Jorge Luis Hernández Pérez
Expediente 521/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 521/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 26/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Jorge Luis Hernández Pérez
- Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
: Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera la sentencia dictada el nueve de agosto de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general. Luego, devuélvase a la responsable Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con sede en la Ciudad de México, las documentales que ofreció en este asunto (dos unidades USB), respecto de las cuales no resulta necesaria su conservación en el presente asunto. Finalmente, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase a la parte quejosa el documento que exhibió en este juicio, previa toma de razón por su recibo.
- Principal
: Agréguese a los autos el escrito de cuenta, firmado por el quejoso Jorge Luis Hernández Pérez; en atención a su contenido, se acuerda: a. Copias certificadas. Como lo solicita el quejoso, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse las fotocopias certificadas que solicita a su costa y entréguense previa toma de razón que por su recibo obre en autos. b. Autorizados. Ténganse como su autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Antonio Guzmán Serna, hasta en tanto acredite su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales o demuestre encontrarse autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. c. Uso de medios electrónicos. Como lo solicita la parte quejosa, de conformidad con la circular 12/2009, emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a su autorizado imponerse de los acuerdos dictados en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos.
- Principal
: En Cancún, Quintana Roo, siendo las nueve horas con veinte minutos del nueve de agosto de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 521/2022-II, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentra el informe justificado rendido por las autoridades responsables; en consecuencia, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que el quejoso, la tercera interesada y la autoridad responsable Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con sede en la Ciudad de México, por conducto de la Directora General de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos (dos unidades USB), ofrecieron prueba documental; por otro lado, la parte tercera interesada ofreció como prueba la instrumental de actuaciones, consistente en las constancias y actuaciones que integran este juicio de amparo; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas y admitidas las pruebas aludidas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; luego, téngase por concluido el periodo probatorio de esta audiencia. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que la parte tercera interesada formuló manifestaciones en vía de alegatos, no así las demás partes; luego, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos realiza la parte tercera interesada; por lo que se da por concluida la etapa de esta audiencia. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: toda vez que no hay promoción pendiente de acuerdo, téngase por celebrada la presente audiencia y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procédase al dictado de la resolución correspondiente. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 521/2022-II, promovido por Jorge Luis Hernández Pérez, por derecho propio, contra actos de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con sede en la Ciudad de México, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintiuno (fojas 8 a 19), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido por razón de turno el once siguiente al juzgado decimosegundo de los referidos, Jorge Luis Hernández Pérez, por derecho propio, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la 1] Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con sede en la Ciudad de México, y de la 2] Dirección General de Gestión de Transporte y Almacenamiento de la referida agencia, por considerarlos violatorios de los artículos 1°, 4°, 6° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se hacen consistir en: "(.) IV.- LOS ACTOS U OMISIONES QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. - - - A ambas autoridades señaladas como responsables, se les reclama lo siguiente: - - - a).- La publicación del proyecto clavo 23QR2020G0042, mediante gaceta ecológica de fecha 08 de Octubre del 2020, bajo el número 21. - - - Reclamación que se realiza, ya que se considera que contraviene el derecho humano a la información ambiental, por lo motivos que se mencionarán en el capítulo correspondiente. - - - b).- Todo lo actuado en el procedimiento de autorización de manifestación de impacto ambiental del proyecto clave 23QR2020G0042, publicado mediante gaceta ecológica de fecha 08 de Octubre del 2020, bajo el número 21. - - - En especial, la resolución definitiva que para el efecto de (sic) llegue a dictar." SEGUNDO. Radicación de demanda y prevención. Recibida que fue la demanda de amparo el once de marzo de dos mil veintiuno (foja 7), ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por auto de doce posterior (fojas 32 a 34), se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 305/2021-VIII, y se previó al quejoso para efecto que ratificara el contenido y firma del escrito de demanda, bajo las consideraciones y fundamentos ahí establecidos. TERCERO. Desahogo de prevención y admisión de demanda. Mediante acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno (fojas 39 a 42), se tuvo a la parte quejosa ratificando el escrito inicial de demanda; se admitió a trámite; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se reconoció el carácter de tercera interesada a Gas Zazil-Ha, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien en su oportunidad fue emplazada a juicio (foja 220 vuelta), y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Admisión de ampliación de demanda por conceptos de violación. Mediante acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno (fojas 361 a 363), se admitió a trámite la ampliación de demanda planteada por el quejoso, únicamente por conceptos de violación; se requirió el informe justificado correspondiente a las autoridades responsables y se ordenó correr traslado con dicho escrito a la parte tercera interesada. QUINTO. Declinatoria de competencia. Por auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno (fojas 417 a 422), el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para resolver el presente juicio de amparo, bajo las consideraciones ahí apuntadas; por tanto, ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, en turno, y dejó sin efecto la fecha y hora para verificar la audiencia constitucional. SEXTO. Recepción de autos, radicación, aceptación de competencia y returno. Recibidos que fueron los autos del referido juicio de amparo 305/2021-VIII, el veintitrés de mayo de dos mil veintidós (fojas 2 y 3), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, remitidos por razón de turno el veinticuatro siguiente, a este juzgado de distrito, por proveído de veinticinco posterior (fojas 453 a 460), se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 521/2022-II; se determinó aceptar la competencia planteada, avocarse al conocimiento del asunto, y returnarlo al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, al considerar que tuvo conocimiento del último antecedente en relación con los actos reclamados en este juicio, al tenor de las consideraciones y fundamentos ahí expuestos. SÉPTIMO. Juzgado de Distrito no acepta returno, continúa procedimiento y se formula consulta. Mediante acuerdo de siete de junio de dos mil veintidós (fojas 480 a 491), se tuvo al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, informando que no aceptó el returno planteado por este juzgado; por tanto, se determinó continuar con el procedimiento del presente juicio; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete; se comunicó el referido acuerdo a las partes; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y se planteó la correspondiente consulta de turno a la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México. OCTAVO. Resolución de consulta y audiencia constitucional. Por proveído de once de julio de dos mil veintidós (fojas 560 y 561), se tuvo por recibido el oficio SECNO/CT/782/2022, de veintiuno de junio anterior (fojas 557 a 559), signado electrónicamente por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual -en suma- comunicó que este órgano jurisdiccional debe conocer del presente juicio de amparo, de acuerdo a las consideraciones ahí expuestas; así, la audiencia constitucional se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclaman actos de autoridades administrativas con ejecución en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto, que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias de autos, se hacen consistir en: De la 1] Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con sede en la Ciudad de México, y de la 2] Dirección General de Gestión de Transporte y Almacenamiento de la referida agencia: a) La publicación del proyecto clave 23QR2020G0042, ocho de octubre de dos mil veinte, en la Gaceta Ecológica número ASEA/23/2020. b) Todo lo actuado en el procedimiento de autorización de manifestación de impacto ambiental del proyecto referido en el inciso a) que antecede. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable 2] Dirección General de Gestión de Transporte y Almacenamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con sede en la Ciudad de México, por conducto de la Directora General de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos, al rendir informe justificado (fojas 121 a 125), negó la existencia de los actos reclamados, precisados en el considerando tercero de esta sentencia. Luego, una vez negada la existencia de los actos reclamados por la citada autoridad responsable, no le asiste la obligación de exponer razonamiento alguno al respecto y tampoco es posible imponerle la carga procesal de remitir las constancias a las que hace alusión el artículo 117 de la Ley de Amparo, para justificar su negativa, toda vez que no es factible demostrar lo que se ha negado; bajo esa premisa, la carga de probar recae en su contraparte, esto es, la parte quejosa. Ahora, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto, siguientes: "Época: Octava Época Registro: 206346 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 79, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 3/94 Página: 15 ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sin que pasen inadvertidas las pruebas aportadas por la parte quejosa, consistentes en: 1. Fotocopia certificada de la publicación del proyecto clave 23QR2020G0042, de ocho de octubre de dos mil veinte, en la Gaceta Ecológica número ASEA/23/2020. 2. Fotocopia certificada de la credencial para votar a nombre de Jorge Luis Hernández Pérez, expedida por el otrora Instituto Federal Electoral. Documentales que cuenta con peno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; sin embargo, no acreditan la participación de la autoridad responsable 2] Dirección General de Gestión de Transporte y Almacenamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con sede en la Ciudad de México, en la emisión de los actos reclamados en este juicio de amparo y tampoco desvirtúan la negativa que postulan. En ese contexto, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba idónea que desvirtúe la afirmación de la citada autoridad responsable, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados de la 2] Dirección General de Gestión de Transporte y Almacenamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con sede en la Ciudad de México, precisados en el considerando tercero de esta sentencia, por ser inexistentes, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia siguiente: "Sexta Época No. Registro: 917818 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." QUINTO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable 1] Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con sede en la Ciudad de México, por conducto de la Directora General de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos, al rendir informe justificado (fojas 108 a 120), únicamente convino en la existencia del acto reclamado precisado en el considerando tercero, inciso a), de esta sentencia. Sin embargo, la negativa que postula se desvirtúa con las manifestaciones que enseguida realiza, atinente a la existencia del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental y su publicación, materia del acto reclamado precisado en el considerando tercero, inciso b), de esta sentencia. Además, la existencia de los actos se corrobora con la documental aportada por la referida autoridad responsable (dos unidades USB), la cuenta con peno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de la cual se aprecia la integración del proyecto 23QR2020G0042, materia de los actos reclamados. Por tanto, son ciertos los actos reclamados a la referida autoridad responsable. SEXTO. Causa de improcedencia fundada. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causales de improcedencia del juicio de amparo, de Acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: "Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, la parte tercera interesada (fojas 394 a 398), y la autoridad responsable 1] Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con sede en la Ciudad de México, por conducto de la Directora General de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos (fojas 108 a 120), estiman que en relación con los actos reclamados señalados en el considerando tercero de la presente sentencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Es fundada la referida causa de improcedencia; al respecto, los citados preceptos prescriben lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, tendiendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]." De los numerales reproducidos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia. Asimismo, el numeral 5°, fracción I, en consulta, hace referencia a que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución Federal y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Además, cuando se trate de actos o resoluciones que provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Apunta, que el juicio de amparo puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de lo prescrito en el arábigo 5, fracción I, de la citada legislación; y podrá hacerlo por sí, por su representante legal, por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en la ley de la materia. De igual forma, es importante mencionar que tanto el interés jurídico como el legítimo que se requiere para la procedencia del juicio de amparo, contemplan como elemento esencial en su constitución, la existencia de un agravio personal, real y actual. Por otra parte, es oportuno traer a cuenta que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 111/2013 de su índice, de la cual derivó la jurisprudencia 50/2014, visible en la página 60, Tomo I, Libro 12, noviembre de 2014, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2007921, intitulada: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)", determinó que respecto del interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 constitucional, se obtiene como notas distintivas las siguientes: a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero no se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. d) La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. Es decir, el criterio contenido en la ejecutoria no constituye un concepto cerrado o acabado sobre el interés legítimo, sino que contiene los elementos suficientes para adaptarse a diversas situaciones, así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés. j) Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. En relación con el citado tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que para que este requisito se encuentre colmado, deberá acreditarse que: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad, pues si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Asimismo, la Segunda Sala determinó que los citados elementos constitutivos son concurrentes, y por ello basta la ausencia de alguno, para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Lo anterior, se recoge en la jurisprudencia que se trascribe a continuación: "Registro digital: 2019456 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 51/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Recapitulando, cuando la parte quejosa aduzca contar con un interés legítimo, el juzgador deberá verificar si acreditó que se encuentra en una situación de daño identificable actual y real -no hipotético-, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce. Expuesto lo anterior, en el caso en concreto, la parte quejosa reclama -en esencia- el inicio del procedimiento de evaluación en materia de impacto ambiental, la publicación del proyecto con clave 23QR2020G0042, en la Gaceta Ecológica número ASEA/23/2020 de ocho de octubre de dos mil veinte, respecto la solicitud de la manifestación de impacto correspondiente, solicitada por la hoy tercera interesada Gas Zazil-Ha, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto del proyecto denominado "Sistema de Transporte de Gas Natural Zazil-Ha", así como todo lo actuado en dicho procedimiento. Así, refiere que con la sola publicación se produce vulneración en sus derechos sustantivos, en específico, el acceso a la información ambiental, pues no se precisa la ubicación exacta del proyecto del cual se encuentra en trámite su autorización de impacto ambiental. Asimismo, refiere que el daño inminente e irreparable a su pretensión, se sustenta en la omisión de señalar de forma completa, los datos del proyecto de marras, lo que impacta a su derecho humano a un medio ambiente sano, pues se aprobaría un proyecto sin que los afectados tengan la plena certeza de la ubicación y alcance del proyecto impugnado. Así, la parte quejosa, para acreditar el interés legítimo que aduce le asiste, exhibió lo siguiente: 1. Fotocopia certificada de la publicación del proyecto clave 23QR2020G0042, de ocho de octubre de dos mil veinte, en la Gaceta Ecológica número ASEA/23/2020. 2. Fotocopia certificada de la credencial para votar a nombre de Jorge Luis Hernández Pérez, expedida por el otrora Instituto Federal Electoral. Documentos a los que se confirió valor probatorio pleno en el considerando cuarto de esta sentencia; sin embargo, con tales elementos de prueba no se acredita ni aun en forma indiciaria el daño inminente o irreparable a su pretensión que se ocasionaría, para que resulte procedente el presente juicio constitucional, al haber promovido el amparo al aducir un interés legítimo. En efecto, con la documental identificada como 1 únicamente acredita que el quejoso tiene su domicilio en esta ciudad (Benito Juárez, Quintana Roo), y respecto la segunda, se acredita la existencia de la publicación y procedimiento que ahora reclama, en la que se indica que la aquí tercero interesada solicitó ante la responsable el inicio del procedimiento respectivo para obtener la manifestación de impacto ambiental respecto del proyecto de hidrocarburos que pretende implementar en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, ambos de Quintana Roo. No obstante, el quejoso no demostró que el inicio del citado procedimiento para la obtención de manifestación de impacto ambiental respecto del proyecto que impugna afecte de forma directa o indirecta sus derechos fundamentales; sin dejar de lado que la parte quejosa pretende fundar su interés legítimo en la afectación al derecho humano a la información en materia ambiental; empero, sustentar la pretensión en ese derecho no actualiza en forma inmediata la acreditación del interés legítimo. Lo anterior, pues la parte quejosa basa la afectación al derecho humano a un medio ambiente sano, en el sentido que la responsable, en la publicación y procedimiento reclamados, no precisó la ubicación exacta del proyecto del cual solicitó la tercera interesada le sea aprobada la manifestación de impacto ambiental. Con todo, es dable puntualizar que la manifestación de impacto ambiental que se admitió a trámite para su análisis el seis de octubre de dos mil veinte, mediante clave 23QR2020G0042 y, la cual, de acuerdo a las pruebas aportadas por la responsable (dos unidades USB), no ha sido aprobada por la responsable, previo a la presentación de la demanda de amparo (diez de marzo de dos mil veintiuno). Ahora, respecto al tema analizado, es menester precisar que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el artículo 28 establece que la "evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente." En ese contexto, debe considerarse que la determinación del procedimiento en materia de impacto ambiental, que se define en los términos referidos en el párrafo precedente, no se rige por el derecho fundamental de previa audiencia, ya que no tiene por objeto ni produce como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado. Por lo anterior, con independencia que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente contemple o no algún procedimiento por el que se escuche a las personas que cuenten con interés legítimo de manera previa al dictado de la resolución que modifique la autorización que en la materia se haya otorgado respecto de una obra o actividad, o bien, que de su articulado deba interpretarse que a la solicitud respectiva le sea aplicable el procedimiento contemplado con motivo de la presentación inicial de la manifestación de impacto ambiental, dicho ordenamiento legal no podría ser contrario al artículo 14 de la Constitución Federal. Por su parte, los numerales 30, 34 y 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente disponen: "Artículo 30. Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. Cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas en los términos de la presente Ley, la manifestación deberá incluir el estudio de riesgo correspondiente. Si después de la presentación de una manifestación de impacto ambiental se realizan modificaciones al proyecto de la obra o actividad respectiva, los interesados deberán hacerlas del conocimiento de la Secretaría, a fin de que ésta, en un plazo no mayor de 10 días les notifique si es necesaria la presentación de información adicional para evaluar los efectos al ambiente, que pudiesen ocasionar tales modificaciones, en términos de lo dispuesto en esta Ley. Los contenidos del informe preventivo, así como las características y las modalidades de las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo serán establecidos por el Reglamento de la presente Ley." "Artículo 34. Una vez que la Secretaría reciba una manifestación de impacto ambiental e integre el expediente a que se refiere el artículo 35, pondrá ésta a disposición del público, con el fin de que pueda ser consultada por cualquier persona. Los promoventes de la obra o actividad podrán requerir que se mantenga en reserva la información que haya sido integrada al expediente y que, de hacerse pública, pudiera afectar derechos de propiedad industrial, y la confidencialidad de la información comercial que aporte el interesado. La Secretaría, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, podrá llevar a cabo una consulta pública, conforme a las siguientes bases: I. La Secretaría publicará la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental en su Gaceta Ecológica. Asimismo, el promovente deberá publicar a su costa, un extracto del proyecto de la obra o actividad en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa de que se trate, dentro del plazo de cinco días contados a partir de la fecha en que se presente la manifestación de impacto ambiental a la Secretaría; II. Cualquier ciudadano, dentro del plazo de diez días contados a partir de la publicación del extracto del proyecto en los términos antes referidos, podrá solicitar a la Secretaría ponga a disposición del público en la entidad federativa que corresponda, la manifestación de impacto ambiental; III. Cuando se trate de obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas, de conformidad con lo que señale el reglamento de la presente Ley, la Secretaría, en coordinación con las autoridades locales, podrá organizar una reunión pública de información en la que el promovente explicará los aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad de que se trate; IV. Cualquier interesado, dentro del plazo de veinte días contados a partir de que la Secretaría ponga a disposición del público la manifestación de impacto ambiental en los términos de la fracción I, podrá proponer el establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales, así como las observaciones que considere pertinentes, y V. La Secretaría agregará las observaciones realizadas por los interesados al expediente respectivo y consignará, en la resolución que emita, el proceso de consulta pública realizado y los resultados de las observaciones y propuestas que por escrito se hayan formulado." "Artículo 35. Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la solicitud se ajuste a las formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables, e integrará el expediente respectivo en un plazo no mayor de diez días. Para la autorización de las obras y actividades a que se refiere el artículo 28, la Secretaría se sujetará a lo que establezcan los ordenamientos antes señalados, así como los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del territorio, las declaratorias de áreas naturales protegidas y las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. Asimismo, para la autorización a que se refiere este artículo, la Secretaría deberá evaluar los posibles efectos de dichas obras o actividades en el o los ecosistemas de que se trate, considerando el conjunto de elementos que los conforman y no únicamente los recursos que, en su caso, serían sujetos de aprovechamiento o afectación. Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría emitirá, debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente en la que podrá: I. Autorizar la realización de la obra o actividad de que se trate, en los términos solicitados; II. Autorizar de manera condicionada la obra o actividad de que se trate, a la modificación del proyecto o al establecimiento de medidas adicionales de prevención y mitigación, a fin de que se eviten, atenúen o compensen los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la construcción, operación normal y en caso de accidente. Cuando se trate de autorizaciones condicionadas, la Secretaría señalará los requerimientos que deban observarse en la realización de la obra o actividad prevista, o III. Negar la autorización solicitada, cuando: a) Se contravenga lo establecido en esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables; b) La obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción o cuando se afecte a una de dichas especies, o c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate. La Secretaría podrá exigir el otorgamiento de seguros o garantías respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización, en aquellos casos expresamente señalados en el reglamento de la presente Ley, cuando durante la realización de las obras puedan producirse daños graves a los ecosistemas. La resolución de la Secretaría sólo se referirá a los aspectos ambientales de las obras y actividades de que se trate." De lo preceptuado por las normas transcritas, en lo conducente, importa destacar que tratándose de las solicitudes de autorización de impacto ambiental, se deben presentar ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales conteniendo, por lo menos, la descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente, además del estudio de riesgo cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas. Con motivo de la presentación de la solicitud, la referida secretaría debe iniciar el procedimiento de evaluación e integrar el expediente relativo, que pondrá a disposición del público, para que pueda consultarlo cualquier persona; además, deberá realizar una consulta pública cuando lo solicite cualquier integrante de la comunidad, supuesto en el cual tendrá que seguir los pasos siguientes: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicará la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental en su Gaceta Ecológica. El promovente publicará a su costa, un extracto del proyecto de la obra o actividad en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa de que se trate, dentro del plazo de cinco días contados a partir de la fecha en que se presente la manifestación de impacto ambiental. Cualquier ciudadano, dentro del plazo de diez días contados a partir de la publicación del extracto del proyecto, podrá solicitar a la aludida secretaría ponga a disposición del público en la entidad federativa que corresponda, la manifestación de impacto ambiental. Cuando las obras o actividades de que se trate puedan generar desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas, la referida secretaría, en coordinación con las autoridades locales, podrá organizar una reunión pública de información en la que el promovente explicará los aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad. En el plazo de veinte días a partir de que se ponga a disposición del público la manifestación de impacto ambiental, cualquier interesado podrá hacer observaciones y proponer el establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales. La mencionada secretaría agregará al expediente las observaciones realizadas y consignará, en la resolución que emita, el proceso de consulta pública realizado y los resultados de las observaciones y propuestas que por escrito se hayan formulado. En la resolución se podrá autorizar la obra o actividad en los términos solicitados; autorizar de manera condicionada el proyecto o al establecimiento de medidas adicionales de prevención y mitigación, señalando los requerimientos que deban observarse; negar la autorización solicitada, cuando: a) se contravenga lo previsto en la Ley de la materia, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables; b) la obra o actividad pueda propiciar que una o más especies sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción o cuando se afecte a una de dichas especies; y c) exista falsedad en la información proporcionada respecto de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate. Expuesto lo anterior, es evidente que del análisis del estado procesal del procedimiento administrativo de origen, así como de los medios de prueba ofertados por la parte quejosa, previamente valorados, no se aprecia que la presunta afectación ambiental a la que hace referencia en relación con los derechos a un medio ambiente sano y de los habitantes que concurren la zona, tenga un impacto actual o futuro, pero de realización inminente en su esfera jurídica, ya sea por circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, sino que únicamente basa su argumentación en violaciones lejanamente derivadas o genéricas de tales derechos fundamentales, como lo haría cualquier individuo de la sociedad en general. Efectivamente, como se expuso, la sola solicitud de la tramitación de la evaluación de impacto ambiental, derivada de la solicitud de la hoy tercera interesada, no es indicativo de que le sea aprobada o que en el caso hipotético de que se autorice, la autoridad responsable no haya tomado en cuenta los requisitos en materia ambiental establecidos en las leyes correspondientes. Incluso, en la publicación que ahora combate el quejoso, se advierte que a la solicitante, aquí tercera interesada, le fue requerido que diera cumplimiento con lo establecido en el artículo 34 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que impone, entre otras cosas, el publicar a su costa un extracto del proyecto de la obra o actividad en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa de que se trate, dentro del plazo de cinco días contado a partir de la fecha en que se presente la manifestación de impacto ambiental a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Extracto que deberá cumplir con un número de requisitos, entre los que destacan, la ubicación del lugar de la obra o actividad que se pretende realizar, haciendo referencia a los ecosistemas existentes y su condición al momento de realizar el estudio. Aunado a que, de los medios de pruebas aportados, no se advierte que el quejoso, de acuerdo con el artículo 34 de la citada ley ambiental, haya solicitado tener acceso al expediente administrativo de origen a efecto de conocer de manera amplia su tramitación o que éste le haya sido negado por la responsable; de ahí que no se advierta la afectación al derecho a la información o gozar de un medio ambiente sano como refiere. Estimar lo contrario, esto es, que cualquier persona por el simple hecho de aducir presuntas afectaciones al medio ambiente -sin importar si cuenta con un grado de afectación cualificado y relevante-pueda acceder al juicio de amparo, implicaría reconocer que una persona puede lograr el escrutinio constitucional de cualquier acto que estime que afecta a la población en general -al bien común-, que es justamente lo que el principio de división de poderes pretende evitar, al delimitar en la propia Constitución Federal el poder de los jueces federales sólo para resolver casos o controversias reales, y no aquellas afectaciones generales e hipotéticas que pueda corresponder a los órganos políticos. Lo anterior, pues el procedimiento de evaluación de una manifestación de impacto ambiental, por sí solo, no es un acto que afecte en modo alguno la esfera de derechos de los gobernados, ya que incluso si en éste se presentara alguna inconsistencia legal, ello no asegura que el proyecto sea autorizado ni tampoco que se rechace. Bajo esas premisas, este juzgador estima que únicamente es susceptible de afectar a terceros la autorización o rechazo de un proyecto, en virtud de su posible afectación al medio ambiente y las medidas que la parte interesada propuso adoptar para mitigarlo, no los actos dentro del proceso de evaluación, pues hasta ese momento no se sabe quién podría ser el perjudicado. En efecto, si el proyecto se autorizara a pesar de las inconsistencias, podría afectar al Estado o a los particulares que, como en el caso, aleguen tener un interés legítimo en el asunto; por otro lado, su negativa a pesar de inconsistencias legales podría afectar a quien estaba interesado en realizar el proyecto, pero al momento de su evaluación no existe afectación alguna a los gobernados. En otras palabras, no existe certeza que un determinado proceso de evaluación de una manifestación de impacto ambiental pudiera afectar a alguno individuo. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio; incluso, considerando que el quejoso acudió alegando un interés legítimo, ya que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha sentado criterio en el sentido de que éste sólo opera cuando se alega una afectación actual o futura pero cierta, más no cuando la afectación carece de esa certeza. En tal virtud, si para la procedencia del juicio de amparo cuando el quejoso aduzca un interés legítimo, es necesario que acredite, al menos indiciariamente, el daño inminente o irreparable que se ocasionaría a sus derechos sustantivos con la tramitación y posible autorización de la manifestación de impacto ambiental solicitada por la aquí tercera interesada a efecto de implementar un proyecto que consiste en el diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de un sistema de transporte de gas natural para suministro de gas diferente en la Zona Hotelera de Cancún y Zona Hotelera de Costa Mujeres, con una longitud de setenta y dos kilómetros, en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, ambos del Estado de Quintana Roo. En ese orden de ideas, atendiendo a los medios de prueba y el estado procesal que guarda el procedimiento del que derivan los actos reclamados en consulta, debe considerarse que el quejoso carece de interés para instar este juicio, pues no demuestra algún tipo de derecho y, por ende, que tiene interés para reclamar la afectación que tales actos hubieren producido. ? Conclusión del juzgado de distrito. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados a la 1] Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con sede en la Ciudad de México, precisados en el considerando tercero de esa sentencia. El motivo de sobreseimiento aquí analizado, no significa que desatienda lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio pro persona no deriva necesariamente que los argumentos planteados por los gobernados deban resolverse conforme a sus pretensiones. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2004748 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.) Página: 906 PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Al decretarse el sobreseimiento en esta controversia constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en el escrito inicial de demanda y su ampliación, sin que lo anterior represente un desacato por este juzgador, toda vez que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo. Sirve de apoyo lo anterior, la jurisprudencia que dice: "Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Jorge Luis Hernández Pérez, por derecho propio, contra los actos reclamados de la 1] Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con sede en la Ciudad de México, y de la 2] Dirección General de Gestión de Transporte y Almacenamiento de la referida agencia, precisados en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado electrónicamente por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual -en suma- comunica que este órgano jurisdiccional debe conocer del presente juicio de amparo, de acuerdo a las consideraciones ahí expuestas; de lo que este juzgado queda enterado para los efectos legales correspondientes.
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