Jorge Luis Lopez Ramos

Expediente 81/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
81/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Jorge Luis Lopez Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo1, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita.Se ordena archivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. ***? Valoración documental. En términosDevolución de documentos y garantía. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron en el sumario.*** ? Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por la jueza Segundo Civil de Partido de esta ciudad, mediante el cual adjunta la demanda de amparo promovida por ********************en su calidad de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de********************. Acúsese recibo. Demanda y radicación. Visto lo de cuenta, téngase recibida la demanda de amparo promovida por ********************en su calidad de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de********************, mediante la cual solicitan el amparo y protección de la justicia federal contra actos que atribuye a la autoridad siguiente: Juzgado de Partido Segundo Civil de Celaya, Guanajuato. En ese contexto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se manda formar expediente, registrarlo en el libro de control bajo número 81/2023-III, en la inteligencia de que, en el presente juicio, de manera preliminar, los actos reclamados se hacen consistir en: La resolución del recurso de revocación de tres de enero de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ********************, mediante la cual confirmó la audiencia de remate en segunda almoneda de veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Extemporaneidad. Ahora, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad, tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado y, no obstante, deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta, en tales circunstancias, presume conformidad con el acto.*** Análisis del caso concreto. Con base en este marco normativo, el acto reclamado se ubica dentro de la primera regla antes enunciada; ya que el promovente, bajo protesta de decir verdad, a las que se les otorga valor pleno como confesión, manifestó que la resolución reclamada se le notificó a través del buzón electrónico, lo cual se corrobora con la documental que anexa, relativa a la evidencia criptográfica de notificación, de la que se desprende que el cuatro de enero de dos mil veintitrés, se le notificó la determinación. Por tanto, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió a partir del día siguiente a aquel en que surtió sus efectos. Motivo por el cual, se considera que el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo en contra del acto reclamado ha fenecido, toda vez que éste comenzó a contar al día hábil siguiente al en que surtió sus efectos, esto es, el seis de enero del año en curso y feneció el veintiséis siguiente. Descontándose los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de enero actual, por ser inhábiles conforme al ordinal 19 de la legislación en consulta. Por tanto, debió promoverse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surtió efectos el acto reclamado -cinco de enero de dos mil veintitrés- y la demanda de amparo fue recibida ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Guanajuato, con sede en Celaya, el treinta y uno de enero del año en curso, tal como se corrobora del sello de recepción. Lo anterior evidencia que, la presentación sucedió de manera extemporánea conforme al siguiente calendario:**** Sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que haya presentada la demanda de amparo ante la autoridad responsable el veintisiete de enero del año en curso, pues además de ser extemporánea igualmente, es un hecho que no hubo desconocimiento de la vía ni del órgano jurisdiccional ante la cual se debía de tramitar, ya que del escrito de demanda se advierte, que se encuentra dirigida a promover amparo indirecto -competencia de los juzgados de Distrito- y, en los fundamentos de derecho plasmo los relativos a la tramitación del vía biinstancial, así como que el cuerpo de demanda ciñe los extremos del artículo 108 de la Ley de Amparo.**** En ese orden, cuando la parte quejosa tiene conocimiento del acto reclamado, al no estar en alguno de los casos de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, su presentación deviene extemporánea. De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, al ser notoriamente extemporánea la demanda de que se trata. *** Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, tanto las pruebas que se acompañaron a la demanda -y que forman parte de ésta- como las narraciones vertidas en la misma -por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para desechar la demanda en comento. Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable.*** Autorización de reproducción de actuaciones judiciales.

  3. Principal

    AL NO SER ATENDIDO EL CITATORIO POR LA PARTE QUEJOSA; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR LISTA QUE SE FIJAN EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), LA DETERMINACIÓN DE Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por la jueza Segundo Civil de Partido de esta ciudad, mediante el cual adjunta la demanda de amparo promovida por ********************en su calidad de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de********************. Acúsese recibo. Demanda y radicación. Visto lo de cuenta, téngase recibida la demanda de amparo promovida por ********************en su calidad de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de********************, mediante la cual solicitan el amparo y protección de la justicia federal contra actos que atribuye a la autoridad siguiente: Juzgado de Partido Segundo Civil de Celaya, Guanajuato. En ese contexto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se manda formar expediente, registrarlo en el libro de control bajo número 81/2023-III, en la inteligencia de que, en el presente juicio, de manera preliminar, los actos reclamados se hacen consistir en: La resolución del recurso de revocación de tres de enero de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ********************, mediante la cual confirmó la audiencia de remate en segunda almoneda de veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Extemporaneidad. Ahora, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad, tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado y, no obstante, deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta, en tales circunstancias, presume conformidad con el acto.*** Análisis del caso concreto. Con base en este marco normativo, el acto reclamado se ubica dentro de la primera regla antes enunciada; ya que el promovente, bajo protesta de decir verdad, a las que se les otorga valor pleno como confesión, manifestó que la resolución reclamada se le notificó a través del buzón electrónico, lo cual se corrobora con la documental que anexa, relativa a la evidencia criptográfica de notificación, de la que se desprende que el cuatro de enero de dos mil veintitrés, se le notificó la determinación. Por tanto, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió a partir del día siguiente a aquel en que surtió sus efectos. Motivo por el cual, se considera que el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo en contra del acto reclamado ha fenecido, toda vez que éste comenzó a contar al día hábil siguiente al en que surtió sus efectos, esto es, el seis de enero del año en curso y feneció el veintiséis siguiente. Descontándose los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de enero actual, por ser inhábiles conforme al ordinal 19 de la legislación en consulta. Por tanto, debió promoverse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surtió efectos el acto reclamado -cinco de enero de dos mil veintitrés- y la demanda de amparo fue recibida ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Guanajuato, con sede en Celaya, el treinta y uno de enero del año en curso, tal como se corrobora del sello de recepción. Lo anterior evidencia que, la presentación sucedió de manera extemporánea conforme al siguiente calendario:**** Sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que haya presentada la demanda de amparo ante la autoridad responsable el veintisiete de enero del año en curso, pues además de ser extemporánea igualmente, es un hecho que no hubo desconocimiento de la vía ni del órgano jurisdiccional ante la cual se debía de tramitar, ya que del escrito de demanda se advierte, que se encuentra dirigida a promover amparo indirecto -competencia de los juzgados de Distrito- y, en los fundamentos de derecho plasmo los relativos a la tramitación del vía biinstancial, así como que el cuerpo de demanda ciñe los extremos del artículo 108 de la Ley de Amparo.**** En ese orden, cuando la parte quejosa tiene conocimiento del acto reclamado, al no estar en alguno de los casos de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, su presentación deviene extemporánea. De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, al ser notoriamente extemporánea la demanda de que se trata. *** Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, tanto las pruebas que se acompañaron a la demanda -y que forman parte de ésta- como las narraciones vertidas en la misma -por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para desechar la demanda en comento. Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable.*** Autorización de reproducción de actuaciones judiciales.TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:

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