Jorge Luis Peña Torres

Expediente 1098/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1098/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
12/12/2019

Partes del expediente

  • Jorge Luis Peña Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    [...] se R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada...

  2. Incidental

    Téngase por rendido el informe previo de la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad; al respecto, con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Luis Peña Torres, contra el acto que reclama del Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con residencia en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 1098/2019-II-B. Al respecto, se acuerda: SE ADMITE, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo primero, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108 y 110 de la Ley de Amparo. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete, haciéndole entrega de una copia de la demanda de amparo. TRAMÍTESE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN al existir solicitud expresa de la parte quejosa, como lo establece la fracción I, del artículo 128 de la ley en cita. LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL se señala para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, conforme lo establece el artículo 115 de la Ley de Amparo. SE PIDE INFORME JUSTIFICADO a la autoridad señalada como responsable, en términos de los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, con el apercibimiento que de no hacerlo se presumirá cierto el acto que se le reclama, salvo prueba en contrario. Lo anterior, sin perjuicio que en sentencia se le imponga una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual manera, hágase saber a la autoridad responsable que el informe justificado que se le requiere, podrá presentarlo a este Juzgado o remitirlo vía ordinaria; o por medio del correo electrónico 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx (haciendo uso de cuenta de correo institucional o vía telegráfica); sin embargo, salvo que resulte estrictamente indispensable, la autoridad responsable deberá abstenerse de remitir su informe por más de uno de los mencionados medios; esto a fin de evitar la duplicidad innecesaria de actuaciones. En el entendido de que, si la autoridad responsable estima remitir constancias en apoyo a dicho informe, deberá acompañarla por el medio ordinario que estime conducente (correo, mensajería acelerada, etcétera). SE FORMULAN PREVENCIONES en aras de tutelar el derecho fundamental de administración de justicia contenido en el artículo 17 constitucional, evitando trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual para optimizar los recursos humanos y materiales a efecto de orientarlos en función de la resolución expedita del juicio: I. A la autoridad responsable, para que al rendir su informe justificado: a) Comunique el cambio de situación jurídica, y en su caso, si han ocurrido causas notorias de sobreseimiento. En caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 251 de la Ley de Amparo. b) Remita copia certificada completa y legible de las constancias que guardan relación con el acto reclamado y sean necesarias para la solución del juicio constitucional. En caso de no hacerlo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. II. A la parte quejosa: Que para el caso de que la autoridad señalada como responsable sea inexistente, o bien, su denominación sea incorrecta y no sea posible notificarla, una vez que se le dé vista de esa circunstancia, precise corrija o aclare el nombre de la autoridad respectiva, con el apercibimiento que de no hacerlo, entonces se le sancionará declarándola inexistente y suspendiendo de inmediato toda comunicación, sin que sea dable pronunciarse nuevamente al respecto, en la sentencia que en su caso se dicte. Ello, porque del análisis sistemático y armónico de los artículos 5º, fracción II, 108, fracción II, y 115 de la Ley de Amparo, se desprende que son parte en el juicio la autoridad o autoridad responsable, y que es obligación de la parte quejosa al formular su demanda de amparo, expresar a quiénes le otorga ese carácter, para efecto de que se les pida el informe justificado. RESPECTO A LA PARTE TERCERA INTERESADA. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase con el carácter de tercera interesada en el presente juicio de amparo a María del Carmen Alarcón Rentería, quien podrá ser emplazada por conducto de cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado, en el domicilio señalado por la parte quejosa, con la entrega de la copia de la demanda de amparo y del auto admisorio, asimismo, deberá requerirla para que en el término de tres días, contado a partir de su legal emplazamiento señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo así las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista de acuerdos. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la parte quejosa, la documental que anexa a su escrito inicial, con la que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Realícese por el Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, la compulsa del documento que acompañó y que obra en los presentes autos del juicio principal, con la documental allegada en copia simple a los cuadernos incidentales respectivos, para los efectos legales a que haya lugar. En apoyo al párrafo que antecede, se invoca la tesis de jurisprudencia número P./J.71/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, página 7, con número de registro electrónico 163758, del rubro siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97)." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DE LA PARTE QUEJOSA el señalado en el ocurso que se provee; y como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Antonio Cerón García, ya que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro 41732; y téngase únicamente como autorizados en términos restringidos a Esmeralda Hermelinda Morales Antele y Agustín Martínez Cerón, por así haberlo solicitado el promovente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con el objeto de no retardar el trámite en el presente asunto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

  4. Incidental

    SE ABRE POR SEPARADO Y DUPLICADO EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, como está ordenado en el cuaderno principal del juicio de amparo número 1098/2019-II-B, promovido por Jorge Luis Peña Torres, contra el acto que reclama del Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con residencia en esta ciudad. SE SOLICITA INFORME PREVIO. Con fundamento en los artículos 128, 130, 131, 138, 139, 141, 142 y 146 de la Ley de Amparo, solicítese a la autoridad señalada como responsable su respectivo informe previo que deberá rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha en que quede legalmente notificada de este proveído, enviándole para el efecto copia simple de la demanda; apercibida que de no hacerlo así, se tendrá por presuntivamente cierto el acto reclamado a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. Lo anterior, sin perjuicio que en caso de omitir la rendición del informe previo solicitado, se le aplicará una multa consistente en cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora, el informe solicitado, podrá ser remitido a este Juzgado vía ordinaria, al correo electrónico 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx (haciendo uso de cuenta de correo institucional o vía telegráfica); sin embargo, salvo que resulte estrictamente indispensable, la autoridad responsable deberá abstenerse de remitir su informe por más de uno de los mencionados medios; esto a fin de evitar la duplicidad innecesaria de actuaciones. En el entendido de que, si la autoridad responsable estima remitir constancias en apoyo a dicho informe, deberá acompañarlas por el medio ordinario que estime conducente (correo, mensajería acelerada, etcétera). SE SEÑALA FECHA DE AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las NUEVE HORA CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia incidental. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO La resolución de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, dictada dentro de los autos del expediente 322/2019/II, del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, a través de la cual declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto por el quejoso, y confirmó la pensión alimenticia que se había decretado inicialmente consistente en un y medio salario mínimo general vigente en el Estado. ANÁLISIS DE LA IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO. Previo al análisis de la procedencia o improcedencia de la suspensión del acto reclamado, resulta conveniente señalar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 y 138 de la Ley de Amparo, los requisitos para concederla son: I. Que expresamente la solicite el quejoso. II. Que haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita. III. Que los actos reclamados sean susceptibles de suspensión. IV. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo. V. Que se efectúe un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Solamente en caso de cumplirse los requisitos que anteceden el juez de distrito estará en condiciones de conceder la suspensión y, en su caso, la sujetará al otorgamiento de la garantía en los términos previstos en el arábigo 132 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1376, Tomo II, Mayo de 2016, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, al tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte que para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo se requiere que: i. Expresamente la solicite el quejoso; ii. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; iii. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; iv. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada Ley y; v. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Así, sólo de cumplirse todos los requisitos que anteceden, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión definitiva sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la propia Ley." Constitucional del Xalapa, Veracruz." Como se observa, los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los anteriores requisitos; por lo tanto, si alguno de los citados requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de tales exigencias permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. En el caso, procede negar la suspensión provisional solicitada. Lo anterior, porque de los antecedentes del acto reclamado, expuestos por el quejoso bajo protesta de decir verdad, se advierte con claridad que la sentencia interlocutoria reclamada (respecto de la que se solicita la suspensión provisional) declaró infundada la reclamación planteada por Jorge Luis Peña Torres, por lo que dejó firme el acuerdo dictado el quince de febrero de dos mil diecinueve, en el juicio ordinario 322/2019/II, en el que el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, en el cual se fijó como pensión alimenticia un y medio salario mínimo general vigente en el Estado, en favor de María del Carmen Alarcón Rentería así como de sus dos menores hijos, esto es, medio salario mínimo para cada acreedor. Por tanto, de concederse la medida suspensional, se ocasionaría perjuicio al interés social y se contravendría el orden público, pues los efectos para los cuales se podría otorgar la referida medida cautelar traerían consigo que se mantuvieran las cosas el estado que actualmente guardan, lo que se encuentra expresamente proscrito por lo dispuesto en el artículo 129, fracción IX, de la Ley de Amparo. Es así, porque conforme a lo establecido en los artículos 128, y 129, fracción IX, de la Ley de Amparo, no es factible jurídicamente otorgar la suspensión de los actos reclamados en un juicio de amparo, cuando dicha medida cautelar pueda tener por efecto impedir el pago de alimentos. Es conveniente referir que los citados preceptos, establecen lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. - - - Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando de concederse la suspensión: (.) IX. Se impida el pago de alimentos; (.)". De dichos preceptos se colige que la suspensión del acto reclamado tiene por objeto mantener viva la materia del amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, se consume irreparablemente y para que proceda es necesario que se cumplan los requisitos consistentes en: a) El agraviado manifieste su interés, a través de la petición correspondiente, por constituir la base del otorgamiento de la medida cautelar; y, b) No se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Sin embargo, no procede conceder la medida cautelar cuando con el otorgamiento de la suspensión, se impida seguir suministrando una pensión alimenticia, ya que se contravienen disposiciones de orden público. Lo anterior fue sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer que con los alimentos se protege la subsistencia del acreedor alimentario y por ello, de concederse la suspensión contra la resolución que confirma la pensión establecida inicialmente, se atacaría el orden público y se afectaría el interés social. En esas condiciones, es claro que el acto reclamado versa sobre un tema relacionado con los alimentos, pues en la resolución reclamada se confirmó la pensión alimenticia que se había decretado inicialmente consistente en un salario y medio mínimo general vigente en el Estado, en favor de María del Carmen Alarcón Rentería así como de sus dos menores hijos; por lo que, aun cuando el quejoso considera que se deben mantener las cosas en el estado que se encuentran actualmente, lo cierto es que resulta improcedente concederla, porque como ya se dijo en líneas que anteceden, de otorgarla se atacaría el orden público y se afectaría el interés social. Lo anterior no soslaya el criterio jurisprudencial que cita la recurrente, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 56/2015 (10a.), de rubro y texto: "SUSPENSIÓN. LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ACTO RECLAMADO SE VINCULE AL PAGO DE ALIMENTOS, NO EXCLUYE EL ANÁLISIS DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO"; en el que determinó que la sola circunstancia de que el acto reclamado se vincule al pago de alimentos, no es suficiente para que de forma automática se niegue la suspensión, sino que el juzgador está obligado a realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho. Sin embargo, en el caso a estudio, no hay bases objetivas sobre las cuales se pueda analizar la apariencia del buen derecho, para considerar que la ejecución del acto no priva a los acreedores, entre los que se encuentra una menor, de recibir lo necesario para subsistir, toda vez que, de momento, no existen elementos de prueba que lo justifique, puesto que únicamente consta la manifestación del propio quejoso expuesta en la demanda de amparo, en el sentido de que podría cumplir con la pensión alimenticia fijada en cantidad líquida. Así, lo manifestado por el quejoso en la demanda de amparo, únicamente tiene eficacia respecto de la certidumbre del acto reclamado, no así en cuanto a la acreditación del hecho aducido, pues éste lo debió acreditar con medios de convicción objetivos; de ahí que, no procede otorgar la suspensión provisional en contra de la resolución reclamada, pues el asunto encuadra en el indicado artículo 129, fracción IX, de la Ley de Amparo, el cual establece que se perjudica el interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando de concederse la suspensión se impida el pago de alimentos.

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