Jorge Luis Hernández del Ángel
Expediente 437/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 437/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Jorge Luis Hernández del Ángel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para recurrir el proveído mediante la cual se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de derechos fundamentales, sin que la parte interesada lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso a) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio presentado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, al que anexa el diverso suscrito por la Directora de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, por corresponder al presente juicio. Respecto a su contenido, no se hace mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en doce de abril de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo.
- Principal
Agréguese únicamente a los autos, el informe justificado presentado por la Directora de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, sin hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en doce de abril de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a doce de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado presentado por el Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la responsable las copias certificadas del expediente 985/2022 que anexa, misma que se tiene por ofrecida y exhibida, ordenando glosar al juicio en que se actúa respetando el folio y entre sello original que le corresponde. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA En esas condiciones, se considera que en el presente juicio de amparo se actualiza una causa de sobreseimiento que no puede ser desvirtuada con ningún medio de prueba, en términos de lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que permite decretarlo fuera de audiencia en el presente asunto. Apoya lo anterior por analogía, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis número 26/2002-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En efecto, se actualiza la causa de sobreseimiento anunciada con antelación, prevista en el artículo 61, fracción, fracción XXIII, en relación con el diverso normativo legal 107, fracción V de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En efecto, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en la dilación procesal que concluye en la omisión del juez responsable de dictar las medidas necesarias para lograr de manera efectiva la ejecución del auto de exequendo de ocho de noviembre de dos mil veintidós, dentro del expediente número 985/2022. Es decir, que lo que en realidad se reclama es el auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, emitido en el juicio 985/2022, por el que se ordena el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a la parte demandada. Precisado lo anterior, se estima que en el caso, se actualiza de modo manifiesto, la causa de improcedencia señalada con antelación, dado que el acto reclamado no afecta los derechos subjetivos públicos del justiciable. Lo anterior es así, debido a que del contenido de dichos preceptos se desprende que el juicio de amparo es procedente contra actos dentro de un juicio, que sean de imposible reparación, lo que se entenderá como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos derivados de la Constitución Federal y en los tratados internacionales que el Estado es parte. Por lo que, en sentido contrario, carece de legitimación quien promueva el juicio de amparo contra actos que no le produzcan una afectación de esa naturaleza. Así, cuando una persona se duele exclusivamente de una violación cometida dentro de un procedimiento judicial, los actos reclamados de esa naturaleza no pueden ser considerados como de ejecución "irreparable", sino más bien como violaciones de carácter adjetivo, ya que no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que sucede justamente dentro del mismo. Ahora, aun cuando uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación realizada a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 constitucional; no obstante ello, tal afectación no sucede en forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la parte quejosa es parte; de ahí que, el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Común, deducido de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2011580, y de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Dicho lo anterior, tampoco se advierte se actualice el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; esto es, que respecto del acto reclamado en la demanda, se advierta la existencia de una abierta dilación del procedimiento o evidente paralización total, debido a que de las constancias remitidas por el Juez responsable se colige lo siguiente: a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintidós, el Juez responsable dictó auto mediante el cual ordenó el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento dentro de los autos del expediente número 985/2022. b) El once de enero de dos mil veintitrés, el Juez autorizó como medio de apremio el auxilio de la fuerza pública y ruptura de chapas y cerraduras en caso de ser necesario; asimismo, giró oficio al Secretario de Seguridad Pública del Estado a fin de que comisionara elementos a su cargo a fin de auxiliar al Actuario en la práctica de la citada diligencia. c) En acuerdo de quince de febrero de dos mil veintitrés, agregó a los autos el oficio signado por el Comisario Jefe de la Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo. d) El siete de marzo de dos mil veintitrés, dicho juzgador a petición del hoy quejoso ordenó girar de nueva cuenta oficio al Secretario de Seguridad del Estado de Hidalgo, a fin de que comisionara elementos a su cargo para que proporcionaran auxilio al Actuario en la práctica de la diligencia ordenada en auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, precisando que no era necesario apercibir, al no obrar la negativa injustificada para brindar el auxilio en cuestión. Lo anterior pone de manifiesto que en la especie, no existe una abierta dilación por parte de la responsable, dado que de la última actuación a la fecha de presentación de la demanda tan solo han transcurrido ocho días hábiles, sin que se advierta inactividad o desinterés por parte del Juez responsable ante las gestiones que solicita el actor, para llevar a cabo el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. También es de señalar que de la demanda de amparo, no se desprende que la parte actora, aquí quejosa haya instado algún medio de defensa respecto de la última actuación del Juez responsable, en la que si bien nuevamente ordenó girar oficio al Secretario de Seguridad del Estado de Hidalgo, a fin de que comisionara elementos a su cargo para que proporcionaran auxilio al Actuario en la práctica de la diligencia ordenada en auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós; sin embargo, se negó a formular apercibimiento alguno, al no obrar la negativa injustificada para brindar el auxilio en cuestión, aspecto este último, que tampoco puede ser atribuible a la autoridad jurisdiccional señalada como responsable Apoya a lo anterior el criterio jurisprudencial III.3o.T. J/3 (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, registro digital 2013301, de rubro y texto: "DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de mayo de 2016 a las 10:06 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, página 1086, con el título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", estableció que tratándose del reclamo de dilaciones procesales dentro del juicio, por regla general, el juicio de amparo es improcedente por no ser actos de "imposible reparación", entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; sin embargo, precisó una excepción a dicha regla, que se actualiza cuando el Juez de amparo advierte del contenido de la demanda que existe una "abierta dilación del procedimiento" o su "paralización total", pues en ese caso el amparo será procedente. Ahora bien, esos conceptos "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, causa de motivación prevista en el artículo 17 constitucional, lo que implica tomar en cuenta, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) La complejidad del asunto, ya sea técnica, jurídica o material; b) La actividad procesal del interesado, esto es, los actos que el solicitante haya desplegado para darle seguimiento, si con ello dificulta, obstaculiza o impide su pronta respuesta; c) La conducta de las autoridades jurisdiccionales, es decir, los actos que la propia autoridad llevó a cabo para agilizar la pronta respuesta a su petición, así como sus cargas de trabajo; d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso; y, e) El análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. De ahí, que para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, debe atenderse al caso particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a los derechos dentro del proceso, contenidos tanto en los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, como en el numeral 17 de la Carta Magna. Así, a partir de la ponderación de esos elementos debe analizarse si en cada caso existe o no el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia en cita, pues sólo por excepción procede desechar una demanda de amparo, de suerte que si de su análisis permite considerar que existe una dilación procesal importante o inactividad procesal, aquélla debe admitirse." Atento a las consideraciones expuestas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente debido a que los actos reclamados no se consideran como de ejecución "irreparable", sino más bien como violaciones de carácter adjetivo, pues como ya se estableció, no existe una abierta dilación del procedimiento o evidente paralización total del expediente 985/2022 origen del acto reclamado. En tales condiciones, al actualizarse las causas de sobreseimiento antes citadas, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo. Al respecto, es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se oponen con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las doce horas del dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dado el sentido del presente proveído Notifíquese.
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