Jorge Luis Pinedo Flores
Expediente 364/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 364/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 07/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Jorge Luis Pinedo Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Se advierte que transcurrió el término de diez días para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés; sin que se hubiese hecho; en consecuencia, se declara que ha causado ejecutoria, archívese el presente expediente como concluido. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S; para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 364/2023, promovido por ***, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE DEMANDA. Por escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Partes de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Nuevo Laredo, *** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por los actos que a continuación se transcriben "[.] III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- C. Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas; Con domicilio en la calle Municipio Libre #146, Col. SUTERM 1. Nuevo Laredo, Tamaulipas. IV.- ACTOS RECLAMADOS: a).- Del C. Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercero Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas; se reclama el auto de fecha 30 de Junio de 2023 dictado dentro del expediente ***, relativo al Juicio de Divorcio Incausado, específicamente en el Incidente de Liquidación de Sociedad Conyugal, violentando la norma jurídica del artículo 1, 4, 14, 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [.]" El promovente manifestó como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Por auto de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito, ordenó registrar la demanda con el número 364/2023, la admitió a trámite, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 44 a 47), la cual, fue diferida en una ocasión (foja 65). Emplazamiento de la tercera interesada. En proveído de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés (fojas 44 a 47), se reconoció el carácter de tercero interesado a ***, en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, quedando emplazado a juicio, pues compareció mediante escrito recibido el cuatro de agosto de dos mil veintidós (foja 52). Audiencia constitucional. En la hora y fecha señaladas para ello, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Se afirma lo anterior, en razón de que las consecuencias de los actos reclamados tienen lugar en esta ciudad, en donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE ACTOS RECLAMADOS. Del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, se advierte que la quejosa reclama esencialmente: Del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, residente en esta ciudad. La resolución de treinta de junio de dos mil veintitrés, emitida dentro del incidente de liquidación de sociedad conyugal derivado de los autos del juicio de divorcio incausado número ***, del índice del juzgado responsable, que declaró improcedente el recurso de revocación hecho valer contra el proveído de seis del mes y año en cita, interpuesto por la parte demandada. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierta la conducta reclamada de la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 66 a 68), lo que constituye una confesión con valor probatorio pleno al tenor del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. Es aplicable la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, dicha manifestación se corrobora con las constancias que acompañó a su informe de mérito, las cuales, al constituir documentos públicos expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, merecen valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 129 y 202, del ordenamiento legal supletorio citado en el párrafo que antecede. Apoya lo anterior la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. En principio, conveniente citar de forma breve los antecedentes del acto reclamado, derivados del expediente de origen, mismos que adquieren relevancia para efecto de ilustrar sobre la materia del asunto que nos ocupa. 1. Mediante escrito suscrito por el aquí quejoso ***, presentado el once de marzo de dos mil veinte, promovió por la vía incidental la liquidación de la sociedad conyugal en atención a que en sentencia de nueve de octubre de dos mil diecisiete, dictada en los autos del juicio de divorcio incausado ***, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, se declaró disuelta la sociedad conyugal formada con motivo del matrimonio celebrado entre *** y ***, por lo que en auto del misma fecha se ordenó traer el expediente al juzgado de origen, en razón de encontrarse resguardado en el archivo regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, motivo por el cual una vez que fueron recibidos los autos, en proveído de diecisiete de agosto de dos mil veinte, fue admitida a trámite la incidencia planteada y se ordenó dar vista a su contraria, esto es, la parte actora en el juicio de origen (fojas 2 al 11 tomo de prueba). 2. El veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se dictó resolución en el incidente de liquidación de la sociedad conyugal, declarándolo parcialmente procedente, se decretó que los bienes inmuebles y activos (cuentas bancarias) debían ser divididas equitativamente, para ello, se hizo la siguiente precisión con relación a las cuentas bancarias materia del incidente en cuestión, "Por cuanto a este activo se refiere y tomando en cuenta del informe rendido por el apoderado legal de la institución bancaria en ésta ciudad, en el cual informó en comunicar la fecha de apertura de la cuenta bancaria en mención y que fue en la vigencia del matrimonio, es por ello que se ordena su liquidación de dicho saldo hasta el día nueve (09) de octubre de dos mil diecisiete (2017) fecha en cual se decretó legalmente el divorcio."; y, por lo que respecta a los bienes inmuebles el 50% cincuenta por ciento de los derechos de propiedad para cada una de las partes (fojas 394 a 414 tomo de prueba); resolución que causó estado en proveído de quince de septiembre del año próximo pasado (fojas 448 y 449 tomo de prueba). 3. Luego, mediante autos de treinta de marzo, cuatro de abril y veintinueve de mayo, todos de dos mil veintitrés, se tuvieron por recibidos diversos informes por parte de la institución bancaria ***, relacionados con los requerimientos hechos por el juez responsable, a fin de determinar las cantidades que se encontraban depositadas en las cuentas que formaron parte de la sociedad conyugal -liquidada- (fojas 518, 519, 522, 523, 548 y 549 tomo de prueba). 4. Posteriormente, en auto de seis de junio de dos mil veintitrés, derivado de los informes enviados por la institución bancaria ***, se requirió a ***, para que en el término de cinco días diera cumplimiento voluntario de pago por la cantidad de $***, la cual debía poner a disposición del juzgado y se le apercibió que de no dar cumplimiento se procedería a la ejecución forzosa (fojas 553 a 555 tomo de prueba). 5.- En contra dicho acuerdo, el autorizado de *** hizo valer recurso de revocación, el cual fue admitido en su oportunidad y resuelto por el juzgado responsable el treinta de junio de dos mil veintitrés, declarándolo improcedente, por ende, quedó firme el auto impugnado (fojas 590 a 595 tomo de prueba). Hasta aquí los antecedentes que se advierten de las constancias remitidas por la autoridad responsable. Puntualizado lo anterior, debe decirse que de oficio se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV, segundo párrafo del artículo 107 del referido ordenamiento legal, este último precepto interpretado en sentido contrario a su texto, porque la resolución de treinta de junio de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de revocación hecho valer contra el auto de seis de junio del año en curso, no constituye la última resolución emitida en el periodo de ejecución de sentencia. Se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que al ser parte el quejoso en el juicio de origen y haber sido oído y vencido en el mismo, se debe ceñir a las reglas que imperan para la procedencia del amparo, cuando se reclaman actos en la etapa de ejecución de sentencia; por lo que al no constituir la resolución de treinta de junio de dos mil veintitrés, la última resolución emitida en el periodo de ejecución de sentencia, misma que en la especie, lo constituye aquélla que reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, el amparo que al efecto promueve es improcedente, conforme a lo establecido por el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)." El arábigo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo biinstancial es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la Ley de Amparo. Por otro lado, el normativo inserto en último orden dispone, en lo que interesa, que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos de Tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y cuando se trata de actos de ejecución de sentencia o laudo, únicamente podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución correspondiente, esto es, aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, o bien, tratándose de procedimientos de remate, constituiría la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Es decir, la procedencia del juicio de derechos fundamentales se posterga hasta el dictado de la última resolución en el procedimiento, momento en el que se podrán reclamar en la propia demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hayan dejado sin defensa al quejoso y que trascendieron al resultado de la resolución final. Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, de manera general, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia solo procede el amparo en contra del último acto dictado en ese procedimiento. Ello se encuentra reflejado en la tesis de jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso, si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio laboral de origen, pues en estos casos, también debe promoverse el amparo contra la resolución que culmine el procedimiento de ejecución. Se cita como criterio orientador la tesis jurisprudencial 1a./J. 36/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." Con independencia de lo reseñado, el Alto Tribunal de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de que contra los actos dictados una vez concluido el juicio sí es procedente la acción constitucional en la vía indirecta, siempre y cuando se trate de aquellos que tienen autonomía propia y no como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Asimismo, ha precisado que cuando existen actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia o (laudo) que afectan de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, es procedente el juicio de amparo indirecto, situación que en la especie no acontece. Lo anterior, dio origen a la tesis P./J 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En ese contexto, la resolución de treinta de junio de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, contra el auto del seis de junio del año en curso, por medio del cual la autoridad responsable le requirió al aquí quejoso el cumplimiento voluntario de pago por la cantidad de $53,062.43 (cincuenta y tres mil sesenta y dos pesos 43/100 moneda nacional), y se le apercibió que de no hacerlo se procedería a la ejecución forzosa, no es un acto susceptible de reclamarse a través del juicio de amparo indirecto. Cobra aplicación al caso que nos ocupa la jurisprudencia 1a./J. 28/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Es así, porque tal resolución no reúne las condiciones establecidas en el referido precepto 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en la medida que no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, pues no se trata de aquella que aprueba o reconoce la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente. Asimismo, la referida determinación reclamada tampoco puede considerarse en alguno de los supuestos de excepción, esto es, no se trata de un acto autónomo del procedimiento de ejecución, ni viola de manera directa derechos sustantivos de la parte quejosa, porque sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan de forma actual el ejercicio de un derecho, toda vez que no tiende a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia. Tampoco se trata de un acto autónomo puesto que tiene como finalidad directa ejecutar la resolución incidental en la que se ordenó la liquidación de la sociedad conyugal respecto de las referidas cuentas bancarias con el saldo existente hasta el nueve de octubre de dos mil diecisiete, fecha en que se decretó el divorcio. Sin que obste a lo anterior, que con posterioridad a la emisión de la resolución incidental se hubiere acreditado el saldo real existente en la citada cuenta bancaria, ya que se insiste, lo que se pretende ejecutar es la entrega del 50% cincuenta por ciento del saldo que obraba en la cuenta a la conclusión de la sociedad conyugal, es decir, al nueve de octubre de dos mil diecisiete. Por tanto, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. QUINTO. DECISIÓN. Al actualizarse la hipótesis de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de la materia, se sobresee en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la aludida legislación. SEXTO. PUBLICACIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Federal y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los órganos jurisdiccionales deben proteger los datos personales de las partes en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que éstas hagan valer el derecho de oponerse a su publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que procede es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 61, fracciones XXIII, 63, fracción V, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 364/2023, promovido por ***. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma José Luis Batres Antonio, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, encargado del despacho por licencia de la titular, en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el diverso 175 de la Declaratoria para el inicio de la observancia de las nuevas reglas de la Carrera Judicial y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, hoy veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, asistido de Adolfo Arreygue y Arreygue, secretario que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Se agrega oficio del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado; dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Téngase por ofrecida la prueba documental que anexa la autoridad oficiante al comunicado de cuenta, por ende se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza. Notifíquese
- Principal
Se difiere la audiencia programada para el día de hoy y en su lugar se señalan las diez horas del veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.
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