de agosto; que fueron inhábiles de conformidad a lo previsto por el artículo 19 de la ley de la materia por ser sábados y domingos. 5. Previo al estudio del fondo del juicio de amparo, es obligado el examen de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. Al no existir causales de improcedencia que las partes hayan hecho valer o que se adviertan de oficio, se procede al estudio del fondo del asunto. 6. No habrán de reproducirse los conceptos de violación, al no ser una exigencia legal su transcripción, tal como lo estima la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, de título: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". 7. Los conceptos de violación son fundados. La parte quejosa alega que se están afectando los derechos que como propietaria fiduciaria tiene respecto de los bienes registrados con los números de folios 7508615, 7508632, 70508633, 7508635, 7508630, 7508631, 7504989, 7508624, 7508623, 7508625, 75012878 y 7508627, en el Municipio de Ocotlán, Jalisco, sin que haya respetado su garantía de audiencia a que tienen derecho, ostentándose para tal efecto tercera extraña a la controversia. Ahora bien, es necesario hacer una breve relación de los antecedentes que informan este juicio de amparo. 1. Sergio Eduardo Vidrio Arias, demando en la vía mercantil ordinaria a Marco Antonio Navarro González y Marco Antonio Navarro Neri, por diversas prestaciones (fojas 3 a 5 del Tomo I de los cuadernos de pruebas). 2. Seguido el juicio de origen por sus demás tramites, el treinta de agosto de dos mil dieciséis de dictó sentencia definitiva en la que se condenó a la parte demandada al pago de lo reclamado (fojas 160 a 168, ídem). 3. El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, modificó la sentencia de primera instancia (fojas 368 a 389). 4. Por auto de veintitrés de mayo de este año se ordenó la ejecución forzosa de la sentencia y se determinó girar oficio al Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Ocotlán, Jalisco, para que inscribiera el embargo dentro del fideicomiso y para que no se realizara movimiento alguno (foja 410 del Tomo II de los cuadernos de pruebas). 5. Por auto de seis de junio de dos mil diecinueve se realizó la aclaración en relación al diverso de veintitrés de mayo de este año y se ordenó el embargo en el fideicomiso realizado por el demandado (foja 419). 6. Mediante oficio de diecisiete de junio de este año se requirió a la autoridad registral para que inscribiera las cargas procesales sobre los bienes ahí descritos (foja 421, ídem). De los antecedentes descritos se aprecia que la parte quejosa no formó parte en los autos del expediente mercantil ordinario 529/2016 de origen. Ahora bien, quien promueve la acción de amparo, siempre se ostenta como titular de un derecho que se ve amenazado por la actuación de las responsables, y en tal evento tiene necesidad de acudir ante los tribunales para solicitar la protección de la Justicia Federal; siendo imprescindible a tal fin, que el agravio, perjuicio o menoscabo sea real, personal y directo, pues de otra forma no se surtirían los supuestos de los citados numerales 107, fracción I, de nuestra carta magna y, 5 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad deviene del perjuicio que éste ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional, demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías. Cobran aplicación los siguientes criterios: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable, para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que era transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma". (Época: Séptima Época. Registro: 240121. Instancia: Tercera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 193-198, Cuarta Parte. Materia(s): Común. Tesis: Página: 80). "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías". (Época: Octava Época, Registro: 220965, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Diciembre de 1991, Materia(s): Común, Tesis: VI. 3o. J/26, Página: 117). Bajo el anotado panorama jurídico, conviene señalar que el veinticinco de julio de dos mil ocho mediante escritura pública dos mil ochocientos cincuenta y seis, pasada ante la fe del Licenciado Jorge Francisco Pelayo Bañuelos, Notario Público número 1 de Arenal, Jalisco, Marco Antonio Navarro González y Sandra Neri Padilla celebraron un contrato de fideicomiso con Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Multiple, en relación a los bienes que en éste se describen. Documento público que hace prueba plena de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo; la cual es idónea para demostrar que el fideicomiso es propietario de los bienes inmuebles embargados materia del juicio natural. Efectivamente, como ya se dijo para que la propiedad sea objeto de protección en el juicio de amparo indirecto debe acreditarse el derecho a poseer con un título sustentado en alguna figura o precepto de las legislaciones secundarias relativas; y, si en el caso el titulo generador de la posesión se finca en una copia certificada de una escritura pública que contiene la celebración de un contrato de fideicomiso donde el quejoso figura como fiduciario, de ello se desprende la propiedad que se requiere para su protección a través del juicio de amparo, la cual como ya se dijo debe estar amparada en un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de la legislación secundaria como en el caso acontece; de ahí que se acredite el carácter de propietario que reclama el impetrante. De ahí entonces, con ello se demuestra que el pacto de voluntades celebrado el veinticinco de julio de dos mil ocho es de fecha anterior al embargo decretado en autos (veintitrés de mayo de dos mil diecinueve y su aclaración de seis de junio de ese año). En conclusión, tal y como se desprende de la documental antes mencionada, el embargo ordenado el veintitrés de mayo de este año y su aclaración de siete de junio siguiente; así como sus demás consecuencias legales dentro de los autos del procedimiento de origen, recae sobre bienes propiedad de persona diversa a la demandada y condenada en sentencia definitiva en el juicio de origen, violando derechos de propiedad que corresponden al quejoso, quien es tercero extraño al mismo. Así pues, el embargo e inscripción de los bienes en disputa, registrados con los números de folios 7508615, 7508632, 70508633, 7508635, 7508630, 7508631, 7504989, 7508624, 7508623, 7508625, 75012878 y 7508627, en el Municipio de Ocotlán, Jalisco, propiedad del fideicomiso que defienda el fiduciario promovente del presente amparo, son ilegales y violatorios de sus garantías individuales, en atención a que la propiedad que detenta el impetrante respecto a los mismos se encuentra acreditado con la copia certificada de la escritura pública dos mil ochocientos cincuenta y seis, pasada ante la fe del Licenciado Jorge Francisco Pelayo Bañuelos, Notario Público número 1 de Arenal, Jalisco, en el que se celebró un contrato de fideicomiso entre Marco Antonio Navarro González y Sandra Neri Padilla con Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Multiple. Es decir, los bienes materia del embargo salieron del patrimonio del demandado en el juicio natural desde el año dos mil ocho, en que se celebró dicho acuerdo de voluntades; por lo que no pueden ser materia de secuestro por parte de la responsable, al pertenecer a una persona distinta a la condenada en el procedimiento mercantil ordinario 529/2016. Así las cosas, se CONCEDE a BANCO DEL BAJÍO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que el Juzgado responsable deje insubsistente el embargo decretado sobre bienes del fideicomiso identificado con el número 7599-02-114 ordenado en auto de veintitrés de mayo de este año y su aclaración de seis de junio siguiente emitidos en los autos del juicio ordinario mercantil 529/2016; y en su lugar emita otro en el que, tomando en consideración que los bienes sobre los que recae el gravamen son propiedad de la parte quejosa; con plenitud de jurisdicción determine lo que en derecho corresponda. Concesión que se hace extensiva a los actos atribuidos al Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Ocotlán, Jalisco, consistentes en los registros de los embargados ordenados en el juicio mercantil de origen, relativos a los bienes que forman parte del fideicomiso. En tales condiciones, al resultar fundado el concepto de violación analizado, resulta innecesario emprender el estudio de los diversos motivos de disenso, por las razones que informa la jurisprudencia siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja". (Séptima Época, Registro: 387680, Instancia: Tercera Sala, Jurisprudencia, Fuente: Informes, Informe 1982, Parte II, Materia(s): Común, Tesis: 3, Página: 8). (4) Punto resolutivo Por lo antes expuesto y fundado se resuelve: 1. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a BANCO DEL BAJÍO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en contra de los actos reclamados descritos en el considerando 2 de este fallo, en los términos y para los efectos establecidos en el último considerando.
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