Jorge Luis Hernández Gómez

Expediente 1155/2015 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1155/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
25/02/2016

Partes del expediente

  • Jorge Luis Hernández Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Visto el oficio 1931/2016, de la Jueza Primero del Ramo Penal de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, con el que acompaña auto de sobreseimiento de veinticuatro de los corrientes. Ahora bien, toda vez que este tribunal declaró su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Jorge Luis Hernández Gómez; y por auto de veintitrés de diciembre pasado, se ordenó remitir el oficio 2815/2015, de la Jueza Segundo Civil y Familiar de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, cuaderno de amparo directo, donde obra demanda original, promovida por Jorge Luis Hernández Gómez, auto de dieciocho de agosto de dos mil quince, copia de la citada demanda, auto de quince de septiembre pasado y constancia de emplazamiento; tres copias de la demanda con anexo, escrito de presentación, cuaderno de suspensión por duplicado, donde obra demanda de garantías, auto de quince de septiembre de dos mil quince; escrito en tres fojas con copia, oficio 2816 de la jueza responsable, los autos del expediente 1525/2012, así como copia autorizada de la resolución de veinticuatro de noviembre del año pasado, al juez de distrito en turno; tocándole conocer por razón de turno, al Juez Cuarto de Distrito en el Estado; en obvio de mayores dilaciones, remítanse el oficio 1931/2016, de la Jueza Primero del Ramo Penal de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, con el que acompaña auto de sobreseimiento de veinticuatro de los corrientes, previa copia certificada que del mismo se obtenga, para los efectos legales procedentes en el juicio de amparo indirecto 1586/2015-I de su índice. Devuélvase el presente expediente al archivo.

  2. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  3. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE PASADO, EN CONSECUENCIA; SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. AHORA BIEN, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR RESOLUCIÓN DICTADA POR ESTE ORGANO COLEGIADO, REMITASE POR INCOMPETENCIA AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCION DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITANDOLE EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE.

  4. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO 3603 Y ANEXO SIGNADO POR EL JUEZ TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, MEDIANTE EL CUAL DEVUELVE REQUISITORIA 57/2015 SIN DILIGENCIAR. AHORA BIEN, DE LA RAZON ACTUARIAL ASENTADA POR LA NOTIFICADORA ADSCRITA AL JUZGADO CITADO, SE ADVIERTE QUE LE FUE IMPOSIBLE LOCALIZAR EL DOMICILIO DEL QUEJOSOS POR LAS RAZONES QUE EXPONE, EN TALES CONDICIONES, Y TODA VEZ QUE EL ACCIONANTE DE AMPARO SEÑALO LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL HAGASELE POR LISTA LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEIDO DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, EL CUAL ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: ...Pachuca de Soto, Hidalgo, veinticuatro de noviembre de dos mil quince. Visto el oficio 2815/2015, de la Jueza Segundo Civil y Familiar de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 7104/2015, con el que remite cuaderno de amparo directo, donde obra demanda original, promovida por Jorge Luis Hernández Gómez, auto de dieciocho de agosto del año en curso, copia de la citada demanda, auto de quince de septiembre pasado y constancia de emplazamiento; tres copias de la demanda con anexo, escrito de presentación, cuaderno de suspensión por duplicado, donde obra demanda de garantías y auto de quince de septiembre del presente año; escrito en tres fojas con copia, oficio 2816 de la jueza responsable, y los autos del expediente 1525/2012; en consecuencia, regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima carecer de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que el solicitante del amparo Jorge Luis Hernández Gómez, señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- A) AUTORIDAD ORDENADORA Y EJECUTORA.- Lo es la Jueza Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, con domicilio bien conocido en la calle que hacen las esquinas de Pleasenton y Ricardo Garibay en l colonia Nuevo Tulancingo de la ciudad de Tulancingo, Hidalgo.__ IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De la Jueza Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, reclamo la ilegal y violatoria sentencia incidental dictada dentro del incidente de liquidación de pensiones alimenticias y que obra en autos del expediente número 1525/2012, dada en fecha dieciocho de agosto del año 2015, reclamando desde luego el cumplimiento de dicha sentencia y sus consecuencias legales consistentes entre otras la ejecución de la resolución de la sentencia mencionada y todos los actos procesales tendientes a la privación que pretenden hacer en mi contra de mis bienes TODA VEZ QUE DICHA RESOLUCIÓNNO ADMITE RECURSO ALGUNO POR EL QUE PUDIERE SER MODIFICADA O REVOCADA". Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo vigente, se advierte que Patricia Rodríguez García, por sí, y en representación de su menor hija, demandó en la vía escrita familiar a Jorge Luis Hernández Gómez, diversas prestaciones, radicándose con el número 1525/2012, del índice de la Jueza Segundo Civil y Familiar de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; seguido el juicio por sus diversas etapas procesales, el juez de origen el dieciocho de agosto de dos mil quince, dictó sentencia interlocutoria respecto al incidente de liquidación de pensiones alimenticias, planteado por la parte actora, en la que se aprobó parcialmente. Inconforme con dicha resolución, Jorge Luis Hernández Gómez, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Así las cosas, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 de la ley de la materia, dispone: ". El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.". En ese orden de ideas, se deduce que la resolución de dieciocho de agosto de dos mil quince, dictada por la Jueza Segundo Civil y Familiar de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en los autos del expediente 1225/2015, no puede ser considerada como sentencia definitiva para la procedencia del juicio de amparo directo, ya que no decidió el juicio en lo principal, y menos aún lo dio por concluido, tal y como se aprecia de la lectura de los documentos remitidos por la autoridad responsable. De ahí que si el acto reclamado no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria vigente de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Tomando en consideración que el quejoso señaló los estrados para oír y recibir notificaciones, con el objeto de no dejarlo en estado de indefensión, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme el 2° de la Ley de Amparo, líbrese atenta requisitoria al Juez Civil en Turno de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a fin de que se sirva notificar el presente proveído al quejoso Jorge Luis Hernández Gómez; en el domicilio ubicado en el número doce, de la Unidad Residencial de San Antonio, código postal 55036. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de treinta de marzo de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de la misma anualidad y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, última reforma publicada el doce de diciembre de dos mil siete, derogó en términos de su artículo cuarto transitorio, los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; así como con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de veintinueve de enero de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero del mismo año, y cuya última reforma fue publicada el ocho de mayo de dos mil quince, en concordancia con lo preceptuado en el artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º, 3º, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; por último, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.

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