Jorge Luis Rodriguez Rodríguez y Otros.

Expediente 1895/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 15 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1895/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
25/05/2021

Partes del expediente

  • Jorge Luis Rodriguez Rodríguez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de los presentes autos y la certificación que antecede, se aprecia que mediante proveído de veintiocho de abril del año que transcurre, se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, habiendo transcurrido el término de quince días que tiene la parte legitimada para inconformarse con esa resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, se entiende que existe conformidad con dicha determinación. Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la citada ley, archívese el mismo. Entonces, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, ni aporta mayores elementos al acervo cultural, conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 18, fracción I, inciso b), del capítulo séptimo, relativo a la depuración de expedientes judiciales, se determina que una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este proveído, este expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y sentencia respectiva. Toda vez que es innecesario seguir conservando las copias certificadas del expediente penal número 192/2015-II, que obran en seis tomos, remítanse a su lugar de origen. Respecto de los cuadernos incidentales, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 12, capítulo cuarto, del Acuerdo General antes citado, acuérdese en ellos lo conducente en relación a su archivo y valoración. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Incidental

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del juicio principal del que deriva el cuaderno incidental en que se actúa, se advierte que en proveído de esta fecha se declaró cumplida la sentencia ahí dictada; por tanto, en observancia del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en específico en el capítulo cuarto, artículo 12, se procede a la valoración de los presentes cuadernos. Por cuanto hace al original del incidente de suspensión, toda vez que en proveído de seis de enero de dos mil veinte, se concedió la suspensión provisional e interlocutoria de veintitrés del mismo mes y año, se negó la medida cautelar solicitada, es susceptible de ser depurado, una vez transcurridos tres años a partir de este proveído, acorde con lo dispuesto en capítulo séptimo, artículo 18; y respecto al duplicado, éste deberá ser destruido una vez que transcurran seis meses a partir del dictado de este proveído, de conformidad con lo establecido en el capítulo octavo, artículo 20, del Acuerdo General antes mencionado; en consecuencia, se ordena su archivo, hasta en tanto transcurran los plazos antes señalados. Notifíquese por lista electrónica.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A AL TERCERO INTERESADO... Y PARTE QUEJOSA Y EL SIGUEINTE PROVEÍDO, POR ASÍ ORDENARLO LOS DIVERSOS TREINTA DE JUNIO DE 2020 Y VEINTE DE LOS ACTUALES, RESPECTIVAMENTE, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE... Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que la autoridad responsable pretende dar a la concesión de amparo; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra o no cumplido cabalmente. Con ese propósito, conviene indicar que por resolución de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal, concedió la protección constitucional a los quejosos Jorge Luis Rodríguez Rodríguez, Ana María González Pérez y Lucina Grissel Rodríguez González, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad, realizara lo siguiente: ".a) Deje insubsistente el acuerdo de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal 192/2015-II de su índice, únicamente por lo que se refiere a la fijación de la caución, así como la orden de reaprehensión de tres de enero de dos mil veinte; y, b) Con plenitud de jurisdicción emita otro acuerdo debidamente fundado y siguiendo los lineamientos de la presente resolución y lo notifique a los procesados. Concesión del amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades ejecutoras al no reclamársele por vicios propios, sino como consecuencia de la emisión de la orden de reaprehensión reclamada, atento a la jurisprudencia 652, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.". Una vez que ésta causó ejecutoria, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Luego, mediante oficios 339 y 373 recibidos en este órgano jurisdiccional el cinco y quince de abril del presente año, la autoridad responsable, remitió copia certificada del auto de veintiséis de marzo de la presente anualidad, dictado en la causa penal 192/2015-II, en el cual dejó insubsistente los acuerdo de nueve de diciembre de dos mil diecinueve y tres de enero de dos mil veinte; siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo y con libertad de jurisdicción procedió a emitir uno nuevo, en el que fijó como garantía procesal la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional) a las inculpadas Ana María González Pérez y Lucina Grisel Rodríguez Gonzalez y la suma de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional) a Jorge Luis Rodríguez Rodríguez, tomando en consideración sus antecedentes personales, así como las constancias de notificación realizadas a las partes respecto de dicho acuerdo; documentales que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2º. Mediante proveído de dieciséis de abril de la anualidad en curso, este Órgano Jurisdiccional ordenó dar vista a los peticionarios del amparo con las constancias que remitió la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera; apercibidos que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento del fallo protector, se acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo, se notificó a los quejosos por medio de estrados de este Juzgado Federal, sin que oportunamente hubieran desahogado esa vista, por lo que este Juzgado Federal procede a pronunciarse sobre tal aspecto y para tal efecto se realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a la parte quejosa, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. En ese tenor, es evidente que la autoridad responsable al haber dejado insubsistente los acuerdo de nueve de diciembre de dos mil diecinueve y tres de enero de dos mil veinte; siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo y con libertad de jurisdicción haber emitido uno nuevo, en el que fijó como garantía procesal la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional) a las inculpadas Ana María González Pérez y Lucina Grisel Rodríguez Gonzalez y la suma de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional) a Jorge Luis Rodríguez Rodríguez, tomando en consideración sus antecedentes personales, así como haber notificado a los nombrados dicho acuerdo, restituyó totalmente a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales que se estimaron vulnerados en la sentencia impugnada; en esas condiciones, es de concluirse que se acataron los términos en que se dictó y se tiene por cumplida la misma, sin exceso o defecto. Notifíquese personalmente.

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