Jorge Luis Martínez Fernández

Expediente 880/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
880/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
09/08/2016

Partes del expediente

  • Jorge Luis Martínez Fernández

Actuaciones

  1. Principal

    ... el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que la audiencia constitucional fue celebrada el cinco de agosto de la presente anualidad, sin que a la fecha se haya engrosado la resolución definitiva correspondiente; en consecuencia, se provee lo siguiente: Por acuerdo 10/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó la creación del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, así como los órganos jurisdiccionales que la integrarían. Mediante oficio STCCNO/770/2016 de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, en atención a la Consulta-CAR 60/2016-V, informó que a partir del mes de agosto de dos mil dieciséis y dentro de los dos días hábiles siguientes al día cinco de cada mes, deberán remitirse al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para su resolución, los cincuenta y cinco expedientes de amparo más recientes, tomando en cuenta la fecha de celebración de la audiencia constitucional. Que la selección de los expedientes se haría mediante el "Programa para el Turno Aleatorio de Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares", y, en atención a ello, el Juzgado Auxiliar de referencia, el día ocho de agosto del año en curso, vía correo electrónico oficial, envió la relación de los juicios de amparo que se le deberán remitir para su resolución, entre los que se encuentra el que ahora se provee. En consecuencia, envíese el presente juicio constitucional a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, a efecto de que por su conducto sea remitido al Juzgado Primero de Distrito del citado Centro Auxiliar. En cumplimiento al punto quinto del Acuerdo General 10/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, fórmese el expediente de antecedentes respectivo, en el cual, entre otras constancias, deberá contener el acuerdo de envío al Centro Auxiliar, así como la boleta con la que se acuse el recibo del expediente. Finalmente, para el caso de que se reciban promociones posteriores a la remisión del expediente al órgano jurisdiccional auxiliar para el dictado de la sentencia, y que influyan en el sentido de esa resolución, teniendo en cuenta la debida integración de los expedientes, así como por razones de orden práctico y economía, previo acuerdo dictado al efecto, obténgase copia certificada de la misma, para ser agregada al cuaderno de antecedentes respectivo y, el original remítase a ese juzgado federal, junto con el oficio que con motivo de ello se libre, para los efectos legales a que haya lugar. Ello, con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y elabórese el acta circunstanciada de entrega del presente expediente, para el dictado de su sentencia...

  2. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, nueve de agosto de dos mil dieciséis. Vista; la demanda de amparo promovida por Jorge Luis Martínez Fernández, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por violación a los artículos 14°, 16 y 17 Constitucionales. I. RADICACIÓN DE DEMANDA Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 880/2016. II. DESECHAMIENTO Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario reproducir el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis de mérito interpreta que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como acto reclamado el siguiente: "De la autoridad señalada como ordenadora al C. Juez del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de este Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, le reclamo la audiencia de remate en pública subasta y en primera almoneda, que se llevara a cabo el día once de agosto de dos mil dieciséis, señalada mediante auto de fecha seis de mayo de dos mil dieciséis, dentro del juicio especial hipotecario número 2044/2012/I del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Xalapa, Veracruz, lo anterior sin haberse notificado personalmente al suscrito los avalúos y autos que admiten dichos avalúos rendidos por los peritos nombrados por la hoy tercero perjudicada así como por el perito rebelde, por lo que reclamamos también todas las consecuencias que de hecho y por derecho se deriven de los actos reclamados por haber violado en nuestro perjuicio las garantías constitucionales de legalidad, audiencia y seguridad pública, ya que en ningún momento tuve la oportunidad de objetar los avalúos que obran rendidos dentro del juicio especial hipotecario antes citado, en virtud de que hasta la fecha no se me ha notificado, por lo que solicito la nulidad de todo lo actuado, dado que se encuentran violando en mi perjuicio la garantía de audiencia de legalidad y de seguridad jurídica consagrada en los artículos 14 y 16 Constitucionales.". Ahora, del escrito de demanda se desprende que Jorge Luis Martínez Fernández, es parte demandada dentro de los autos del juicio especial hipotecario 2044/2012/I del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, en razón de que el propio impetrante señala que no le fueron notificados los avalúos correspondientes en el procedimiento de origen, mismo en el cual se encuentra señalado el día once de agosto de la presente anualidad, para la celebración de la audiencia de remate en pública subasta y primera almoneda, de lo cual se colige que el citado juicio 2044/2012/I, se encuentra en etapa de ejecución. Expresiones las anteriores que para este Juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." En razón de lo anterior, el suscrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Nueva Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Así, conforme a lo dispuesto por los párrafos segundo y tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo transcrito, se puede sostener como lo hizo el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como presupuesto para la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta y la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, es necesario que se reclame la última resolución emitida en esa etapa, con la finalidad de evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra tales violaciones, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva y que por tal debe entenderse aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento u ordenan el archivo del asunto, de acuerdo a lo dispuesto en el referido artículo 107 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones al caso, la jurisprudencia P./J. 32/2001, visible en la página treinta y uno, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 27/99, con rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo ejecución de una dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Con base en lo anterior y atendiendo a lo establecido en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la ley de amparo vigente, interpretado a contrario sensu, se puede afirmar que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no es la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, es decir, aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente u ordenan el archivo del asunto, ni es aquél que, en un procedimiento de remate ordena, en forma definitiva, el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Lo anterior significa que las violaciones sufridas en la fase ejecutiva deben ser impugnadas hasta que se dicte la última resolución en esa etapa, esto es, deben invocarse como agravios en el juicio de amparo que, en su caso, se promueva contra la resolución respectiva, que es la resolución culminatoria de dicho procedimiento y contra la que se prevé la procedencia del juicio de garantías biinstancial. En la especie, el suscrito estima que el acto reclamado en modo alguno constituye la última resolución pronunciada en la etapa de ejecución del juicio natural, acorde a lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece que en un procedimiento de ejecución de sentencia, toda vez que el acto reclamado consiste en la fecha para llevarse a cabo a audiencia de remate, fue emitido en la etapa de ejecución del juicio especial hipotecario 2044/2012/I del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, dentro del cual, éste es parte demandada, no es una determinación judicial que reconozca la cumplimentación de la sentencia que se emitió, o declare la imposibilidad para hacerlo, ya que ésta únicamente es una medida tendente para dar cabal cumplimiento con lo sentenciado, por lo cual resulta evidente que, en la especie, se hace patente un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, analizados junto con el diverso 113 de la misma ley, relativo a que cuando se trate de violaciones cometidas en el periodo de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en esa misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, en consecuencia, lo que procede es desechar la demanda de amparo con que se dio cuenta, por ser notoria e indudable su improcedencia. Tiene aplicación la jurisprudencia por contradicción PC.II.C. J/2 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la página mil seiscientos ochenta y cinco del Libro 27, Febrero de dos mil dieciséis, Tomo II, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS, AUNQUE SE DICTEN EN DISTINTAS DETERMINACIONES. De la interpretación literal del artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que tratándose del procedimiento de remate, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, la última resolución es aquella que "en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados", pudiendo reclamarse las violaciones cometidas en el procedimiento, de modo que, aun cuando dichas determinaciones se emitan en forma separada, en aras de la fuerza legal de la cosa juzgada e inmediata ejecución de la sentencia del caso, la procedencia de la acción de amparo se actualiza hasta que se cumplan ambos supuestos que expresamente señaló el legislador, ya que debe atenderse al contenido jurídico de dichas condiciones más que al momento en que se dicten; de ahí que en el procedimiento de remate, la última resolución es la que ordena otorgar la escritura de adjudicación y entregar la posesión de los inmuebles rematados aunque se dicten en distintas determinaciones. " Así como diversa jurisprudencia PC.I.C. J/2 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página mil setecientos treinta y ocho, Tomo II, Septiembre de dos mil catorce, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla." Así también, se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Las jurisprudencias a que se hace mérito en este acuerdo, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de amparo no sufrió modificación que provoque la pérdida de su vigencia, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la nueva Ley de Amparo. III. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el precisado en el proemio de su demanda y como su autorizado en los amplios términos que establece el artículo 12 de la ley de la materia, a Juan Miguel Salazar de la Cruz, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · 10,474 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano