Jorge Luis Hernández González
Expediente 587/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 587/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 31/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- José Hernández González
- Jorge Luis Hernández González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Oficio. Visto lo de cuenta, se recibe el oficio signado por el apoderado jurídico del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, con sede en Gómez Palacio, Durango, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio. Recurso de revisión. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el referido medio de impugnación, por lo que, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, a efecto de que substancie el recurso de mérito, anexando el original y copias del escrito de interposición del recurso y agravios, para los efectos legales correspondientes. Cuaderno de antecedentes. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia certificada de las constancias necesarias que permitan conocer la historia procesal completa del Juicio de Amparo en que se actúa. Traslado. Con excepción de la parte recurrente, distribúyanse entre las demás partes copia del referido medio de impugnación, para los efectos legales correspondientes. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que corresponda. Notifíquese personalmente.
- Principal
VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el catorce de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, recibido el esa propia fecha en este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, Jorge Luis Hernández González y José Hernández González solicitaron el amparo protección de la justicia federal en contra las autoridades Congreso del Estado de Durango, y otras, de las cuales reclamó los actos que al efecto precisó. En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, fue admitida en sus términos y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 587/2023-VI-A, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 107, de la Ley de Amparo, 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado el quince de febrero de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, por tratarse de un juicio de amparo en el que se reclaman normas de carácter general, que deben ser acatadas, precisamente en el lugar en el que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia 1a./J. 17/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, visible en la página 500, del rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255). Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revelan que el acto reclamado por la parte quejosa es el siguiente: Congreso y del Gobernador Constitucional del Estado de Durango, con sede en la ciudad del mismo nombre. i. La aprobación, discusión, expedición y promulgación de los artículos 73, párrafo primero y 76 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Durango. Tesorero Municipal del Republicano Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango. ii. El cobro y recaudación del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, determinado en los recibos oficiales A 41485 y A 141484 de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. En lo que respecta a los actos atribuidos al Tesorero Municipal del Republicano Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, debe destacarse que para los efectos de este juicio de amparo, no existen. Es así, pues los actos de ejecución que se le reclaman, no pueden ser imputados a esa autoridad, ya que la parte quejosa acreditó haberse autoaplicado los preceptos legales que reclama. Consecuentemente, el cumplimiento de la norma no puede ser atribuido a esa autoridad. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XXVI, agosto de 2007, página 367, de rubro siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO". De esta forma, sin prueba en contrario, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo respecto de la mencionada autoridad. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Durango, con sede en la ciudad capital del mismo nombre, pues así se advierte del contenido de sus respectivos informes justificados. La certeza de los actos que en el ámbito de su competencia se atribuyen a las autoridades antes señaladas, se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del decreto que contiene la norma reclamada, pues forman parte de un ordenamiento jurídico general, abstracto e impersonal; de modo que constituyen presupuesto y materia propia del conocimiento del juzgador. Máxime, que las normas impugnadas se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Durango, de cuya divulgación se desprende la existencia de las normas reclamadas; lo que constituye un hecho notorio, y como tal, no se encuentra sujeto a prueba, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, página 260, de rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". QUINTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En ese sentido, no se advierte de oficio la actualización de alguna causal de improcedencia, ni alegada por las partes; por lo que, es procede examinar el fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, por no ser indispensable para la resolución del asunto y no existir obligación de realizarla para este juzgador. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia mil trescientos cuarenta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil quinientos dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional, 1. Común, 1a. Parte-SCJN, Décima Primera Sección, que es del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Estudio de fondo. Es fundando uno de los conceptos de violación expuesto por la parte quejosa, en el que señala que se vulnera en su perjuicio el derecho fundamental previsto en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque entre los artículos reclamados y el diverso precepto 44 Bis de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, no existe congruencia entre el mecanismo impositivo que prevén y la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, Ello es así, la parte quejosa sostiene, pues en ellos se genera una doble tributación, ya que tienen el mismo objeto, pues ambos preceptos gravan las operaciones en las que se transmiten, adquieren, modifican o extinguen el dominio o la posesión de bienes inmuebles, resultando excesivamente gravoso y ruinoso para el contribuyente. De inicio, debe señalarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en el marco de fiscalización nacional dentro de una república federal, el fenómeno de la doble imposición surge cuando las obligaciones tributarias responden a dos o más tributos de igual o similar naturaleza establecidos por distintos niveles de gobierno, Federación y cada una de las entidades federativas. Así, la doble imposición jurídica se contempla como el resultado de la percepción de impuestos semejantes en dos o más niveles de gobierno, de un mismo contribuyente, sobre la misma materia imponible y el mismo periodo de tiempo. En tanto que la expresión de doble imposición económica se utiliza para describir la situación en la que el mismo hecho es gravado por dos o más niveles, durante el mismo periodo, si bien en manos de diferentes perceptores. En ambos casos -doble imposición jurídica y económica-, la doble imposición nacional es económica en tanto afecta doblemente a un rendimiento o a una ganancia de capital, y la distinción puede resultar difusa; empero es posible advertir distinciones claras entre ambos fenómenos jurídicos, como lo representa el que en la doble imposición jurídica se requiera la identidad de impuesto, de concepto gravado, de tiempo y de sujeto pasivo, mientras que en la doble imposición económica se requiera sólo la identidad de concepto gravable, de tiempo y de impuesto, pero no la identidad subjetiva. Esto es, en tanto la doble imposición reúne a una sola persona, física o jurídica, e impuestos similares y la concurrencia de dos soberanías fiscales; la doble imposición económica introduce como requisito diferenciador la existencia de perceptores diversos. No obstante ello, éste fenómeno impositivo no está prohibido por ningún artículo de la Constitución Federal, de tal suerte que en sí mismo no es inconstitucional, sino que lo que la Carta Magna prohíbe en su artículo 31, fracción IV entre otros supuestos, es que los tributos sean desproporcionados, que no estén establecidos por ley o que no se destinen para los gastos públicos. Apoya lo anterior, el criterio que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P.23, visible en la página 5, de la Gaceta 8-9, Septiembre-Octubre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "DOBLE TRIBUTACIÓN. EN SÍ MISMA NO ES INCONSTITUCIONAL". Así, resulta necesario analizar la materia sobre la que descansan el Impuesto para la Modernización de los Registros Públicos y el Impuesto de Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, con el objeto de determinar si se vulnera alguno de los principios del artículo 31, fracción IV, Constitucional. La fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala lo siguiente: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (...) IV. Contribuir para los gastos públicos, así como de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado o Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". De lo anterior, se observa que todo gobernado debe cubrir aquellas contribuciones al gasto público impuestas por el Estado, siempre y cuando ellas se establezcan atendiendo los siguientes principios constitucionales: 1. Principio de legalidad. 2. Principio de proporcionalidad. 3. Principio de equidad, y 4. Destino al gasto público. En el caso, es pertinente acudir a los conceptos que el Alto Tribunal de la Nación ha desarrollado en torno al contenido y alcance del principio de proporcionalidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal, la cual radica en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos o la manifestación de riqueza gravada. De conformidad con este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad de cada sujeto pasivo, esto es, en función de su potencialidad real para contribuir a los gastos públicos, de manera que las personas que tengan mayor riqueza gravable tributen en forma diferenciada y superior a aquellos que la tengan en menor proporción. En otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes, para que en cada caso el impacto sea distinto, lo cual puede trascender cuantitativamente o cualitativamente en lo tocante al mayor o menor sacrificio, o bien, en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos, utilidades, rendimientos o la manifestación de riqueza gravada. Además, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de las contribuciones tienen una naturaleza económica en la forma de una situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en función de esa riqueza. De acuerdo con lo anterior, la potestad tributaria implica para el Estado, a través de las autoridades legislativas competentes, la facultad de determinar el objeto de los tributos, involucrando cualquier actividad de los gobernados que sea reflejo de capacidad contributiva, de ahí que uno de los principios que legitima la imposición de las contribuciones es, precisamente, el de la identificación de la capacidad para contribuir a los gastos públicos por parte de los gobernados. De lo anterior se desprende que el principio de proporcionalidad tributaria se respeta en la medida en que se atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, pues debe pagar más quien tiene mayor capacidad contributiva y menos el que la tiene en menor proporción. Por tanto, el principio de proporcionalidad tributaria radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, aportando una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada; esto es, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción. En concordancia con lo anterior, es pertinente precisar que el legislador tributario cuenta con un margen de libre configuración para el diseño del sistema impositivo, pues la contribución constituye una de las fuentes principales para que el Estado obtenga ingresos, mediante la detracción de determinadas cantidades del sector privado para sufragar los gastos públicos, tanto de la Federación, Entidades Federativas y Municipios, dentro de un marco legal, que sea proporcional y equitativo, para lo cual puede valerse de cualquiera de los modelos o instrumentos tributarios, siempre y cuando la asignación impositiva se lleve a cabo dentro de los parámetros constitucionales permitidos por la Ley Fundamental. Ahora bien, los artículos 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86 y 87 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Durango, establecen lo siguiente: "Artículo 73. Están obligados al pago del Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles establecido en esta Ley, las personas físicas o morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, o bien, en el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicados en el Estado, así como los derechos relacionados con los mismos a que esta Ley se refiere. Tratándose de fideicomisos irrevocables se causará el Impuesto al celebrarse esta operación, con cargo al fideicomitente, en la inteligencia de que al ejecutarse los fines del fideicomiso se reconocerá el pago anterior y por lo tanto no volverá a causarse el Impuesto, salvo que la tasa de este haya aumentado, en cuyo caso se cobrara la diferencia entre la tasa anterior y la que esté vigente en la Ley de Ingresos del Municipio correspondiente. Tratándose de fideicomisos revocables deberá garantizarse mediante el pago provisional, el impuesto correspondiente a la traslación de dominio. En los fideicomisos en garantía solo se causará el impuesto al transmitirse la propiedad por incumplimiento de la obligación garantizada". "Artículo 76. El Impuesto sobre la Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles se causa: I. Por la transmisión de la propiedad de bienes inmuebles o de derechos de copropiedad sobre estos; Tratándose de división de la copropiedad o de la disolución de la sociedad conyugal, se causará el impuesto si el valor de la parte adjudicada a algunos de los copropietarios o cónyuges, en su caso, excede del valor de su respectiva porción. En estos casos el Impuesto se causará sobre la diferencia que exista entre el valor de la porción que le corresponde al copropietario o al cónyuge, y el valor de la porción que adquiera. Para los efectos del Impuesto sobre Traslación de Dominio, la cesión onerosa, la dación en pago, la donación, la permuta, y la adjudicación se equiparan a la compra-venta, la adjudicación a título de herencia o de legado no causará este impuesto; II. Por la transmisión de la propiedad o de los derechos de copropiedad sobre bienes inmuebles en los casos de constitución o fusión de sociedades civiles o mercantiles y asociaciones civiles, escisión, aumentos o reducciones de los capitales, o disolución y liquidación de dichas sociedades y asociaciones, escisiones de todo tipo de sociedades transmisión de acciones y pagos en especie de remanentes de utilidad y de dividendos; III. Por la adquisición de la propiedad de bienes inmuebles por prescripción; IV. Por adquisición de la propiedad de bienes inmuebles en virtud de una sentencia o de remate judicial o administrativo; V. Por la readquisición de la propiedad de bienes inmuebles o de los derechos de copropiedad sobre los mismos a consecuencia de la revocación o rescisión voluntaria o por sentencia judicial del contrato traslativo de dominio; pero no se causara el impuesto cuando en este último caso se compruebe que la resolución se refiere a un contrato que no llegó a tener principio de ejecución en cuanto a las obligaciones principales de los contratantes; y VI. Por la cesión de derechos sobre bienes inmuebles". "Artículo 77. Son sujetos pasivos del Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles: I. La persona que adquiera la propiedad o copropiedad del inmueble en los casos de las fracciones I, II y V del artículo anterior; II. Cada uno de los permutantes, por lo que hace al bien inmueble cuya propiedad o copropiedad transmite en los casos de permuta. Esta misma regla se observará en las compraventas en que el precio se cubra en parte con otros bienes inmuebles; III. El adjudicatario en los casos de remates judiciales o administrativas; IV. El adquiriente en los casos de prescripción; y V. El fideicomitente, la fiduciaria y el fideicomisario. En estos casos las declaraciones y pagos del impuesto los hará el fiduciario por cuenta del fideicomitente". "Artículo 78. El Impuesto Sobre Traslación de Dominio será el que resulta de aplicar a la base gravable, la tasa que para tal efecto señale anualmente la Ley de Ingresos Municipal". "Artículo 79. La base gravable del Impuesto sobre Traslación de Dominio será: I. La que resulte mayor entre el valor catastral y el valor de la operación; II. Tratándose de contratos por los que se transmite la nuda propiedad, el valor mayor que resulte de conformidad con las reglas de la fracción I de este artículo. En estos casos al transmitirse la nuda propiedad se causara el 75% del importe del impuesto que así resulte y al transmitirse el usufructo el 25% restante de dicho importe; III. Tratándose de contratos de compraventa o cualesquiera otros traslativos de dominio, con excepción del de permuta, con reserva de dominio o sujetos a condición suspensiva, el valor mayor que resulte de conformidad con las reglas de la Fracción I de este artículo, y IV. Tratándose de contratos de permuta, aun cuando estén sujetos a condición suspensiva, el impuesto se causará por la transmisión de cada uno de los inmuebles que sean objeto del contrato, sobre el valor mayor que resulte para cada uno de ellos de conformidad con las reglas de la fracción I de este artículo". "Artículo 80. Los sujetos pasivos de este impuesto presentarán en la Tesorería Municipal o su equivalente del lugar de ubicación de los bienes, previa revisión que haga la autoridad catastral, una declaración por quintuplicado, acompañada de avalúo y plano expedidos por la autoridad catastral, la cual se hará en las formas que al efecto apruebe dicha autoridad, debiendo acompañar los anexos que en su caso ésta requiera. Cuando no existan formas aprobadas, el documento que se formule deberá presentarse en el número de ejemplares que señalen las autoridades fiscales y tener por lo menos los siguientes requisitos. I. Nombres y domicilios de los contratantes o del adquirente en su caso; II. Fecha en que se otorgó la escritura pública, de la celebración del contrato privado, o que se dictó la sentencia o la resolución que aprobó el remate y la fecha en que hayan quedado firmes; III. Nombre del notario ante quien se haya otorgado la escritura, mención de que se trata de contrato privado o indicación de que autoridad dicto la resolución; IV. Naturaleza del acto o concepto de la adquisición; V. Ubicación y nomenclatura oficial, superficie del terreno y de la construcción en su caso; VI. Antecedentes de propiedad del inmueble en el Registro Público de la Propiedad; VII. El valor catastral determinado por la autoridad catastral y el valor de operación del inmueble motivo del traslado de dominio; VIII. Número de la cuenta o clave catastral del Impuesto Predial; IX. La liquidación del Impuesto de Traslación de Dominio y de los Derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, y X. Los demás datos que exija la forma oficial en que deberán hacerse las declaraciones. Cuando se trate de división de la cosa común y disolución de la sociedad conyugal, a la declaración se acompañará una copia autorizada de la escritura o del contrato privado en su caso. Las declaraciones a que se refiere este artículo se harán en las formas oficiales que apruebe la autoridad catastral y se presentarán dentro de un plazo de veinte días hábiles contados: a) A partir de la fecha de la autorización preventiva de la escritura pública o de la fecha del contrato privado en su caso; b) Cuando se trate de cesión de derechos hereditarios efectuada antes de que se haga la adjudicación de bienes en el juicio sucesorio, a partir de la fecha de la adjudicación; c) Tratándose de compraventa con reserva de dominio o cualesquiera otros contratos traslativos de dominio sujetos a condición suspensiva, a partir de la fecha de la autorización preventiva de la escritura pública en que se haga constar el cumplimiento de la condición para que la transmisión se opere; o de la fecha del documento privado en que se expresa dicha circunstancia; d) Tratándose de la adquisición de la propiedad de bienes inmuebles en virtud de prescripción o de remate judicial o administrativo; el plazo será de sesenta días contados a partir de la fecha en que hubieren quedado firmes las resoluciones respectivas". "Artículo 81. Al momento de recibir la declaración de Traslación de Dominio y los anexos a ésta, la autoridad correspondiente verificará si dicha declaración reúne los requisitos legales y si está correcta la liquidación del impuesto. Si los requisitos y la liquidación están bien, la autoridad, en un plazo que no excederá de 3 días hábiles deberá hacer los asientos de la traslación de dominio y emitir el recibo de pago. En caso de que los requisitos o la liquidación sean incorrectos, en el acto de recepción, el funcionario encargado de la ventanilla, requerirá al interesado o al Notario Público para que realice o realicen las correcciones que procedan, dentro del término de los 15 días siguientes". "Artículo 82. El pago del impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles se hará dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que la autoridad correspondiente hubiere aprobado la declaración a que se refiere el artículo anterior. El pago del Impuesto a que este artículo se refiere, se podrá efectuar aún cuando aparezcan adeudos vencidos por los conceptos a los que alude el artículo 35, pero en estos casos los Notarios no autorizarán definitivamente la Escritura respectiva ni el Registro Público de la Propiedad inscribirá el documento traslativo de dominio, hasta que se compruebe que esos adeudos han sido pagados. Los Notarios podrán expedir dentro de igual plazo una nota complementaria o rectificar la que hubiesen expedido, cuando en la declaración que se hubiera presentado para el pago del impuesto no se hubiera determinado este correctamente". "Artículo 83. La Tesorería Municipal o su Equivalente hará constar el pago en todos los ejemplares de las declaraciones que se distribuirán en la siguiente forma; el cuadruplicado y el quintuplicado se entregarán a la persona que haga el pago del Impuesto; el original quedará en poder de dicha oficina junto con los anexos de la declaración y el triplicado se remitirá a la Dirección General de Catastro. Si se trata de actos o contratos traslativos de dominio que se hagan constar en la escritura pública, el original deberá agregarse al apéndice respectivo". "Artículo 86. Los Notarios no podrán autorizar definitivamente ninguna escritura pública en la que hagan constar actos o contratos traslativos de dominio de bienes inmuebles, si no han obtenido las constancias de no adeudo a que se refiere el artículo 35 de esta Ley y el avalúo catastral correspondiente. Tampoco podrán autorizar definitivamente ninguna escritura pública en la que hagan constar esa clase de actos o contratos, mientras los interesados no les exhiban el comprobante de pago del impuesto que establece esta sección o, en su caso, la resolución que hubiere concedido la exención parcial de ese pago, si la hubiere. En los testimonios que los Notarios Públicos expidan de escrituras relativas a los actos o contratos traslativos de dominio, deberán hacerse constar el número del comprobante oficial del pago del impuesto y el importe del mismo". "Artículo 87. El Registro Público de la Propiedad no inscribirá ningún acto, contrato o documento traslativo de dominio de bienes inmuebles, mientras no les sea exhibido el comprobante de pago del impuesto que establece este Capítulo, o, en su caso, la resolución que hubiera concedido la exención de este pago, si la hubiere. En los casos de nuda propiedad, el Registro Público de la Propiedad no podrá cancelar la inscripción del desmembramiento de la propiedad ni inscribir el derecho consolidado si no se le comprueba previamente que se pagó la diferencia del impuesto que resulte entre lo cubierto por la transmisión de la nuda propiedad y el impuesto calculado sobre la traslación íntegra del dominio". De lo anterior se obtiene que el Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles se genera por la adquisición o transmisión de la propiedad de bienes inmuebles, esto es, el hecho imponible se genera cuando una persona física o moral transmite a otro el dominio de bienes inmuebles. Los sujetos obligados al pago de dicho impuesto son todas las personas físicas y morales que adquieran o transmitan el dominio de bienes inmuebles. La base gravable del Impuesto sobre Traslación de Dominio será, la que resulte mayor entre el valor catastral y el valor de la operación; en tratándose de contratos por los que se transmite la nuda propiedad, el valor mayor que resulte de conformidad con las reglas de la fracción I del artículo 79 en cita. En estos casos al transmitirse la nuda propiedad se causará el 75% del importe del impuesto que así resulte y al transmitirse el usufructo el 25% restante de dicho importe; tratándose de contratos de compraventa o cualesquiera otros traslativos de dominio, con excepción del de permuta, con reserva de dominio o sujetos a condición suspensiva, el valor mayor que resulte de conformidad con las reglas de la fracción I de dicho artículo, y tratándose de contratos de permuta, aun cuando estén sujetos a condición suspensiva, el impuesto se causará por la transmisión de cada uno de los inmuebles que sean objeto del contrato, sobre el valor mayor que resulte para cada uno de ellos de conformidad con las reglas de la fracción I de ese artículo. Al efecto, el Impuesto Sobre Traslación de Dominio, será el que resulta de aplicar a la base gravable, la tasa que para tal efecto señale anualmente la Ley de Ingresos Municipal. Por su parte, el artículo 44 bis de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, establece lo siguiente: "Artículo 44 bis. Es objeto del Impuesto para la Modernización de los Registros Públicos, la adquisición de títulos públicos o privados respecto de las operaciones que realicen las personas físicas y morales mediante los cuales se adquiera, transmitan, modifiquen o extingan el dominio o la posesión de bienes inmuebles. Están obligados al pago del Impuesto para la Modernización de los Registros Públicos toda persona física y moral que realice las operaciones a que se refiere el párrafo anterior. La base gravable de este impuesto la constituye el monto total de la operación, considerándose como tal, la cantidad más alta que resulte de entre el pactado por las partes, el valor catastral vigente al momento de realizar el pago del impuesto, del avalúo bancario o el practicado por la Secretaría de Finanzas y de Administración. Todas las operaciones, cuyo monto total no rebase el equivalente al valor de 40 UMA anual, quedarán exentas del pago de este impuesto. A los contribuyentes cuyo valor de operación sea superior al equivalente de 40 UMA anual, les será aplicable el beneficio a que se refiere el párrafo anterior, sólo hasta la cantidad exenta y calcularán el impuesto a su cargo disminuyendo a la base del impuesto la cantidad sujeta a exención. El monto de la operación gravable, se ajustará tomando en consideración la exención prevista para este impuesto en el párrafo cuarto de este artículo. Esta exención será aplicable a todos los sujetos obligados al pago del presente impuesto. A la base del impuesto determinada de conformidad con el párrafo tercero de este artículo, se le aplicará la tasa del 1.5 %. Los sujetos acreedores al pago del presente impuesto, estarán obligados a enterarlo al momento en que se formalice la operación y deberán cubrirlo en cualquiera de las oficinas autorizadas por la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado. Se consideran obligados solidarios en el cumplimiento del pago del presente impuesto: - El Notario Público que formalice la operación. - El Corredor, en su caso. - El tercero que participe como parte en la celebración de cualquiera de las operaciones descritas como objeto del impuesto. - En su caso, los comisionistas y constructores que intervengan en la operación. Cuando sean varias las operaciones sujetas al presente impuesto, éste se causará sobre el valor de cada uno de ellos". En la especie, el objeto del impuesto en mención, es la adquisición de títulos públicos o privados respecto de las operaciones que realicen las personas físicas y morales mediante los cuales se adquieran, transmitan, modifiquen o extingan el dominio o la posesión de bienes inmuebles. Los sujetos obligados al pago del Impuesto para la Modernización de los Registros Públicos son las personas físicas y morales que realicen las operaciones citadas. La base gravable de este impuesto la constituye el monto total de la operación, considerándose como tal, la cantidad más alta que resulte de entre el pactado por las partes, el valor catastral vigente al momento de realizar el pago del impuesto, del avalúo bancario o del practicado por la Secretaría de Finanzas y de Administración. A la base del impuesto determinada de conformidad con el párrafo tercero de este artículo, se le aplicará la tasa del 1.5 %. De lo expuesto se advierte que dicho numeral grava la adquisición, transmisión, modificación o extinción del dominio o la posesión de bienes inmuebles, y lo recaudado se destina para la Modernización del Registro Público de la Propiedad, dependencia que pertenece al Gobierno del Estado de Durango. Sobre dicho contexto, se obtiene que la Ley de Hacienda del Estado de Durango, al establecer el Impuesto para la Modernización de los Registros Públicos, en el artículo 44 bis, tiene el mismo objeto que el diverso Impuesto Sobre la Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, previsto específicamente en los artículos 73 y 76 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Durango, por lo cual, los preceptos impugnados violan el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, Constitucional, pues no existe congruencia entre el mecanismo impositivo que prevén y la capacidad contributiva de dichos sujetos pasivos. Lo anterior es así, debido a que con relación al primero de los impuestos referidos, éste prevé lo siguiente: base, tasa, sujeto y objeto; por otra parte, con relación al segundo, éste prevé como elementos: base, tasa, sujeto y objeto. Por tanto, basta un análisis comparativo de los numerales antes referidos, para observar, sin género de duda alguna, la falta de congruencia entre ambos impuestos, los cuales gravan el mismo impuesto, lo cual genera un estado de incertidumbre jurídica para el gobernado que esté en el supuesto normativo, pues dos impuestos diversos gravan el mismo objeto, el cual como ya se anticipó, es gravar las operaciones en donde se adquieran, transmiten, modifiquen o extingan el dominio o la posesión de bienes inmuebles. Al respecto se invoca, en lo conducente la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 158, publicada en la página 75, Tomo VI, Primera Parte, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "CONTRIBUCIONES, OBJETO DE LAS. EL LEGISLADOR TIENE LIBERTAD PARA FIJARLO, SIEMPRE QUE RESPETE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN". Así como la tesis P. XXXV/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Novena Época, página 243, de rubro siguiente: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. PARA QUE UN TRIBUTO RESPETE ESTE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL SE REQUIERE QUE EXISTA CONGRUENCIA ENTRE EL GRAVAMEN Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS SUJETOS, QUE ÉSTA ENCUENTRE RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO GRAVADO Y QUE EL HECHO IMPONIBLE Y LA BASE GRAVABLE SE RELACIONEN ESTRECHAMENTE". Por lo anterior, es inconcuso que debe concederse el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para los efectos que enseguida se precisarán. Cabe aclarar que con independencia de que en este juicio se hubiere sobreseído en el juicio respecto de la autoridad responsable Tesorero Municipal del Republicano Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, esta determinación obliga a todas las autoridades involucradas en su observancia, entre ellas a la autoridad antes citada; y por tanto, a realizar los trámites necesarios para darle cabal cumplimiento. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 57/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, mayo de 2007, página 144, de rubro siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO". OCTAVO. Efectos del fallo protector Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Jorge Luis Hernández González y José Hernández González, para los efectos siguientes: i. Las autoridades no apliquen en lo presente ni en lo futuro a la parte quejosa los artículos 73, párrafo primero y 76 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Durango, cuya inconstitucionalidad se ha declarado en el presente juicio de amparo. ii. Desincorporen de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos 73, primer párrafo y 76 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Durango, dada su inconstitucionalidad. iii. Con relación a los actos concretos de aplicación de los artículos 73, primer párrafo y 76 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Durango, se le restituya las cantidades pagadas con motivo del Impuesto Sobre la Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, el cual se realizó el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, conforme a los recibos oficiales A 41485 y A 141484, expedidos por la Tesorería Municipal de Gómez Palacio, Durango. En el entendido que las cantidades antes descritas deberán devolverse debidamente actualizadas, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 13/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, febrero de 2008, de rubro siguiente: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL)". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Jorge Luis Hernández González y José Hernández González, en términos de lo expuesto en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jorge Luis Hernández González y José Hernández González, contra los diversos actos y las distintas autoridades responsables, precisadas en el considerando cuarto, para los efectos especificados en el último apartado de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno.
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; catorce de agosto de dos mil veintitrés. Escrito. Se recibe el escrito presentado vía electrónica por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual señala nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Acuerdo. En atención a lo solicitado, este órgano jurisdiccional, se reserva acordar lo conducente, lo anterior en razón de que el presente juicio de amparo, se encuentra pendiente de dictar la sentencia correspondiente; por tanto, una vez que sea dictada la sentencia correspondiente acuérdese lo relativo. Notifíquese.
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las nueve horas con cuarenta minutos del diez de julio de dos mil veintitrés, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, la licenciada Ma Elena Samaniego Carnero, Secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, encargada del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada mediante oficio CCJ/ST/1960/2023, por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, quien actúa en unión del licenciado Jerson Roberto Jara Flores, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación de la agente del Ministerio Público del Federación adscrita, asimismo, con el pedimento ministerial presentado por el representante social y escrito signado por el autorizado de la parte quejosa mediante los cuales ofrece pruebas documentales. La Secretaria Encargada del Despacho acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. La Secretaria Encargada del Despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas documentales de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. La Secretaria Encargada del Despacho acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual, lo conducente, ahora, es dictar el fallo relativo.
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