Jorge Luis Lule Raya
Expediente 394/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 394/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Jorge Luis Lule Raya
- Carlos Alberto Sauceda Millán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Acepta competencia. Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en los Mochis, por medio del cual informa que ese Juzgado aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, quedando registrado con el número 258/2023-3B, de lo cual toma conocimiento este órgano jurisdiccional. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso j), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Relevancia documental Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, quince de mayo de dos mil veintitrés. Remite información Intégrese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, por el que la Oficina de Correspondencia Común B, de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis, informa que la incompetencia dictada en el presente asunto mediante proveído de veintiocho de marzo del presente año, fue recibida y turnada mediante boleta de turno con número de registro 20230874017100018 el doce de abril de dos mil veintitrés, correspondiendo conocer al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede los Mochis. De lo que se toma conocimiento. En ese tenor, solicítesele comedidamente al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede los Mochis, que de no tener inconveniente informe si acepta o no la competencia declinada a su favor respecto de la demanda de amparo que promueve Jorge Luis Lule Raya, Carlo Alberto Sauceda Millán, Arturo Urías Mejía y Eva Yolanda Flores Arias, por propio derecho, contra actos de la Cámara de Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión y otras autoridades la cual, se registró en este órgano jurisdiccional con el número 394/2023-III. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, dos de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado procesal que guardan los autos del presente cuaderno de antecedentes, se advierte que por auto de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se declinó competencia al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa con sede en los Mochis, en turno, a afecto de que conociera de la demanda de amparo que promovió Jorge Luis Lule Raya, Carlo Alberto Sauceda Millán, Arturo Urías Mejía y Eva Yolanda Flores Arias, contra actos del Cámara de Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión y otras autoridades, por los motivos expuestos en el auto de referencia; para lo cual se giró el oficio 11208/2023, sin que a la data en que se dicta la presente determinación, se tenga conocimiento si se aceptó o no la competencia planteada por este órgano jurisdiccional. Por lo tanto, con fundamento en la fracción II, del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mediante oficio que se gire al Jefe (a) de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa con sede en los Mochis, en turno, con copia de la boleta de turno y demanda de amparo; requiérasele para que dentro del términos de tres días siguientes al en que reciba el mismo, informe cual fue el órgano jurisdiccional al que fue turnado el presente juicio de amparo; ello con la finalidad de darle el trámite correspondiente al presente juicio de se provee. Apercibido que de incumplirse le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero de la fracción Vi, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y sétimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, de Conformidad con la Fracción I, del artículo 237 de la ley de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés: Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés.****************************************Radicación de demanda.****************************************Vista la demanda de amparo que promueve ******************** por propio derecho, contra actos de la Cámara de Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 394/2023-III.****************************************Incompetencia.********************En primero término, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida.********************En ese orden, este Juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda de cuenta, como a continuación se expondrá.********************El artículo 37 de la Ley de Amparo establece: ********************"Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. ********************Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. ********************Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda."********************Del anterior precepto derivan tres reglas básicas de competencia de los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, a saber:********************1) Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; ********************2) Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito de esas jurisdicciones que prevenga en el conocimiento del asunto; y,******************** 3) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez ante el que se presente la demanda.********************En esas condiciones, por la importancia de la palabra ejecutar conviene precisar que conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española Vigésima tercera edición, tiene el siguiente significado: "ejecutar: poner por obra algo".********************Por lo anterior, ejecutar tiene el sentido ordinario de realizar acciones que implican o producen un cambio en el mundo físico, esto es, opuesto a lo que sólo tiene impacto en lo formal; así, se advierte que el factor que influye determinantemente en esas reglas es la ejecución material del acto reclamado, pues con base en ese aspecto se actualiza la competencia territorial a favor de uno u otro juzgador.********************Precisado lo anterior, conviene tener presente que la promovente señaló como actos reclamados los siguientes:****************************************-SIN TEXTO-************************************************************Esto es, en esencial reclama la aprobación y expedición del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación en dos de marzo de dos mil veintitrés, de dicho decreto; el cumplimiento al decreto; y consecuencias y efectos legales; ello, con motivo del carácter de servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, con el que cuentan los quejosos y que se demuestra con las constancias que se adjuntan a la demanda de amparo, donde además se demuestra que los quejosos se encuentran adscritos en la "Junta Distrital 03 Guamuchil, Sin", esto es con sede en Sinaloa.********************Lo anterior, se desprende de las siguientes imágenes:****************************************************************************************************De tal manera, si bien es cierto, la norma general reclamada en su carácter de autoaplicativa, es aplicable a toda la república mexicana; también lo es que, derivado a que los quejosos tiene adscripción en "Junta Distrital 03 Guamuchil, Sin"; por tanto, el acto reclamado tiene ejecución en el lugar donde se encuentra adscritos.********************Apoya lo anterior, la jurisprudencia PC.I.A. J/96 A (10a.), publicada en la página ochocientos ochenta y cinco, Tomo II, Febrero de 2017 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que a la letra dice:********************"COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE IMPONEN AL PRESTADOR DE SERVICIOS TURÍSTICOS LA OBLIGACIÓN DE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO, CUANDO SE RECLAMAN EN SU CARÁCTER DE AUTOAPLICATIVAS. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN ALGUNO DE LOS LUGARES EN LOS QUE PUEDA TENER EJECUCIÓN EL ACTO RECLAMADO. De acuerdo con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la competencia por territorio para conocer de los asuntos en los que se reclaman como autoaplicativos el Acuerdo por el que se emite el catálogo de los diferentes servicios turísticos cuyos prestadores de servicios turísticos deberán inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, el Acuerdo por el que se emite la Convocatoria Nacional de Inscripción al Registro Nacional de Turismo dirigida a los prestadores de servicios turísticos, así como el Acuerdo por el que se establece el formato único para los trámites del Registro Nacional de Turismo, todos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2016, que imponen una ejecución material, al obligar al prestador de servicios turísticos a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se presente la demanda, siempre y cuando ejerza jurisdicción en alguno de los lugares en que pudieran tener ejecución los actos reclamados, a saber, en la oficina estatal respectiva (donde la quejosa presta sus servicios turísticos), o bien, donde radica la ventanilla de registro central de la Secretaría de Turismo, esto es, en la Ciudad de México. Lo anterior es así, toda vez que el lugar o los lugares en que pueda efectuarse el registro de inscripción o el trámite correspondiente debe estimarse como el factor determinante para tal efecto, pues al tratarse de disposiciones autoaplicativas, existe el desconocimiento del lugar donde se va a realizar el trámite respectivo en el Registro Nacional de Turismo, de manera que lo relevante es que el quejoso tiene la posibilidad de efectuar la inscripción ante la oficina de turismo estatal, o bien, en la oficina central."********************Asimismo, la jurisprudencia PC.XXVII. J/3 K (10a.), publicada en la página dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve, Tomo III, Noviembre de 2021 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, que a la letra dice:********************"COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO, CUANDO SE RECLAMA LA LEY PARA LA PREVENCIÓN, GESTIÓN INTEGRAL Y ECONOMÍA CIRCULAR DE LOS RESIDUOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CON CARÁCTER DE AUTOAPLICATIVA, Y EN LA DEMANDA DE AMPARO SE EXHIBEN DOCUMENTALES (FACTURAS) EN LAS QUE SE APRECIA EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DICHO LUGAR. El artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, señala que será competente el Juez de Distrito del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; asimismo, de tal precepto se aprecia que tales actos son aquellos que después de su emisión, requieren de una ejecución material. Ahora bien, si se reclaman diversos artículos de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo, con carácter de autoaplicativa, afirmando medularmente que los quejosos realizan actividades comerciales en el Estado de Quintana Roo, demostrando dicha situación con diversas documentales (facturas), y de ellas se advierte que tales transacciones fueron concretadas en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y dicha localidad es donde tendrán ejecución las normas tildadas de inconstitucionales, el Juez de Distrito competente para conocer del asunto, es aquel que ejerza jurisdicción en la localidad donde tendrán ejecución material las normas reclamadas como autoaplicativas, siempre y cuando de las documentales anexas al ocurso de derechos fundamentales se aprecie el lugar de ejecución del acto reclamado, pues se trata del lugar de ejecución de dichas disposiciones legales."********************En ese sentido, tomando en consideración el lugar de adscripción de los quejosos, se estima que el juez competente para conocer del libelo constitucional, lo es el JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA, CON SEDE EN LOS MOCHIS. ********************De ahí que con apoyo en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización y por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, corresponde al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA, CON SEDE EN LOS MOCHIS, EN TURNO, conocer de la demanda de amparo planteada.****************************************En tales condiciones, se estima que este órgano de control constitucional carece de legal competencia para conocer de la demanda de amparo interpuesta, por lo que deberá remitirse al aludido órgano jurisdiccional, con fundamento en los dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo.****************************************En consecuencia; con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase mediante oficio el juicio de amparo 394/2023; a la Oficina de Correspondencia Común del Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis, con el objeto de que, conforme a las cargas de trabajo, lo turne al Juzgado de Distrito que corresponda, para que tenga a bien determinar si acepta o no la competencia propuesta, solicitando que a la brevedad posible remita el acuse de recibo respectivo.****************************************Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con copia simple de la demanda de cuenta, así como autógrafa del presente acuerdo, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente.****************************************Domicilio.****************************************Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en ********************con el apercibimiento que, de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado.****************************************Consulta y notificación de expediente electrónico.****************************************Con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículo 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la consulta y notificación del expediente electrónico a través del usuario "********************toda vez que se encuentra registrado, en el entendido que el actuario de la adscripción deberá realizar las notificaciones a la parte quejosa por la vía electrónica.****************************************Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se hace de su conocimiento de la parte quejosa que únicamente se harán vía electrónica las notificaciones que se ordenen de carácter personal, y las demás se realizarán por medio de lista. ****************************************Lo anterior, en la inteligencia de que el Actuario de la adscripción deberá realizar lo conducente para la consulta del expediente electrónico y la realización de notificaciones electrónicas.****************************************Habilitación de días y horas inhábiles.****************************************En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. ****************************************Autorización para firmar oficios.****************************************Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. ****************************************Integración de expediente electrónico.****************************************Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos, sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo.****************************************Publicación de datos.****************************************Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión.****************************************En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.|
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