Jorge Luis Salgado Miranda

Expediente 1625/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1625/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
25/01/2023

Partes del expediente

  • Jorge Luis Salgado Miranda

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Estado procesal que guarda Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente de la certificación con que se da cuenta, se advierte que a la fecha ha fenecido el término de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido el auto por el que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Firmeza del auto En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, el mismo es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por tanto, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el presente expediente dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. Relevancia documental Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "V- FIRME SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de enero de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al cual anexa diversas constancias que tienen relación directa con el acto reclamado, lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Delegados y domicilio procesal. Además, con apoyo en el ordinal 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad responsable a los profesionistas que designa y, conforme a lo que establece el numeral 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Causal de sobreseimiento. En ese mismo orden de ideas, ténganse por invocada la causal de sobreseimiento que refiere, la cual será analizada en párrafos que preceden. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, en mérito de lo anterior y visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actos que a continuación se precisan: Autoridad responsable. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Precisión de los actos reclamados. Omisión de proveer respecto a las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral... Información y documentales aportadas por las autoridades responsables. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable adjuntas a su informe justificado, que obran en el juicio de amparo en que se actúa, se aprecia que en siete de diciembre de dos mil veintidós, la junta responsable dictó acuerdo en el que se proveyó respecto de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral ... auto que fue notificado de manera personal a la parte quejosa en su calidad de actora, así como a la parte demandada, en fecha catorce de diciembre de dos mil veintidós, constancias que merecen eficacia probatoria plena, en virtud de ser copias certificadas, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. Actualización de causales. De lo anterior, se advierte que la molestia en la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fija la ley, reclamada por la parte quejosa consistente en la omisión de proveer respecto a las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral 01/399/21-III, ha cesado, pues en fecha catorce de diciembre de dos mil veintidós, la responsable notificó a la parte actora y demandada de manera personal el auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, por lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, como si la violación reclamada no hubiese surgido a la vida jurídica, con lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Asimismo, la anterior consideración encuentra apoyo en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia de la misma época e instancia, con registro número 2a./J.9/98, visible en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye al rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Justificación. Lo anterior es así, pues mediante demanda de amparo presentada el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós y turnada a esta sede al día inmediato siguiente (veintinueve de noviembre de dos mil veintidós), Jorge Luis Salgado Miranda, por propio derecho, señaló como acto reclamado la omisión de proveer sobre la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas dentro del juicio laboral 01/399/21-III. Sin embargo, del informe de ley, se advierte que en fecha siete de diciembre de dos mil veintidós, la responsable emitió el acuerdo correspondiente para proveer sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofertadas dentro del proceso de origen, determinación que fue notificada a la parte quejosa, a su vez, parte actora y a la parte demandada en catorce de diciembre pasado. En tal sentido, es dable concluir que a la fecha de presentación de la demanda si bien existía la omisión que reclama la parte quejosa por lo que hace a pronunciarse sobre la admisión y desechamiento de pruebas, ésta dejó de existir posteriormente; aunado a que la improcedencia que se comenta se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es precisamente el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo. Conclusión. En las condiciones anotadas con fundamento en el artículo 61, fracción XXI en relación con el diverso 63, fracción V de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, por los motivos anteriormente mencionados. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Por consiguiente, cuando la causa de improcedencia es notoria e indudable, de modo que nada puede impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia, como acontece en el caso. Además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, la cual establece literalmente lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Se deja sin efectos audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las doce horas con cuarenta minutos del dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano, además por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Estado procesal de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, en virtud de que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que rinda su informe justificado, o en su defecto fenezca el mismo. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las doce horas con cuarenta minutos del dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Autoridad informa gestiones de cumplimiento de sentencia de amparo Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Delegada de las autoridades del Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual informa y a su vez remite copia certificada de diversas constancias con el propósito de acreditar las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se tiene a la autoridad responsable acreditando las gestiones realizadas con el propósito de dar cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio de amparo, y por exhibidas las constancias allegadas para tal fin; por lo que se deja sin efectos la medida de apremio con que se le conminó. Se formula requerimiento En ese contexto, en términos de lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables a cuyo favor comparece la oficiante para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir de la notificación del presente acuerdo, remitan copia certificada de lo siguiente: 1.- De lo acontecido en la Sexta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Trabajo, Previsión Seguridad Social de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, respecto al proyecto de decreto recaído a la solicitud de la parte quejosa, que tuvo verificativo el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. 2.- Del decreto que en su caso se haya probado en dicha sesión, y por el que se da respuesta a la solicitud de pensión formulada por la parte quejosa. Con el apercibimiento para el caso de desacato a dicho requerimiento, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendientes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que, con exactitud, deberán cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida. Notifíquese.

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