Jorge Luis Sánchez Calderón
Expediente 1131/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1131/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Luis Sánchez Calderón
- Congreso del Estado de Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra el auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, mismo que transcurrió del dos al ocho de diciembre del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que..., no realizó manifestaciones en relación a las constancias remitidas por la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: 1) Mediante sentencia definitiva de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Suria Soto Moreno, para el efecto de que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: ".1. Deje insubsistente el auto reclamado de fecha nueve de noviembre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio laboral 509/2020, sólo en la parte concerniente al señalamiento de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, para la celebración la audiencia de conciliación; 2. En consecuencia, proceda a señalar otra fecha y hora para el desahogo de esta última, y provea lo conducente en relación con la continuación del procedimiento laboral conforme a los plazos y términos legales, de conformidad con los lineamientos señalados en esta resolución; y.". 2) En auto de trece de mayo de dos mil veintidós se declaró ejecutoriada la sentencia y, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. 3) En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, realizó lo siguiente: - Por oficio TCA/PRES/AMP/3110/2022, remitió copias certificadas del proveído de tres de junio de dos mil veintidós, en el cual se declaró incompetente para conocer del juicio laboral 509/2020, por lo que envió los autos originales del mismo a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por estimarse ser la competente para conocer del presente juicio. Consecuentemente, con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie existe imposibilidad jurídica para que la autoridad responsable cumpla con la sentencia de amparo, pues el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad se declaró incompetente para conocer del juicio laboral 509/2020 y, por ende, ha quedado sin materia el cumplimiento de la ejecutoria, por imposibilidad legal para cumplirla dado que ya no existe materia sobre la cual analizar el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con motivo de la incompetencia, de la demanda y acciones entabladas en el juicio de origen, ya no existe materia sobre la cual verse el cumplimiento de la ejecutoria. Resulta aplicable la jurisprudencia PC.III.P. J/16 K (10a.), del Pleno en materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 1739, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017531, que dice: "EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO PUEDE DECLARARSE, DE PLANO O INTERLOCUTORIAMENTE PREVIO TRÁMITE INCIDENTAL. Conforme al artículo 196, párrafo último, de la Ley de Amparo, el órgano de control constitucional puede decretar de plano la imposibilidad de cumplir una sentencia protectora cuando la causa que la genera está probada fehacientemente y no se tenga duda sobre su operatividad; en cambio, si dicha imposibilidad no está plenamente acreditada o depende de lo que pueda exponer el quejoso, incluso si existe la posibilidad de cumplimiento a través de la adopción de determinadas medidas, debe ordenar abrir un incidente innominado, en términos del artículo 193, párrafo cuarto, de la ley citada para que se decida, interlocutoriamente, lo procedente." Apoya lo anterior la tesis número III.4o.T.17 K (10a.) emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicado en la página 2676, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2019501, que a la letra dice: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE SI EN EL JUICIO ORIGINAL EL ACTOR DESISTIÓ DE LA ACCIÓN PRINCIPAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DECLARAR SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Y NO ENVIAR LOS AUTOS DEL JUICIO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. En la jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO.", el Máximo Tribunal determinó que cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, y si no se interpone el recurso de inconformidad, debe aplicar, por analogía, el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura -puntualizó el Pleno- que una determinación de esa naturaleza sea revisada de oficio por el superior jerárquico del a quo que, en el caso, lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, cuando en el juicio original el actor desistió de la acción principal, no debe seguirse el trámite aludido, porque el desistimiento, invariablemente, produce la pérdida de los derechos subjetivos correspondientes y, como consecuencia lógica y legal, no puede alegarse la existencia de la violación de derechos fundamentales que dio vida al juicio de amparo; en otras palabras, no puede existir un agraviado si no existe el derecho subjetivo respecto del que se alega la violación. En consecuencia, el Juez no debe enviar el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito, pues no podría revisarse el cumplimiento de la sentencia de amparo ante la renuncia expresa y personal de derechos subjetivos, ya que ese pronunciamiento pierde todo sentido y eficacia y, en su caso, el juzgador debe declarar sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo." Una vez que transcurra el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de que alguna de las partes en el presente asunto interponga, de ser su deseo, recurso de inconformidad en contra del presente proveído, provéase lo relativo al archivo de este expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se desprende que en proveído de trece de octubre de dos mil veintidós, se requirió al promovente para que en el término de tres días, contados a partir el día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación manifestara si ratificaba el contenido del escrito en el que se desistió de la presente de demanda de amparo, así como la firma electrónica que lo calza en la diligencia de notificación, o bien compareciera ante el personal de este tribunal con identificación oficial vigente, y manifestara si ratificaba el contenido del escrito de cuenta, así como la firma electrónica, apercibido que de no hacerlo en el lapso concedido para tal efecto, se le tendría por no desistido y se proveería el libelo de amparo. Sin embargo, con fundamento en el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su artículo 2 se ordena regularizar el procedimiento en el juicio en que se actúa, a fin de tomar en cuenta el escrito de desistimiento de la parte quejosa, el cual fue signado de manera electrónica, cuya evidencia criptográfica se aprecia el nombre de su firmante y el certificado es reconocido y vigente, el cual tiene pleno valor probatorio, por ser confiable en el medio en que fue comunicada al juzgado y tienen un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel; además, que está garantizada la identidad de la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto. Por tanto, se estima que la ratificación del escrito que se presenta vía electrónica, no es necesaria su ratificación ante autoridad jurisdiccional, motivo por el cual, se ordena acordar lo conducente. Ahora bien, tomando en consideración lo anterior, se tiene a la vista nuevamente el ocurso presentado por Jorge Luis Sanchéz Calderón, mediante la utilización de la firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL) con número de serie 30.30.30.30.31.30.30.3 0.30.30.30.35.30.32.38.3 6.38.32.34 .35, a nombre del citado promovente, el cual se reservó en cuanto a su contenido el trece de octubre de dos mil veintidós; atento a su contenido, esto es, que acude al juicio de derechos fundamentales a desistirse de la demanda que le dio origen, se estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 63, fracción I, ambos de la Ley de Amparo que dice: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio; Es así, toda vez que del ocurso de cuenta, se advierte que Jorge Luis Sanchéz Calderón, -parte quejosa-, mediante escrito presentado mediante la utilización de la firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL) con número de serie 30.30.30.30.31.30.30.3 0.30.30.30.35.30.32.38.3 6.38.32.34 .35, a nombre del citado promovente, manifestó que es su deseo desistirse de la demanda de derechos fundamentales que dio origen al presente juicio. Por tanto, bajo esa asociación de ideas y atento a que el desistimiento de la acción constitucional, constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado; por consiguiente, el desistimiento ratificado en forma tácita por la parte quejosa, actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción I, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 33/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 147, tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia.". Además, sirve de apoyo la tesis VII.1º, C,19 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 2833, tomo IV, Marzo de 2021, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. LA FIRMA ELECTRÓNICA PLASMADA EN EL ESCRITO QUE LO RATIFICA ES IGUAL A LA ESTAMPADA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL. El artículo 3o., párrafo quinto, de la Ley de Amparo establece que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para las partes para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Por su parte, los artículos 2, fracción XVI y 3, fracciones I, III y V, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establecen que la firma electrónica es el documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del firmante con una llave pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico; asimismo, los documentos electrónicos o digitalizados ingresados por las partes en los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Por tanto, la firma electrónica plasmada en el escrito de ratificación del desistimiento de la demanda de amparo, de cuya evidencia criptográfica se aprecia el nombre de su firmante y, el certificado es reconocido y vigente, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada al órgano jurisdiccional, y tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel; además de que está garantizada la identidad de la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; de ahí que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda de amparo, firmado electrónicamente por la parte interesada, es igual al signado ante la autoridad judicial, y concreta el supuesto contenido en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. En relación con la jurisprudencia 2a./J. 31/2021 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materia Común, Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1533, que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente por la parte interesada con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es igual o no al signado ante la autoridad judicial. Uno concluyó que si la firma autógrafa es insuficiente para generar certidumbre sobre el desistimiento y debe ser ratificada ante la presencia judicial, entonces, por identidad de razón, debe requerirse de la misma ratificación tratándose de una firma electrónica, pues esta última produce los mismos efectos que la primera; mientras que otros tribunales concluyeron que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, es igual al signado ante la presencia judicial. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, produce los mismos efectos que el signado ante la autoridad judicial. Justificación: Conforme al artículo 63, fracción I, en relación con el 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, es necesaria la ratificación del escrito de desistimiento del juicio de amparo o de alguno de sus recursos para que éste opere, lo cual tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su intención de dar por concluido el juicio que inició o el recurso que intentó. En este sentido, si lo pretendido con la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo es generar suficiente certeza en el órgano jurisdiccional sobre la identidad y voluntad del interesado, dicha certeza se da precisamente con la forma en la que se asigna la firma electrónica y la manera en que ésta se plasma en los documentos que son enviados electrónicamente, pues difícilmente podría ser suplantada, ya que es el propio Consejo de la Judicatura Federal quien está encargado de tomar las medidas necesarias para otorgar su seguridad y, además, el titular de los documentos con base en los cuales se genera es el responsable de su correcto uso, teniendo en todo momento la posibilidad de revocarla, en caso de sospecha de que pudiera utilizarse sin su consentimiento. Por tanto, la firma electrónica contenida en el escrito de ratificación del desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, con su respectiva evidencia criptográfica, permite apreciar el nombre de su autor y su intención para realizar dicha actuación procesal, con lo cual el órgano jurisdiccional válidamente podrá cerciorarse que no se trate de un escrito en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad y, en función de ello, produce los mismos efectos que el signado ante autoridad judicial." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de derechos fundamentales se desecha de plano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio número 2.11.15.4/4611/2022, remitido vía correo electrónico por el Jefe de la Unidad Jurídica de la representación estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado por auto de cuatro del año en curso, así como a la ejecutoria emitida en el presente juicio, informa que el catorce de octubre del año en curso, giró el diverso UJD/2.11.15.7/4609/ 2022, con el que se solicitó a la Directora del Hospital Regional dependiente de ese Instituto, para que realice las gestiones necesarias e informe los trámites realizados para dar cabal cumplimiento con la ejecutoria de amparo, en específico del propio requerimiento de cuatro de los actuales, lo anterior para los efectos legales que haya lugar. En la inteligencia que el aludido oficio ha sido previamente certificado por la Secretaria de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245, del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente". Notifíquese.
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