Jorge Luis Labastida Trejo
Expediente 520/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 48 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 520/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 48
- Última actuación
- 31/10/2023
Partes del expediente
- Jorge Luis Labastida Trejo
- Lic. Salvador Mario García de l cadena Lamelas, Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Abraham González, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 48.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del presente asunto, se advierte que por proveído de veintiocho de septiembre del presente año, se giraron los oficios 28520, 28526 y 28527, dirigidos a las autoridades responsables Lic. Salvador Mario García de L Cadena Lamelas, Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Abraham González, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Coordinador Regional y/o Jefe de Grupo de Mandamientos Judiciales de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía Regional de Lerma, Estado de México y Coordinador Regional y/o Jefe de Grupo de Mandamientos Judiciales de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía Regional de Lerma, Estado de México, a fin de hacerles del conocimiento la mencionada determinación en la que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión de la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo, sin que al día de la fecha obre acuse de recibo de dichos oficios. Atento a lo anterior, en obvio de evitar mayores dilaciones procesales, reexpídanse las misivas de mérito, y por lo que hace a las últimas dos con la denominación correcta, es decir dirigidas al Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y al Encargado de la Policía de Investigaciones Lerma, Estado de México, respectivamente, mismas que deberán remitirse a las aludidas autoridades, a fin de integrar debidamente el citado recurso.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, devuelto por el servicio de mensajería acelerada "Estafeta", dirigido al "Director de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Chihuahua", del cual se aprecia que en la etiqueta de visita y control está marcado el recuadro "D02 Falta de datos o domicilio incorrecto", así como la leyenda "Mal dirigido, El dTo. Abraham Glez, es en Delicias (sic)". Atento a lo anterior, agréguese a los autos como constancia legal, toda vez que en fecha veintiocho de julio de dos mil veintitrés, se tuvo por inexistente a la autoridad denominada como Director de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Chihuahua.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual, el quejoso Jorge Luis Labastida Trejo, interpone recurso de revisión contra la sentencia de ocho de septiembre de dos mil veintitrés y expresa agravios; asimismo, señala autorizados e indica domicilio físico para oír y recibir notificaciones. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hace valer el quejoso; asimismo, se ordena correr traslado a las partes con copia del escrito de agravios que presenta. Por tanto, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que se integre debidamente el expediente, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción, a efecto de que remita el oficio que derive de esta determinación, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, junto con el escrito original de agravios presentado, y copia del mismo para el agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, a fin de que sea turnado al Tribunal Colegiado correspondiente para substanciar el medio de impugnación. En atención a lo anterior, y al Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada, se instruye a la oficial judicial "A" de la adscripción, a efecto de que vincule el presente expediente en su versión electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a fin de que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, esté en aptitud de consultar las constancias respectivas en dicho sistema, a efecto de resolver el recurso de revisión que hace valer la parte quejosa, contra la sentencia de ocho de septiembre de dos mil veintitrés.
- Principal
SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 520/2023-I, promovido por Jorge Luis Labastida Trejo, en contra de actos del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Abraham González del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado, el cuatro de abril de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Jorge Luis Labastida Trejo, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS LIC. SALVADOR MARIO GARCÍA DE LA CADENA LAMELAS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL SUISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL DISTRITO JUDICIAL ABRAHAM GONZALEZ DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. C. JUEZ DE CONTROL ESPECIALIZADO EN CATEOS Y ÓRDENES DE APREHENSIÓN EN LÍNEA DEL ESTADO DE MÉXICO. EJECUTORAS. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. EL C. COORDINADOR GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA POLICÍA MINISTERIAL. EL C. JEFE DE GRUPO Y/O COORDINADOR Y/O DELEGADO DE APREHENSIONES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO EN TOLUCA, MÉXICO. ELC. COORDINADOR REGIONAL Y/O JEFE DE GRUPO DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA REGIONAL DE LERMA ESTADO DE MÉXICO. EL C. JEFE DE GRUPO DE APREHENSIONES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCAKLÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN TOLUCA, MÉXICO. LA NORMA GENERAL. ACTO YU OMISIÓN QUE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. De las autoridades judiciales señalada como responsables Ordenadora, reclamo LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y/O ORDEN DE COMPARECENCIA que hayan librado en mi contra. De las autoridades referidas como ejecutoras, reclamo LA EJECUCIÓN de dichos mandatos. Actos reclamados que el promovente del amparo señaló violaban los derechos fundamentales protegidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Admisión. En acuerdo de once de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. 3. Inexistencia de autoridades. Por proveído de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, se tuvo por inexistente a la autoridad denominada por el amparista como Director de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Chihuahua. 4. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional, previos diferimientos, tuvo verificativo el día de la fecha, en términos del acta que antecede, y que forma parte de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, en virtud de que se reclama una determinación judicial que afecta la libertad personal del promovente del amparo, cuya ejecución tendrá lugar dentro del ámbito territorial donde este Juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, así como de la lectura íntegra de las demandas de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: La orden de aprehensión, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Juez de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Estado de México y el Director de Asuntos Penales y Amparo de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, así como su ejecución. Lo anterior, sin que la parte quejosa ofreciera medio de convicción idóneo con el que se controvierta dicha negativa; por lo cual, se está en el supuesto que al efecto establece la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, y lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, únicamente por los actos y las autoridades indicados en el párrafo que antecede. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Materia Común, cuyo contenido es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan dicha negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Juez del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Abraham González, actuando en Materia de Control, con sede en Ciudad Delicias, Chihuahua, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado en el presente juicio de amparo, pues indicó que el tres de abril de dos mil veintitrés, se libró una orden de aprehensión en contra de Jorge Luis Labastida Trejo. Mientras que el Ministerio Público, en funciones en la Dirección General de Amparos de la Fiscalía General del Estado de México, en representación del Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el Encargado del Grupo de la Policía de Investigaciones Lerma, Estado de México, al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto que se les reclama; no obstante si, como se expuso en el párrafo anterior, la autoridad ordenadora lo aceptó, es indudable que las autoridades ejecutoras, por razón de jerarquía, tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden; sobre todo que el domicilio del ahora quejoso se ubica en esta Entidad, y por ende también debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado. Es aplicable al respecto, la tesis publicada en la página 56, del Semanario Judicial de la Federación, Enero a Junio de 1989, Tomo lll, Segunda Parte-1, Octava Época, que establece: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR LAS AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado". Consecuentemente, debe tenerse por cierto el acto que se reclama a dicha autoridad; siendo aplicable a lo anterior la jurisprudencia 305, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Quinta Época, página 206, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que se corrobora con las documentales remitidas por el Juez responsable, como complemento a su informe con justificación, consistentes en copia certificada de la solicitud de orden de aprehensión, el acuerdo que le recayó y la resolución de orden de aprehensión de tres de abril de dos mil veintitrés, así como la notificación que de la misma se hizo a la representación social; documentos a los que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por tratarse de actuaciones judiciales. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, primera parte, Quinta Época, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causas de improcedencia. El estudio de las causas de improcedencia es de orden público y deben ser analizadas de manera preferente, sea que las partes lo aleguen o se adviertan de oficio, atento lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Determinación que, además, encuentra sustento en la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, identificada con el número 814, visible en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causas de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Y en ese sentido, al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia hecha valer por las partes, o que deba ser analizada de oficio, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por el promovente del amparo. SEXTO. Conceptos de violación. No se hace transcripción de los conceptos de violación que hace valer el solicitante de amparo, por no existir precepto legal alguno que así obligue a este juzgador. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el epígrafe siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN" (Jurisprudencia 2a./J.58/2010, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época). Sin embargo, con la finalidad de resolver la cuestión efectivamente planteada, se estima pertinente precisar que el promovente del amparo hace valer como conceptos de violación, en síntesis, que: 1. Se le pretende privar de su libertad por la probable comisión de un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa ni justificada, tan es así que el hecho delictivo de incumplimiento de obligaciones alimentarias amerita una salida alterna de solución del conflicto, como lo es una suspensión condicional del proceso o un acuerdo reparatorio; por lo que el acto reclamado es un acto excesivo. 2. Desde el lunes veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, envió por "Estafeta" un escrito con receta médica, informando que no podría asistir a la audiencia de treinta de marzo de dos mil veintitrés, por problemas de salud, ya que su médico tratante le recomendó cuatro días de reposo absoluto, por lo que sí informó a la autoridad responsable la imposibilidad con que contó para comparecer a la audiencia inicial a que había sido citado, lo que se corrobora con el comprobante que anexó a su demanda de amparo, aunado a que si dicho escrito se entregó después de la hora señalada para la audiencia, no fue imputable a su persona sino al servicio de paquetería "Estafeta". 3. El acto reclamado transgrede el artículo 20, inciso B, de la Constitución Federal, porque se viola su derecho a que se le trate como inocente, ya que se le pretende conducir al procedimiento mediante orden de aprehensión, sin previamente graduar los apercibimientos respectivos, omitiendo tomar en consideración las razones que le impidieron acudir a la audiencia respectiva. 4. Se viola los artículos 14, 16 y 22 Constitucionales, ya que existe el temor que sea privado de su libertad sin respetar los plazos y formalidades judiciales o sin que exista orden de mandamiento de autoridad competente, aunado a que tampoco existe flagrancia de algún supuesto delito. SÉPTIMO. Suplencia de la deficiencia en los conceptos de violación. Dado que el ahora quejoso tiene la calidad de inculpado en el juicio natural de origen, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se procederá, en su caso, a suplir la deficiencia en los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo. Robustece lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 5/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 9, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. SE SURTE AUN ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diferencias tratándose de la suplencia de la queja, advirtiendo que puede ser total ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios, o relativa, cuando son insuficientes, esto es, cuando solamente hay una deficiente argumentación jurídica. Ahora bien, el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que las autoridades que conozcan del juicio de garantías deben suplir la queja deficiente, entre otros supuestos, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de esta Suprema Corte, sin precisar si opera de forma relativa o total, pero el estudio del proceso legislativo de reforma de 1951 a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del entonces 76 de la ley citada, pone de manifiesto que dicha suplencia debe ser total, ya que se surte aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios, como acontece en las materias penal tratándose del inculpado, laboral atinente al trabajador, o respecto de menores e incapaces, porque en todos estos supuestos se pretendió atemperar los tecnicismos del juicio de garantías, para dar relevancia a la verdad jurídica.". OCTAVO. Estudio. Resultan infundados los conceptos de violación hechos valer por el promovente del amparo, los cuales serán atendidos de manera conjunta por la íntima relación con la cuestión planteada, por las consideraciones que enseguida se expondrán. El artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Por su parte, los artículos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevén el marco normativo relacionado con las formas de conducción del imputado a proceso, establecen que: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario". "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control". Los preceptos constitucional y legales trascritos, establecen como requisitos para el libramiento de una orden de captura, los siguientes: a) Que sea liberada por autoridad judicial competente. b) Preceda denuncia o querella de un hecho señalado por la ley como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. c) Obren datos que establezcan se ha cometido ese hecho. d) Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; y, e) Exista la necesidad de cautela. El objetivo de dicho mandato de captura se traduce en poner al detenido a disposición del juez de control, a fin de lograr la celebración de la audiencia inicial, en la cual el Ministerio Público pueda formularle imputación y expresar los datos de prueba correspondientes, y a su vez, permitir a dicha autoridad jurisdiccional que dicte el auto de vinculación a proceso y formalice la investigación. Es decir, en el marco del sistema procesal penal acusatorio, la orden de aprehensión constituye un acto mediante el cual, sólo se restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del imputado para los fines antes apuntados; más no así, privarlo de su libertad como lo refiere el quejoso, pues, en todo caso, ello será materia de las medidas cautelares que eventualmente dicte el juez de control en la audiencia inicial ya referida. Por tanto, dicho mandato de captura debe entenderse como una forma de conducción del imputado a la audiencia inicial en la que el Ministerio Público, obligatoriamente, deberá acreditar la necesidad de cautela. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a. XXIX/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de literalidad: "ORDEN DE APREHENSIÓN. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CONTENER LA CONSTANCIA EMITIDA POR EL JUEZ DE CONTROL PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN. La orden de aprehensión para su emisión, conforme al nuevo sistema de justicia penal, requiere de datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, ya que el objetivo es poner al detenido a disposición del juez de control para que el Ministerio Público formule imputación y exprese los datos de prueba correspondientes, a fin de que se dicte el auto de vinculación a proceso y se formalice la investigación. Así, para que se pueda llevar a cabo la ejecución de la orden de detención, es necesario que el juez de control proporcione a los elementos aprehensores una constancia que contenga los puntos resolutivos de la determinación que emitió de manera oral, así como copia del audio y video de la audiencia relativa, que les permita identificar plenamente al gobernado y que éste pueda imponerse adecuadamente de la decisión que afecta su derecho a la libertad personal, por tanto, los requisitos mínimos que debe contener la aludida constancia son los siguientes: a) el nombre y apellidos de la persona que se pretende detener; b) la causa penal instruida por su probable participación en la comisión de un hecho que la ley señala como delito, previsto y sancionado en el ordenamiento sustantivo aplicable; c) el juez de control que la pronunció y d) la fecha en que se expidió. Con tales elementos se otorgará certeza y seguridad jurídica al particular, y se asegurará la prerrogativa de defensa contra una detención que no cumpla con la exigencia constitucional." Al respecto, también se cita la tesis XV.3o.2 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de título y texto: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. POR SÍ MISMA, CONSTITUYE UN ACTO MEDIANTE EL CUAL SÓLO SE RESTRINGE PROVISIONALMENTE LA LIBERTAD AMBULATORIA DEL IMPUTADO Y SU FINALIDAD ES PASAR A UNA SEGUNDA ETAPA DE INVESTIGACIÓN SUPERVISADA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL, UNA VEZ REALIZADA LA IMPUTACIÓN Y DICTADO EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. La orden de aprehensión es una medida efímera, al cobrar vigencia únicamente desde el momento en el que se expide, se localiza a la persona contra la que se emitió y se pone a ésta a disposición del Juez que la dictó, para dar paso a la audiencia de formulación de la imputación, lo que debe realizarse inmediatamente, ya que una vez que aquélla es localizada, la autoridad encargada de su cumplimentación debe dejarla a disposición del órgano jurisdiccional en la sala de audiencias correspondiente, para continuar con el procedimiento relativo a la imputación, con el fin de que se dicte, en su caso, un auto de vinculación a proceso, el que constituirá una autorización posterior para continuar con la investigación de los hechos, de manera formalizada y judicializada, en la medida en que la privación de la libertad ambulatoria sólo ocurre en el tiempo en el que el indiciado es presentado a una audiencia, donde conforme al principio de presunción de inocencia, deberá comparecer libre en su persona; de ahí que la orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, por sí misma, constituye un acto mediante el cual sólo se restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del imputado y su finalidad es la de pasar a una segunda etapa de investigación supervisada por la autoridad judicial, una vez realizada la imputación y dictado el auto de vinculación a proceso." Sentado lo anterior, los requisitos para el libramiento de la orden de captura reclamada, sí se encuentran debidamente acreditados en la orden de aprehensión emitida por la responsable el tres de abril de dos mil veintitrés; pues, el primero de ellos, encuentra vigencia al emitirse dicha orden por una autoridad jurisdiccional competente, esto es, el Juez del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Abraham González actuado en Materia de Control del Estado de Estado de Chihuahua, quien se encuentra facultado para tal efecto, de acuerdo con la materia, fuero y territorio. En tanto que el segundo de dichos requisitos enunciados, también se encuentra acreditado con la denuncia de veinte de enero de dos mil veintidós, realizada por Reyna Pallares Quezada; además de que el delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria agravado, previsto y sancionado por los artículos 188 y 191 del Código Penal del Estado de Chihuahua, por el cual se formuló la denuncia respectiva y se solicitó la orden de aprehensión reclamada, es sancionable con pena privativa de libertad. Mientras que el tercero y cuarto de los requisitos reseñados, también se encuentran acreditados, puesto que, como bien lo estimó el Juez responsable, en el caso concurren datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y existe la probabilidad de que el inculpado aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión. En efecto, el hecho que se atribuye al ahora quejoso, se trata de uno de los tipificados por el Código Penal del Estado de Chihuahua, estatuido como delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria agravado, previsto y sancionado por los artículos 188 y 191 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que establecen: "Artículo 188. A quien incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y de cincuenta a cuatrocientos días multa. En todos los casos, se condenará al pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente y se podrá decretar suspensión hasta por un año de los derechos de familia. Para los efectos de éste Artículo, se tendrá por consumado el delito aun cuando el o los acreedores alimentarios se dejen al cuidado o reciban ayuda de un tercero. Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, para efectos de cubrir los alimentos o la reparación del daño, se determinarán con base en la capacidad económica y nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los dos últimos años." "Artículo 191. Si la omisión en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, ocurre en desacato de una resolución judicial, las sanciones se incrementarán en una mitad.". De donde se advierte que los elementos que constituyen la figura delictiva de delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria agravado, cometido en agravio de los menores Brayan, Yeylin, Sofía y Kevin Jesús, todos de apellidos Labastida Pallares, consiste en que una persona omita proporcionar alimentos a quien tiene derecho a recibirlos, que sea una obligación que le correspondía en virtud de la filiación que lo une con la víctima y que haya ocurrido en desacato judicial; los cuales, como bien lo concluyó el Juez responsable, se encuentran legalmente acreditados en la determinación materia del reclamo. Se afirma lo anterior, porque de las constancias que obran en autos, remitidas por la autoridad responsable como complemento a su informe con justificación, consistentes en la solicitud de orden de aprehensión y la resolución de orden de aprehensión de tres de abril de dos mil veintitrés, a las que, por ser documentos públicos, se les concede valor probatorio pleno, acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, se advierte que la autoridad responsable ordenadora estimó demostrado el hecho señalado por la ley como delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria agravado, previsto y sancionado por los artículos 188 y 191 del Código Penal del Estado de Chihuahua, en agravio de los menores Brayan, Yeylin, Sofía y Kevin Jesús, todos de apellidos Labastida Pallares, que se imputa al ahora quejoso, con base al ejercicio de ponderación que realizó de las probanzas siguientes: 1. La denuncia de Reyna Pallares Quezada, interpuesta ante el Ministerio Público, el veinte de enero de dos mil veintidós, en la que en esencia manifestó: que estuvo casada aproximadamente quince años con Jorge Luis Labastida Trejo y de dicha relación procrearon cuatro hijos de nombres Brayan, Yeylin, Sofía y Kevin Jesús de apellidos Labastida Pallares. Que cuando estaban juntos, vivían en Santa María Zolotepec, municipio de Xonacatlán, Toluca, Estado de México, y tenían muchos problemas; Jorge Luis le demandó la guarda y custodia de sus hijos ya que ella se había regresado al Estado de Chihuahua en el dos mil dieciocho; que fue porque se separaron y ella no tiene familiares en ese lugar como para estarse allá, que ya tuvo problemas en la Ciudad de México y fue por eso que el Juez en primer momento le otorgó la custodia provisional a su ex esposo, cuando le notificaron de esa resolución ella se regresó a la Ciudad de México e intentaron regresar y estar bien pero no se pudo. Que, en el dos mil veinte, Jorge la dejó en el lugar donde él se estaba quedando y le dijo que ya no la iba a ayudar con los hijos ni nada, ya que ella pensaba regresarse a su Estado, por lo que promovió en el expediente que él había solicitado la guarda y custodia, el 1056/2018 que se encuentra en el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, en el Estado de México, y el Juez en fecha cinco de agosto de dos mil veinte, le otorgó de manera provisional la guarda y custodia de sus hijos; luego, promovió en dicho juicio un escrito en el que manifestó que por motivos de trabajo y estabilidad para ella y para sus hijos se regresó al Estado de Chihuahua. Además, que desde el cinco de agosto de dos mil veinte hasta el día de su denuncia veinte de enero de dos mil veintidós, no ha recibido nada de pensión alimenticia por parte de su ex pareja y es ella la que se encarga sola de la manutención de sus hijos, siendo que los gastos que tiene son los siguientes: recibo de agua $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.), de luz aproximadamente $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), de internet $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 M.N.) mensuales, de gas $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.) mensuales; de inscripciones se gasta de su hijo el mayor $1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 M.N.) de inscripción; de sus otras dos hijas $900.00 (novecientos pesos 00/100 M.N.) y del más chico (que está en primaria) $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.), de uniformes y de calzado; de sus hijos se gasta aproximadamente $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.), a veces que se enferman y se llega a gastar $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) en consulta y medicamentos; aproximadamente en alimento se gasta $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) semanales, y en recreación aproximadamente $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.) por fin de semana. Que Jorge Luis no está imposibilitado para trabajar ya que es mecánico y se dedica a vender vehículos, por lo que tiene suficientes ingresos para cumplir con la pensión para sus hijos, que en muchas ocasiones le dijo que no se iba a dejar notificar para que ella no le pueda exigir y hasta algunos de sus bienes los cambió a nombre de su mamá para que no le pueda comprobar nada, incluso a las citas del juzgado no iba, a pesar de estar notificado legalmente. 2. Declaraciones testimoniales rendidas por Delia Quezada Fuentes y Yeni Lizeth Quezada Fuentes, madre y hermana, de la ahora tercero interesada ante el Ministerio Público, el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, respectivamente, en las que ambas son consistentes en señalar que: saben que Reyna Pallares Quezada estuvo casada con Jorge Luis Labastida Trejo, que ambos tienen cuatro hijos de nombres Brayan, Yeylin, Sofía y Kevin Jesús, todos de apellidos Labastida Pallares, que antes vivían en el Estado de México, pero que desde hace dos años que se separaron y se fueron a vivir a Chihuahua; que desde el mes de agosto de dos mil veinte al día de la entrevista, el padre de los niños no cumple con su pensión y que es Reyna Pallares Quezada quien se hace cargo de los gastos de los menores. 3. Documentales públicas consistentes en las actas de nacimiento con número 563, 136, 564 y 136, en ese orden, de los menores Brayan, Yeylin, Sofía y Kevin, todos de apellidos Labastida Pallares, con fechas de nacimiento dos de enero de dos mil seis, diecinueve de febrero de dos mil siete, once de mayo de dos mil nueve y veintiuno de junio de dos mil trece, respectivamente, en donde en todas aparecen como padres Jorge Luis Labastida Trejo y Reyna Pallares Quezada. 4. Copia certificada del expediente 1056/2018, del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del distrito judicial Lerma, en el estado de México, en el cual se fijó como pensión alimenticia un salario mínimo diario a Jorge Luis Labastida Trejo, que debe depositar en una cuenta de Reyna Pallares Quezada. 5. Informe policial realizado por el oficial investigador licenciado Óscar Escalante Jiménez, de veintidós de febrero del año próximo pasado (sic), mediante el cual indicó que, por información de la denunciante, el imputado tiene su domicilio conocido en calle Rubí sin número, Ranchería la Garita, de la población María Zolotepec, municipio de Xonocatlán en Toluca, Estado de México, acceso por carretera Naucalpan-Toluca; lado derecho casi frente a Tejocotillo, como referencia la denunciante indica que la casa es de dos plantas y se encuentra al fondo de la calle que es cerrada y como referencia tiene muchos vehículos en el exterior del domicilio. 6. Comparecencia de fecha treinta de marzo de dos mil veintitrés, a cargo de Reyna Pallares Quezada, quien indica que su ex esposo se dio cuenta de la audiencia programada, que sí tuvo conocimiento y se molestó con ella por denunciarlo, por lo que acudió a mostrar y entregar al Ministerio Publico un audio de WhatsApp, recibido del número telefónico (729) 108 65 67, perteneciente a Jorge Luis Labastida Trejo, a su número (639) 121 40 47, el cual se procede a escuchar y se aprecia una voz de un hombre con acento del Estado de México, mismo que refiere: "Y me vale madre lo uses en los juzgados, que chinguen a su madre tú, tus putos abogados y los putos jueces, se votan a la verga, prefiero morirme antes que pagarte a ti y a tus putos jueces". Datos de prueba que, de manera correcta fueron ponderados en lo individual y en su conjunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 132, 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para lo cual la responsable realizó un ensayo argumentativo simple, del que razonablemente se advierte el grado de aproximación sobre la realización del hecho analizado, que le permitió encuadrar la conducta ya precisada en las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución con la descripción típica del delito por el que se formuló solicitud de orden de aprehensión; es decir, se advierte que, el Juez responsable ponderó los datos de prueba expresados por la Fiscalía, los cuales, al menos hasta ese momento, resultaron idóneos, pertinentes y, en su conjunto, suficientes para tener por comprobado el hecho fáctico planteado por el fiscal, consistente en que: Jorge Luis Labastida Trejo, es padre de los menores Brayan, Yeylin, Sofía y Kevin, todos de apellidos Labastida Pallares, que ha omitido su obligación de proporcionar alimentos a sus menores hijos, quienes tienen el derecho a percibirlos, para su sano desarrollo físico, mental y social, y que dicho incumplimiento, es por el lapso comprendido desde el cinco de agosto de dos mil veinte al veinte de enero de dos mil veintidós -fecha de la interposición de la denuncia- y que es en desacato de una resolución judicial. Por lo cual, como lo expuso el Juez responsable, tales datos de prueba se estiman suficientes para acreditar la existencia del hecho que la ley considera como delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria agravado, previsto y sancionado por los artículos 188 y 191 del Código Penal del Estado de Chihuahua, en agravio de los menores Brayan, Yeylin, Sofía y Kevin Jesús, todos de apellidos Labastida Pallares; pues, su conjunto, permiten establecer el hecho circunstanciado que tuvo por acreditado el Juez responsable, en el que esencialmente se aprecia que en las circunstancias de modo, tiempo y lugar antes precisadas, los sujetos pasivos Brayan, Yeylin, Sofía y Kevin Jesús, todos de apellidos Labastida Pallares, no recibieron alimentos por parte de su padre Jorge Luis Labastida Trejo, a pesar de tener la obligación para ello, en virtud de la filiación que los une; de ahí que ese hecho se encuadre en el tipo penal de que se trata. Además, en relación a la agravante relacionada, también fue legal el Juez responsable al tenerla por acreditada, pues de las copias certificadas del juicio 1056/2018 del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, se fijó como pensión alimenticia a cargo del ahora quejoso un salario mínimo diario, lo cual debía depositar en una cuenta de Reyna Pallares Quezada, siendo que hasta el momento se desprende que ha incumplido con esa obligación; además que de dicha circunstancia tiene como sustento la solicitud del Ministerio Publico, la cual está prevista en el artículo 191 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que a la letra dice: "Artículo 191. Si la omisión de cumplimiento de las obligaciones alimentarias, ocurre en desacato de una resolución judicial, las sanciones incrementarán en una mitad." Por lo cual, hasta este momento procesal, en que se emitió el acto reclamado, existen datos de prueba que son idóneos, pertinentes y, en su conjunto, suficientes para establecer la existencia del hecho delictuoso que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria agravado, previsto y sancionado por los artículos 188 y 191 del Código Penal del Estado de Chihuahua, en agravio de los menores Brayan, Yeylin, Sofía y Kevin Jesús, todos de apellidos Labastida Pallares. Luego, por cuanto hace a la posibilidad de que el quejoso Jorge Luis Labastida Trejo cometió el delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria agravado, previsto y sancionado por los artículos 188 y 191 del Código Penal del Estado de Chihuahua, en agravio de los menores Brayan, Yeylin, Sofía y Kevin Jesús, todos de apellidos Labastida Pallares, se consideró adecuadamente, hasta ese momento procesal, que los datos de prueba allegados a la carpeta de investigación, permiten justificar su posible intervención en la comisión del hecho delictuoso, pues tal como lo señaló el Juez natural, quedó demostrado con lo expuesto por Reyna Pallares Quezada, corroborado con las declaraciones de Delia Quezada Fuentes y Yeni Lizeth Quezada Fuentes, madre y hermana respectivamente, de la representante de las víctimas ahora tercero interesada, que fueron vertidos ante el Ministerio Público en fechas veinte de enero y dieciséis de febrero de dos mil veintidós, quienes de manera coincidente manifestaron que el imputado no ha cumplido con sus obligaciones alimentarias para con sus menores hijos en el periodo del cinco de agosto de dos mil veinte al veinte de enero de dos mil veintidós, y que Reyna Pallares Quezada es quien se hace cargo de los egresos que tienen sus hijos; sin que hasta ese momento la autoridad responsable advirtiera que el inculpado ahora quejoso no contara con trabajo alguno, o bien que posea alguna discapacidad o impedimento que le permita realizar una ocupación licita para procurarse un ingreso y satisfacer las necesidades alimentarias de sus hijos. Por lo cual, acertadamente la autoridad responsable concluyó que de los antecedentes que destacó del hecho delictuoso, los cuales examinó en términos de los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le permitieron establecer la probabilidad de que el inculpado ahora quejoso, en el periodo de tiempo que quedó establecido, incumplió con la obligación de proporcionar alimentos a sus hijos de nombres Brayan, Yeylin, Sofía y Kevin, todos de apellidos Labastida Pallares, obligación que le corresponde por ser su padre y por mandato judicial, lo que ahora, en contra de lo afirmado por el promovente del amparo, se considera correcto, debido a que existen señalamientos directos en su contra, como el sujeto que posiblemente ha sido omiso en proporcionar alimentos a sus menores hijos. Circunstancia que se justificó, esencialmente, con los datos de prueba antes señalados, y en especial de la narrativa vertida en las entrevistas de Reyna Pallares Quezada, Delia Quezada Fuentes y Yeni Lizeth Quezada Fuentes, que vierten una imputación directa en contra del amparista, a saber: Que Jorge Luis Labastida Trejo, es padre de los menores Brayan, Yeylin, Sofía y Kevin, todos de apellidos Labastida Pallares, que ha omitido su obligación de proporcionar alimentos a sus menores hijos, quienes tienen el derecho a percibirlos, para su sano desarrollo físico, mental y social, y que dicho incumplimiento, es por el lapso comprendido desde el cinco de agosto de dos mil veinte al veinte de enero de dos mil veintidós -fecha de la interposición de la denuncia- y que es en desacato de una resolución judicial. Datos de prueba que resultan idóneos y pertinentes, al menos hasta ese momento, para establecer la identidad del ahora quejoso como la persona que perpetró el evento delictivo; pues, con los datos de prueba existentes en el sumario, como lo establece la autoridad responsable, se confirma la probabilidad de intervención del quejoso Jorge Luis Labastida Trejo, en la ejecución del delito que se le atribuye como autor del hecho delictuoso, sin que en su favor opere excluyente de incriminación alguna, ni prueba que demuestre que no actuó en los términos que se le imputan, ya que de los mismos se advierte la probabilidad de que fue la persona que realizó el evento delictivo, pues hasta el momento jurídico procesal en que se libró la orden de aprehensión que ahora se reclama, ningún dato de prueba confirma lo contrario y, en cambio, tales datos conducen a establecer la probabilidad de que el ahora quejoso llevó a cabo el hecho atribuido por la representación social. Además, hasta el momento procesal en que se emitió el acto reclamado, no se advierte que el imputado ahora quejoso haya tenido incapacidad psicológica de conocer la antijuridicidad de su proceder, ni que la hubiera realizado bajo error de tipo o prohibición invencible, o bien, que estuviera constreñido en su autodeterminación que le haya impedido adecuar su conducta a otra diversa. Por consiguiente, en contra de lo alegado por el promovente del amparo, resulta legal que la autoridad responsable haya considerado la intervención del ahora quejoso en la comisión del delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria agravado, previsto y sancionado por los artículos 188 y 191 del Código Penal del Estado de Chihuahua, en agravio de los menores Brayan, Yeylin, Sofía y Kevin Jesús, todos de apellidos Labastida Pallares, pues los datos de prueba que obran en autos así lo acreditan, al menos hasta ese momento procedimental. Máxime que, en contra de lo aducido por el promovente del amparo, para motivar la orden de captura reclamada, no se requiere de pruebas plenas que acrediten la responsabilidad del inculpado, sino únicamente es necesario que se reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 16 de la Norma fundamental, y que se desprendan datos que hagan posible que el indiciado haya cometido o participado en la comisión del hecho delictuoso. Esto resulta así, en tanto en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, la imputación como el proceso se realiza en forma oral a través de las diversas audiencias que ocurren en el mismo, de ahí que los datos que constan en la carpeta de investigación son suficientes para dictar la orden de aprehensión reclamada. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/182, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, difundida en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, Marzo de 1992, página 104, que establece: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SU LIBRAMIENTO NO REQUIERE DE PRUEBAS PLENAS DE LA RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO. Para dictar una orden de aprehensión no se requiere de pruebas plenas que acrediten la responsabilidad del inculpado sino únicamente es necesario que se reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 16 constitucional, y que se desprendan datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado." Así como la tesis 1a. LVII/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Mayo de 2004, Novena Época, a página 514, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN, PARA SU LIBRAMIENTO NO ES NECESARIO ACREDITAR EN FORMA PLENA EL CUERPO DEL DELITO. De la interpretación auténtica del segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 1999, se desprende que para el libramiento de la orden de aprehensión no se requiere que se encuentre acreditado plenamente el cuerpo del delito. Ciertamente, del proceso legislativo que dio origen a la redacción actual del referido artículo, se advierte que la intención del Poder Reformador fue buscar el equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y las facultades de la autoridad para perseguir y castigar delitos y, en consecuencia, flexibilizar los requisitos para el libramiento de la orden de aprehensión solicitada por el agente del Ministerio Público a través del ejercicio de la acción penal, cuestión que se hizo patente, en principio, en la Cámara de Senadores (Cámara de Origen), que puntualizó que debía dejarse para el proceso y la sentencia definitiva la acreditación plena del hecho delictivo, por lo que se consideró que para librar una orden de aprehensión se requería que existieran datos que acreditaran el cuerpo del delito, posición que fue compartida por la Cámara de Diputados (Cámara Revisora), que aludió a las dificultades del Ministerio Público para integrar la averiguación previa y el Juez para librar la orden de aprehensión, refiriéndose a la redacción anterior de dicho dispositivo constitucional. Ahora bien, conviene destacar que el hecho de que el Ministerio Público y el Juez no deban acreditar plenamente el cuerpo del delito, en los términos precisados, no significa que puedan actuar a su libre arbitrio en cada una de esas etapas procedimentales, puesto que tienen la insoslayable obligación de observar los restantes requisitos exigidos para ello, además de respetar todas las garantías que consagra la Carta Magna, a las cuales deben ceñir su actuación las autoridades en la emisión de dichos actos, por lo que el hecho de que se hayan flexibilizado los requisitos de referencia, no implica su desconocimiento por las autoridades que procuran o administran justicia." Y la tesis III.2o.P.153, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, página 2133, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, ACUSATORIO Y ORAL. PARA DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, PÁRRAFO CUARTO, IN FINE, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CONTRA EL IMPUTADO DECLARADO SUSTRAÍDO A LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA, ES INNECESARIO HACER UN ESTUDIO EXHAUSTIVO DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO Y DE LA PROBABLE INTERVENCIÓN DE AQUÉL EN SU COMISIÓN. Cuando el imputado es declarado sustraído de la acción de la justicia por evadir una citación judicial, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 141, fracción III, párrafo cuarto, in fine, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: 'La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia.-El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido.-El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario.', que permite girar orden de aprehensión contra la persona que fue declarada sustraída de la acción de la justicia, siendo suficiente para ello, que el agente del Ministerio Público justifique que existe la necesidad de cautela, sin que se requiera realizar un estudio exhaustivo de los elementos del delito y de la probable intervención del imputado en su comisión; nivel de exigencia que es acorde con los efectos que genera dicha resolución, habida cuenta que la orden de aprehensión es una medida cautelar y provisional que tendrá vigencia desde el momento en el que se expide hasta que se localiza a la persona contra la que se emitió y se pone a disposición del Juez que la dictó, para dar paso a la audiencia de formulación de la imputación, lo que debe realizarse inmediatamente, ya que una vez que la persona es localizada, la autoridad encargada de su cumplimentación debe dejarla a disposición del órgano jurisdiccional en la sala de audiencias correspondiente, para continuar con el procedimiento relativo a la imputación, con el fin de que se dicte, en su caso, el auto de vinculación a proceso, el que constituirá una autorización posterior para continuar con la investigación de los hechos, de manera formalizada y judicializada; de ahí que la privación de la libertad ambulatoria sólo ocurre por el tiempo en el que el indiciado es presentado a una audiencia, donde conforme al principio de presunción de inocencia, deberá comparecer libre en su persona; es por ello que la orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, por sí misma, sólo constituye un acto mediante el cual se restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del imputado y su finalidad es la de, en su caso, pasar a una segunda etapa de investigación supervisada por la autoridad judicial, una vez realizada la imputación y dictado el auto de vinculación a proceso; máxime que cuando se le atribuye un delito que no exige prisión oficiosa, en su caso, podrá dictársele una diversa medida cautelar." Sobre todo lo anterior, en contra de lo argumentado por la parte quejosa en su demanda de amparo, se advierte que la autoridad responsable citó, en primer término, los preceptos legales en los que se ubica la conducta del inculpado en el procedimiento penal, expresando los motivos y argumentos tendentes a demostrar por qué consideró que se acreditaba el hecho delictuoso y la posible intervención del ahora quejoso en su comisión; asimismo, justipreció los datos de prueba que fueron puestos bajo su potestad, expresando los motivos por los que a su consideración resultaban pertinentes, idóneos y, en su conjunto, suficientes en términos de los artículos que para tal efecto prevé la ley de la materia y fuero; y ante esas circunstancias, es evidente que el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, se evidencia que la resolución reclamada cumple con los requisitos que prevé el artículo 16 invocado, a saber, el acto de molestia deriva de un mandamiento escrito de autoridad competente, emitido por autoridad judicial; y por ende, infundados los conceptos de violación que cuestionan la constitucionalidad y legalidad de la actuación de la autoridad judicial que la emitió. Y respecto al quinto requisito para el libramiento de una orden de captura, consistente en que exista la necesidad de cautela; también, en contra de lo alegado por el promovente del amparo, el Juez responsable lo tuvo por acreditado, en términos de la exposición emitida por el fiscal solicitante de la orden de captura, es decir, señaló que le resultaba claro este requisito, atendiendo a que el imputado Jorge Luis Labastida Trejo no compareció a la citación realizada por ese Juzgador para llevar a cabo la etapa inicial, a las once horas con treinta minutos del día treinta de marzo del año en curso, quien fue legal y debidamente notificado de manera personal en el Estado de México, desde el día seis de marzo del año en curso, audiencia que no se llevó a cabo dada su incomparecencia. Además, señaló que también debía atenderse a la comparecencia de la víctima ante sede ministerial, de treinta de marzo de dos mil veintitrés, en donde exhibió un mensaje de WhatsApp por parte del imputado, el cual le indicaba textualmente: "Y me vale madre lo uses en los juzgados, que chinguen a su madre tú, tus putos abogados y los putos jueces, se votan a la verga, prefiero morirme antes que pagarte a ti y a tus putos jueces"; lo cual, como bien lo consideró el Juez natural, denotaba que el imputado ahora quejoso no tiene la intención de someterse al proceso, ni de acudir libremente a ese tribunal. De esta manera, al estimar el Juez natural que la orden de aprehensión (como forma de conducción del imputado a proceso) tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza por desacato del imputado a una orden de comparecencia, o bien, porque el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, al satisfacerse lo anterior, y siendo indicativo que en caso de no librarse la orden de aprehensión que se solicita, su presentación para formularle imputación pudiera verse demorada o dificultada, procedió a dictar la orden de aprehensión ahora reclamada, siendo con ello que se cumplen los extremos del numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo que, adverso lo aseverado por el promovente del amparo, se estima constitucional y legal, porque, aun habiendo citatorio previo el ahora quejoso, no acudió al desahogo de la audiencia inicial. Y es que, con dicha necesidad de cautela, además de garantizarse la protección de las víctimas, quiénes ante la dinámica y naturaleza de los hechos realizan una imputación directa en su contra, se garantiza la efectividad en el proceso y se evita la obstaculización del procedimiento; con lo que el Juez natural estimó adecuadamente, como ya se precisó en párrafos anteriores, se encontraba justificada la necesidad de cautela para emitir el acto materia del reclamo. Circunstancias por las cuales, contrario a lo expuesto por el ahora quejoso, la autoridad responsable sí se pronunció en relación al escrito que presentó para justificar su inasistencia, pues el Juez natural indicó que recibió un escrito signado por el imputado el día de la audiencia a las diecisiete horas, en donde presentó un justificante médico (donde se le prescribió reposo relativo en casa por cuatro días) y designó a tres defensores particulares; sin embargo, señaló que dicho escrito lo recibió a las diecisiete horas del mismo día, esto es, horas después de la audiencia programada, no como lo establece el artículo 174 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual indica que la justificación de la inasistencia por parte del imputado deberá presentarse a más tardar al momento de la audiencia; además de que no compareció profesionista alguno para justificar la inasistencia del imputado ahora quejoso, lo cual fue estimado adecuadamente por el Juez responsable, pues, incluso, aunque el ahora quejoso refiera que la demora en entregar su escrito es imputable al servicio de mensajería estafeta y no a él, lo cierto es que, como lo indicó la autoridad responsable, no probó algún impedimento para que compareciera alguno de los profesionistas que designó para justificar su inasistencia. Luego, adverso a lo sostenido por el solicitante de amparo, en el sentido que se le pretende privar de su libertad por la comisión de un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa ni justificada, debe decirse que, como se precisó en apartados precedentes, el objetivo de la orden de aprehensión reclamada no radica en ello, si no que se traduce en poner al detenido a disposición del Juez de control, a fin de lograr la celebración de la audiencia inicial, en la cual el Ministerio Público pueda formularle imputación y expresar los datos de prueba correspondientes, y a su vez, permitir a dicha autoridad jurisdiccional que dicte o no el auto de vinculación a proceso y, en su caso, formalice la investigación. Es decir, en el marco del sistema procesal penal acusatorio, la orden de aprehensión constituye un acto mediante el cual sólo se restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del imputado para los fines antes apuntados; más no así, privarlo de su libertad, pues en todo caso, ello será materia de las medidas cautelares que eventualmente dicte el Juez de control en la audiencia inicial ya referida; pues, la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional porque su procedencia solo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no haya cumplido su objeto, como en el caso así aconteció, como se señaló en párrafos precedentes. De este modo, en contra de lo que hace valer el amparista en sus conceptos de violación, se llega a la convicción de que la determinación que se analiza, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues en la misma se expusieron las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas tomadas en consideración para su emisión, se justipreciaron los datos de prueba que fueron referidos respecto a su idoneidad, pertinencia y suficiencia; sin que este juzgador advierta que corresponda una justipreciación diversa a la establecida en el acto reclamado; además de que existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Y en ese sentido, respecto a lo aducido por el amparista, en el sentido de que el Juez responsable violentó su derecho a que se le trate como inocente; debe apuntarse que deviene infundado, porque con la emisión de acto reclamado no se vulnera el principio de presunción de inocencia, debido a que el objeto de la orden de aprehensión no es prejuzgar su participación en la comisión del delito que se le imputa, sino que, como ya se expuso anteriormente, lo es asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. En las relatadas condiciones, por las razones expuestas anteriormente, es que devienen inaplicables para los fines que pretende el promovente del amparo, las tesis aisladas que se invoca en la demanda de amparo, y ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer en la demanda de amparo, sin que exista deficiencia de la queja que se deba suplir de oficio, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a Jorge Luis Labastida Trejo. NOVENO. Vigencia jurisprudencial. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, los mismos resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, y en el presente el caso no se advierte oposición alguna al respecto. DÉCIMO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 6, apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior en atención al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jorge Luis Labastida Trejo, respecto de los actos y las autoridades precisados en los Considerandos Segundo y Tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en este último. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jorge Luis Labastida Trejo, en contra de los actos y autoridades señalados en los Considerandos Segundo y Cuarto de esta sentencia, por las razones expuestas en el diverso Octavo de la misma.
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