Jorge Luis Hernández Hernández

Expediente 1049/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1049/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • Jorge Luis Hernández Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que la presente pieza de actuaciones es destruible, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda.

  2. Principal

    Se desecha demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Además, es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, la suscrita estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 1. El juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado de Mexicano sea parte (.)". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones determinadas por una norma general. [.]." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los preceptos precisados se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal; asimismo, tiene el carácter de acto de autoridad aquél que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En relación con el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, es oportuno precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que las características que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, 4. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En cuanto a este tema, tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1089, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Novena Época, Septiembre de 2011, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así como la tesis aislada P. XXVII/97, localizable en la página 118, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo V, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la Novena Época, Febrero de 1997, con número de registro 199459, que indica: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Se destaca entonces que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, partiendo del supuesto contenido en el primer párrafo de la fracción II, del artículo 5, de la Ley de Amparo, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, Por otra parte, del segundo párrafo de la propia fracción II del precitado artículo 5 de la Ley de Amparo, se obtiene que el término legal que da pauta a los actos de particulares para considerarse como de autoridades, consiste en que aquéllos sean equivalentes a los de éstas. El indicado numeral fue motivo de análisis por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 423/2014, en la que se sostuvo, entre otras consideraciones, que las características que deben ostentar los actos realizados por particulares con calidad de autoridad son las siguientes: a) Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; b) Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, c) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Así, conforme a ese criterio, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares; para lo cual, es útil atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, y de supra a subordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan de las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Además, para entender en qué casos debe darse al particular el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, es necesario acudir a la exposición de motivos de la Ley de Amparo, la cual, en su parte conducente, precisa: ".se reconoce la posibilidad de que los particulares violenten derechos sociales cuando tengan a su cargo la prestación de servicios públicos o de interés público, o bien, cuando actúen en ejercicio de sus funciones públicas, transformando de esta forma la protección en una protección sustantiva y no puramente formal." Esto nos indica que el legislador estableció que no cualquier particular podrá ser considerado como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Así, la acción de tutela se encuentra restringida a que la actuación del particular tenga su origen o esté determinada en una norma general en relación con servicios públicos o de interés público; por tanto, corresponde al Juzgador de amparo en cada caso específico que se le presente, definir si lo que se reclama a un particular encuadra o no en un acto equiparable al de autoridad, si proviene o no de una relación asimétrica o de igualdad, desde luego dependiendo de las circunstancias que rodean al asunto. Precisado lo anterior, del análisis integral realizado al escrito de demanda, conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso, señala como acto reclamado el impedimento para iniciar la construcción de su casa en el lote de terreno que adquirió dentro del fraccionamiento ********************de esta ciudad, pues la asociación de colonos condiciona el ingreso del material y personal para realizar la obra al pago de una cuota extraordinaria por supervisión de obra; el cual atribuye a la persona moral denominada ********************. En ese contexto, debe decirse que si bien es cierto la Ley de Amparo, en su artículo 5°, fracción II, párrafo segundo, prevé la posibilidad de que los particulares tengan la calidad de autoridades, acota que sólo será en el supuesto de que dichos particulares realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de dicha fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, lo que en el caso no acontece, pues resulta evidente que la ********************, no posee el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que se trata de un ente particular que no actúa dotado de imperio conforme a una norma legalmente establecida, que a su vez le faculte para emitir actos frente a un gobernado. Lo anterior, al ponerse en manifiesto que se trata de actos entre particulares que versan sobre cuestiones inherentes a los requisitos que la asociación de colonos de un fraccionamiento ha impuesto a sus miembros para la construcción de viviendas dentro del mismo; asociación a la que el propio quejoso pertenece al haber adquirido un terreno ubicado en el fraccionamiento ********************y, por ende, ser colono de éste. De ahí que, a criterio de este órgano las controversias suscitadas entre el quejoso y la asociación civil de la que es parte, deben ventilarse ante los órganos jurisdiccionales del orden común. En relatadas circunstancias, el acto reclamado planteado por el promovente no constituye violación a derechos fundamentales, sino que es competencia de diversa índole dado que versa sobre los requisitos que la asociación de colonos del fraccionamiento ********************de esta ciudad ha impuesto a sus miembros para la construcción de viviendas dentro del mismo, por lo cual debe resolverse a través de un procedimiento de naturaleza civil. Por lo tanto, el impedimento para construir su casa de que se duele el quejoso, al condicionar la asociación de colonos el ingreso del material y personal para realizar la obra al pago de una cuota extraordinaria por supervisión de obra, forma parte de una relación particular y la vía procedente no es la del juicio constitucional. Así, se reitera que no puede soslayarse que el incumplimiento de las aportaciones o cuotas acordadas, convenidas o fijadas por los miembros de una asociación civil con las cuales obtiene los recursos necesarios no puede constituir un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Además, dicha asociación, por su naturaleza jurídica, constituye en sí misma un contrato plurilateral, por lo que puede ejecutar los acuerdos tomados en sus asambleas que obliguen a sus integrantes, aun ante la inconformidad de éstos, lo cual, de ocurrir, dará lugar a un conflicto entre particulares, al tratarse de una relación de coordinación y no de supra a subordinación, pues el acto en cuestión no es unilateral, ya que la obligación emerge en tanto se acepta, expresa o implícitamente, por ingresar a la asociación o estar vinculada a la misma. Tampoco es un acto imperativo, porque si bien es cierto que prevalece la voluntad mayoritaria en la toma de decisiones obligatorias a los miembros de la asociación, también lo es que ello responde a la propia esencia de la entidad y esas medidas son instrumentales para satisfacer las necesidades comunes. Además de no constituir un acto coercitivo, ya que aun cuando puede llegarse a impedir la construcción del inmueble, esto obedece al ejercicio del derecho de retención de la obligación que genera cualquier vínculo contractual, ante el incumplimiento de alguna de las partes, en cuyo caso, quedan a salvo los derechos del inconforme para que los haga valer ante el órgano jurisdiccional competente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 2747, marzo de 2021, tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2022873, que establece: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA ASOCIACIÓN CIVIL NO TIENE ESE CARÁCTER, CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, EN PERJUICIO DE UN PARTICULAR. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo establece que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad en los que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas del gobernado, en forma unilateral y obligatoria u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría esas situaciones jurídicas, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por otro lado, los artículos 2670 al 2687 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que regulan las asociaciones civiles, las definen como un contrato constituido por varios individuos que convienen reunirse de manera no transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, el cual debe constar por escrito. Asimismo, se advierte que se rigen por sus estatutos y el poder reside en su asamblea general, lo que pone en evidencia que las partes contratantes celebran ese pacto de voluntades en un plano de igualdad, de manera voluntaria, y establecen los estatutos para su funcionamiento. Por ende, no se puede considerar a una asociación civil autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, cuando se reclama la violación de derechos fundamentales (impedirle el acceso a las instalaciones de la asociación) que produzca en perjuicio de un particular, lo pactado en un contrato celebrado en un plano de igualdad, pues actúa como ente particular y sus facultades derivan de la voluntad de sus contratantes, plasmada en sus estatutos, por lo que sus funciones no están determinadas en una norma general que le confiera atribuciones para actuar como una autoridad del Estado." Razones por las que, no puede considerarse como un acto emanado de una relación de supra a subordinación, emitido por una autoridad en uso de las facultades Estatales provisto de imperio. Situación por la cual, es evidente que el acto reclamado no es materia de control mediante el juicio de amparo, al no ser un acto de autoridad, por estar desprovisto del imperio del estado y no constituir, de suyo, uno de aquéllos que crean, extinguen o modifican situaciones de hecho o derecho de manera unilateral por parte de un autoridad. En consecuencia, al definirse la naturaleza del acto reclamado de la supuesta autoridad responsable, y por lo motivos desarrollados en el cuerpo de la presente determinación, procede desechar la demanda intentada por la parte quejosa, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Cabe destacar que lo anterior no deja al promovente en estado de indefensión jurídica, dado que en todo caso se encuentra facultado para llevar el asunto ante los tribunales del orden común, cuyas determinaciones serán las que, en su caso, podrían ser discutidas a través del juicio de amparo. Sin que el sentido de la presente determinación, contravenga lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J. 54/2012, de rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Ello obedece a que en el caso que ocupa la atención se advierte, de manera manifiesta e indudable, la actualización de la causal de improcedencia en estudio, toda vez que de un análisis integral al contenido de su libelo de amparo, es posible advertir, de manera patente, que los actos reclamados por el quejoso no emergen como actos de autoridad, por no reunir con los requisitos establecidos en la fracción II, del artículo 5, de la ley de la materia. Robustece el sentido de la presente determinación, la Jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)." VI. Domicilio y autorizados. Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos de dicho numeral y su correlativo 24, ambos de la ley de la materia a ******************** y a las diversas personas que precisa por no contar con dicho registro y por así haberlo solicitado. VII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VIII. Se exhorta a la parte quejosa. Se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. IX. Acuerdos generales. En otro orden de ideas y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que reforma el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace del conocimiento de las partes que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Se ordena generación de versión pública de resolución. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, para que pueda ser consultable por el público en general.

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