Jorge Luis Rojas Castellanos
Expediente 36/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 36/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/03/2023
Partes del expediente
- Jorge Luis Rojas Castellanos
- Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California
Actuaciones
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- Principal
Juicio de Amparo 36/2023 En esta fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado procesal que guarda el presente juicio. Conste.Mexicali, Baja California, a veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución recaída en este juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se sobreseyó el presente juicio de amparo. Carátula. Se ordena que la carátula del presente expediente contenga impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Incidente. Sin que en el caso se haya tramitado incidente de suspensión, pues no fue solicitado por la parte quejosa. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Christian Eduardo Parra Carrillo, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 36/2023; y, RESULTANDOS PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el diez de enero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ********************, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra: SEGUNDO. Trámite. Los antecedentes más relevantes que integran el presente juicio de amparo indirecto son: La demanda se turnó a este juzgado federal el diez de enero del año en curso. Mediante proveído de once de enero de dos mil veintitrés, la demanda se radicó bajo el número 36/2023 y se admitió a trámite. Luego, substanciado el juicio en términos de ley, se celebró la audiencia constitucional que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1 fracción I, 33 fracción IV, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados en este juicio carecen de ejecución al ser de carácter omisivo, y la demanda fue presentada dentro la circunscripción territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siguientes datos de identificación y contenido: "Registro digital: 2006529 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 17/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 500 Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de: De la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California y Actuario adscrito a la misma; la falta de "agotar" la etapa inicial, concretamente, derivado de la omisión de realizar el emplazamiento de la parte demandada, en el juicio laboral ********************. Precisión que se realiza en razón de que así fue destacado claramente por el propio impetrante en la demanda en los capítulos relativos a los actos reclamados y antecedentes, donde concretamente señaló: "[.] ha sido omiso en realizar el emplazamiento [.] lo que se reitera ha llevado a la falta de agotamiento de la etapa procesal mencionada [.]". Importa destacar además, que es verdad el quejoso también señaló como acto reclamado destacado en la demanda de amparo, las calificativas siguientes: paralización, retraso, abstención y/o dilación generalizado dentro del juicio laboral al no haberse agotado la audiencia inicial en los plazos y términos de ley. Sin embargo, debe decirse que la fijación de la litis se realiza tomando en cuenta la etapa procedimental en la que se sitúa el juicio natural a la presentación de la demanda, por lo que no es posible analizar actos ni fases posteriores tales como el desahogo en sí de la audiencia inicial; por ende, en todo caso y en su oportunidad, lo relativo a etapas siguientes, bien podría ser materia de diverso reclamo en un nuevo juicio de amparo, al tratarse en todo caso de posibles omisiones y dilaciones futuras, inciertas e indeterminadas, desde luego, siempre que no se actualice alguna causal de improcedencia al respecto. Lo anterior en consonancia con la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde abandonó los anteriores criterios donde antaño consideraba que los efectos de la sentencia de amparo debían comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes; señalando que una nueva reflexión conduce a determinar que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral. Dicha tesis jurisprudencial, es de contenido y datos de localización siguientes: "Registro digital: 2005150 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732 Tipo: Aislada CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis IX.1o.17 L (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito: "Registro digital: 2008134 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: IX.1o.17 L (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, página 835 Tipo: Aislada OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados." En ese contexto, en la presente sentencia se analizarán únicamente la omisión de emplazamiento precisada al inicio de este apartado, nada más; ello en acatamiento a la jurisprudencia 2a. CV/2013 (10a.) antes citada, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de carácter obligatoria tanto para este Juzgado Federal como para los Tribunales Colegiados de Circuito, en términos del numeral 217 de la Ley de Amparo. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, al rendir el respectivo informe justificado, aceptaron los actos reclamados; no obstante, en el caso queda desvirtuada dicha afirmación, en tanto que de las constancias remitidas con dicho informe, se advierte claramente que antes de iniciado este contradictorio federal, ya había radicado el asunto laboral e incluso, que el Actuario también había efectuado el emplazamiento, cuya omisión hoy se reclama; tal como se evidenciará a continuación. Ante todo, conviene precisar que para efecto de determinar la certeza o no del acto de autoridad en el juicio de amparo, debe atenderse a la fecha de presentación de la demanda, sin que en la sentencia pueda ocuparse de actos posteriores. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "Registro digital: 206346 Instancia: Segunda Sala Octava Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 3/94 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 79, Julio de 1994, página 15 Tipo: Jurisprudencia ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En ese sentido, resulta necesario resaltar que la demanda que dio origen al juicio biinstancial que ahora se resuelve, fue presentada por el quejoso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad el diez de enero de dos mil veintitrés -según sellos de recibido plasmados en la demanda y papeleta de turno-. Así, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de las autoridades de la Junta Especial Número Cuatro de desahogar la etapa inicial, concretamente, derivado de la omisión de realizar el emplazamiento de la parte demandada, en el juicio laboral ********************; debe decirse que de las constancias allegadas a este biinstancial, se observa que por el contrario, desde el uno de septiembre de dos mil veintidós, fue emitido el proveído relativo de radicación de demanda, donde se ordenó por primera ocasión el emplazamiento cuya omisión hoy se reclama, lo que incluso, el Actuario responsable realizó el cinco de enero de dos mil veintitrés. Dichas constancias tienen valor probatorio pleno como documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que se trata de actuaciones certificadas emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, que establece: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así pues, de lo antes expuesto se colige indudablemente que el acto omisivo reclamado a la autoridad responsable consabida, a la fecha de presentación de la demanda de amparo resulta inexistente; ello en virtud que de las constancias allegadas a este sumario constitucional, y que fueron valoradas con antelación, puede apreciarse previamente a la instauración de la demanda de dio origen al amparo que hoy se resuelve, el Actuario de la Junta laboral ya había llevado a cabo el emplazamiento, de cuya omisión hoy se duele; según fue razonado en párrafos superiores. Máxime que conforme lo dispone el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, el Actuario de la Junta cuenta con diez días de anticipación a la audiencia fijada, cuando menos, para llevar a cabo la diligencia de emplazamiento cuya omisión hoy se reclama; por tanto, es inconcuso que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -diez de enero de este año-, desde luego, aún no fenecía el término legal que tenía el fedatario público, para efectos de realizar el llamamiento ahora reclamado, pues tenía hasta diez antes de la data de audiencia de conciliación, demanda y excepciones fijada -dieciséis de febrero de dos mil veintitrés-, o sea, hasta el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés para tal efecto. Por consiguiente, de lo antes expuesto se colige indudablemente que al día en que fue presentada la demanda de amparo, no existía el acto omisivo reclamado; ello en virtud que de las constancias allegadas a este sumario constitucional, y que fueron valoradas con antelación, puede apreciarse previamente a la instauración de la demanda de dio origen al amparo que hoy se resuelve, el Actuario no ha incurrido en la omisión reclamada, según se razonó en párrafos superiores. Resta precisar que si bien en el auto de uno de septiembre de dos mil veintidós, fue señalada para la audiencia inicial una data fuera del plazo de quince días de ley -dieciséis de febrero de dos mil veintitrés-; empero, el proveído en sí, no es materia de este sumario constitucional, en tanto que el acto aquí reclamado en forma destacada, como se anticipó en el considerando segundo, consistió solamente en la omisión genérica o falta de agotar la etapa inicial por no haber realizado el emplazamiento; inclusive, de hecho, ésta lo desconocía, tan es así, que de las constancias del juicio natural allegadas a este sumario constitucional, se observa que tal proveído ni siquiera le había sido notificado, de manera que la parte quejosa, no podía acudir a esta instancia de amparo a reclamarlo. Sin que la suplencia de la queja a que se refiere el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en favor de la parte trabajadora, tenga el alcance de cambiar la litis del juicio de amparo, y señalar actos que la quejosa no señaló; es decir, de subsanar la omisión en el señalamiento expreso del auto mencionado, puesto que ésta aplica únicamente, en relación con la deficiencia de los conceptos de violación o agravios. Importa destacar que, la fijación de la litis se realiza tomando en cuenta la etapa procedimental en la que se sitúa el juicio natural a la presentación de la demanda, por lo que no es posible analizar actos posteriores; por ende, en todo caso, el auto donde se fijó data fuera del plazo de quince días de ley, bien podría ser materia de diverso juicio de amparo, desde luego, siempre que no se actualice alguna causal de improcedencia al respecto. Al respecto es aplicable la tesis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "Registro digital: 2005150 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732 Tipo: Aislada CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Decisión. En congruencia con lo anterior, ante la inexistencia de los actos omisivos atribuidos a las autoridades de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, a la data de presentación del demanda de amparo; lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo en los términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia; lo que imposibilita a este juzgador para abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de amparo. Por su aplicación, se invocan los criterios sustentados por la entonces integración del Tribunal Pleno y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siguientes datos de localización y contenidos: "Registro digital: 232302 Instancia: Pleno Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 187-192, Primera Parte, página 88 Tipo: Aislada SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." "Registro digital: 239006 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, página 49 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo respecto los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando segundo, por los motivos respectivamente expuestos en el considerando tercero de este fallo. Notificación de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Así lo resolvió y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Christian Eduardo Parra Carrillo, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a diez de febrero de dos mil veintitrés. Certificación y estado de autos. Visto el contenido de la certificación que antecede así como del estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado, toda vez que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado agregado en el presente juicio, mediante proveído de treinta y uno de enero del año en curso. Diferimiento. En consecuencia, es procedente diferir la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se fijan las once horas con veinte minutos del ocho de marzo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Informe Justificado. Visto lo de cuenta, recíbase el informe con justificación rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad -en relación a los oficios 998 y 999-, y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de que se trata, con el mismo se ordena dar vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de la relación en la audiencia constitucional relativa. Prueba. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por presentada la documental que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. Domicilio. No fue señalado. Delegados. No designaron. Notifíquese.
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