Jorge Luis Hernández Mendoza
Expediente 471/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 471/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Jorge Luis Hernández Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Atento a los presentes autos y certificación levantada el día de hoy, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme el artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el auto veintiocho de marzo del año en curso, ha causado estado, para todos sus efectos legales; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. En consecuencia, previas las anotaciones de estilo en el libro de gobierno, en su oportunidad, envíese este expediente al archivo.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por la representante legal de la parte quejosa, mediante el cual solicita se le autorice el acceso al expediente electrónico para enviar y recibir notificaciones de manera electrónica, proporcionando para tal efecto el nombre de usuario; asimismo, pide la autorización para imponerse del presente juicio a través de la utilización de cámaras, grabadoras y dispositivos ópticos. Al respecto, infórmesele al promovente, que deberá estarse a lo acordado en proveído de cuatro de marzo de dos mil diecinueve. No obstante lo anterior, efectúense las notificaciones vía electrónica atendiendo al nombre de usuario que indica, por lo que se comisiona al Oficial SISE a realizar la captura y el procedimiento correspondiente para ese fin.
- Principal
se notifica por lista a la parte quejosa el auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado y remite constancia relativa al expediente de origen. Al efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por recibida la documental que remite la autoridad de cuenta, la cual atento a su propia y especial naturaleza se tiene por desahogada. Luego, de la documental que se anexa al oficio de cuenta se advierte que se actualiza de manera indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, 62 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, la que se estudia de oficio por tratarse de una cuestión de orden público. Porción normativa que disponen: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) ARTÍCULO 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. ARTICULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Bajo esa premisa, del estudio integral de la demanda que dio origen al presente juicio, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable se hizo consistir esencialmente en la omisión de dictar resolución relativa al incidente de falta de personalidad, dentro del expediente de origen 157/E01/2018, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad. Ahora bien, el Presidente de la Junta responsable junto con su informe justificado remitió copia debidamente certificada de la resolución incidental de falta de personalidad de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente de referencia (fojas 16 y 17). A dicha documental se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. De lo expuesto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado de forma total e incondicional porque si la finalidad de la acción de amparo consistía en que se dictara resolución incidental de falta de personalidad, dicha circunstancia quedó colmada el veintisiete de marzo del año en curso, lo que implica que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo se restituyó al quejoso en el derecho que aduce vulnerado. Lo anterior, se sostiene en la jurisprudencia 2a./J.59/99, de la Novena Época, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, visible en la página treinta y ocho, cuyo rubro y texto es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Por tanto, quien resuelve estima que las cosas retornaron al estado que guardaban antes de la violación reclamada, en virtud de que se dio fin a la inactividad procesal atribuida a la autoridad responsable; razón por la cual procede decretar sobreseimiento fuera de audiencia, puesto que ante todo, ha quedado demostrado que se dio fin a la dilación que motivó el presente juicio de amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, bajo el rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se fijó para las diez horas del uno de abril del presente año.
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