Jorge Luis González Trinidad

Expediente 523/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
523/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
03/05/2022

Partes del expediente

  • Jorge Luis González Trinidad
  • Roberto González Ovando

Actuaciones

  1. Principal

    II. COMO SE TUVO POR DESECHADA LA DEMANDA DE AMPARO EN ESTE ASUNTO, EL AUTO CAUSÓ ESTADO EN ESTA PROPIA FECHA; LUEGO, SE ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO. INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS.. TODA VEZ QUE EN EL PRESENTE EXPEDIENTE EXISTE DOCUMENTO SUSCEPTIBLE DE DEVOLUCIÓN QUE OFRECIÓ LA PARTE QUEJOSA. REQUIÉRASELE PARA QUE COMPAREZCA AL RECINTO QUE OCUPA ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, A EFECTO DE RECOGERLO, DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO; CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO ASÍ, DICHO DOCUMENTO SEGUIRÁ LA MISMA SUERTE QUE ESTE EXPEDIENTE, ESTO ES, SU DESTRUCCIÓN. PARA LO CUAL DEBERÁ GENERAR SU CÓDIGO QR, PARA EL EFECTO DE COMPARECER A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL

  2. Principal

    II.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS; ASÍ COMO, POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN DE FECHA QUE SE SEÑALA EN EL RUBRO "TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS", QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Vista la certificación de cuenta, en la que se hace constar que la parte a quien pudiera causarle perjuicio, no interpuso el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo en este asunto; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por tanto, como se desechó la demanda de amparo en este asunto, el auto causó estado en esta propia fecha; luego, se ordena su archivo definitivo. En esa tesitura, con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; consérvese el presente expediente en el archivo de este juzgado, durante un lapso de tres años, concluido el cual deberá ser transferido a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, para los efectos del numeral 10 del citado acuerdo general. En la inteligencia de que: El presente expediente no se considera como de relevancia documental, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 15 del propio acuerdo general. Como en el caso, se desechó la demanda de amparo; entonces, el expediente es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo. Documento susceptible de devolución Finalmente, toda vez que en autos obra un documento exhibido por la parte quejosa con su demanda, susceptible de devolución; en términos del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, dése vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlo, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo correrá la misma suerte que el expediente en que se actúa. En el entendido que deberá dejarse en su lugar la certificación correspondiente. Asimismo, quien comparezca para recogerlo tendrá que identificarse con documento oficial vigente1 y deberá exhibir copia simple de los mismos a fin de que sean glosadas para debida constancia legal. Para lo cual deberá generar su código QR, para el efecto de comparecer a este órgano jurisdiccional con el fin de realizar la entrega correspondiente, lo anterior de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.

  3. Principal

    II.- DESECHAMIENTO

  4. Principal

    II .- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS; ASÍ COMO, POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN DE FECHA QUE SE SEÑALA EN EL RUBRO "DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VIENTIDÓS", QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Roberto González Ovando, contra actos del Juez Primero Familiar del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco; regístrese en el libro de gobierno con el índice 523/2022-II, fórmese expediente y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) Análisis de la demanda Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho fundamental a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Precisión del acto reclamado Al analizar la demanda de derechos fundamentales promovida por la parte quejosa, así como del anexo que la acompaña, en términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se aprecia que destaca como acto reclamado: - La determinación de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, emitida en el juicio sucesorio intestamentario 490/2013, del índice del Juzgado Primero Familiar del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, mediante el cual se concedió a la albacea María González Ovando, prórroga para exhibir el inventario de los bienes que conforman la masa hereditaria. En relación con el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 éste último, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado no irroga un agravio personal y directo a la parte quejosa. Al respecto, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, dado que no es un acto de imposible reparación. BRANDON ARELLANO CARMONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d1.8e 01/10/22 09:04:47 3 Amparo indirecto 523/2022 II En ese orden de ideas, los artículos en comentario establecen lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Para evidenciar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, conviene primeramente explicar lo que debe entenderse por un acto de imposible reparación. Así, cabe puntualizar que la Ley de Amparo que estuvo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en su artículo 114, fracción IV, señalaba que el amparo indirecto era procedente contra actos en el juicio que tuvieran sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; ello, sin especificar lo que debería entenderse por actos cuya ejecución fueran de imposible reparación. Ante tal imprecisión de la ley de la materia, fue necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableciera, a través de tesis y jurisprudencias, cuáles eran los actos que de conformidad con la legislación vigente en ese momento deberían considerarse de imposible reparación; señalando al efecto, en un primer momento, que debían entenderse como de ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectaran de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no los casos en que sólo se afectaran derechos adjetivos o procesales, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. Lo expuesto se corrobora con el contenido de la jurisprudencia 613, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto, página 678, Octava Época, registro 1002679, de rubro y texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Asimismo, con la jurisprudencia 607, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto, página 673, Octava Época, registro 1002673, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Sin embargo, posteriormente, sobre el tema que nos ocupa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que originó la tesis P. CXXXIV/96, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, registro 200009, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA")"; determinó interrumpir parcialmente la jurisprudencia publicada bajo el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA", a efecto de establecer que, excepcionalmente, cuando se alegaran violaciones que transgredieran derechos formales o adjetivos, habría una ejecución de imposible reparación, solamente cuando sus consecuencias afectaran a las partes en juicio en grado predominante o superior. Es decir, se estimaba que, por excepción, una violación formal o procesal producía una afectación exorbitante a las partes durante el juicio, que la identificaba como de imposible reparación, cuando concurrían circunstancias de gran trascendencia, que significaban una situación especial dentro del procedimiento, y de cuya decisión dependía la suerte de todo el juicio del orden común, bien para asegurar su desarrollo con respeto a los derechos procesales esenciales del quejoso, o bien porque conllevaba la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso o innecesario del juicio. Todo lo anterior, de conformidad con lo establecido en la legislación de amparo vigente en el momento de la emisión del relatado criterio. Destacado el panorama que permeó durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, ahora debe decirse que las razones señaladas en los numerales relacionados con antelación, han quedado superadas a partir del tres de abril de dos mil trece, por los motivos siguientes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 107, fracción III, inciso b), señala que el amparo procederá contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. Por su parte, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece en su artículo 107, fracción V, que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Como puede verse, la ley de la materia en vigor, si bien aún señala que el amparo procede contra actos cuya ejecución es de imposible reparación; a diferencia de la ley abrogada, ahora sí distingue entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, pues expresamente dispone que un acto de imposible reparación es aquel que afecta materialmente derechos sustantivos consagrados en la Ley Suprema y los tratados internacionales en que el Estado mexicano es parte. En ese sentido, se concluye que, actualmente, por disposición expresa de la legislación vigente aplicable, en la hipótesis comentada, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio solamente cuando afectan derechos sustantivos. Ordenamiento conforme al cual se rige el juicio que nos ocupa, dado que el acto reclamado consistente en el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, en el cual se tuvo a María González Ovando, en su carácter de albacea, haciendo diversas manifestaciones dentro de los autos del juicio sucesorio intestamentario 490/2013, del índice del Juzgado Primero Familiar del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, y se le concedió una prórroga de noventa días, para efecto de que exhiba el inventario correspondiente a los bienes que conforman la masa hereditaria. De ahí que se considere que, las razones que conforme a la legislación de amparo abrogada, fueron expuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para justificar la procedencia del amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Amparo en vigor, actualmente han quedado superadas, al establecerse expresamente en el artículo 107, fracción V, de la nueva ley reglamentaria de la materia, que el amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Directriz legislativa que coincide con el primero de los criterios sostenidos por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, al emitir en su momento la jurisprudencia citada en párrafos precedentes, de rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS". Siendo que, bajo los nuevos parámetros del legislador secundario, en lo que al tema corresponde, debe estimarse que la resolución reclamada no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte, sino que sólo afectan derechos procesales o adjetivos; de ahí que no es posible sostener que en su contra proceda el amparo indirecto, al menos hasta este estadio procesal, como se evidenciará con posterioridad. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, no pueden seguir siendo aplicables los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, debido a que tales criterios se generaron al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual, a la fecha, ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dichos criterios para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor; pues hacer extensivo el concepto de actos de imposible reparación o de ejecución irreparable a violaciones procesales o adjetivas, que no afecten en forma directa derechos sustantivos, resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza material de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva. Sobre tales premisas, conviene reproducir que el acto reclamado consistente en la determinación de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, emitida en el juicio sucesorio intestamentario 490/2013, del índice del Juzgado Primero Familiar del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, mediante el cual se concedió a la albacea María González Ovando, prórroga para exhibir el inventario de los bienes que conforman la masa hereditaria, resulta improcedente. Ello, ya que el acto reclamado se limita en el acuerdo en el que María González Ovando, en su carácter de albacea, hizo diversas manifestaciones dentro de los autos del juicio sucesorio intestamentario 490/2013, del índice del Juzgado Primero Familiar del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, y se le concedió una prórroga de noventa días, esto es, para efecto de que exhiba el inventario correspondiente a los bienes que conforman la masa hereditaria. Se considera así, pues de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como en el caso acontece, pues el impugnado en esta vía no es un acto que lleve en sí mismo una ejecución de imposible reparación, toda vez que no causa algún daño jurídico director que no sea reparable, que producto afectación material e inmediata en los derechos sustantivos de la quejosa protegidos por las garantías constitucionales y cualquier afectación que pudiera resentir. Lo anterior, puesto que como se dijo, el acto reclamado por la parte quejosa del amparo no es de aquellos que afectan materialmente algunos derechos fundamentales o sustantivos del gobernado tutelados por la Constitución General de la República, sino que se trata de una violación de carácter intraprocesal que no causa un perjuicio de imposible reparación, y, de ser así, esta transgresión podrá ser motivo de impugnación en el juicio de amparo directo que se promueva en contra. Tampoco representa un obstáculo para su conclusión tal determinación, habida cuenta que en modo alguno paraliza el trámite respectivo que culminará con la resolución, en la que, en su caso, se dicte el auto declarativo de herederos. Apoya a lo anterior, la tesis I.3o.C.439 C, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y Gaceta, Tomo XIX, enero de 2004, página 1546, registro 182385, de título y texto siguientes: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/316, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 1311, registro 165770, de título y texto siguientes: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." Además, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.2o.C.491 C, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril 2005, página 1429, registro 178704, de título y texto siguientes: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE ALZADA QUE CONFIRMA EL AUTO DECLARATIVO DE HEREDEROS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). En los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento, pues conforme a lo dispuesto por el artículo 4.28 del vigente Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, toda sucesión se integra de cuatro secciones, cada una de las cuales se decide por separado mediante una resolución particular y especial, que adquiere firmeza para quienes son llamados a dicho procedimiento y tienen intervención ahí como herederos. Asimismo, de conformidad con lo establecido por los diversos artículos 4.29, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45 y 4.46 del citado ordenamiento, el juzgador al radicar la sucesión ordenará la notificación de las personas señaladas como presuntos herederos legítimos, concediéndoles un término de treinta días para que justifiquen sus derechos a la herencia y, una vez transcurrido dicho plazo, a petición de algún interesado dictará el auto de declaración de herederos. Asimismo, en dicho auto se citará a una junta de herederos para que designen albacea. De todo lo anterior se sigue que tratándose de la primera sección de un sucesorio intestamentario, ésta concluye con el auto declarativo de herederos, que resulta apelable sin efecto suspensivo, pues en dicha resolución el juzgador se pronuncia respecto a los derechos hereditarios de aquellos que se apersonaran al procedimiento sucesorio; de ahí que la resolución de alzada que resuelva en definitiva sobre lo decidido en el auto declarativo de herederos constituye una resolución impugnable por vía de amparo indirecto, en virtud de que es un acto que tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, dado que podría afectar de manera directa e inmediata los derechos fundamentales de alguno de los presuntos herederos, pues sin duda dicha resolución adquiere firmeza procesal para quienes son llamados a dicho juicio y tienen intervención en él." En efecto, la última tesis citada precisa que en el juicio de amparo únicamente será procedente en contra de la resolución de alzada que confirme el diverso auto declarativo de herederos dictado por el juez responsable en un juicio sucesorio, pues dicho acto será el que en su caso, tenga sobre las personas o las cosas una inejecución de imposible reparación, dado que podría afectar de manera directa e inmediata los derechos fundamentales de alguno de los presuntos herederos, pues sin duda dicha resolución adquiriría firmeza procesal para quienes son llamados a dicho juicio y tienen intervención en él. Empero en el presente caso el acto reclamado no es una declaración de herederos, por el contrario, se trata de un auto en el que se acordó las manifestaciones de María González Ovando, en su carácter de albacea; de ahí que no resulte procedente el trámite del presente asunto por no tratarse de un acto de imposible reparación, pues no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues la determinación reclamada únicamente tiene por efecto que María González Ovando, (en su carácter de albacea), cumpla con los requerimientos formulados por la juez de origen, para poder continuar con la secuela procesal, esto es, exhiba el inventario correspondiente a los bienes que conforman la masa hereditaria en autos de juicio sucesorio de origen. Conclusión. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, en vinculación además con el numeral 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos fundamentales por notoriamente improcedente. Sustenta lo expuesto, la tesis 2a. XLIX/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, junio de 2015, Tomo I, página 1078, registro 2009484, de rubro y texto: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LA GARANTÍA DE ESE DERECHO NO IMPLICA QUE DEBAN IMPUGNARSE VIOLACIONES PROCESALES DE MANERA INMEDIATA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Aun cuando el derecho a la protección judicial reconocido por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece la necesidad de que la persona cuente con un recurso sencillo, rápido y efectivo, a fin de hacer frente a las violaciones a sus derechos, lo cierto es que tales características se asocian principalmente con la "efectividad" del recurso a través del cual el gobernado pueda acudir a los tribunales competentes a obtener la reparación del derecho humano violado, pues la rapidez o sencillez del recurso, no garantiza necesariamente el resultado pretendido. En ese sentido, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establezca un concepto que permita al gobernado controvertir, a través del juicio de amparo indirecto, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la vía uniinstancial los actos que impliquen alguna violación procesal, no significa que el amparo directo constituya un recurso ilusorio, en tanto que a través de esta vía cuenta con la posibilidad real de verse restituido en el goce del derecho que estima violado; máxime si se toma en cuenta que esa medida operativa permite dar coherencia y celeridad a la tramitación y conclusión de los juicios, evitando el abuso en la promoción del juicio de amparo ante el Juez de Distrito, con fines dilatorios." De igual forma, la diversa tesis 2a. XLVIII/2015 (10a.), emitida por la propia Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, junio de 2015, Tomo I, página 1070, registro 2009478, de rubro y texto: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." Así como, por similitud de razón, se invoca la tesis 2a. L/2015 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, junio de 2015, Tomo I, página 1069, registro 2009477, de rubro y texto: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales." Sin que dicho pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto a cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, página 772, registro 2006485, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Así como, por su contenido y alcance, la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 525, registro 2002286, de rubro y texto: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 530, registro 2002359, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Domicilio de la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 108, fracción I de la Ley de amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el artículo 24 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo1, procédase en su momento a la 1 Artículo 24. Los órganos jurisdiccionales integrarán los expedientes electrónicos en el Sistema Electrónico del PJF. El personal designado para tal del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Acceso a la información. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa a las partes que las resoluciones y demás actuaciones que se generen en este expediente son públicas, lo que implica que serán accesibles a cualquier persona, siempre que los titulares de la información brinden su consentimiento; por lo cual, se les comunica que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales; no obstante lo cual, si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, mediante la elaboración de la versión pública correspondiente, con la supresión de datos personales, en términos de lo previsto en el artículo 30 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo. Lo anterior de conformidad con el criterio emitido por la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, al resolver el recurso de revisión 2/2004, de rubro y texto siguientes: "OPOSICIÓN DE LAS PARTES. AUNQUE NO EXISTA, DEBERÁ SUPRIMIRSE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL EN LA VERSIÓN PÚBLICA DE LAS SENTENCIAS. En las versiones públicas de las sentencias se debe suprimir la información considerada como confidencial, aunque no exista oposición de las partes, sin que con ello se impida conocer el criterio del órgano jurisdiccional, conforme a lo establecido en los artículos 4, efecto deberá digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa y que no hayan sido digitalizados por las propias autoridades responsables ni por el personal de la OCC, así como garantizar su gestión electrónica eficiente fracción III, 7, 8 y 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental". Así como el criterio 1/2011 que derivó de la resolución emitida por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintisiete de enero de dos mil once, en el expediente relativo al procedimiento de clasificación de información 241/2010-J; del epígrafe y contenido siguientes: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En este sentido, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos". Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se ordena al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos capturados en el sistema sean correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita).

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