Jorge Luis López Hernández
Expediente 2039/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2039/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 02/12/2016
Partes del expediente
- Jorge Luis López Hernández
- Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dos de diciembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en los artículos 51 y 60, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes, que a partir del uno de diciembre del presente año, funge como nuevo titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, el licenciado José Antonio Lozano Batarse, lo cual fue informado a este órgano jurisdiccional mediante oficio número SEADS/1327/2016, suscrito por el secretario ejecutivo de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXII, página 312, julio de 2010, número de registro electrónico 164217, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Ahora, vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo ha causado ejecutoria, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Finalmente, como existe documento original exhibido por la parte quejosa en la demanda de amparo, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I, y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, y Vigésimo, fracción III, Capitulo Quinto, dese vista a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este Juzgado dentro del plazo de noventa días, a recoger el documento original exhibido en autos, apercibida que, en caso de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma José Antonio Lozano Batarse, Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del Secretaria que autoriza y da fe Laura Elena Romero Luna, a quien faculta a firmar los oficios que se expidan, quien certifica que el presente acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy Fe.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dos de diciembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en los artículos 51 y 60, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes, que a partir del uno de diciembre del presente año, funge como nuevo titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, el licenciado José Antonio Lozano Batarse, lo cual fue informado a este órgano jurisdiccional mediante oficio número SEADS/1327/2016, suscrito por el secretario ejecutivo de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXII, página 312, julio de 2010, número de registro electrónico 164217, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Ahora, vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo ha causado ejecutoria, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Finalmente, como existe documento original exhibido por la parte quejosa en la demanda de amparo, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I, y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, y Vigésimo, fracción III, Capitulo Quinto, dese vista a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este Juzgado dentro del plazo de noventa días, a recoger el documento original exhibido en autos, apercibida que, en caso de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma José Antonio Lozano Batarse, Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del Secretaria que autoriza y da fe Laura Elena Romero Luna, a quien faculta a firmar los oficios que se expidan, quien certifica que el presente acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy Fe.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficios registrados con los folios 13745, (fojas 650 a 655), 15104, (fojas 694 y 695), 15367, (fojas 720 y 721), 15663, (fojas 724 a 727), 15693, (foja 728), 15910, (fojas 732 y 733), 16511, (fojas 738 a 740), 17343, (foja 820), 17810, (fojas 843 a 845), 19673, (foja 851), 20058 (fojas 858 a 873) y 17554, (fojas 826 a 841), las autoridades responsables Fiscal del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Número Tres adscrita a la Fiscalía Especializada en Asuntos Especiales y Relevantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, Fiscal Especializado en Asuntos Especiales y Relevantes, Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas, Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Banco HSBC México, Sociedad Anónima, Banco Santander (México) Sociedad Anónima, Institución de Banca, Banco HSBC México, Sociedad Anónima, Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple y Subprocuradora General de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Director General Adjunto de Atención a Autoridades "B" dependiente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Vicepresidente de la Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, manifestaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."... Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. ... En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable -en lo que interesa- al Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Asuntos Especiales y Relevantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: ... Ahora bien, mediante resolución de ocho de agosto de dos mil dieciséis, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el treinta y uno de agosto del año en curso, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] Se concede la protección constitucional a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad antes mencionada en el plazo de cinco días hábiles: 1. Deje insubsistente el acuerdo de aseguramiento provisional y precautorio de cuentas bancarias, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, así como todos los efectos y consecuencias que derivaron de éste, como son los oficios girados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores e Instituciones Bancarias. 2. En su lugar dicte otro con libertad de jurisdicción, ya sea en el mismo sentido o en uno diverso, debidamente fundado y motivado, en la inteligencia de que si reitera el sentido del acto reclamado deberá: 2.1 En su caso, motivar cuáles son las razones particulares y elementos de prueba con valor pleno o indiciario que acreditan el cuerpo del delito, los derechos patrimoniales del agraviado, así como la necesidad del aseguramiento para la debida integración de la averiguación previa, lo anterior de conformidad con el artículo 29 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas. 2.2 En su caso, motivar cuáles son las razones particulares y elementos de prueba con valor pleno o indiciario, con base en los cuales justifique que los depósitos contenidos en las cuentas bancarias proporcionadas por la agraviada, son instrumento, objeto o producto de los delitos materia de la indagatoria, o en su caso, existan sobre dichos depósitos huellas de los mismos o se encuentran relacionados con tales ilícitos, como presupuesto para decretar un aseguramiento en términos del artículo 101 del Código de Procedimientos Penales.." SIC [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficios registrados con los folios 13745, (fojas 650 a 655), 15104, (fojas 694 y 695), 15367, (fojas 720 y 721), 15663, (fojas 724 a 727), 15693, (foja 728), 15910, (fojas 732 y 733), 16511, (fojas 738 a 740), 17343, (foja 820), 17810, (fojas 843 a 845), 19673, (foja 851) y 20058 (fojas 858 a 873) y 17554, (fojas 826 a 841), las autoridades responsables Fiscal del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Número Tres adscrita a la Fiscalía Especializada en Asuntos Especiales y Relevantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, Fiscal Especializado en Asuntos Especiales y Relevantes, Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas, Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Banco HSBC México, Sociedad Anónima, Banco Santander (México) Sociedad Anónima, Institución de Banca, Banco HSBC México, Sociedad Anónima, Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple y Subprocuradora General de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Director General Adjunto de Atención a Autoridades "B" dependiente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Vicepresidente de la Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, informaron que procedieron en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditaron con diversos oficios; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, las autoridades responsables Fiscal del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Número Tres adscrita a la Fiscalía Especializada en Asuntos Especiales y Relevantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, Fiscal Especializado en Asuntos Especiales y Relevantes, Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas, Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Banco HSBC México, Sociedad Anónima, Banco Santander (México) Sociedad Anónima, Institución de Banca, Banco HSBC México, Sociedad Anónima, Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple y Subprocuradora General de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Director General Adjunto de Atención a Autoridades "B" dependiente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Vicepresidente de la Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, mediante diversos oficios, manifestaron dos de ellas que ordenó a la Fiscal del Ministerio Adscrita a la Mesa de Trámite Número Tres de la Fiscalía Especializada en Asuntos Especiales y Relevantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, y como superior jerárquico el desbloqueo o el levantamiento de aseguramiento de cuentas bancarias a nombre de la parte quejosa; así como las diversas responsables expusieron que se mantenían sin embargo ó se encontraban activas las cuentas bancarias ó ya no se registraban específicamente embargadas las cuentas bancarias a nombre de la parte quejosa ó ordenaron realizar el desbloqueo o levantamiento de embargo ó ordenaron levantar los aseguramientos a las cuentas bancarias a nombre del quejoso. De ahí que al haber cumplido las autoridades responsables la materia del acto reclamado, y al haber ordenado el desbloqueo o levantamiento de las cuentas bancarias, se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo quedó subsanada. Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, tomando en consideración que no ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente, durante el cual debe hacerse del conocimiento de las partes el contenido del informe justificado agregado en autos; se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las NUEVE HORAS CON VEINTISEIS MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Notifíquese.
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