Jorge Luis Rodríguez Trejo
Expediente 2430/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2430/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jorge Luis Rodríguez Trejo
Actuaciones
- Principal
Chihuahua, Chihuahua, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el licenciado ********************en su carácter de autorizado de la parte quejosa. Ahora bien, atendiendo al contenido del escrito, esta juzgadora advierte que en el caso se actualiza la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Cabe señalar que la causa de improcedencia anunciada, se materializa aún en el caso que se haya acreditado la existencia del acto controvertido, pues admitir lo contrario sería tanto como desnaturalizar la operancia de las hipótesis de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen, es presupuesto necesario que previamente se encuentre probado tal acto. En este supuesto, resulta aplicable en lo conducente y por identidad de razón, la jurisprudencia J/209, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 55, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y dos, página 51, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, analizar las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". Ahora bien, el análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esas premisas, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del promovente del amparo al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica, no sólo la detención definitiva de la autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Efectivamente, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia de la conducta impugnada, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio 1999, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En virtud de lo anterior, respecto del acto reclamado, consistente en la omisión de notificar el acuerdo de veintiséis de junio del presente año a la parte quejosa, dentro del expediente ********************del índice del Juzgado Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, con sede en esta ciudad, se actualiza, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. . .) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Se afirma la causal en cita, en razón del escrito remitido por el autorizado de la parte quejosa, en el que informa que el quince de noviembre de año en curso, se subió al sistema la consulta remota de la constancia de notificación practicada el día diez de noviembre de dos mil veintitrés, dentro del expediente ******************** del índice del Juzgado Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, con sede en esta ciudad, de la que se desprende el oficial notificador llevo a cabo dicha notificación. En consecuencia, se estima que se actualiza la cesación de efectos del acto reclamado por el quejoso, de conformidad con el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo y por ende procede una causa de sobreseimiento de conformidad con el artículo 63 de la presente ley. Bajo esa óptica, se concluye que el acto reclamado a la responsable cesó en sus efectos, considerando que; las cosas se presentan como si se hubiera concedido la protección constitucional solicitada, esto como lo sostiene la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la SCJN, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Página 386, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este Tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Así también, la jurisprudencia J/22, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la SCJN, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Página 386, que es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo.". Y la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la SCJN, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Página 386, bajo el texto y rubro siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De ese modo, es clara la actualización de la causal de improcedencia analizada, por lo que con fundamento en el numeral 61, fracción XXI, en relación con el precepto 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. Algunas tesis y jurisprudencias mencionadas, resultan aplicables en el presente asunto, toda vez que si bien es cierto, el contenido de las mismas alude a la anterior Ley de Amparo; también lo es que contienen los mismos principios de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; de ahí que resulten aplicables. Se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, sin que haya necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, pues ello traería consigo retardo en la impartición de justicia en contravención a lo dispuesto en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Por otra parte, y tocante a la celebración de la audiencia de juicio oral señalada en el presente juicio de amparo para las NUEVE HORAS CON TRES MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, por las razones expuestas en el presente proveído se deja sin efectos la misma. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Autoridad responsable Secretaria de Acuerdos de la Quinta Sala Penal, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, en vías de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; se requiere al Magistrado de la Quinta Sala Pena.
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