Jorge Luis Oramas Cruz
Expediente 957/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 23 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 957/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 28/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jorge Luis Oramas Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Visto; atento al estado que guardan los presentes autos, se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, promoviera inconformidad contra el auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, en el que este Juzgado Federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha lo haya hecho así, no obstante estar legalmente notificada para ello, como se desprende de la constancia relativa; en consecuencia, se le tiene por consentido dicho auto. Con apoyo en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Vistas las constancias de autos se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio. Atento a lo anterior, respecto del presente juicio de amparo, dado que se encuentra dentro de los supuestos que prevé el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado, una vez transcurridos cinco años, contados a partir de la emisión de este auto, procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda y sentencia respectivas.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por oficio 5074/2016 de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, envió copia certificada del laudo dictado en la misma fecha, en el juicio laboral 238/2014, con la que dijo justificar el cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, al cual se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con el dispositivo 2° de dicho ordenamiento, por ser emitido por funcionario público en ejercicio de sus funciones. (Fojas 126 a 142). Mediante proveído de trece de octubre de dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito ordenó dar vista a la parte quejosa con dicho oficio y con las constancias que remitió, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado acordaría lo que en derecho procediera (foja 143). Tal acuerdo se notificó de manera personal a la parte quejosa, por conducto de su autorizada el catorce de octubre del año en curso, misma que no fue desahogada, por lo que este Juzgado Federal procede a pronunciarse sobre tal aspecto y para tal efecto se realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a Jorge Luís Oramas Cruz, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. Los efectos de la sentencia emitida en audiencia concluida el treinta y uno de marzo de la presente anualidad, que concedió la protección constitucional fueron para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad: ".para el efecto de que a la brevedad posible, esto es, dentro de los plazos establecidos en el artículo 91 de la Ley 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, y demás relativos y aplicables, emita el laudo respectivo dentro del expediente natural 238/2014." Determinación que causó ejecutoria el seis de junio de dos mil dieciséis, y se requirió el cumplimiento de la citada. Por lo que, la autoridad responsable al informar el cumplimiento al fallo protector, mediante oficio 5074/2016, remitió copia certificada del laudo dictado el cuatro de octubre del año actual, en el juicio laboral 238/2014, constancias a las cuales se les reitera el valor probatorio otorgado con anticipación, con los que se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia amparadora, cuya omisión en su dictado constituyó el acto reclamado en el presente juicio de garantías. En consecuencia, toda vez que la suscrita juzgadora no advierte que el cumplimiento a la ejecutoria de amparo rebase los limites o alcances fijados en el mencionado fallo, o que la conducta de la responsable implique carencia o falla con relación a los efectos para los cuales se concedió, es decir, no advierte exceso o defecto en su cumplimiento, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. En virtud de lo anterior, hágase del conocimiento de las partes la anterior determinación para efectos de lo dispuesto en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, toda vez que el trece de octubre del año en curso, mediante el diverso oficio 5074/2016, envió copia certificada del laudo dictado en el expediente laboral 238/2014, dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que en proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, se requirió a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, a efecto de que en el término de dieciséis días siguientes a que fuera notificado del auto en mención, enviara copia de certificada del laudo dictado, dentro del expediente laboral 238/2014, sin que a la fecha lo haya hecho, pese a que fue notificada de ello mediante oficio 28449 (foja 122). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 de la Ley de Amparo en lo conducente y el punto Segundo del Acuerdo General 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, requiérase nuevamente al Tribunal Laboral responsable, por conducto de su Presidente Bernardo Ortega León, para que dentro del término de tres días, siguientes al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, remita a este juzgado federal copia debidamente certificada del laudo dictado, en el expediente laboral 238/2014; apercibido que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, se procederá de conformidad en lo dispuesto con los numerales y acuerdo general citados. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida y de la particularidad de la obligación impuesta a la responsable. Lo anterior es así, puesto que si bien tanto el precepto constitucional y el Acuerdo General mencionados, establecen que el procedimiento de ejecución se limitara a requerir dos veces a la autoridad vinculada al cumplimiento y en la segunda de estas únicamente a un superior jerárquico, lo cierto es que el Máximo Tribunal de la Nación ha determinado jurisprudencialmente que las autoridades jurisdiccionales laborales no cuentan con superior alguno, actualizándose así el supuesto establecido en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo a que cuando la autoridad responsable no tuviere superior, el requerimiento se hará directamente a ella. Tiene aplicación al caso concreto la Jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Hágase del conocimiento de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto de su presidente Bernardo Ortega León, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, de conformidad con el punto segundo del Acuerdo General Número 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia, No se realizará un requerimiento subsecuente; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en Turno, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según la reforma constitucional que entro en vigor el seis de octubre de dos mil once , puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional.
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