Jorge Luis Jose Gonzalez Gomez

Expediente 1138/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1138/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
26/01/2022

Partes del expediente

  • Jorge Luis Jose Gonzalez Gomez

Actuaciones

  1. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, A VEINTISEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el quejoso mediante el cual solicita la devolución de los documentos originales que adjuntó a su escrito de demanda y señala autorizados para dicho efecto y toda vez que como de la constancia secretarial se desprende que mediante proveído de veintisiete de diciembre del año en curso se acordó lo conducente en torno a la devolución de dichos documentos originales y se ordenó el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; en consecuencia, dígasele que se esté a lo acordado en dicho proveído y téngasele por señaladas a las personas que refiere para dicho efecto. Hecho lo anterior, devuélvase el presente expediente a su lugar de resguardo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Karen Elizabeth Zepeda Miranda, Secretaria quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Como de la constancia secretarial, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como de la constancia secretarial se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Por otra parte, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, se presente en este juzgado a recoger los documentos originales exhibidos en autos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos correrán la misma surte que el juicio de amparo en que se actúa, por lo que será menester que la persona autorizada genere una cita QR a fin de que sea agendada la hora y fecha para que recoja dichos documentos, pudiendo acudir cualquiera de las personas autorizadas en el expediente de conformidad con el numeral 3 del citado Acuerdo General. Se informa a la parte promovente que deberá acudir puntualmente a la cita y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El acceso a la cita estará condicionado a que las personas que acudan se identifiquen y registren, además el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. El Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil, o bien, de manera impresa, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos jurisdiccionales distintos a este juzgado; todo lo anterior acorde con los numerales 3 y 7, tercer párrafo, del Acuerdo General 21/2020 mencionado. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a seis de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente en cita, mediante el cual hace del conocimiento de este Juzgado las gestiones que se encuentra realizando a fin de lograr el total cumplimiento de la ejecutoria emitida en autos, sin que haya lugar a dar vista con ello a la parte quejosa, hasta en tanto obre la totalidad del mismo. No obstante lo anterior, requiérase al citado Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, a fin de que una vez concluido el término que le concedió a la parte actora -, a fin de que comparezca ante el Jefe de Normatividad de la Secretaría de Educación en el Estado, para que le sea indicado como se realizaran las aportaciones que le corresponden, informe a este Juzgado sobre el total cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en autos, bajo apercibimiento que de no hacerlo, o de no informar el impedimento que tenga para cumplir con la misma, de inmediato se les impondrá una multa de cien días de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, en relación con el 258 de la Ley de la Materia; asimismo, y se remitirán los autos del juicio de garantías en que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos de la Dirección de Normatividad y Responsabilidad de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número II-1138/2021-2. Ahora bien, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 217, de la Ley de Amparo, los que establecen lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Ahora, por su parte, el artículo 61, Fracción XXIII, así como el numeral 217 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además, para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los juzgados de distrito, los Tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales". La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". Del primero de los citados numerales, se advierte la posibilidad de que el juicio de amparo se torne improcedente por alguna disposición distinta a las fracciones I a XXII del propio numeral; hipótesis que se obtienen de la propia Ley de Amparo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la jurisprudencia establecida por los Tribunales de la Federación. Igualmente, del segundo de los numerales antes trascritos, se desprende que la jurisprudencia establecida por el Máximo Tribunal del País, actuando ya sea en Pleno o en Salas, es de observancia obligatoria para los juzgados y tribunales pertenecientes a distintos fueros. A fin de aclarar lo operante de la causa de improcedencia invocada, es conveniente indicar, en lo que importa, que el acto reclamado se hizo consistir en el auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por el Director de Normatividad y Responsabilidad de la Secretaria de Contraloría del Estado de Michoacán, mediante el cual la autoridad responsable ordenó la ejecución de la resolución administrativa de cuatro de julio de dos mil diecinueve, dictada dentro del procedimiento administrativo de responsabilidades de - en la cual se determinó imponer la sanción de inhabilitación por el termino de cuatro años para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público, resolución que fue confirmada mediante el recurso de revisión registrado con el número -. Determinación que constituye el acto reclamado. Por lo tanto, al no haberse inconformado con esa resolución, por la vía del amparo directo, lo consintió y como consecuencia de su falta de impugnación se ordenó su ejecución, siendo esta última determinación la que constituye materia de reclamo. De lo anterior se colige que la secuela respectiva es consecuencia directa de haber quedado firme el procedimiento administrativo de origen, el cual, como se señaló no fue combatido oportunamente por el quejoso a través del juicio de amparo directo, lo que trajo como consecuencia que se ordenara su ejecución que ahora se combate. Por tanto, la citada resolución constituye un acto consentido y sus consecuencias derivan del mismo, de lo que se sigue que el acto impugnado se trata de un acto derivado de otro consentido. De ahí que si la parte quejosa no combatió el primero de manera oportuna a través del juicio de amparo directo, lógicamente se conformó de manera tácita con el contenido del mismo. De este modo se evidencia que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo existe una relación de causa-efecto; es decir, que es una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera determinación. De lo anterior, como se señaló, se concluye que el acto reclamado en esta instancia constitucional aquí analizado, se trata de un acto derivado de otro consentido al ser una consecuencia inmediata y directa de aquél. Por consiguiente, resulta procedente desechar la demanda de mérito, con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como el numeral 217 del propio ordenamiento legal. Es aplicable, la jurisprudencia 17, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 12. Tomo VI, parte SCJN, materia común, Quinta Época del Apéndice de 1995 del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". Igualmente, aplica a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada a foja 52, del Tomo I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, Materia Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA. La improcedencia que resulta cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, por no haberse impugnado en su oportunidad, se funda en los artículos 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 192 de la misma Ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en este caso, la número 19 visible en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA". Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. También se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica o bien consultar el expediente electrónico, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio parar oír y recibir notificaciones en esta ciudad y por autorizadas para dicho efecto a las personas que alude. Notifíquese de manera personal el presente proveído, en el entendido de que el actuario adscrito deberá acatar para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese personalmente.

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