Jorge Luis Martínez Salazar

Expediente 241/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
241/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
21/05/2018

Partes del expediente

  • Jorge Luis Martínez Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de treinta de abril de dos mil dieciocho, en la que se dictó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, promovido por Jorge Luis Martínez Salazar. Al efecto se acuerda. Con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. En atención que la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación Y Arbitraje en el estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en apoyo a su informe justificado, remitió copia certificada del expediente J/O/707/2006 (un tomo), resulta innecesaria su retención, por lo cual, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales procedentes; tratándose de una reproducción de su original, no es necesario requerir el acuse de recibo.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de abril de dos mil dieciocho. Vista; la comparecencia de cuenta, de la que se advierte que ******, apoderado legal de ******, ratifica el escrito de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, en el que se desistió del presente juicio de amparo. Al efecto. se acuerda: Se tiene a ******, apoderado legal de ********, por desistido del presente juicio de amparo. En ese orden de ideas, este juzgador oficiosamente advierte que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo. El citado artículo dispone el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando exista desistimiento de la demanda de amparo, previamente ratificado por el quejoso. Así las cosas, cabe recordar que el desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso en el sentido de no proseguir o no continuar con el juicio de amparo que promovió, el cual debidamente ratificado origina una resolución con la que finaliza el juicio, sin que el órgano jurisdiccional entre a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. En el caso particular, *********, apoderado legal de ********, mediante escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, expresó su deseo de desistirse de la demanda de amparo, circunstancia que le es permitida, ya que en el poder notarial con el que se le reconoció su representación a favor de quejoso, lo faculta para desistirse del juicio de amparo; además, de que esa manifestación puede hacerse en cualquiera de las etapas del juicio, hasta en tanto no se dicte sentencia ejecutoria. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza lo siguiente: DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia. Expresión de voluntad que fue debidamente ratificada, según se advierte de la diligencia que antecede y que se llevó a cabo en esta misma fecha, de cuya lectura se advierte que el apoderado legal del quejoso manifestó que ratificaba el contenido y firma de su escrito, en que se desistió de la demanda promovida. Resulta aplicable la jurisprudencia cuyo epígrafe y texto rezan lo siguiente: DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio. De manera que, al haberse desistido el quejoso, es obvio que las posibles violaciones que motivaron este juicio de amparo, no son susceptibles ya de examinarse, por manifestación expresa de él mismo; en consecuencia, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Atento a las consideraciones establecidas, se deja sin efecto la audiencia constitucional que se encuentra fijada para las nueve horas con diecisiete minutos del nueve de mayo de dos mil dieciocho.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de abril de dos mil dieciocho. I.- El oficio de cuenta signado por la directora Jurídico del Sistema Municipal de Agua potable y Alcantarillado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa respecto del requerimiento solicitado en proveído de diecisiete de abril del año en curso. II.- Visto el estado de autos de los que se advierte que se encuentra pendiente la notificación al apoderado legal de la parte quejosa del proveído de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, en el cual se requirió que comparezca ante este Juzgado, a ratificar su escrito de veinticinco de abril del año en curso, por el que se desiste de la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Respecto al punto I), agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Respecto al punto II), para no dejar en estado de indefensión a las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con diecisiete minutos del nueve de mayo de dos mil dieciocho, para su celebración. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades responsables, toda vez que el diferimiento de una audiencia, dada su trascendencia, no amerita la notificación por oficio; por tanto, se ordena notificarlas por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos para que obren como correspondan: I.- El oficio de cuenta signado por la Delegada y Auxiliar del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa respecto del requerimiento solicitado en proveído de diecisiete de abril del año en curso. II.- El escrito de cuenta signado por Fredy Alberto Martínez Sánchez, apoderado legal de Jorge Luis Martínez Salazar, calidad que acredita con la copia cotejada de la escritura pública número diecinueve mil once, libro quinientos noventa y ocho, pasada ante la fe del licenciado Rogelio Edgardo Robles Pereyra, notario público número diecinueve en el Estado, representación que se le reconoce de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo, mediante el cual viene a desistirse de la demanda de amparo. Al efecto se acuerda: Respecto al punto I), agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Respecto al punto II); con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2, del ordenamiento citado en último término, agréguese a los autos el escrito de cuenta para que obre como legalmente corresponda y para los efectos legales a los que haya lugar. En razón al contenido del dicho escrito, y con fundamento en el artículo 63 fracción I de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído comparezca ante las oficinas de este Juzgado en días y hora hábil, debidamente identificado a ratificar el escrito que se provee; apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta. Apoya a lo anterior, por analogía el criterio jurisprudencial, que dice: DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio. De igual forma, el criterio jurisprudencial, que dice: DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia. Así mismo sirve de apoya a lo anterior, el criterio jurisprudencial que dice: DESISTIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO REALIZADO POR EL APODERADO. PARA QUE PROCEDA, EL PODER GENERAL DEBE CONTENER CLÁUSULA ESPECIAL QUE LO FACULTE PARA ELLO CONFORME AL ARTÍCULO 2587, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. Si bien es cierto que la Ley de Amparo vigente no contiene un precepto correlativo al artículo 14 de la legislación abrogada, que requiere cláusula especial en el poder general para que el mandatario desista del juicio constitucional, también lo es que como tal ordenamiento no regula el contrato de mandato, sino sólo permite su ejecución, debe partirse de la base de que la efectividad del instrumento respectivo está supeditada a la satisfacción de los requisitos que la legislación común consigna, en tanto que la exigencia del legislador de comparecer a través de apoderado debe entenderse en el sentido de que dicho nombramiento constituya la expresión de un acto jurídico regular, en el que se hayan cumplido los elementos materiales que lo condicionan, así como los requisitos formales que deba contener para su validez, lo que se traduce en que debe atenderse al Código Civil Federal, de cuyo artículo 2587, fracción I, se advierte que el procurador necesita poder o cláusula especial para desistirse; de ahí que para que se sobresea en el juicio en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, si bien no se requiere una cláusula que, específicamente, autorice el desistimiento -en esos precisos términos-, sí es necesario que el órgano que conozca del juicio examine, a la luz del poder general, si al apoderado le fue conferida la facultad de desistirse de las acciones a que se refiere el artículo 2587, fracción I, citado, que exige poder o cláusula especial para ese efecto, pues sólo en caso de que así sea, será válido otorgar eficacia a la ratificación del escrito de desistimiento, siendo suficiente para ello que en el instrumento se exprese que el poder general se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna, conforme al artículo 2554 del Código Civil Federal. Por otra parte, en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta. Finalmente, como lo solicita el promovente se tiene como apoderados legales del quejoso a Jorge Luis Martínez Salazar, Irving Alexis Albores Cajas y Carlos Arturo Guirao Pérez, calidad que acreditan con la copia cotejada de la escritura pública número diecinueve mil once, libro quinientos noventa y ocho, pasada ante la fe del licenciado Rogelio Edgardo Robles Pereyra, notario público número diecinueve en el Estado, representación que se les reconoce de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo

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