Jorge Luis Rodríguez Díaz
Expediente 834/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 834/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 05/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Jorge Luis Rodríguez Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
MESA 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se les negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a Jorge Luis Rodríguez Díaz y Juana Magdalena Escobedo García; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, devuélvase a la Jueza de Oralidad Mercantil de Primera Instancia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, con sede en la ciudad, copia certificada del expediente número 61/2018, de su índice, el cual se manejó por cuerda separada en un tomo, prueba que remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
MESA 3 En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas con diez minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, estando en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en la referida entidad federativa, quien actúa debidamente asistido de René Peña Morgan, Secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio 834/2020-3 promovido por Jorge Luis Rodríguez Díaz y Juana Magdalena Escobedo García. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con: 1. La instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto que ofreció la parte quejosa en su escrito de demanda; 2. Copia certificada del expediente 61/2018, mismo que obra por cuerda separada debido a su volumen. En consecuencia, el juez de distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten los medios de convicción de referencia y se tienen por desahogados en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo más probanzas que desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; el Secretario da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 834/2020-3, promovido por Jorge Luis Rodríguez Díaz y Juana Magdalena Escobedo García, contra actos del Juez Oral Mercantil de Primera Instancia de Centro, Tabasco y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el treinta de septiembre de dos mil veinte (fojas 1 a 12), a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Jorge Luis Rodríguez Díaz y Juana Magdalena Escobedo García solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 El auto de siete de septiembre de dos mil veinte, que contiene la orden de adjudicación directa en el juicio oral mercantil número 61/2018, AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Juez Oral Mercantil de Primera Instancia de Centro, Tabasco. 2 Oficina Registral de Pichucalco, Chiapas. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de uno de octubre de dos mil veinte (fojas 13 a 18), se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 834/2020-3; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. AUTORIDAD INEXISTENTE. En proveído de tres de diciembre de dos mil veinte (foja 56), se agregó a los autos la pieza postal remitida por el Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, relativa al oficio 15886/2020, dirigido a la autoridad responsable denominada Oficina Registral de Pichucalco, Chiapas, la cual fue devuelta en razón de la leyenda que dice "no especifica autoridad". Con motivo de lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días hábiles, aclarara la denominación de la citada autoridad, a efecto de que pudiera ser llamada al presente juicio, se desistiera de dicho señalamiento o acreditara la existencia de la misma, apercibida que de no hacerlo se dejaría de tener como tal y se tendrían sus actos como inexistentes. En auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte (foja 64), se hizo efectivo el precitado apercibimiento y se tuvo como autoridad inexistente a la Oficina Registral de Pichucalco, Chiapas. CUARTO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medias adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos acuerdos generales 25/2020 y 37/2020. En esa tesitura, en atención a la materia y particularidad del asunto en que se actúa, quedó suspendido durante el periodo al que refiere el punto de acuerdo en cita. QUINTO. REANUDACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de quince de enero de dos mi veintiuno (fojas 70 y 71), se reanudó el presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que precede. SEXTO. EMPLAZAMIENTO. El veintiséis de enero de dos mil veintiuno (foja 75), se realizó el emplazamiento del tercero interesado Samuel Madrigal Soberano. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable tiene su residencia en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, el suscrito está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; para eso, es imprescindible efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Al respecto, es de tomar en cuenta la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: El auto de siete de septiembre de dos mil veinte, que contiene la orden de adjudicación directa en el juicio oral mercantil número 61/2018, del índice del Juzgado Oral Mercantil de Primera Instancia de Centro, Tabasco. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado al haberlo reconocido la precitada autoridad responsable en el informe justificado (foja 27), lo que se corrobora con las copias certificadas que remitió del aludido expediente. Sobre el particular, sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, en lo que interesa, se desprende lo siguiente: El dieciséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 24 a 26 del tomo de pruebas), se admitió a trámite la demanda ejecutiva mercantil promovida por los endosatarios en procuración de Samuel Madrigal Soberano, en contra de Jorge Luis Rodríguez Díaz, registrada con el expediente 61/2018, del índice del Juzgado Oral Mercantil de Primera Instancia de Centro, Tabasco. El quince de mayo del dos mil dieciocho (fojas 57 a 60 del tomo de pruebas), se realizó la diligencia de notificación, requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del precitado demandado, en la que se embargaron los derechos de copropiedad del inmueble ubicado en calle Reforma, lote 09, manzana 31, zona XI, del fraccionamiento Nueva Creación Une, de la ciudad de Reforma, Chiapas (registrado a nombre de Juana Magdalena Escobedo García). En audiencia preliminar de catorce de marzo de dos mil diecinueve (fojas 244 a 247 del tomo de pruebas), las partes celebraron convenio judicial, pactando en la cláusula tercera la subsistencia del embargo precitado, correspondiente a la parte alícuota que por derecho le corresponde al demandado Jorge Luís Rodríguez Díaz, en atención a que de la copia certificada del acta de matrimonio de veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y uno, se advirtió que el demandado se encuentra casado bajo el régimen de sociedad conyugal con Juana Magdalena Escobedo García y del certificado de libertad o gravamen de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve (foja 230 del tomo de pruebas), se desprende que dicho inmueble lo adquirieron por compraventa el once de noviembre de dos mil cuatro, posterior a la celebración del matrimonio, por lo que forma parte de la sociedad conyugal. Mediante auto de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve (foja 294 del tomo de pruebas), se ordenó requerir a la parte demandada para que, en el término de cinco días hábiles contados a partir del siguiente en que surtiera efectos la notificación relativa, acreditara con prueba fehaciente haber dado cumplimiento al convenio judicial antes citado. El aludido proveído fue notificado al demandado en cuestión, el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve (fojas 295 y 296 del tomo de pruebas), sin que diera cumplimiento al aludido requerimiento. En proveído de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, se procedió a la ejecución del convenio judicial, requiriéndose a la parte actora para que proporcionara el domicilio de Juana Magdalena Escobedo García, copropietaria del bien embargado, con la finalidad de que compareciera a deducir sus derechos en el juicio de origen (fojas 331 a 333 del tomo de pruebas). Mediante auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve (foja 338 del tomo de pruebas), se dio vista a la parte demandada con el avalúo de la actora. En acuerdo de ocho de julio de dos mil diecinueve (fojas 344 y 345 del tomo de pruebas), la responsable ordenó dar vista a Juana Magdalena Escobedo García, copropietaria del bien embargado, con el avalúo presentado por la actora, para que en el término de tres días hábiles contados a partir del siguiente en que surtiera efectos la notificación correspondiente, manifestara lo que a sus intereses conviniera, apercibida que de no hacerlo se entendería conforme con el mismo. Por escrito de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve (foja 368 del tomo de pruebas), compareció la copropietaria Juana Magdalena Escobedo García, a manifestar su inconformidad con el avaluó emitido por el ingeniero Darwin de la Cruz de la Cruz, y señaló domicilio para recibir citas y notificaciones, escrito que se proveyó en auto de dos de octubre del mismo año (fojas 393 y 394 del tomo de pruebas), en el que también se le concedió a las partes el término de diez días hábiles, para que exhibieran su avaluó. Mediante auto de diez de marzo de dos mil veinte (fojas 529 y 530 del tomo de pruebas), se aprobó el avalúo emitido por el ingeniero Falconoris Latournerie Moreno, perito tercero en discordia y se ordenó notificar a la copropietaria Juana Magdalena Escobedo García, en el domicilio señalado en autos, que el valor de la parte alícuota del bien inmueble embargado a la parte demandada, es de $1,355,000.00 (un millón trescientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), del que la ejecutante solicitó la adjudicación directa. Asimismo, se le requirió a la citada copropietaria para que, dentro del plazo de ocho días hábiles, manifestara si deseaba hacer uso del derecho del tanto, haciéndole de su conocimiento que, transcurrido dicho término, perdería ese derecho. En razón actuarial de diecisiete de marzo de dos mil veinte (foja 533 vuelta, del tomo de pruebas), se hizo constar la imposibilidad de notificar a la precitada copropietaria del inmueble embargado. Por proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte (foja 535 del tomo de pruebas), se fijó como domicilio procesal de la aludida copropietaria los estrados de ese Juzgado; notificándosele por ese medio el diecinueve siguiente el acuerdo de diez de ese mismo mes y año (fojas 536 y 537 del tomo de pruebas). En auto de siete de septiembre de dos mil veinte (fojas 542 a 544 del tomo de pruebas), se tuvo por perdido el derecho de la copropietaria Juana Magdalena Escobedo García, para hacer uso del derecho del tanto y, en consecuencia, se adjudicó a la parte actora de forma directa la parte alícuota del inmueble siguiente: Predio urbano con construcción (casa habitación de dos plantas y locales comerciales), ubicado en calle Reforma, lote 09, manzana 31, Zona XI, de la Colonia Une (nueva creación), de la ciudad de Reforma, Chiapas, con una superficie de 215.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al norte, 10.50 metros con lote número 8; al sur, 11.00 metros con carretera a Estación Juárez y zona federal de por medio; al oriente, 20.00 metros con calle Reforma; y al poniente, 20.00 metros con lote número 10, por el valor de $1,355,000.00 (un millón trescientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional). SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL. En esencia, los impetrantes de amparo reclaman el auto de siete de septiembre de dos mil veinte, que contiene la orden de adjudicación directa en el juicio oral mercantil número 61/2018, del índice del Juzgado Oral Mercantil de Primera Instancia de Centro, Tabasco. Sobre el particular, concretamente aducen que la autoridad responsable transgrede los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiriendo que: No se les otorgó la oportunidad para adquirir el bien adjudicado o que un tercero adquiriese el mismo. Jorge Luís Rodríguez Díaz, se encuentra pagando el adeudo, sin que el descuento que realizan en su nómina por la cantidad de $3,165.58 (tres mil ciento sesenta y cinco pesos 58/100 moneda nacional), fuera tomado en cuenta por la juzgadora. Se les negó la oportunidad de ejercer el derecho del tanto, ya que no consta ninguna notificación personal dirigida a Juana Magdalena Escobedo García. La propiedad fue adquirida con anterioridad al matrimonio. El auto combatido no determina las bases sobre las cuales deberá consistir la división del inmueble, para garantizar a las partes las bases para la división, que permita que los derechos del copropietario sean respetados, de forma individual, toda vez que no pertenece a la litis. En apoyo de lo anterior, citaron las tesis de rubros: "DERECHO DEL TANTO. EL HECHO DE QUE EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE SE HUBIESE CONSUMADO LA VENTA JUDICIAL SIN RESPETARSE AQUÉL Y EL COPROPIETARIO TERCERO EXTRAÑO TENGA A SU ALCANCE LA ACCIÓN DE RETRACTO PARA RECLAMARLO, NO IMPIDE QUE PUEDA CONCEDERSE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SOLICITADA"; "COPROPIEDAD, DIVISIÓN DE LA. REQUISITOS PARA QUE SE ORDENE EN SENTENCIA DEFINITIVA LA ADJUDICACIÓN INDIVIDUAL A LOS CODUEÑOS DE CADA UNA DE LAS FRACCIONES EN QUE SE DIVIDA"; "AMPARO. EFECTOS DE LA SENTENCIA CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTA LOS DERECHOS DE COPROPIEDAD DE UN BIEN INMUEBLE EMBARGADO DENTRO DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL"; "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL PREVÉ DOS ÁMBITOS DE APLICACIÓN DIFERENCIADOS"; "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYESPARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA"; "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO"; y, "AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO. PARA SU PROCEDENCIA, NO DEBE EXIGÍRSELE COMO REQUISITO QUE EXISTA UN ACTO DENTRO DE JUICIO QUE TENGA UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". Previo examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, podemos establecer que los aludidos motivos de inconformidad son infundados. En efecto, el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instituye: "Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.". Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido reiteradamente, que las formalidades esenciales del procedimiento son aquéllas que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de autoridad y que de manera genérica se traducen en los siguientes requisitos: Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; Oportunidad de alegar; y Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. El respeto al derecho fundamental de audiencia impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que el juicio que pueda culminar con un acto privativo, se siga ante tribunales previamente establecidos, conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho y que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; ello, para otorgar al posible afectado, oportunidad de defensa. En el caso, como quedó establecido en el considerando relativo a los antecedentes del acto reclamado, el quince de mayo del dos mil dieciocho, se realizó la diligencia de notificación, requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del demandado Jorge Luís Rodríguez Díaz, en la que se embargaron los derechos de copropiedad del inmueble ubicado en calle Reforma, lote 09, manzana 31, zona XI, del fraccionamiento Nueva Creación Une, de la ciudad de Reforma, Chiapas (registrado a nombre de Juana Magdalena Escobedo García). Lo anterior, pone en evidencia que el quejoso Jorge Luís Rodríguez Díaz, fue notificado y emplazado al juicio ejecutivo mercantil en cuestión, en el que tuvo la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, así como de alegar. Tan es así, que el catorce de marzo de dos mil diecinueve, el precitado demandado celebró convenio judicial con la parte actora, mismo que fue aprobado por la autoridad responsable, elevado a la categoría de cosa juzgada como si de sentencia definitiva debidamente ejecutoriada se tratara. Asimismo, de la cláusula tercera del referido convenio se obtiene que las partes acordaron la subsistencia del embargo precitado, correspondiente a la parte alícuota que por derecho le corresponde a Jorge Luís Rodríguez Díaz, en atención a que de la copia certificada del acta de matrimonio de veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y uno, se advirtió que se encuentra casado bajo el régimen de sociedad conyugal con Juana Magdalena Escobedo García y del certificado de libertad o gravamen de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se desprende que dicho inmueble lo adquirieron por compraventa el once de noviembre de dos mil cuatro, posterior a la celebración del matrimonio, por lo que la autoridad responsable consideró que formaba parte de dicha mancomunidad. Ante el incumplimiento del referido convenio por parte del demandado Jorge Luís Rodríguez Díaz, mediante auto de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable ordenó requerirle para que, en el término de cinco días hábiles contados a partir del siguiente en que surtiera efectos la notificación relativa, acreditara lo contrario con prueba fehaciente. Proveído que le fue notificado el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, sin que diera cumplimiento al aludido requerimiento. Por ello, en proveído de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, la autoridad responsable, previa solicitud de la parte actora, procedió a la ejecución del convenio judicial, requiriéndose a ésta para que proporcionara el domicilio de Juana Magdalena Escobedo García, copropietaria del bien embargado, con la finalidad de que compareciera a deducir sus derechos en el juicio de origen. De igual forma, mediante auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte demandada con el avalúo de la actora. Del tomo de pruebas, también se obtiene que en acuerdo de ocho de julio de dos mil diecinueve, la autoridad responsable ordenó dar vista a Juana Magdalena Escobedo García, copropietaria del bien embargado, con el avalúo presentado por la actora, para que en el término de tres días hábiles contados a partir del siguiente en que surtiera efectos la notificación correspondiente, manifestara lo que a sus intereses conviniera, apercibida que de no hacerlo se entendería conforme con el mismo; para esos efectos, se libró el exhorto correspondiente, dado que el domicilio de aquélla se ubica en la ciudad de Reforma, Chiapas. Por escrito de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, compareció la copropietaria Juana Magdalena Escobedo García, a manifestar su inconformidad con el avaluó emitido por el ingeniero Darwin de la Cruz de la Cruz, y señaló domicilio para recibir citas y notificaciones, escrito que se proveyó en auto de dos de octubre del mismo año, en el que también se le concedió a las partes el término de diez días hábiles, para que exhibieran su avaluó. Mediante auto de diez de marzo de dos mil veinte, la autoridad responsable aprobó el avalúo emitido por el ingeniero Falconoris Latournerie Moreno, perito tercero en discordia y ordenó notificar a la copropietaria Juana Magdalena Escobedo García, en el domicilio proporcionado por ella misma, que el valor de la parte alícuota del bien inmueble embargado a la parte demandada, es de $1,355,000.00 (un millón trescientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), del que la ejecutante solicitó la adjudicación directa. Asimismo, se le requirió a la citada copropietaria para que, dentro del plazo de ocho días hábiles, manifestara si deseaba hacer uso del derecho del tanto, haciéndole de su conocimiento que, transcurrido dicho término, perdería ese derecho. En razón actuarial de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se hizo constar la imposibilidad de notificar a la precitada copropietaria del inmueble embargado; por ende, en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte, la autoridad responsable fijó como domicilio procesal de la aludida copropietaria, los estrados de ese Juzgado; notificándosele por ese medio el diecinueve siguiente el acuerdo de diez de ese mismo mes y año. Como se puede advertir, la quejosa Juana Magdalena Escobedo García, también compareció en el juicio de mérito mediante escrito de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, en el que manifestó su inconformidad con el avaluó emitido por el ingeniero Darwin de la Cruz de la Cruz, y señaló domicilio para recibir citas y notificaciones, en el cual se intentó notificarle el proveído de diez de marzo de dos mil veinte, en el que la autoridad responsable, además de aprobar el avalúo emitido por el ingeniero Falconoris Latournerie Moreno, perito tercero en discordia; le hace saber que el valor de la parte alícuota del bien inmueble embargado a la parte demandada, es de $1,355,000.00 (un millón trescientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), del que la ejecutante solicitó la adjudicación directa; asimismo, le requiere para que, dentro del plazo de ocho días hábiles, manifestara si deseaba hacer uso del derecho del tanto, haciéndole de su conocimiento que, transcurrido dicho término, perdería ese derecho. Sin embargo, como se desprende de la razón actuarial precitada, dicha notificación no fue posible hacerla en el domicilio proporcionado por Juana Magdalena Escobedo García, por lo que en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte, la autoridad responsable fijó como domicilio procesal de la aludida copropietaria, los estrados de ese juzgado; notificándosele por ese medio el diecinueve siguiente el acuerdo de diez de ese mismo mes y año. Como se puede observar, la autoridad responsable intentó notificar personalmente a la copropietaria Juana Magdalena Escobedo García, entre otras cosas, que el valor de la parte alícuota del bien inmueble embargado a la parte demandada, es de $1,355,000.00 (un millón trescientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional); que la ejecutante solicitó la adjudicación directa; y que se le concedía el plazo de ocho días hábiles, para que manifestara si deseaba hacer uso del derecho del tanto. De ahí que sean infundados los conceptos de violación formulados por los quejosos. En relación al argumento en el que se sostiene que Jorge Luís Rodríguez Díaz, se encuentra pagando el adeudo, sin que el descuento que realizan en su nómina por la cantidad de $3,165.58 (tres mil ciento sesenta y cinco pesos 58/100 moneda nacional), fuera tomado en cuenta por la juzgadora. Cabe establecer que, en la determinación reclamada, la autoridad responsable sostuvo lo siguiente: ". Segundo. se tiene por presentada la licenciada Lizbeth del Carmen Acosta Mayo, endosataria en procuración de la parte actora, con su escrito de cuenta, como lo solicita y toda vez que del cómputo secretaria que antecede, se observa que el término concedido a la copropietaria Juana Magdalena Escobedo García, para hacer uso del derecho del tanto, ha fenecido, sin que lo hiciera, con fundamento en el artículo 1078 del código de Comercio en vigor, se le tiene por precluido el derecho para hacerlo. Tercero. Por otra parte, se tiene a la ocursante solicitando la adjudicación de forma directa del bien inmueble a ejecutar, por lo que previo a pronunciarse sobre dicha petición resulta necesario destacar lo siguiente: Del certificado de libertad o existencia de gravámenes del veintitrés de abril de dos mil diecinueve, exhibido por la ocursante, se desprende que existe copropietaria, a quien se le dio el uso del derecho del tanto; sin que lo hiciera; así también, se desprende que no existe ningún otro acreedor. de los avalúos que obran en autos, elaborados por los ingenieros Darwin de la Cruz de la Cruz, Ciprián Cabrera Sánchez y Falconoris Latournerie Moreno, peritos de la parte actora y demandada y tercero en discordia, respectivamente, este Tribunal aprobó el avalúo emitido por Falconoris Latournerie Moreno, perito tercero en discordia, cuyo avalúo arrojó como valor comercial de la totalidad del inmueble $2,710,000.00 (dos millones setecientos diez mil pesos 00/100 moneda nacional), mismo que de una simple operación aritmética, se desprende que el valor comercial de la parte alícuota del inmueble resulta ser $1,355,000.00 (un millón trescientos cincuenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por lo que de conformidad con el artículo 1410 del Código de Comercio en vigor, se tomará como base para resolver sobre la adjudicación directa solicitada por la parte actora. Efectuado lo anterior, atendiendo los cláusulas pactadas por las partes en el convenio judicial de fecha catorce de marzo de dos mil diecinueve, en las que el demandado se comprometió al pago de $2,150,000.00 (dos millones ciento cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal e intereses moratorios y $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de gastos, costas y honorarios profesionales, lo que hace un total de $2,310,000.00 (dos millones trescientos diez mil pesos moneda nacional), siendo esta cantidad superior al valor que al perito tercero en discordia asignó a la parte alícuota del inmueble sujeto a remate, con fundamento en el artículo 1412-bis del Código de Comercio en vigor; por tanto, resulta procedente la solicitud de la cursante en consecuencia se adjudica de manera directa a favor de Samuel Madrigal Soberano, la parte alícuota del bien inmueble siguiente: Predio urbano con construcción (casa habitación de dos plantas y locales comerciales) ubicado en Calle Reforma, lote 09, manzana 31, zona XI, de la Colonia Une (nueva creación), de la Ciudad de Reforma, Chiapas, con una superficie de 215.00 metros cuadrados, con los siguientes medidas y colindancias al norte 10.50 metros con lote número 8, al sur 11.00 con carretera a estación Juárez y Zona Federal de por medio, al oriente 20.00 metros con calle Reforma y al poniente 20.00 con lote número 10. Parte alícuota que se adjudica por el valor de $1,355,000.00 (un millón trescientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), cantidad asignada por el perito tercero en discordia, y aprobada por esta autoridad judicial. Cuarto. se requiere el demandado Jorge Luis Rodríguez Díaz y a Juana Magdalena Escobedo García, para que firmen la escritura de adjudicación ante el notario público que para tales efectos designe el ejecutante, para lo cual se les concede el término de cinco días hábiles, siguientes al día en que esta autoridad les dé el aviso respectivo, advertidos que en caso de negativa en la juzgadora la firmará en su rebeldía. Quinto. Otorgada la correspondiente escritura traslativa de dominio, gírese oficio a la Oficina Registral de Pichucalco, Chiapas, para que proceda a cancelar el gravamen que pesan sobre la parte alícuota del inmueble adjudicado, por lo que hace al presente juicio. Sexto. Por otra parte, se tiene a la ocursante solicitando que se le gire oficio recordatorio a la Coordinación Contenciosa Multimateria de la Dirección Jurídica Región Sureste, Subgerencia Jurídica de Pemex, Exploración y Producción. Ahora, considerando que ha procedido a la adjudicación directa del bien inmueble embargado y en atención a la solicitud de la parte actora, mediante oficio comuníquese al licenciado Mario Alberto Gallardo García, titular de la Subgerencia de Servicios Jurídicos Región Sureste de Pemex, Exploración y Producción, que la retención ordenada mediante oficio número 933 de fecha 25 de junio del 2019, debe realizarse únicamente hasta por $955,000.00 (novecientos cincuenta y cinco mil pesos moneda nacional). Lo anterior, en razón de que la parte actora Samuel Madrigal Soberano, se adjudicó la parte alícuota del bien inmueble embargado en autos, por la cantidad de $1,355,000.00 (un millón trescientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), por lo que al restarse dicha cantidad a la suma de $2,310,000.00 (dos millones trescientos diez mil pesos moneda nacional), de la misma solo resta del adeudo de $955,000.00 (novecientos cincuenta y cinco mil pesos moneda nacional), a favor del citado actor. En consecuencia, se le requiere para que realice los depósitos a favor del beneficiario Samuel Madrigal Soberano, en la cuenta bancaria indicada en el oficio número 460 de fecha 18 de febrero del 2020. En el entendido que la citada empresa productiva del Estado, deberá informar a esta juzgadora los pagos que haga a favor del beneficiario, apercibiéndola, que de no cumplir, se le hará efectivo el apercibimiento ordenado en el oficio antes referido." (fojas 542 a 544 del tomo de pruebas). Como se advierte, la responsable estableció que se adjudicó a Samuel Madrigal Soberano, actor del juicio natural, la parte alícuota del bien inmueble embargado, por la cantidad de $1,355,000.00 (un millón trescientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional); que al restarse dicha cantidad a la suma de $2,310,000.00 (dos millones trescientos diez mil pesos moneda nacional), dio como resultado el adeudo de $955,000.00 (novecientos cincuenta y cinco mil pesos moneda nacional), a favor del citado demandante. Por ello, la responsable instruyó comunicar mediante oficio al titular de la Subgerencia de Servicios Jurídicos Región Sureste de Pemex, Exploración y Producción, que la retención ordenada mediante el diverso número 933, de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, debe realizarse únicamente hasta por el monto de $955,000.00 (novecientos cincuenta y cinco mil pesos moneda nacional). Por lo que resulta evidente que la autoridad responsable sí consideró los descuentos que soporta el salario del referido quejoso, estableciendo que los mismos no deben ser mayores a la suma precitada. Por otra parte, los impetrantes aducen que la propiedad en cuestión fue adquirida con anterioridad al matrimonio, lo cual es infundado, pues, como se puntualizó en párrafos anteriores, de la copia certificada del acta de matrimonio se advierte que éste se efectuó el veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y uno, y del certificado de libertad o gravamen de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se desprende que el inmueble embargado fue adquirido por compraventa el once de noviembre de dos mil cuatro. De igual forma, es infundado el motivo de inconformidad relativo a que el auto combatido no garantiza a las partes las bases para la división, que permita que los derechos del copropietario sean respetados, de forma individual. Efectivamente, en la resolución reclamada se obtiene que la autoridad responsable adjudicó en favor de Samuel Madrigal Soberano, actor del juicio natural, la parte alícuota del bien inmueble embargado, por la cantidad de $1,355,000.00 (un millón trescientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional); por lo que los derechos derivados de la copropiedad de Juana Magdalena Escobedo García, se encuentran protegidos. En lo tocante al principio pro persona que invocan los quejosos, el suscrito estima que también fue salvaguardado, como se advierte de las consideraciones antes expuestas, ya que fueron llamados en el juicio natural, en donde se les brindó la oportunidad de alegar, ofrecer pruebas e impugnar las determinaciones de la autoridad responsable. Además, aun cuando dicho principio tutela el derecho de los gobernados a un recurso efectivo, ello no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas en ellos deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca. Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Común, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, página 906, con número de registro 2004748, del siguiente rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes". Por las anteriores consideraciones, devienen inaplicables en el sentido que pretenden, las tesis en que se apoyan los impetrantes. En consecuencia, se niega a los quejosos el amparo y protección de la justicia federal. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de uno de octubre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Jorge Luis Rodríguez Díaz y Juana Magdalena Escobedo García, por las razones expuestas en el considerando SEXTO de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; intégrese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, signado por Samuel Madrigal Soberano, tercero interesado en el presente asunto, con el cual se le tiene apersonándose al juicio en que se actúa, señalando como domicilio para oír y recibir citas y notificaciones el que indica, y como autorizados de su parte a los licenciados RICARDO CONTRERAS OVANDO, LIZBETH ACOSTA MAYO, JOHN KEVIN PORTA FLORES E IVAN LEON RAMOS, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por no tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como a los pasantes de derecho que menciona. Notifíquese.
- Principal
MESA 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda la constancia de emplazamiento realizada por el actuario de este juzgado y con ella téngase al tercero interesado Samuel Madrigal Soberano, debidamente emplazado al presente juicio. Asimismo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir citas y notificaciones el ubicado en calle Campo Samaria, número 153, Fraccionamiento Carrizal, de esta ciudad, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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