Jorge Luis Leal Trejo

Expediente 1569/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1569/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Jorge Luis Leal Trejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido para la parte quejosa el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Junta remite constancias. El Presidente de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, cumple el requerimiento realizado en acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintidós Asimismo, remite copia certificada del acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral D-2/935/2019, de la que se advierte en lo que interesa, lo siguiente: 1. Que compareció la parte actora y demandada ante la junta responsable. 2. Que se realizó el segundo pago, por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos, cero centavos, moneda nacional), a la parte quejosa, pactado en el convenio que celebraron las partes el siete de septiembre del año en curso. 3. La junta responsable dio por terminada la relación laboral de la parte actora y demandada dado que se dio cumplimento al laudo y convenio. 4. Ordenó remitir los autos del juicio laboral al archivo como asunto concluido por carecer de materia para su prosecución. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por presentada la prueba documental que adjunta a su oficio de cuenta. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado atribuido al Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en el juicio laboral D-2/935/2019, por el cual la parte quejosa solicitó se requiera de pago a la parte demandada, y su notificación, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Dicho lo anterior, ahora es pertinente explicar por qué en el caso se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. Respecto al requisito previsto en el inciso a) cabe precisar que se encuentra satisfecho, puesto que se reclama la omisión de acordar el escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en el juicio laboral D-2/935/2019, por el cual la parte quejosa solicitó se requiera de pago a la parte demandada, y su notificación. En relación al supuesto previsto en el inciso b), se advierte que a la fecha de presentación de demanda -veintinueve de agosto de dos mil veintidós-, la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, no había realizado pronunciamiento alguno respecto al escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós en el juicio laboral D-2/935/2019, por el cual la parte quejosa solicitó se requiriera de pago a la parte demandada, y su notificación; sin embargo, mediante acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, la junta responsable dio por terminada la relación laboral entre la parte actora y demandada y ordenó remitir los autos de origen al archivo como asunto concluido por carecer de materia para su prosecución; de lo anterior, se advierte que esta actuación es posterior a la presentación de la demanda. Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), como se destacó previamente, en auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, la junta responsable dio por terminada la relación laboral entre la parte actora y demandada, y ordenó remitir los autos de origen al archivo como asunto concluido por carecer de materia para su prosecución. Razón por la cual no podrá decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado (la omisión de acordar el escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en el juicio laboral D-2/935/2019, por el cual la parte quejosa solicitó se requiera de pago a la parte demandada, y su notificación), sin afectar la nueva situación jurídica (ordenó remitir los autos de origen al archivo como asunto concluido por carecer de materia para su prosecución). Lo anterior, se traduce en un cambio de situación jurídica respecto del estado que guardaban los autos al momento de la presentación de la demanda de amparo. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas a la omisión reclamada, sin que pueda analizarse su constitucionalidad, pues se soslayaría la nueva situación jurídica, esto es, el acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en el que la junta responsable dio por terminada la relación laboral entre la parte actora y demandada y ordenó remitir los autos del juicio laboral D-2/935/2019 al archivo como asunto concluido por carecer de materia para su prosecución. El requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre la omisión reclamada y la nueva situación jurídica que rige el juicio origen (la omisión de acordar el escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en el juicio laboral D-2/935/2019, por el cual la parte quejosa solicitó se requiera de pago a la parte demandada, y su notificación). En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes; influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada, dado que ha quedado superado el estado que guardaban los autos antes de la presentación del escrito inicial de demanda -la omisión de acordar el escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en el juicio laboral D-2/935/2019, por el cual la parte quejosa solicitó se requiera de pago a la parte demandada, y su notificación- y la situación jurídica que se originó posteriormente -acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en el que la junta responsable dio por terminada la relación laboral entre la parte actora y demandada y ordenó remitir los autos del juicio laboral al archivo como asunto concluido por carecer de materia para su prosecución-. En otras palabras, no podría analizarse la legalidad de la omisión reclamada, pues el Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, dictó un acuerdo en el que dio por terminada la relación laboral entre la parte actora y demandada y ordenó remitir los autos del juicio laboral D-2/935/2019 al archivo como asunto concluido por carecer de materia para su prosecución, por lo que resulta imposible determinar el estado procesal que guardaban los autos en dicho juicio, y ello implicaría afectar la nueva situación procesal que se actualizó con posterioridad a la presentación del presente juicio de amparo. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, número de registro 184572, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las doce horas del ocho de noviembre de dos mil veintidós. Por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Informe respecto del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión. Agréguese a los autos el oficio del Juez Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual rinde su informe respecto del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 208 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de la autoridad. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de octubre de dos mil veintidós. Autoridad remite constancias. El Director General Jurídico y de lo Contencioso de la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Puebla, en representación de las autoridades responsables, cumple el requerimiento formulado mediante proveído de tres de octubre del presente año, esto es, remite la copia más legible a la que tienen acceso de los planos con sus respectivos cuadros de construcción de los diversos polígonos generados con motivo del Decreto Expropiatorio por causa de utilidad pública del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Puebla, el siete de junio de dos mil cuatro. Pruebas. En atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de las autoridades responsables, la documental que anexa al escrito de cuenta, que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, debiendo darse cuenta con éstas en la audiencia constitucional. Se ordena correr traslado a perito oficial. Ahora, mediante oficio que al efecto se gire al perito oficial José Juan López Chalico, por conducto del Titular del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, córrasele traslado con el oficio de cuenta y su anexo. Asimismo, requiérase al referido perito oficial para que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación del presente auto, informe a este órgano jurisdiccional si con la información remitida se encuentra en aptitud de emitir su dictamen pericial. Hecho lo anterior, se proveerá lo conducente respecto de la diligencia de ejercicios de campo. Finalmente, se apercibe al perito oficial designado que en caso de ser omiso, o bien, de no informar la imposibilidad que tenga para cumplir con el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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