Jorge Luis Perdomo Rodríguez
Expediente 142/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 142/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 27/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jorge Luis Perdomo Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, impugnara el auto de treinta y uno de marzo del año en curso. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que dicho proveído en el que se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional, ha causado estado; para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, de autos se advierte que, las partes no exhibieron documentos que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.
- Principal
Agréguese la razón levantada por el actuario judicial adscrito, de la cual se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa, la determinación de treinta y uno de marzo del presente, por los motivos que se exponen en la misma. Notificación por lista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, notifíquese la citada determinación, así como las subsecuentes notificaciones al quejoso Jorge Luis Perdomo Rodríguez, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Acuerdo DE 31/03/2022: Agréguese el oficio que remite el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Órgano Administrativo al cual están adscritos el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, así como el Subdirector de la Estación y el Subdirector de Control y Verificación Migratoria, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dieciocho de marzo del año en curso. Contenido del oficio. Al efecto, remite copia certificada del expediente 598, seguido en contra del quejoso, del cual se advierte que el dos de marzo de este año, se dictó acuerdo de conclusión del procedimiento administrativo migratorio. Estado de autos. Por otra parte, del estado que guardan los autos se advierte que en el presente asunto la parte quejosa señaló como acto reclamado la ilegal detención y/o aseguramiento y/o alojamiento o cualquiera que sea la forma de denominar a la privación de la libertad arbitraria del quejoso, así como la omisión de garantizarle a éste el derecho al debido proceso y acceso a la justicia en condiciones legales. Asimismo, la posible orden de deportación del quejoso y traslado de una entidad a otra. Causal de improcedencia. Ahora bien, del oficio de cuenta y sus anexos, se advierte que se surte una causa de improcedencia, la cual debe analizarse en cualquier etapa del juicio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de Amparo. Calificación e hipótesis. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Marco normativo. Dicho numeral señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [...]" Dicha fracción dispone que cuando se reclaman actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pero en dicho procedimiento se suscita un cambio de situación jurídica que impida resolver sin afectar la nueva situación jurídica, las violaciones reprochadas quedan irreparablemente consumadas, puesto que no podría decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En torno a dicha causa de improcedencia se precisa que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Caso concreto. De las constancias que obran en autos, así como del oficio y sus anexos que se agregan en este proveído, las que adquieren eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 fracciones II y VII, 129, 188, 197, 202 y 10-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, se advierte: - El diez de febrero de dos mil veintidós, se puso a disposición de las autoridades responsables al quejoso Jorge Luis Perdomo Rodríguez, y en la misma fecha se dictó auto de inició de procedimiento administrativo migratorio bajo el expediente 598. - Posteriormente, Jorge Luis Perdomo Rodríguez, promovió juicio de amparo, en el que reclamó la detención y/o aseguramiento y/o alojamiento o cualquiera que sea la forma de denominar a la privación de la libertad del quejoso; como consecuencia de ello, la incomunicación y la deportación del promovente del amparo y el procedimiento migratorio seguido en su contra; - En acuerdo de once de febrero de este año, se concedió la suspensión de plano para el efecto de que cesara la detención el quejoso. - En cumplimiento a dicha medida cautelar, el trece de febrero del año en curso, la autoridad responsable dictó acuerdo de salida a favor del quejoso. - Después, en acuerdo de dos de marzo de este año, la autoridad responsable dictó acuerdo de conclusión del procedimiento administrativo del quejoso, dada la imposibilidad material para continuarlo. En ese sentido, se considera que cambió la situación jurídica del quejoso Jorge Luis Perdomo Rodríguez, por lo que ve a la detención de la que fue objeto en la estación migratoria con sede en esta ciudad, la incomunicación y la deportación del promovente del amparo y el procedimiento migratorio seguido en su contra, reclamados en este juicio. Lo que hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se le atribuyen a los mencionados actos reclamados, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica imperante en el procedimiento administrativo migratorio de origen, generada con el acuerdo de conclusión de dos de marzo de dos mil veintidós. De ahí que, este juzgador no puede analizar la constitucionalidad de los actos reclamados en cuestión, sin afectar la nueva situación jurídica generada, en razón de que, en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquellos, afectaría la generada con motivo del citado acuerdo de conclusión. Apoya lo anterior, por las consideraciones emitidas en la tesis aislada I.11o.C.28 K (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que expresa: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO QUE PREVÉ ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NI 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. La causal de improcedencia consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, el juicio de amparo será improcedente si de concederlo se afectara esa nueva situación y, por ello, deben reputarse consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Así, la finalidad del artículo 61, fracción XVII, señalado es evitar la inutilidad o ineficacia de la acción constitucional por causas ajenas que hacen irreparable el acto reclamado y que, de no existir dicha causa de improcedencia, perdería fundamento el juicio constitucional, pues no podría restituirse al agraviado en el goce o respeto del derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Las causas ajenas consisten en: a) Un acto posterior al que se reclama; y, b) Haya autonomía o independencia entre ambos, de modo que la última resolución pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional; dichos aspectos son ajenos, pues la nueva situación jurídica y su autonomía no son materia de impugnación en el juicio constitucional que puedan analizarse en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción I, de la ley citada; ello en atención a los principios de instancia de parte agraviada y relatividad de las sentencias que rigen al juicio pues, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, al trastocar los efectos de diversa resolución judicial que no fue previamente impugnada por la parte agraviada. Ante esa finalidad normativa, el artículo 61, fracción XVII, invocado no contraviene el derecho a contar con un recurso eficaz a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues aquél pretende evitar que, precisamente, el juicio de amparo sea inútil por causa de una nueva situación jurídica y, por ende, la norma no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad, atento a razones de seguridad jurídica, cuando existen causas externas que hacen irreparable las violaciones alegadas por el quejoso, máxime que la causal de improcedencia de mérito no impide que esa nueva situación jurídica pueda ser impugnada mediante diverso juicio de amparo. La circunstancia de que dicha causal de improcedencia dé lugar a que no se analicen de fondo los conceptos de violación, no resulta violatoria del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido, aunado a que las causales de improcedencia son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En efecto, los presupuestos procesales, como son las causales de improcedencia, encuentran su justificación en el artículo 17, segundo párrafo, constitucional, que dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es constitucionalmente correcto que la Ley de Amparo vigente establezca los términos y condiciones que deban cumplirse para la procedencia del juicio de amparo, acorde con la jurisprudencia P./J. 113/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.". Asimismo, el artículo 61, fracción XVII, referido no contraviene el artículo 1o., segundo párrafo, constitucional, en cuanto al principio de interpretación pro persona, pues ello encuentra su propia limitación a lo que prevé la propia Constitución Federal, en este caso, en el numeral 107, párrafo primero, que dispone que las controversias a que se refiere el artículo 103 constitucional se sujetarán a los procedimientos que determine su ley reglamentaria; lo que significa que el legislador ordinario se encuentra facultado constitucionalmente para emitir leyes en donde se establezcan las formalidades que estime deban cumplirse y llevar a cabo dicho fin, máxime que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados, mediante sus órganos legislativos, pueden y deben establecer en las leyes que emitan, presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, para cumplir con los propias formalidades que establece la Constitución Federal en sus artículos 1o., 14 y 17. Además, lo previsto en el artículo 1o. constitucional, en cuanto a interpretar las normas en favor de las personas, no implica que el legislador ordinario se encuentre obligado a establecer que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, pues también debe emitir sus leyes para hacer posible la aplicación de los principios que establecen los artículos constitucionales de referencia". Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. Cabe precisar que cuando sobreviene de modo manifiesto e indudable un motivo de improcedencia, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se advierte en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. Sin efectos audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del diecinueve de abril de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese el oficio que remite el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Órgano Administrativo al cual están adscritos el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, así como el Subdirector de la Estación y el Subdirector de Control y Verificación Migratoria, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dieciocho de marzo del año en curso. Contenido del oficio. Al efecto, remite copia certificada del expediente 598, seguido en contra del quejoso, del cual se advierte que el dos de marzo de este año, se dictó acuerdo de conclusión del procedimiento administrativo migratorio. Estado de autos. Por otra parte, del estado que guardan los autos se advierte que en el presente asunto la parte quejosa señaló como acto reclamado la ilegal detención y/o aseguramiento y/o alojamiento o cualquiera que sea la forma de denominar a la privación de la libertad arbitraria del quejoso, así como la omisión de garantizarle a éste el derecho al debido proceso y acceso a la justicia en condiciones legales. Asimismo, la posible orden de deportación del quejoso y traslado de una entidad a otra. Causal de improcedencia. Ahora bien, del oficio de cuenta y sus anexos, se advierte que se surte una causa de improcedencia, la cual debe analizarse en cualquier etapa del juicio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de Amparo. Calificación e hipótesis. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Marco normativo. Dicho numeral señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [...]" Dicha fracción dispone que cuando se reclaman actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pero en dicho procedimiento se suscita un cambio de situación jurídica que impida resolver sin afectar la nueva situación jurídica, las violaciones reprochadas quedan irreparablemente consumadas, puesto que no podría decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En torno a dicha causa de improcedencia se precisa que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Caso concreto. De las constancias que obran en autos, así como del oficio y sus anexos que se agregan en este proveído, las que adquieren eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 fracciones II y VII, 129, 188, 197, 202 y 10-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, se advierte: - El diez de febrero de dos mil veintidós, se puso a disposición de las autoridades responsables al quejoso Jorge Luis Perdomo Rodríguez, y en la misma fecha se dictó auto de inició de procedimiento administrativo migratorio bajo el expediente 598. - Posteriormente, Jorge Luis Perdomo Rodríguez, promovió juicio de amparo, en el que reclamó la detención y/o aseguramiento y/o alojamiento o cualquiera que sea la forma de denominar a la privación de la libertad del quejoso; como consecuencia de ello, la incomunicación y la deportación del promovente del amparo y el procedimiento migratorio seguido en su contra; - En acuerdo de once de febrero de este año, se concedió la suspensión de plano para el efecto de que cesara la detención el quejoso. - En cumplimiento a dicha medida cautelar, el trece de febrero del año en curso, la autoridad responsable dictó acuerdo de salida a favor del quejoso. - Después, en acuerdo de dos de marzo de este año, la autoridad responsable dictó acuerdo de conclusión del procedimiento administrativo del quejoso, dada la imposibilidad material para continuarlo. En ese sentido, se considera que cambió la situación jurídica del quejoso Jorge Luis Perdomo Rodríguez, por lo que ve a la detención de la que fue objeto en la estación migratoria con sede en esta ciudad, la incomunicación y la deportación del promovente del amparo y el procedimiento migratorio seguido en su contra, reclamados en este juicio. Lo que hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se le atribuyen a los mencionados actos reclamados, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica imperante en el procedimiento administrativo migratorio de origen, generada con el acuerdo de conclusión de dos de marzo de dos mil veintidós. De ahí que, este juzgador no puede analizar la constitucionalidad de los actos reclamados en cuestión, sin afectar la nueva situación jurídica generada, en razón de que, en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquellos, afectaría la generada con motivo del citado acuerdo de conclusión. Apoya lo anterior, por las consideraciones emitidas en la tesis aislada I.11o.C.28 K (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que expresa: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO QUE PREVÉ ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NI 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. La causal de improcedencia consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, el juicio de amparo será improcedente si de concederlo se afectara esa nueva situación y, por ello, deben reputarse consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Así, la finalidad del artículo 61, fracción XVII, señalado es evitar la inutilidad o ineficacia de la acción constitucional por causas ajenas que hacen irreparable el acto reclamado y que, de no existir dicha causa de improcedencia, perdería fundamento el juicio constitucional, pues no podría restituirse al agraviado en el goce o respeto del derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Las causas ajenas consisten en: a) Un acto posterior al que se reclama; y, b) Haya autonomía o independencia entre ambos, de modo que la última resolución pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional; dichos aspectos son ajenos, pues la nueva situación jurídica y su autonomía no son materia de impugnación en el juicio constitucional que puedan analizarse en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción I, de la ley citada; ello en atención a los principios de instancia de parte agraviada y relatividad de las sentencias que rigen al juicio pues, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, al trastocar los efectos de diversa resolución judicial que no fue previamente impugnada por la parte agraviada. Ante esa finalidad normativa, el artículo 61, fracción XVII, invocado no contraviene el derecho a contar con un recurso eficaz a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues aquél pretende evitar que, precisamente, el juicio de amparo sea inútil por causa de una nueva situación jurídica y, por ende, la norma no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad, atento a razones de seguridad jurídica, cuando existen causas externas que hacen irreparable las violaciones alegadas por el quejoso, máxime que la causal de improcedencia de mérito no impide que esa nueva situación jurídica pueda ser impugnada mediante diverso juicio de amparo. La circunstancia de que dicha causal de improcedencia dé lugar a que no se analicen de fondo los conceptos de violación, no resulta violatoria del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido, aunado a que las causales de improcedencia son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En efecto, los presupuestos procesales, como son las causales de improcedencia, encuentran su justificación en el artículo 17, segundo párrafo, constitucional, que dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es constitucionalmente correcto que la Ley de Amparo vigente establezca los términos y condiciones que deban cumplirse para la procedencia del juicio de amparo, acorde con la jurisprudencia P./J. 113/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.". Asimismo, el artículo 61, fracción XVII, referido no contraviene el artículo 1o., segundo párrafo, constitucional, en cuanto al principio de interpretación pro persona, pues ello encuentra su propia limitación a lo que prevé la propia Constitución Federal, en este caso, en el numeral 107, párrafo primero, que dispone que las controversias a que se refiere el artículo 103 constitucional se sujetarán a los procedimientos que determine su ley reglamentaria; lo que significa que el legislador ordinario se encuentra facultado constitucionalmente para emitir leyes en donde se establezcan las formalidades que estime deban cumplirse y llevar a cabo dicho fin, máxime que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados, mediante sus órganos legislativos, pueden y deben establecer en las leyes que emitan, presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, para cumplir con los propias formalidades que establece la Constitución Federal en sus artículos 1o., 14 y 17. Además, lo previsto en el artículo 1o. constitucional, en cuanto a interpretar las normas en favor de las personas, no implica que el legislador ordinario se encuentre obligado a establecer que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, pues también debe emitir sus leyes para hacer posible la aplicación de los principios que establecen los artículos constitucionales de referencia". Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. Cabe precisar que cuando sobreviene de modo manifiesto e indudable un motivo de improcedencia, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se advierte en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. Sin efectos audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del diecinueve de abril de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo.
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