Jorge Luis Jordan Godinez

Expediente 969/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
969/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
22/12/2022

Partes del expediente

  • Jorge Luis Jordan Godinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA 9*** Ciudad de México, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. ...., agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual solicita la vinculación del expediente electrónico con el diverso ****, de su índice. .... instrúyase a la Oficial Judicial A, para que vincule el expediente electrónico del presente juicio de amparo con la finalidad de que el órgano colegiado pueda consultarlo a través de la funcionalidad "expedientes electrónicos relacionados" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; .... Notifíquese.

  2. Incidental

    MESA "9" Ciudad de México, seis de enero de dos mil veintidós. Archivo Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal pendiente de resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que dado que se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, se actualizan las hipótesis previstas en el inciso c) del artículo 21 (original del incidente de suspensión), e inciso a), fracción II del numeral 20 (duplicado del incidente) del referido Acuerdo, por lo que ambos son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN. En consecuencia, una vez transcurridos tres años -para el cuaderno original- y seis meses -para el duplicado-, procédase a su respectiva destrucción y remítase el acta de baja docuemental respectiva. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA "9" Ciudad de México, seis de enero de dos mil veintidós. Archivo Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el acuerdo a través del cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por ello, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 2° de la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del numeral 21 de dicho ordenamiento y ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en un plazo de tres años. En consecuencia, una vez transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y, en consecuencia, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO En la Ciudad de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 24387/2021 del índice de este órgano de control de la constitucionalidad, por medio del cual se ordenó al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México que turnara el juicio de amparo 675/2021 del índice del Juzgado Segundo de distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, toda vez, que se actualizó el supuesto de la relación de asuntos, conforme a lo previsto en los artículos 45, fracción II y 46 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se acepta competencia Atento a lo anterior, este juzgado federal acepta la competencia declinada respecto de la demanda de amparo promovida por ----------------------------------, por propio derecho, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte. Aspectos Generales - Regístrese el presente asunto con el número de juicio de amparo 969/2021-7. - Genérese el expediente electrónico e impreso. - Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le compete y hágase de su conocimiento que se le autoriza la consulta del expediente electrónico. - De conformidad con el numeral 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2°, se convalidan parcialmente las actuaciones realizadas por la homóloga declinante. - Sin que haya lugar a solicitar informe justificado a la autoridad responsable dado que el mismo ya obra agregado en autos. Solicitud de Cuadernos incidentales Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos, se desprende que el homólogo federal segundo, no remitió los cuadernos incidentales relativos al juicio de amparo 675/2021 de su índice. Por lo tanto, de manera respetuosa solicítese a dicha potestad que de no existir impedimento legal alguno, se sirva remitir a la brevedad dichas constancias. En otro orden, no se inadvierte que no obran en autos las constancias respectivas con relación al requerimiento realizado por el juzgado federal declinante a la autoridad responsable a efecto de que informe sobre el cierre de investigación complementaria. Sin embargo, se estima innecesario requerir nuevamente a dicha autoridad responsable la información de referencia, en razón de la determinación que se emitirá a continuación. Determinación de improcedencia. Luego de analizar las constancias que integran el presente sumario constitucional, se considera que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." En efecto, el ejercicio de la acción del juicio de amparo no es ilimitado, sino que está sujeto a requisitos que pueden extraerse de la Constitución Federal, de la propia Ley de Amparo, y en algunos casos, es el quehacer jurisdiccional el que los ha establecido a través de la jurisprudencia. El juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en juicio, sólo es procedente si el acto afecta materialmente de manera directa e inmediata un derecho sustantivo; en sentido contrario, si el acto reclamado no afecta de manera directa e inmediata un derecho sustantivo, el juicio de derechos se tornará improcedente. Con la emisión de la actual Ley de Amparo legislativamente se conceptuó a los actos de imposible reparación, entendiendo por ellos los que afectan derechos sustantivos y con relación a tal texto legal la Suprema Corte de Justicia de la Nación adujo que conforme al dispositivo 107, fracción V de la Ley de Amparo se trata de actos en los que: "...sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva." En el caso que nos ocupa, el acto reclamado y sus consecuencias, no afectan inmediata y directamente los derechos fundamentales de los quejosos, para que sea susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto, pues sólo entraña una mera posibilidad de hacerlo al resolverse en definitiva, ya que estamos en presencia de una afectación a derechos adjetivos, que sólo producen por regla general efectos de carácter formal o intraprocesal. Ello es así, pues tocante a la prórroga del plazo para la investigación complementaria, se trata de un acto relacionado con la oportunidad de recolectar indicios y datos de prueba, que únicamente se traduce en un perjuicio que pudiera resentir la parte quejosa pero en sus derechos adjetivos, como parte en la integración de la carpeta judicial respectiva, cuyas consecuencias, en todo caso, son susceptibles de repararse si la resolución definitiva que se pronuncie en dicha carpeta le es favorable al impetrante de amparo, sin dejar huella en su esfera jurídica. En ese sentido, la finalidad de la prórroga del plazo de la investigación complementaria es la de recabar indicios y datos de prueba, para en su caso, en la etapa subsecuente sea donde se podría verificar tal violación e introducirla a la etapa de juicio oral, para con ello evidenciar su ilegalidad, y sea el tribunal de enjuiciamiento quien valore tal situación. En efecto, el promovente del juicio reclama la resolución emitida por el Juez del Sistema Procesal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través de la cual autorizó la prórroga al plazo de investigación complementaria en la causa penal 13/2020. Sin embargo, como quedó precisado en supra líneas, dicha determinación no constituye un acto de imposible reparación, puesto que no afecta material y actualmente derechos sustantivos. Asimismo, tampoco se traduce, por sí mismo, en un acto arbitrario que impida de manera actual y directa el ejercicio de algún derecho; y por otro lado, los derechos que se estiman afectados no revisten la categoría de "sustantivos". Conforme a lo expuesto, se puede considerar que el juicio de amparo instado contra la determinación que autoriza una prórroga a la fase de investigación complementaria del procedimiento penal de origen, deviene improcedente por no causar una afectación irreparable de manera directa y actual a algún derecho sustantivo, máxime que no hay certeza de que los datos de prueba que se llegaran a recabar en la citada etapa de investigación prorrogada, pudieran llegar a sustentar alguna acusación, y en caso de que así fuera, pueden ser materia de debate en la etapa siguiente, para llegar incluso a la exclusión de las respectivas pruebas. De acuerdo a lo expuesto, se colige que de manera alguna dicho acto trasgrede derecho sustantivo alguno del solicitante del amparo; pues como se dijo, dicha determinación es de índole intraprocesal, al tratarse de la prórroga otorgada para el plazo para el cierre de la investigación complementaria. Determinación que no es susceptible de afectación a los derechos del peticionario del amparo de manera directa e inmediata en algún derecho sustantivo, que como excepción justificara la procedencia del amparo indirecto, por tratarse de actos que sean de ejecución irreparable. Cabe destacar que el arábigo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la investigación complementaria inicia con la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado dicha investigación. La audiencia inicial concluye con la determinación judicial respecto del plazo para el cierre de la investigación complementaria. Sin embargo, existe la posibilidad de solicitar una prórroga para ese efecto, es decir, para cerrar la investigación complementaria, pero el código exige que se justifique la petición y esto sucederá mientras se sustente en lo fines de la investigación, que en términos del artículo 213 del mencionado código, no pueden ser otros que recabar datos de prueba relacionados con las pretensiones procesales de la parte que solicita dicha prórroga. En la especie, de las manifestaciones vertidas por el promovente de la protección constitucional, en su demanda de amparo --bajo protesta de decir verdad--, se desprende que en audiencia de nueve de agosto del año en curso, el Juez de Distrito responsable, autorizó la prórroga del plazo de investigación complementaria por dos meses adicionales. Plazo que incluso, el promovente del amparo señaló que fenecía el once de octubre anterior; data que al día de la presente determinación, ha transcurrido. En ese contexto, se reitera que la resolución reclamada, emitida por el Juez de Control, por la que se concedió la prórroga solicitada, que a su vez, tiene como fin la obtención de datos de prueba, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que se ha precisado, no tiene como consecuencia inmediata la afectación de alguno de los derechos fundamentales de los peticionarios del amparo, que tutela la Constitución Federal a su favor, sino en todo caso, se traduce en la conculcación de derechos adjetivos que sólo producen efectos intraprocesales. Esto es así, porque la prórroga otorgada más allá de que al día de la fecha haya fenecido, lo cierto es que no constituye una determinación que afecte sus derechos fundamentales susceptibles de analizarse en amparo indirecto, en tanto que no constituye un acto de imposible reparación. En tales condiciones, si la posible violación acaecida durante la etapa de investigación complementaria dentro de la causa penal 13/2020, no afecta derechos sustantivos del peticionario de amparo, pues puede ser reparada al emitirse la sentencia respectiva, en consecuencia el juicio de amparo indirecto se torna improcedente. Conforme a lo expuesto y fundado, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, se sobresee fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa, promovido por ---------------------------------. Asimismo, es preciso destacar que la anterior determinación no implica negar al promovente del amparo su derecho fundamental de acceso a la justicia, pues por imperativo legal se deben cumplir con los requisitos de procedencia establecidos en la ley de la materia. Ya que, si bien los preceptos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia (acceso a una tutela judicial efectiva), lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance (como lo es el presente juicio de amparo). Puesto que, tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Máxime que, si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de diez de junio de dos mil once, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, dicha circunstancia no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa. Puesto que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Sin que pase inadvertido para este juzgado, que la causal de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolverá el juicio de amparo; sin embargo, atendiendo al principio de expeditez en la administración de justicia, traería mayores perjuicios a la parte quejosa el hecho de que se admitiera a trámite la demanda, para luego, seguidas las formalidades de ley, mediante sentencia se alcanzara la misma conclusión ahora formulada; por tanto, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos resulta de mayor beneficios para el recurrente de amparo, que tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo, en virtud de que esto le permite acudir oportunamente a los tribunales ordinarios para hacer valer sus derechos. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala. Luego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, párrafo segundo, en relación con el artículo 12, segunda parte, ambos de la ley que rige la materia, se tienen por autorizadas a las personas que designa el justiciable, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, quedando a salvo su derecho para acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Se exhorta al trámite electrónico Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales...Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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