Jorge Luis Marín Flores

Expediente 681/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
681/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
12/08/2021

Partes del expediente

  • Jorge Luis Marín Flores

Actuaciones

  1. Principal

    IX... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído por el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... este expediente se considera susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, trasládese al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    IX... Téngase recibido el oficio enviado por la Secretaria del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 324/2021 de la estadística de este órgano jurisdiccional, por el que se ordenó notificar al quejoso el auto por el cual se desechó su demanda.

  3. Principal

    IX.- Vista la demanda de amparo promovida vía electrónica por Jorge Luis Marín Flores, por propio derecho, contra actos de los Jueces de Control de Cuautitlán, Estado de México y otras autoridades; regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 681/2021-IX. Previo acordar lo conducente, es dable destacar que el ocurso que se atiende fue promovido a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual es un sitio web en el que las partes y sus representantes en los juicios de amparo podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para presentar demandas, recursos y promociones, consultar a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos, lo cual otorga a los justiciables la oportunidad de facilitar el acceso a la administración de justicia de manera pronta y expedita, acorde con el espíritu que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, es importante destacar que tratándose de promociones electrónicas la Ley de Amparo establece las reglas y formas en que los procedimientos se substanciaran y resolverán ante los Tribunales Judiciales, específicamente el artículo 3º del citado ordenamiento legal. Acorde con lo anterior, los artículos 1º, 3º, 14, 16, 45, 46 y 47 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, indican los requisitos para presentar demandas en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como la forma de consultar el expediente electrónico. En este contexto, del artículo 3º de la ley invocada se evidencia que la tramitación del amparo indirecto podrá realizarse de manera optativa, a través de los mecanismos e instrumentos tecnológicos habilitados por el Consejo de la Judicatura Federal, siempre y cuando tales actuaciones se ajusten a los parámetros establecidos para su procedencia. Asimismo, se establece que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa y que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 16 del acuerdo aludido párrafos precedentes, establece que para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación, a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 de la misma norma y se registren en el sistema, estableciendo los pasos para realizar dicho trámite. Además, el artículo 42 del acuerdo en cita establece las excepciones para promover demandas sin tener firma electrónica, que son aquellos en los que se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; asimismo, que tratándose de dichos actos tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Lo que en la especie no acontece, tomando en consideración que la parte quejosa reclama la orden de aprehensión, arresto o presentación libradas en su contra; así como su ejecución; los cuales es evidente no encuadran en alguno de los supuestos contemplados en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Sobre esa base, el ocurso de cuenta carece de la evidencia criptográfica que denote la firma electrónica de la parte quejosa, pues aparece la de una persona diversa y como se ha señalado, atendiendo a la normatividad invocada es necesario que la directa quejosa cuente con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Aunado a que, como ya se preció, los actos reclamados no se tratan de aquellos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como alguno de los que enuncia el artículo 15 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, es inconcuso que el suscrito está facultado para proveer respecto del escrito de demanda a la luz de los razonamientos expuestos y en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, con relación a los diversos 3º, 5º y 6º, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los preceptos citados, se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Por su parte, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En tanto, el numeral 3° de la ley de la materia, dispone que los escritos que en forma electrónica se presenten mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la Firma Electrónica; la cual, es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. De lo anterior se tiene que, la firma electrónica produce los mismos efectos que la autógrafa, por tanto resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad de la parte quejosa para instar la acción constitucional, porque a través de ella se exterioriza su propósito de promoverla. Así, de los preceptos invocados queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional el juzgador tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. Bajo ese contexto, tratándose de la tramitación electrónica del presente juicio, el artículo 3° de la Ley de Amparo dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Relacionado con lo anterior, el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se advierte que para presentar una demanda de amparo vía medios electrónicos, con excepción de los casos previstos en el artículo 15 de la ley de la materia, es necesario que el promovente ingrese su "nombre de usuario y contraseña" que generó al momento de registrarse, o bien, a través de su firma electrónica vigente; además, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda y agregarán a dicho escrito su firma electrónica. Lo anterior, implica que ante la falta de firma electrónica a nombre del promovente no existe voluntad de su parte para dar inicio a la presente instancia constitucional. En ese orden de ideas, como se ha mencionado el escrito que se provee carece de la firma del promovente, pues aparece la evidencia criptográfica de la firma de diversa persona y no del promovente, por ende adolece del requisito indispensable para expresar su voluntad, pues es a través de la firma electrónica correspondiente que se responsabiliza de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. Consecuentemente, al ser considerada la falta de firma como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Décima Época, página: 79, registro: 2019715, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." En ese orden de ideas, se desecha la demanda al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, con relación a los diversos 3º, 5º y 6º, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. AUTORIZADOS Por otra parte, toda vez que el promovente no firmó el escrito de demanda no ha lugar a tener por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, pues no se les puede reconocer tal calidad a aquéllos para que actúen en su nombre, con las facultades que confiere el numeral señalado, por tanto se les autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo en cita. DOMICILIO A fin de que Jorge Luis Marín Flores tenga conocimiento de la presente determinación judicial, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso j) y 27, fracción II de la Ley de Amparo, 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por única ocasión, gírese atento exhorto en línea al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz con residencia en Xalapa, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional ordene a quien corresponda se constituya en avenida Ferrocarril Interoceánico 419-A, colonia Los Laureles, Xalapa, Veracruz, y le notifique al mencionado el presente proveído; asimismo, le requiera para que en el acto de la diligencia o dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, señale domicilio en Naucalpan de Juárez, Estado de México, apercibido que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las siguientes notificaciones, aun las personales, se le practicarán por lista publicada electrónicamente, sin perjuicio de que con posterioridad indique un domicilio para tal efecto en el lugar del juicio. Acorde con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo se solicita al Juez exhortado, que de estimarlo necesario, habilite días y horas para llevar a cabo las diligencias solicitadas. CORREO ELECTRÓNICO En cuanto hace al correo electrónico que señala para oír y recibir notificaciones, no ha lugar acordar de conformidad porque no está regulado en la Ley de Amparo como medio para ello; y conforme al artículo 3° de la citada legislación con relación a los diversos 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67, del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la posibilidad de presentar demandas, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas a través de los sistemas tecnológicos, está sujeta a que la persona interesada cuente con firma electrónica (FIREL) generada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación e informe el usuario ante el órgano Federal que se trámite el asunto de su interés. Sin perjuicio de lo anterior, se le tiene señalado el correo electrónico que menciona, únicamente para entablar comunicaciones no procesales. CONSULTA ELECTRÓNICA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza al solicitante única y exclusivamente, para consultar vía internet las actuaciones del presente juicio de amparo, en virtud que al realizar la búsqueda correspondiente se encuentran registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, los usuarios "e.Velasco" y "E.VCARLIN7". USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia en autos de su identificación; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. TRANSPARENCIA Finalmente, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa.

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