Jorge Luis Jacobo Flores
Expediente 681/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 681/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Jorge Luis Jacobo Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, el licenciado Angélica Bobadilla Larios, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: a) Que mediante oficio SEADS/1140/2021, de veintiocho de octubre del año en curso, el encargado del despacho de la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el veinte del mes y año aludido, acordó la adscripción del licenciado Rodolfo García Camacho, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del año en curso. b) Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. DOY FE. EL SECRETARIO. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con la promoción registrada con folio 17436. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/1140/2021, de veintiocho de octubre del año en curso, el encargado del despacho de la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el veinte del mes y año aludido, acordó la adscripción del licenciado Rodolfo García Camacho, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del año en curso. Por otra parte, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la ejecutoria de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de queja 106/2021, acuse recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, la Superioridad mediante la ejecutoria de cuenta declaró infundado el recurso de queja hecho valer por la quejosa; en consecuencia al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del referido acuerdo, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. ABL
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que comunica que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno dictado en el presente juicio de amparo. Notifíquese. ...
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso Jorge Luis Jacobo Flores; en atención a su contenido, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda promovida. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja que nos ocupa en el sentido de que ES CIERTO el acto reclamado, ya que efectivamente en el juicio de amparo que se actúa, se dictó el auto recurrido. Ahora bien, remítase copia certificada de la demanda de garantías con que se formó el presente expediente y del auto recurrido y su respectiva notificación; lo anterior, a fin de que sea substanciado el medio de impugnación de que se habla en párrafos precedentes, debiendo acompañarse el original del escrito de expresión de agravios respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese. ...
- Principal
EN ESTA PROPIA FECHA, PROCEDO A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, ELLO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO, QUE A LA LETRA DICE: En tales condiciones se provee: DESECHAMIENTO. En el caso, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo planteado, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del referido precepto legal se advierte que el juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". En el presente asunto, respecto del acto reclamado consistente en la prisión preventiva; es procedente desechar de plano la demanda de garantías toda vez que este resolutor considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Dichas disposiciones normativas, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1890, Tomo XXII, Agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyan entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, al ser excluyentes entre sí y no guardar orden de prelación las hipótesis en análisis, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Novena Época, enero de dos mil once, página cinco, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto (artículo 82, fracción I, inciso a) del Código Nacional de Procedimientos Penales), la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. En esta instancia constitucional, la parte quejosa combate la ejecución de la resolución de ocho de marzo de dos mil veinte, dentro de la causa penal 2/2020, relativa a la medida cautelar de prisión preventiva. Ahora, el propio quejoso en su escrito aclaratorio de demanda, expresamente manifestó bajo protesta de decir verdad, que el acto que combate le fue notificado el mismo día ocho de marzo de dos mil veinte, en la propia audiencia en que se decretó. Entonces, la fecha que ha de tomarse en cuenta para el inicio del cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo es la de ocho de marzo de dos mil veinte, porque a partir de esa data, la determinación de prisión preventiva que reclama se ejecutó en su contra, por lo que el plazo de quince días que la ley precisa para promover demanda de amparo, concluyó el trece de agosto de dos mil veinte, mediando entre estas el catorce y quince de marzo, así como los meses de abril, mayo, junio, julio y uno y dos de agosto de dos mil veinte, por corresponder a días inhábiles (incluidos los meses declarados inhábiles con motivo de la pandemia suscitada por covid-19). Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por el quejoso el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de correspondencia Común de los juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas; es indudable, que se realizó fuera del plazo legal de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido lo dispuesto en la fracción IV del citado artículo 17, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De lo transcrito, se desprende que el plazo de quince días para presentar demandada de amparo no es aplicable cuando los actos reclamados impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ya que en estos casos, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Como se estableció, el acto reclamado por la parte quejosa es la prisión preventiva decretada en contra de Jorge Luis Jacobo Flores, de ocho de marzo de dos mil veinte, dentro de los autos de la causa penal 2/2020; luego, dicha determinación, no constituye un ataque a la libertad fuera de procedimiento, ni tampoco encuadra con alguno de los demás supuestos contemplados en la fracción IV del artículo 17 de la citada ley. Así las cosas, al haberse actualizado la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en el diverso artículo 113, del cuerpo de leyes invocado, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por Jorge Luis Jacobo Flores, respecto de la prisión preventiva que reclama. Por otra parte, por lo que respecta al acto reclamado que hace consistir en: La determinación dictada el trece de agosto de dos mil veintiuno, que resolvió improcedente el incidente de reposición de autos planteado en la etapa de juicio oral en la causa penal 2/2020; y, Se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracción V ambos de la Ley de Amparo y el diverso 107, fracción III de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, mismos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Al respecto, el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Por su parte, el ordinal 107, fracción III, inciso b), Constitucional, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." El contenido de los preceptos transcritos pone de relieve la improcedencia del juicio de amparo, contra actos dictados dentro de juicio que no causen un perjuicio de imposible reparación. A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado este precepto jurídico, específicamente, en la parte relativa a que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución a través de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan solución alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: Derechos sustantivos: son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de las llamadas garantías individuales, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos: son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Resulta ilustrativa, a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 189, visible en la página 154 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de Registro 917723, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así como también resulta ilustrativa la tesis I.1o.A.E.30 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la república, consultable en la página 2317, del Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2008665, que señala: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." De igual manera, la tesis: I.5o.C.8 K (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, Décima Época, Página 1947, de Registro 2009302 que dice: "AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE). Cuando en el juicio de amparo se aduce violación a los derechos sustantivos previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debe considerarse la naturaleza jurisdiccional del acto reclamado, emitido conforme a la regulación procesal y sustantiva correspondientes, por lo que tales derechos no se ven materialmente afectados, como se deduce de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Al establecerse en dicha norma que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa. Los derechos fundamentales de audiencia o debido proceso, y de autoridad competente, tratándose de actos materialmente jurisdiccionales, incluso, el de acceso efectivo a la jurisdicción, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquéllos pueden ejercerse. En los actos jurisdiccionales, que derivan de procedimientos legalmente regulados, es posible que la inobservancia de las normas procesales pueda trascender a una afectación de los derechos fundamentales reglamentados en las leyes secundarias; casos en los que se está ante una vulneración al principio de seguridad jurídica y al derecho del gobernado a la legalidad de todo acto autoritario que pueda trascender a su esfera jurídica, en forma de molestia o de privación. La afectación a los derechos humanos previstos en preceptos constitucionales o convencionales, que son la base de la regulación secundaria que los reglamenta o detalla, cuando se trata de actos jurisdiccionales en cuya emisión deban acatarse las normas secundarias, adjetivas o sustantivas correspondientes, no puede darse de manera directa o material, sino cuando se vulnera la legalidad esperada de todo acto de autoridad, de modo que esa violación a derechos humanos previstos en la Constitución o en convenciones internacionales, se da en forma indirecta o formal, al infringirse las normas que de manera inmediata regulan el quehacer de las autoridades jurisdiccionales. Por ello, el juicio de amparo es un medio no sólo para el control de constitucionalidad o de convencionalidad de los actos de autoridad, sino eminentemente de legalidad, pues a través del desacato a la legislación ordinaria, en vía de consecuencia, pueden afectarse alguno o ambos parámetros sobre la regularidad de lo actuado por el Estado a través de actos unilaterales y obligatorios que deben ponderarse para analizar la procedencia del amparo." En el caso, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la determinación de trece de agosto de dos mil veintiuno, que resolvió improcedente el incidente de reposición de autos, planteado en la etapa de juicio oral dentro de la causa penal 20/2020. En tales condiciones, si en el caso estudio la parte quejosa reclama la resolución emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Jerez de Garcia Salinas, Zacatecas, en la audiencia de debate de trece de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 20/2020 en la que se determinó la improcedencia de incidente de reposición de autos, que promovió la defensora del aquí quejoso, con motivo de que consideró que previo a su intervención en la causa penal, se vulneró en perjuicio del procesado su derecho de adecuada defensa al haber estado representado por un abogado particular con conocimientos deficientes del sistema penal acusatorio. En ese sentido, la afectación que, en todo caso, se generó, aun no es visible, porque no existe alguna determinación que demuestre que con motivo de tal actuación del defensor particular, se vulneró el derecho de adecuada defensa del enjuiciado, pues en su caso, ello podría materializarse hasta que se conozca el dictado de la sentencia definitiva, momento en el cual, el aquí quejoso, a través del amparo directo, podrá alegar dicha circunstancia, puesto que tal acto no constituye una imposible reparación, dado que en su oportunidad, como se dijo, tal actuación puede ser reparada mediante el juicio de amparo uniinstancial. En efecto, el artículo 173, apartado B, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establece que en los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando no se respete el derecho del imputado de contar con una defensa adecuada; lo que en consecuencia revela que el acto reclamado no constituye una afectación a un derecho sustantivo, sino uno meramente de carácter procesal. En suma, que la transgresión que se alega ocurrió en la etapa de juicio oral, sobre la cual la Primera Sala del Máximo Tribunal, ha estimado que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo, debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. Orienta lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 74/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable." Por tanto, al resultar manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO promovida por Jorge Luis Jacobo Flores, contra la determinación dictada el trece de agosto de dos mil veintiuno, que resolvió improcedente el incidente de reposición de autos planteado en la etapa de juicio oral en la causa penal 2/2020, por el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas y otra autoridad. Notifíquese; personalmente. ...
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Jorge Luis Dávila Báez2054/2015
- Jorge Luis Esparza González772/2022
- Jorge Luis Esparza González820/2022
- Jorge Luis Esparza Sánchez3804/2014
- Jorge Luis García Murillo423/2017
- Jorge Luis Hernández Hidalgo813/2017
- Jorge Luis Jauregui Ocampo260/2018
- Jorge Luis López Mercado444/2016
- Jorge Luis Marquez Gallardo1012/2021
- Jorge Luis Marquez Gallardo876/2023
- Jorge Luis Ochoa Vega1436/2015
- Jorge Luis Reyes de la Mora1071/2018