Jorge Luis López Mercado
Expediente 795/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 795/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 13/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Jorge Luis López Mercado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
Zacatecas, Zacatecas, trece de octubre de dos mil veintidós. Visto; desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en esta fecha fue decretado el archivo definitivo en el juicio de amparo 795/2022, del que deriva el presente incidente de suspensión, por tratarse de un asunto concluido; en consecuencia, al no existir diligencias pendientes por realizar en este incidente, se ordena su archivo como asunto concluido. Lo anterior considerando que en términos de los artículos uno, doce, catorce y veinte del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y que de acuerdo a la valoración documental respectiva, este juzgado dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa, se considera que el cuaderno original es depurable y el duplicado es destruible; se ordena su archivo definitivo por separado del principal. Por lo anterior, se ordena separar desde ahora, el expediente duplicado y resguardarlo por separado a efecto de que personal del órgano jurisdiccional esté en condiciones de realizar las actividades propias de los trabajos administrativos para la destrucción de expedientes y, ante ello, en lo sucesivo, salvo razón que justifique lo contrario, actúese en el incidente de suspensión en un solo tanto; es decir, solamente en el expediente original.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, trece de octubre de dos mil veintidós. Visto; la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la interesada interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Ahora bien, ya que en el presente juicio de amparo no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar; y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, asimismo, que este juzgado dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa; en consecuencia se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1, 12, y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible.
- Principal
.Audiencia constitucional. En Zacatecas, Zacatecas, a las once horas del veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas por auto de cinco de julio del presente año, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 795/2022. La licenciada María Citlallic Vizcaya Zamudio, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida de la licenciada Verónica Araceli Loera Raudales, secretaria con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes, haciendo constar que de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el módulo "Agenda visita a OJ", opción "Consulta General", no se desprende que alguna de las partes haya solicitado cita para comparecer a esta audiencia. Acto seguido, la Secretaria realiza una lectura íntegra del escrito relativo a la demanda de amparo, procede a hacer una relación de las constancias que obran en autos; al respecto, da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Administración General de Recaudación; Subadministrador Desconcentrado, ambos de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Zacatecas "1"; y sus Notificadores Fiscales adscritos a dichas Administraciones, así como de las constancias que las responsables remitieron anexas a su informe, consistentes en el expediente administrativo del quejoso ********************. A continuación, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables, con las constancias relacionadas por la Secretaria, hágase nueva relación en el momento procesal oportuno. Abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con las constancias reseñadas por la Secretaria; pruebas que se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. Sin más pruebas por relacionar se cierra el presente periodo. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que no se recibió promoción alguna, por lo que se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos y el del Ministerio Público para presentar pedimento, por ende, al no existir promoción alguna qué acordar se cierra este periodo. Al no existir más pruebas ni alegatos por relacionar, se declaran vistos los autos para dictar la siguiente resolución. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 795/2022, promovido por ********************, contra actos de la Administración General de Recaudación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Zacatecas "1" y otras autoridades. RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, promovido por ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos y autoridades responsables que más adelante se precisan. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándola con el número 795/2022; en auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós la admitió a trámite; solicitó a las responsables rindieran su informe justificado; dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor de párrafos que anteceden; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, residente en la capital del mismo nombre, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintiuno; así como en los artículos 1º, fracción XXIII, 2º fracción XXIII punto 3 y 4º fracción XXIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama un acto de naturaleza omisiva, carente de ejecución material, por lo que se actualiza la hipótesis a que se refiere el artículo 37, párrafo tercero de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el criterio de que el juez constitucional debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, razón por la cual está constreñido a armonizar los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, de tal suerte que la sentencia que dicte en el juicio de amparo contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, se tiene que la parte quejosa reclama: De la Administración General de Recaudación; Subadministrador Desconcentrado, ambos de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Zacatecas "1"; y sus Notificadores Fiscales adscritos a dichas Administraciones, lo siguiente: - La emisión de las multas identificadas bajo los folios ********************y ********************por la cantidad de $********************(******************** pesos ********************/1******************** moneda nacional), respectivamente, y su ejecución. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado a la Administración General de Recaudación; Subadministrador Desconcentrado, ambos de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Zacatecas "1"; y sus Notificadores Fiscales adscritos a dichas Administraciones, pues así lo reconocieron las responsable al rendir su informe justificado, aunado a las constancias que anexas remitieron al mismo. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable como apoyo a su informe consistentes en el expediente administrativo a nombre del quejoso ******************** identificado con el número de control ********************de su índice y entre las que destaca las multas combatidas en este juicio; documentales con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º. CUARTO. Causales de Improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causales de improcedencia lo aleguen o no las partes, al ser su análisis una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. Al rendir su informe justificado, la Administración General de Recaudación; Subadministrador Desconcentrado, ambos de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Zacatecas "1"; y sus Notificadores Fiscales adscritos a dichas Administraciones, indicaron que el juicio de amparo es improcedente, toda vez que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad. En efecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. (.)." Del anterior artículo se sigue, en lo que al caso interesa, que ahí se consigna el principio de definitividad que señala que el juicio de amparo será improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva prevista en la Ley de Amparo. Por ende, el juicio de amparo será procedente únicamente cuando el acto reclamado no contemple un medio ordinario de defensa, pues de otra manera el agraviado deberá agotarlo ineludiblemente. Ahora, con el fin de dar mayor claridad al presente asunto, se estima oportuno referir, en lo que interesa, que el acto reclamado se hizo consistir en: La emisión de las multas identificadas bajo los folios ********************y ********************por la cantidad de $********************(******************** pesos ********************/1******************** moneda nacional), respectivamente, y su ejecución. Al respecto debe decirse que el artículo 2° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, señala: "ARTÍCULO 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley." A su vez, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) II. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; III. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales; V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; (.)" De los preceptos legales destacados, se aprecia que el juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; en cuyo numeral 3, fracciones II a V, se contemplan actos emitidos por autoridades fiscales en el ejercicio de sus competencias. De las primeras tres fracciones transcritas, se advierte que el juicio contencioso procede contra resoluciones que determinen la existencia de una obligación fiscal, la fijen en cantidad líquida o sienten las bases para su liquidación; contra las que nieguen la devolución de un ingreso indebidamente enterado a la Federación; o contra aquellas que impongan multas por infracción a normas administrativas federales. Mientras que la última de las fracciones dispone un supuesto de procedencia residual, al establecer que dicho juicio es susceptible de entablarse en contra de actos que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren los supuestos anteriores, es decir, que se trate de actos que generen un perjuicio o afectación en la esfera de derechos y bienes de las personas, en la relación que guardan con la hacienda pública. Además, en relación con el juicio contencioso administrativo de orden federal, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto que para proveer sobre la suspensión de los actos impugnados, en dicha contienda no se prevén mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar tal medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que en ambos se exigen requisitos esencialmente iguales, es decir, que debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Lo anterior encuentra sustento en jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." Además, es importante destacar que en el caso la parte quejosa se encuentra sujeta a agotar dicho medio de defensa, porque no se está en el caso de excepción previsto en el primer párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del epígrafe y contenido siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que nos es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías ." Además, el acto reclamado no carece de fundamentación, pues del mismo se obtiene que el Subadministrador Desconcentrado de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Zacatecas "1, citó como fundamento para emitir las multas identificadas bajo los folios ********************y ********************por la cantidad de $********************(******************** pesos ********************/1******************** moneda nacional), respectivamente, diversos artículos del Código Fiscal de la Federación y su Reglamento; Ley del Servicio de Administración Tributaria y su Reglamento Interior; Resoluciones Misceláneas, entre otros; fundamentos y diversos motivos que expone que, sin prejuzgar sobre su legalidad permiten que quien resuelve concluya que no carece de fundamentación. Aunado a lo anterior, no se alegaron violaciones directas a la Constitución Federal en el escrito de demanda y el recurso o medio de defensa procedente está previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y no en un reglamento. Del mismo modo, la parte quejosa no acude al presente juicio de derechos en su carácter de tercera extraña en relación con los actos que reclama a la autoridad responsable, ya que es precisamente a quien se le impusieron las multas por incumplimiento en el procedimiento de origen. De igual modo el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, no se opone en forma alguna a la normatividad que en materia de derechos humanos existe en México, ya que en los propios artículos 1 y 103 Constitucionales se prevén, límites y obligaciones correlativos a los derechos humanos, como en el caso lo es, agotar los recursos ordinarios. De manera que dicho principio es uno de los rectores del juicio de amparo, que se justifica en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de nivel constitucional; de ahí que previamente a su promoción, la parte quejosa deba acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto que se reclama, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En efecto, las disposiciones en Derechos Humanos no resultan incompatibles con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, ni se opone en forma alguna a éste, sino por el contrario, es parte de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva que deben ser considerados como bienes constitucionalmente tutelados. Es de aplicarse la tesis del contenido siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU ACTUALIZACIÓN COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO NO DESCONOCE LA NUEVA NORMATIVIDAD QUE EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS RIGE EN EL ESTADO MEXICANO. A partir del nuevo horizonte garantista que se vislumbra en el Estado Mexicano con motivo de las reformas a los artículos 1o., 103 y 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo el numeral 1o. que cambia la forma de concebir, interpretar y aplicar las normas relacionadas con los derechos humanos, se abandona el concepto de "Garantías individuales" para intitularse "De los derechos humanos y sus garantías", incorporando al ordenamiento los valores, principios y fines del derecho internacional de los derechos humanos. No obstante lo anterior, la nueva normatividad en derechos humanos no es incompatible con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ni se opone en forma alguna a éste, sino por el contrario, es parte de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva que deben ser considerados como bienes constitucionalmente tutelados, en conjunto, de manera interdependiente e indivisible, pues de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo será improcedente cuando contra el acto reclamado, tratándose de resoluciones de autoridades administrativas, proceda algún recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, principio que encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de nivel constitucional; por tanto, previamente a su promoción, el quejoso debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En consecuencia, el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional no se opone en forma alguna a la nueva normatividad que en materia de derechos humanos existe en el Estado Mexicano, pues es evidente que si en los referidos artículos 1o. y 103 constitucionales se establece que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos tanto en el texto constitucional como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías que otorga para su protección, también se prevén, aunque no en forma expresa, límites u obligaciones correlativas a esos derechos, como en el caso lo es agotar los recursos ordinarios, máxime que la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 46, que para que en una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la comisión se requerirá, entre otros aspectos, que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos, de manera que, incluso en la normatividad de un órgano internacional encargado de velar por la defensa y protección de los derechos humanos, se ordena que las peticiones que se hagan ante éste, deben ser posteriores a haber interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, lo que se conoce en el derecho internacional de los derechos humanos como el principio de subsidiariedad, equivalente al principio de definitividad en sede interna". No sobra decir que, si bien la Constitución Federal y la Convención Americana de Derechos Humanos reconocen el derecho fundamental a un recurso judicial efectivo, ello no tiene el alcance de soslayar los requisitos o presupuestos formales necesarios para la procedencia de la vía, tal como lo ha resuelto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental". Por tanto, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, se sobresee en el presente juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: SE RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ********************, respecto del acto consistente en la emisión de las multas identificadas bajo los folios ********************y ********************por la cantidad de $********************(******************** pesos ********************/1******************** moneda nacional), respectivamente, y su ejecución, reclamado a la Administración General de Recaudación; Subadministrador Desconcentrado, ambos de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Zacatecas "1"; y sus Notificadores Fiscales adscritos a dichas Administraciones, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, cinco de julio de dos mil veintidós. Visto; el estado que guardan los presentes autos, del que se desprende que el informe justificado de la autoridad responsable, no se puso a la vista de las partes con la anticipación de los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, en virtud que el auto en que se dio vista con su contenido, se notificó mediante lista de veinticuatro de junio de esta anualidad; consecuentemente, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar se fijan las once horas del veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, para su verificativo. Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial 54/2000, misma que resuelve la contradicción de tesis 29/98, entre las sustentadas por la actual Segunda Sala y la anterior Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto (Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario."
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