Jorge Luis Guzmán García

Expediente 659/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
659/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
17/08/2023

Partes del expediente

  • Jorge Luis Guzmán García
  • Tribunal Unitario Agrario Distrito 27-A Sede Alterna Culiacán, Sinaloa

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual hace del conocimiento que se admitió el recurso de queja interpuesto por ********************, autorizada legal del quejoso ********************, contra el auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, el cual radicó bajo el recurso de queja 291/2023.

  2. Principal

    Téngase por recibido el escrito signado por ******, en su carácter de autorizado de ****, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de veintidós de junio del presente año, y expone los agravios que en su concepto le causa a su representado dicha determinación. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 99 y 100 de la Ley de Amparo, intégrese a estos autos una de las copias y distribúyanse las restantes a las partes. Ahora bien, con fundamento en el artículo 101 de la norma invocada, ríndase el informe con justificación a la superioridad, comunicándole que es cierto el acto combatido, toda vez que por auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, causó estado el desechamiento decretado en auto de nueve de junio del presente año, el cual fue notificado vía electrónica el doce de junio de dos mil veintitrés; por tanto, una vez integrado el presente expediente deberá remitirse al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, en turno, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, para la sustanciación del recurso interpuesto. Fórmese cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto pronunciado el nueve de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado, en consecuencia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Como se advierte de la certificación de cuenta, en este asunto no existen documentos originales exhibidos por las partes; asimismo, que el expediente electrónico y el físico coinciden en su totalidad. Se determina que el presente asunto no tiene relevancia documental, ni valor jurídico, por lo que, es susceptible de destrucción.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27-A Sede Alterna Culiacán, Sinaloa. I. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 659/2023, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; así como 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107 fracción V, 108, 115, 117 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda. III. Tramitación del juicio de amparo mediante el esquema de "juicio en línea". Se exhorta a las partes para que transiten y den seguimiento al presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IV. Solicitud de acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo y notificaciones vía electrónica. Se autoriza a ******, la consulta del expediente electrónico del presente juicio de amparo bajo el usuario "***"; lo anterior, una vez que el secretario actuante Isrrael González Cázarez, lleve a cabo los trámites para acceder al portal de SISE dentro de la intranet del Consejo de la Judicatura Federal, para agregar al usuario que registró en el sistema respectivo, previa verificación y cotejo de coincidencia del solicitante y usuario de mérito. Como lo peticiona la parte quejosa, practíquense las notificaciones vía electrónica, de conformidad con el numeral 26, fracción IV, de la ley de la materia. Asimismo, se autoriza el empleo de lector óptico y/o fotográfico y/o scanner, a fin de que se fotocopien los acuerdos y resoluciones del presente juicio de amparo, ello de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. V. Domicilio y autorizados. Como lo solicitó la parte quejosa, téngase como autorizados a José Loreto Vázque Martínez y Gabriela Yesmi Villa Parra, en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por tener acreditar estar facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. No pasa inadvertido que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; sin embargo, en su escrito de demanda solicitó expresamente que las mismas le sean realizadas vía electrónica, por lo tanto, como ya se acordó en párrafos anteriores, las notificaciones se le harán por ese medio. En cuanto al correo electrónico que proporciona para oír y recibir notificaciones, no ha lugar acordar favorable su petición, en razón de que, conforme a la ley de la materia, no es un medio válido para llevar a cabo tal acto procesal, sin embargo, será considerado como herramienta de contacto para la atención del justiciable, en caso de resultar necesario. VI. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, este juzgado de distrito advierte de oficio que se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la resolución reclamada no es de imposible reparación, habida cuenta que no incide en los derechos sustantivos del quejoso, sino en los de carácter adjetivo. Como punto de partida, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus numerales 103 y 107, fracción III, inciso b), señala que el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. De manera textual, establecen lo siguiente: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; ...". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Así, la ley reglamentaria de los preceptos transcritos -la Ley de Amparo- a través de una interpretación auténtica, define las características de los "actos de imposible reparación", a saber: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; ...". Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido la oportunidad de pronunciarse en múltiples ocasiones respecto a lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación". Pudiendo resumirse en dos características definitorias, a saber: Que produzcan una afectación material a los derechos del quejoso, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, Que esos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es necesaria -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior, lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias P./J. 1/2016 (10a.) y P./J. 37/2014 (10a.), de rubros: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO" y "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", respectivamente. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso Jorge Luis Guzmán García reclama: Del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27-A Sede Alterna Culiacán, Sinaloa: El proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, emitido en el juicio agrario 512/2022, en el que se tuvo al quejoso por perdido su derecho para contestar la demanda. En ese contexto, es claro que la determinación de la autoridad responsable no genera una afectación de imposible reparación a los derechos fundamentales del quejoso, pues versa sobre un derecho meramente adjetivo o procesal, ya que sus efectos se traducen en que el quejoso no esté en aptitud de contestar la demanda agraria interpuesta en su contra; sin embargo, pese a ello, es factible que la parte justiciable obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses. En esa medida, si la sentencia que en todo caso se dicte en el controvertido natural le resulta favorable, la afectación que pudiera resentir la parte quejosa con la determinación de la autoridad responsable desaparecería por completo, pues quedaría enteramente satisfecha su pretensión fundamental; lo que demuestra que dicha afectación provisional no trasciende a sus derechos fundamentales, en tanto que de darse ese supuesto no quedaría huella alguna en la esfera jurídica de la parte interesada. De lo contrario, esto es, si la sentencia fuese adversa a sus intereses, podría impugnar la violación de que ahora se duele mediante el juicio de amparo directo y hacer valer tal cuestión como una violación procesal, que sería la vía correcta para su impugnación, en términos de lo previsto en los artículos 171 y 172, fracción IV, de la Ley de Amparo. La anterior consideración, encuentra sustento en la ejecutoria emitida en la contradicción de tesis 188/2021 del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada entre los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Primero del Décimo Quinto Circuito, derivado de las resoluciones emitidas en los amparos directos 236/2018 y 366/1955, respectivamente, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 4/2022 (11a.), de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA EN EL JUICIO AGRARIO. LA CAUSA QUE JUSTIFIQUE FEHACIENTEMENTE LA INASISTENCIA DEL DEMANDADO A AQUÉLLA POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, PUEDE DEMOSTRARSE, POR REGLA GENERAL, ANTES Y DURANTE EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA Y, DE MANERA EXCEPCIONAL, INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CONCLUIDA ÉSTA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron el mismo supuesto jurídico previsto en la fracción V del artículo 185 de la Ley Agraria, en relación con el momento en que la parte demandada que no comparece a la audiencia de ley por caso fortuito o fuerza mayor puede justificar dicha circunstancia, esto es, si debe demostrarse durante el desarrollo de la audiencia de ley o fuera de ésta, y mientras uno manifestó que la justificación de la parte demandada que no compareció a la audiencia por caso fortuito o fuerza mayor debió hacerse en la audiencia de ley, el otro consideró que la Ley Agraria no establece un término preciso en el cual se deba justificar la falta de comparecencia del demandado a la audiencia por estos motivos, por lo que, de conformidad con el artículo 128, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, puede ser en cualquier estado del juicio. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando el demandado haya sido debidamente emplazado a la audiencia de ley, por regla general, debe comprobar previamente de manera fehaciente que no podrá comparecer a dicha audiencia por caso fortuito o fuerza mayor, o bien deberá hacerlo durante el desarrollo de la audiencia y, excepcionalmente, de manera posterior a ésta, si la circunstancia extraordinaria se suscitó el mismo día de la audiencia, siempre que el demandado lo informe de manera inmediata (esto es, dentro de las 72 horas siguientes) personalmente o por interpósita persona. Justificación: En el primer supuesto, es decir, tratándose de casos fortuitos o de fuerza mayor que acontezcan previo a la celebración de la audiencia pero que habrán de impedir que el demandado comparezca, el aviso y la demostración correspondientes podrán ocurrir durante el plazo que media entre la práctica del emplazamiento y el día hábil previo a su celebración, pues no hay impedimento legal alguno para que, en caso de que se presentase un evento de tal naturaleza, el órgano jurisdiccional pueda recibir de manera previa dicho aviso y dé cuenta con este evento a la parte actora. En el segundo supuesto, la inasistencia del demandado puede demostrarse desde que inicia y hasta que concluya la audiencia, pues es el momento procesal idóneo en el que puede justificar su inasistencia ante una eventualidad, pues es en ese acto en donde las partes manifiestan ante el tribunal sus acciones y excepciones y, por tanto, donde se podría dar un aviso de la incomparecencia. Finalmente, el tercer escenario, de orden excepcional, es aquel en el cual el demandado podrá justificar su incomparecencia después de concluida la audiencia de ley, cuando la imposibilidad de comparecer se haya suscitado el día en que tuvo verificativo ese acto procesal, siempre que dé aviso de manera inmediata al tribunal (dentro de las siguientes 72 horas). Tal conclusión no supone una lesión al principio de celeridad procesal, en tanto que debe evitarse la afectación a otros principios que se estiman de mayor entidad, como el de equilibrio procesal, pues deben considerarse las notables consecuencias que se acarrean por la referida ausencia y que, en general, habrán de decidir por completo el curso del proceso agrario; asimismo, a través de este supuesto se reconoce la innegable posibilidad de que ocurran tales eventos fortuitos o provocados por una fuerza mayor. Así, ante la problemática asociada a la interpretación del artículo 185, fracción V, de la Ley Agraria, que coloca frente a frente el derecho de defensa de la parte demandada con la posibilidad de atentar contra la celeridad del proceso y el derecho a que la impartición de justicia se despliegue de forma pronta y expedita, esta Segunda Sala determina que el escenario descrito es aquel que implica la menor de las lesiones posibles y que coloca en menor riesgo de anular por completo alguna de las prerrogativas involucradas." De la ejecutoria en comento se advierte que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, como se dijo, es materia de estudio del juicio de amparo directo que interponga la parte quejosa en el caso de que no obtenga una sentencia favorable a sus intereses. VII. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VIII. Transparencia y acceso a la información. En términos de los artículos 8, 73, 113, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 5, 6, 7, 8 y 9, del Título Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales, salvo su nombre en los términos y casos a que se refieren los preceptos antes invocados. IX. Digitalización de actuaciones e integración del expediente electrónico. Se comisiona al Secretario actuante, a los oficiales administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, para efectos de supervisar y/o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, y la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Capítulo Cuarto, Sección Primera del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión, así como los sistemas electrónicos necesarios para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese vía electrónica.

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